El gobierno mexicano trata a los desaparecidos como “daños colaterales”

El Movimiento Social contra la Guerra contra las drogas crece y pide cuentas sobre la impunidad

Por Tadeu Breda, Irene Caselli, Kanya D'Almeida, Candice Vallantin and Katie Walsh
Especial para The Narco News Bulletin

6 de julio 2011

Efraín Vega está sorprendentemente relajado para ser un funcionario de comunicación hablando acerca de un caso de violación de derechos humanos. Trabaja para el ministerio público del Estado de Morelos y el caso reportado – la desaparición de un joven de 26 años que fue visto por última vez bajo la custodia de la policía- es suficientemente serio como para haber atraído el interés de Amnistía Internacional.

Pero Vega parece imperturbable. En medio de docenas de otros casos brutales, el reporta la acción tomada por el Ministerio de la siguiente manera: “Le pedimos información a la Policía Federal y al Ejército, pero no nos han dado respuesta. Es un proceso burocrático, y es normal que tome tiemp…. Entonces imprimimos esto para exponerlo”.

Este cartel de una persona desaparecida, creada por la Procuraduría General de Justicia de Morelos, parece ser el único esfuerzo hecho por los funcionarios para esclarecer qué le pasó a Sánchez Santana. DR 2011 Candice Vallantin

Él oficial enseña el cartel de una persona desaparecida, que fue expuesta en la oficina del Ministerio Público y difundido por la prensa.

La noticia describe a Jethro Ramsés Sánchez Santana como una persona alta, bien dotado, con complexión oscura, ojos pequeños y cafés, pelo oscuro, boca mediana y cejas, con una cicatriz en su frente.

No hay ninguna mención a las condiciones de su desaparición, que siguen siendo controversiales.

De acuerdo con la familia Sánchez, la última vez que se le vio fue la tarde del primero de mayo en un evento popular en la colonia de Acapatzingo en Cuernavaca. Momentos antes, él y su amigo Horacio fueron levantados por la policía. Horacio, la última persona que vio a Jethro Sánchez, dijo que la policía interrumpió una pelea, antes de llevarse a los dos amigos.

Después los separaron. Horacio dice que fue golpeado por la policía y después lo aventaron en un campo en el poblado de Miacatlán, a 40 kilómetros de Cuernavaca, a la mañana siguiente.

Lo que le pasó a Jethro no está claro.

De acuerdo con Mauricio Vega Chavaje, ex-director de la Secretaría de Protección Ciudadana de Cuernavaca, -un cuerpo municipal encargado de supervisar la tarea de la policía y asuntos de seguridad- la policía municipal detuvo temporalmente a los dos jóvenes involucrados en la pelea a causa de negarse a pagar una cuenta de comida y cerveza.

Chavaje, quien recientemente anunció que pronto se retirará de su puesto, le dijo a la prensa que la policía municipal pronto los entregó a la Policía Federal porque ambos dijeron pertenecer al Cartel del Pacífico Sur, una organización de tráfico de drogas que opera en Morelos. La policía los entregaría después al Ejército.

Pero la Policía Federal le dijo a los medios de comunicación que no hay ningún registro de la detención de Jethro.

La familia reportó oficialmente la detención de Jethro Sánchez al Ministerio Público, pidiendo, entre otras cosas, que les mostraran el video de una cámara de seguridad, ya que existen cámaras de seguridad en el lugar dónde Jethro Sánchez y sus amigos fueron detenidos. Ellos niegan que Jethro sea un narcotraficante.

“Viene de una buena familia, él era ingeniero y estaba estudiando su maestría”, dice su primo Andrés Vilchis Cárdenas, durate un evento público para denunciar la desaparición de Jethro. “Las autoridades necesitan decirnos con certeza qué fue lo que pasó”.

Otros miembros de la familia por ahora prefieren no hablar a los medios de comunicación sobre lo que pasó, porque temen que esto pueda entorpecer los resultados de la investigación. Pero José Martínez Cruz, el director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una organización local, cuestiona la versión de la policía sobre al historia.

“La decaración de la policía no es plausible” le dijo Martínez a Narco-News durante una entrevista en el café La Comuna en Cuernavaca, lugar establecido por él, y que ahora es un nicho para periodistas que cubren asuntos de derechos humanos. Según él, aunque Jethro hubiese declarado pertenecer a una organización criminal, eso no significa que fuera un miembro de la misma, “algunas personas dicen cosas estúpidas cuando están borrachos”. Este chico es un ingeniero, tenía un trabajo”.

“A mí me parece que la policía está usando esto como un excusa”, dice Martínez. “Todo en este caso apunta a una desaparición forzada”.

Patrón de evidencia

Visto en un contexto más amplio de la impunidad en México, las probabilidades de que los secuestradores de Jethro sean presentados ante la justicia parecen nulas.

Hace menos de dos meses, grupos de trabajo de la Naciones Unidas sobre Desapariciones forzadas o involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés), finalizó un estudió extenso sobre México, los resultados han consternado a observadores de derechos humanos locales e internacionales.

La ONU reporta datos de ciudades de la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) que confirman 1,500 denuncias de abuso contra el Ministerio Nacional de Defensa únicamente durante el año pasado. Comparado con los 200 reportados en 2006, estas cifras trazan una panorama sombrío del impacto de las tácticas de “la Guerra contra las Drogas” del Presidente Felipe Calderón.

En una de las declaraciones más fuertes que está por hacerse por un cuerpo internacional contra la Guerra de Calderón, el reporte recomienda enérgicamente que el gobierno de México “considere el pronto retiro de las fuerzas militares de los operativos públicos de seguridad y la aplicación de leyes contra criminales como una medida para prevenir desapariciones forzadas”.

Junto con una lista comprensiva de conclusiones, el reporte demanda que los abusos contra los derechos humanos cometidos contra militares no pueden seguir siendo atribuidos simplemente al “crimen organizado”.

En mayo, Amnistía Internacional lanzó “Blindaje a los culpables: la justicia Militar en México”, subrayando el grado de impunidad en México por mimetización entre la policía y las fuerzas militares, y la práctica de investigar al personal acusado de violación de derechos humanos dentro del sistema militar de justicia.

Las víctimas terminan por confrontar “múltiples obstáculos hacia la justicia” -miedo de reportar un crimen a los que finalmente son los mismos que lo comentes y navegar en un “sistema que ha probado consistentemente incompetencia para proveer de información oportuna sobre las investigaciones”.

De las 1,500 denuncias hechas el año pasado, Amnistía Internacional tiene conocimiento del enjuiciamiento de un solo militar por abusos de derechos humanos durante el mandato de Calderón.

El retroceso

Mientras que muchos de estas cifras están predestinadas a volverse estadísticas en los archivos de los burócratas, el asesinato de Juan Francisco Sicilia, el hijo del estimado poeta Javier Sicilia, le otorgó una cara a éstos abusos tan comunes con tan bajas denuncias por justicia. Desató un movimiento sin precedentes contra la administración de Calderón y su Guerra contra las Drogas.

Ganando fuerza en Morelos y expandiéndose rápidamente por todo el país, la marcha por la Paz con Justicia y Dignidad terminó reuniendo a más de 100,000 personas en El Zócalo, la Plaza principal de la Ciudad de México, el 9 de mayo. Ésta ha sido la concentración más numerosa de ciudadanos pidiendo el fin de la violencia relacionada con la Guerra contra las Drogas. A principios de junio, Sicilia dirigió la caravana de Cuernavaca a Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del país.

La foto de Jethro Sánchez Santana en el Zócalo de Cuernavaca DR 2011 Candice Vallantin

Incluso Amnistía Internacional se sumó rápidamente al movimiento, alegando que la impunidad convierte los derechos humanos en una mera ilusión.

“Por medio de nuestra participación en estas manifestaciones, le enviamos un mensaje de solidaridad a todos aquellos individuos y familias que han sufrido índices tan altos de violencia en nuestro país y frente a los cuales el Estado Mexicano no ha sido capaz de hacer justicia”.

“Sólo la justicia puede lograr la seguridad”. Es imperante que el gobierno mexicano escuche el grito social que exige resolver esta deuda histórica con los derechos humanos”, añadió.

Hasta antes de que el movimiento de Sicilia ganara fuerza, Morelos tenía poco que celebrar, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos registró 80 asesinatos extra-judiciales sólo el año pasado, 50 ocurrieron a lo largo de 3 meses. Las cifras son vagas, pero la organización de Martínez también registró 3,000 desapariciones a lo largo del país en tan sólo en los últimos seis años – y otras organizaciones hablan de 10,000 desapariciones a lo largo del país.

“Estos ejemplos devastadores sacan a la luz las mentiras del gobierno que intentan presentar todo como “daños colaterales” de una guerra no declarada”, dijo Martínez.

Ahora Morelos se ha convertido en un terreno sagrado para el Movimiento, en un semillero para jóvenes organizados que están sintiendo los efectos de una guerra que está atentando cada vez más contra ellos y gente de la clase media.

El movimiento hacia adelante

El Zócalo de Cuernavaca es dónde el movimiento ubicó su epicentro. Hay flores para aquellos que han muerto y placas para recordar sus nombres, y una cartulina escrita a mano pidiéndole a la Virgen de Guadalupe, el ícono católico más celebrado en México, que regrese Jethro Sánchez con su familia.

“Cualquiera que camine en las calles está en riesgo”, dijo uno de los organizadores hablando desde el anonimato.

Él recordó cómo él y su amigo fueron interceptados por la policía en su camino a un bar. Los maldijeron, los empujaron violentamente, los revisaron y finalmente los arrestaron sin orden de aprehensión ni explicación. Después de que les robaron sus celulares, los mantuvieron toda la noche en el Ministerio Publico, la multa que pagaría su libertad fue de 350-pesos por persona.

“Todos somos narcos según los policías” dijo él.

Mientras mucha gente se ha acercado al movimiento por frustración y quizá incluso, miedo, otros vienen después de haber acumulando heridas más profundas de pérdida y ultrajo.

Olivia Chilián es una de estas personas.

Insiste que a ella no le importa alzar la voz, ella ocupa la oportunidad de hablar en el templete del Zócalo de Cuernavaca y recuerda con perfecta claridad la historia de cómo su hermano Pablo de 36 años fue abatido a muerte por la policía mientras él defendía su inocencia y exigía sus derechos.

“Pablo no es otra estadística de mortalidad”, dijo Olivia, “Él es más que un simple crimen de impunidad, él era y es nuestro hermano”.

“El gobierno nos trata como bestias, no como seres humanos. Si no son cómplices de éste crimen, ¿entonces por qué no están haciendo su trabajo, porque no nos dicen qué le pasó a Pablo?

Desde que Calderón tomó el poder en 2006, numerosos sectores del Ejército se han avocado a realizar las tareas de la policía contra los Cárteles del narcotráfico.

Dado que el despliegue del Ejército para sustituir las labores de la policía civil está en aumento, la Ley de Seguridad Nacional está siendo debatida por el Congreso Mexicano. Pero esta ley tiene sombrías perspectivas para los civiles como Jethro Sánchez.

El congreso está debatiendo una enmienda a la ley existente que le otorga al presidente poderes sin precedente para declarar un estado de emergencia y dar al Ejército la habilidad de llevar a cabo revisiones a ciudadanos sin ordenes de cateo.

“Si la enmienda se aprueba, será imposible detener casos de desapariciones”, dijo Martínez. “El gobierno le daría al Ejército un cheque en blanco.”

Aunque no había evidencia sólida de que el Ejército estuvo implicado en el caso de desaparición de Sánchez, Martínez cree que la ley solo se sumaría a la atmósfera general de impunidad.

Más aún, él pone el arresto de Juan Bosco, el jefe de la policía municipal de Cuernavaca, en conexión con la desaparición de Jethro.

“Él era la persona encargada de clarificar qué pasó con [Jethro]”, dice Martínez. “Así está el estado de cosas aquí en Morelos”, añade Efraín Vega.

Martínez dice que víctimas como Jethro están siendo llamadas “daños colaterales” de la Guerra de Calderón.

Por lo tanto, las esperanzas permanecen en los continuos esfuerzos del movimiento para construir un apoyo masivo contra las políticas del presidente.

“El movimiento no puede bajar la guardia ahora”, él insistió.

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