EE.UU. no está de acuerdo con convenio gobierno-cocaleros

Conminan a eliminar 8 mil hectáreas de coca hasta finales de año

Por Alex Contreras Baspineiro
Jefe Sudamericano de Narco News

22 de octubre 2004

COCHABAMBA (BOLIVIA).- “Es muy importante que Bolivia logre su meta de erradicación de este año, el Presidente dice que sí va a lograr la meta de 8 mil hectáreas para la erradicación de este año. El acuerdo dice que se va a realizar un estudio y no erradicar toda la coca en Chapare, eso es preocupante”, dijo ayer a la prensa boliviana, el secretario adjunto para la Región Andina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Charles Shapiro.

El funcionario de la Casa Blanca se reunió ayer con el presidente Carlos Mesa y algunos de sus ministros para expresarles que EEUU no está de acuerdo con el convenio firmado con los productores de coca y que reconoce la vigencia legal de 3.200 hectáreas de coca en el Trópico de Cochabamba.

El Acta de Entendimiento del 3 de octubre, entre gobierno y cocaleros en su cuarto punto señala “Se acuerda la reducción de todos los cultivos de coca en todo el Trópico de Cochabamba hasta un límite de 3.200 hectáreas hasta conocer los resultados del Estudio de la Demanda del Consumo Legal de la Hoja de Coca”.

El quinto agrega: “Esta superficie de coca se distribuirá entre los 23 mil afiliados a las Seis Federaciones, incluyendo el área colonizada del Isiboro Sécure”.

En esa oportunidad, el diputado cocalero, Evo Morales, afirmó: “Hay regocijo general en el Chapare porque haciendo cálculos a cada familia cocalera le corresponde a un cato de coca y eso es producto de varios años de lucha con los anteriores gobiernos que estaban sometidos a la Embajada de Estados Unidos”.

Los productores de coca que -según el convenio- deben ser los encargados de coordinar en forma pacífica la eliminación de sus cultivos, consideraban el convenio como un triunfo porque fue capaz de perforar la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas vigente en el país desde 1988.

El Ministro de Gobierno, Saul Lara, aseguró a los medios de comunicación –firmado el convenio- que el acuerdo no vulnera la Ley 1008; por el contrario, contribuirá a cumplir con la meta de erradicación de 8 mil hectáreas de coca hasta fines de año.

“La Embajada de Estados Unidos y la cooperación internacional tiene que estar convencida y, no tenemos duda de ello, que este es un esfuerzo para cumplir nuestras tareas de cumplimiento de los esfuerzos internacionales, de nuestra ley con soberanía y en forma pacífica y consensuada con al dirigencia cocalera”, dijo el ministro.

Coca cero

El embajador norteamericano en este país, David Greenlee, dijo ayer a la prensa que “la parte preocupante de ese convenio es que hay una excepción a la erradicación de coca durante un año” y, por eso, espera que exista erradicación forzosa acelerada en las poblaciones del Chapare.

Un informe satelital de las Naciones Unidas asegura que existen 7 mil hectáreas de cultivos excedentes, de los que el 30 por ciento se encuentran en los parques nacionales Isiboro Sécure y Carrasco.

“En cuanto a coca cero es un concepto de lo que sería lo ideal en cuanto a la coca ilegal; si la coca es ilegal y excedentaria el mejor de los casos sería coca cero. Pero la coca ilegal y excendentaria no debería existir. Eliminar toda esta coca sería un objetivo a la larga”, aseguró.

La Ley 1008 vigente desde el 19 de julio de 1988, denominada “draconiana ley” delimita tres zonas de producción de coca en el país:

• Zona de producción tradicional.
• Zona de producción excedentaria en transición.
• Zona de producción ilícita.

La zona de producción tradicional es definida aquella donde histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado la coca y la misma que sirve para fines tradicionales, comprende las áreas de las provincias Nor y Sur Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi de La Paz y Los Yungas de Vandiola que comprende parte de las provincias Tiraque y Carrasco de Cochabamba; la zona de producción excendentaria en transición es aquella donde el cultivo de coca es resultado de un proceso de colonización espontánea o dirigida, comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani de Cochabamba; la zona de producción ilícita de coca está constituida por aquella áreas donde queda prohibido el cultivo de coca, comprende todo el territorio nacional, excepto las zonas mencionadas.

La dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, al rechazar la intromisión norteamericana en asuntos internos declaró hoy que en el Trópico de Cochabamba “jamás habrá coca cero”.

“Si quieren eliminar toda nuestra coca deben sacarnos a los más de 30 mil cocaleros que vivimos en el Chapare y eso no lo lograrán nunca porque nosotros preferimos salir muertos que dejar nuestras tierras. Es decir, que esa imposición es totalmente falsa porque jamás habrá coca cero en Bolivia. Si los gringos quieren erradicar que erradiquen sus narices”, afirmó.

Ante el rechazo al acuerdo gobierno-cocaleros por parte de la administración norteamericana, los productores de coca convocaron a un ampliado de emergencia donde podrían determinar medidas de presión.

Futuro incierto

Antes de la firma del convenio del 3 de octubre, en poblaciones del Parque Nacional Isiboro Sécure (Chapare) se produjeron violentos enfrentamientos con el saldo de dos cocaleros muertos y varios heridos.

Los campesinos Juan Choque Cruz y después Genaro Canaviri, fallecieron producto de la violencia con la que actuaron los efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC).

En los últimos días en Bolivia, los productores de coca que junto a otros sectores sociales marcharon desde Caracollo hasta La Paz, demostraron que con erradicación o sin ella que con imposición de la política antidroga o sin ella, continúan siendo uno de los principales movimientos sociales de este país y del continente.

Junto a la movilización de otros sectores sociales, presionaron para que el Congreso Nacional autorice el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros y también para que aprueben en grande la nueva Ley de Hidrocarburos.

A la par de estas movilizaciones se realizaron importantes eventos sobre la coca: el cultivo natural penalizado.

La “Cumbre de la Coca”, organizada por la institución Qhana y Adepcoca determinó plantear a las organizaciones populares, a la sociedad civil y al mismo gobierno que asuman el reto de apoyar la construcción de un Instituto Técnico Científico de la Coca.

Este instituto está definido como la entidad responsable de la formación, divulgación e información científica, fomento de la farmacología herbolaria, legitimación de las ventajas nutritivas de la coca, industrialización, recuperación histórica y cultural, cuidado de la biodiversidad y otros.

La Cumbre de la Coca también determinó realizar un proyecto de industrialización de coca para su aprobación en la Asamblea Constituyente, reconociendo al cultivo criminalizado como materia prima agrícola.

Se debe incluir en la Constitución Política del Estado, a través de la Asamblea Constituyente, la Ley de la Coca sacándola del régimen del narcotráfico, se debe mantener la Ley 1.008 para luchar contra el narcotráfico y se deben implementar políticas de industrialización y exportación como medida material para la legalización y patente de la hoja de coca.

También se realizó un Encuentro de Productores de Coca de la Región Andina, con representantes de Perú, Colombia y Bolivia y consumidores de coca de diferentes países, quienes decidieron unir esfuerzos para la despenalización e industrialización de la hoja de coca.

Así, con ese panorama, cuando las organizaciones, instituciones y movimientos que defienden un cultivo natural se empiezan a organizar, surge nuevamente la voz desde el norte para exigir al gobierno boliviano la política de coca cero; sin embargo, es bueno destacar que los últimos cambios en este país -ubicado en el centro del continente americano- ya no llegan desde arriba sino que surgen desde el pueblo, desde abajo

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