Retorna la violencia al Chapare

Un muerto y 19 heridos por la falsa guerra antidrogas

Por Alex Contreras Baspineiro
Jefe Sudamericano de Narco News

29 de septiembre 2004

COCHABAMBA (BOLIVIA).- “No tengo valor para matar… ni hoy ni mañana tendré valor para matar”, dijo hace meses atrás en una conferencia de prensa el presidente de Bolivia, Carlos Mesa. Uno se pregunta si Mesa cree que todos los muertes que pasan por la política antidroga de Bolivia valieron la pena.

Ayer, en un violento enfrentamiento entre efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta y productores de coca del Trópico de Cochabamba se produjo el lamentable saldo de un muerto, 19 heridos cinco de ellos de gravedad, detenidos y el bloqueo de caminos de la región del Parque Nacional Isiboro Sécure, el lugar de coflicto.

Juan Choque Cruz, el cocalero asesinado era oriundo del Norte de Potosí y dejó en la orfandad a cinco niños y a su esposa que tiene un bebé en gestación.

Ante ese asesinato el presidente boliviano guarda hermético silencio.

“Es el primer muerto a bala en el gobierno del presidente Carlos Mesa y esta situación no puede continuar así. No somos de lo que pueda ocurrir en el futuro”, sentenció el diputado y dirigente cocalero Evo Morales Aima.

Las causas

El 8 de septiembre, el gobierno nacional aprobó la “Nueva Estrategia Integral Boliviana para la Lucha contra el Narcotráfico 2004-2008” que demanda una inversión de 958 millones de dólares de los que sólo el 10 por ciento será asumido por Bolivia y el resto por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos. Los cocaleros calificaron a la estrategia antidroga como la “política del chantaje”.

La estrategia antidrogas apunta a eliminar la totalidad de los cultivos de coca en el Chapare de Cochabamba y a implementar políticas para erradicar voluntariamente la coca en Los Yungas de La Paz.

Cifras oficiales señalan que desde 1988 se erradicaron más del 90 por ciento de los cocales en Bolivia; sin embargo, se estima que en la actualidad, existen más de 25 mil hectáreas de coca: 22 mil en Los Yungas y 3 mil en el Chapare. Esas cifras son del gobierno, aunque de los cocaleros son diferentes.

La Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas establece que solo deberían ser respetadas 12 mil hectáreas destinadas al consumo y usos tradicionales.

“El gobierno de Carlos Mesa es igual al de Gonzalo Sánchez de Lozada o el de Jorge Quiroga porque son simples títeres del imperialismo norteamericano. Para ellos no es importante la defensa de la soberanía o la dignidad nacional sino simplemente acatar las órdenes del imperio”, aseveró la principal dirigente de las mujeres cocaleras de Cochabamba, Leonilda Zurita.

El rechazo a la nueva política antidroga es general entre los productores de coca.

“El plan antidroga de Carlos Mesa responde a la imposición de los Estados Unidos que busca eliminar al movimiento cocalero de los Yungas y toda la coca”, dijo en esa oportunidad el diputado y dirigente de La Paz, Dionisio Núñez.

Avalado el plan antidroga por el gobierno de los Estados Unidos, las Fuerzas de Tarea Conjunta -compuestas por efectivos policiales, militares y asesorados por la DEA norteamericana- incrementaron los operativos para eliminar los cultivos de coca lo que ocasionó enfrentamientos.

El pasado 4 de septiembre, el embajador norteamericano en este país, David Greenlee, envío un mensaje al gobierno boliviano al decir que su país mantiene inalterable su cooperación a favor de la lucha integral contra el narcotráfico dependiendo de la nueva política antidroga boliviana.

En el último período se produjeron varios hechos que no son casuales en la política nacional: la “renuncia por motivos de salud” del ministro Alfonso Ferrufino quien fue reemplazado por Saul Lara. Lara, que es cochabambino, fue asesor de los productores de coca, entre 1987 y 1988, justo cuando se redactaba la Ley 1008 y defendió la legalidad de la coca del Chapare. Ahora Ministro de Gobierno, no sólo endureció la política antidrogas sino que acata dócilmente los mandatos del gobierno de Estados Unidos.

Los hechos

El martes 28 de septiembre, en la población de Bustillos ubicada en el Trópico de Cochabamba (Chapare) se produjo un enfrentamiento entre efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta y productores de coca con el saldo de un muerto, 19 heridos y un número indeterminado de detenidos.

El cocalero Juan Choque Cruz de 38 años de edad recibió un impacto de bala en la frente, disparada por un uniformado, lo que le ocasionó la muerte instantánea.

El conflicto se produjo cuando las brigadas de erradicación de cultivos de coca se encontraron con grupos de cocaleros organizados que realizan vigilias en la población de Bustillos, Parque Nacional Isiboro Sécure. Esta región está habitada, en su mayoría, por ex trabajadores mineros que en 1985 fueron relocalizados de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y buscaron en la economía que genera la coca su única fuente de sobrevivencia; también habitan la región colonizadores e indígenas.

Ante el intento de frenar la eliminación de sus cultivos de coca que además van acompañados por la destrucción de productos del desarrollo alternativo, los cocaleros recibieron disparos de armas de fuego, gases lacrimógenos y balines.

En el último ampliado de los productores de coca realizado el sábado 25 de septiembre en la población de Lauca Ñ, ubicada a 170 kilómetros de Cochabamba, determinaron realizar vigilias pacíficas para evitar la destrucción de sus cultivos.

El futuro

La política antidroga boliviana está sustentada en cuatro pilares: la erradicación de cultivos de coca, la interdicción al narcotráfico, la prevención del consumo de drogas y el desarrollo alternativo integral. La eliminación de cocales históricamente es la más conflictiva.

Desde la implementación de la Ley 1008 se estima que fallecieron más de 115 personas, la mayoría productores de coca y los menos uniformados. Ningún asesinato fue esclarecido y menos sentenciados los responsables. Existe total impunidad.

Ante la imposición de la política antidroga, los productores de coca del Trópico de Cochabamba, junto a otros sectores sociales, convocaron a una masiva movilización para el 11 de octubre.

Esta marcha partirá desde la población de Caracollo (Oruro) hasta La Paz. El 18 de octubre, se estima arribar a la sede de gobierno de Bolivia para protagonizar una serie de movilizaciones con tres demandas concretas: rechazo a la erradicación de cultivos de coca, nacionalización de los hidrocarburos y juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Muchos sectores de los movimientos sociales bolivianos expresaron que participarán en esta marcha de protesta. Entre ellos son la Federación de Regentes de Bolivia que es parte de la Coordinadora del Gas, las federaciones de campesinos de Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Chuquisaca y varias regionales, organizaciones de vecinos, amas de casa, profesionales y otros.

El diputado y líder cocalero Evo Morales advirtió que si el gobierno de Carlos Mesa no modifica su política antidroga, la situación en este país se puede agravar porque no se escucha las demandas de los sectores populares sino de la embajada norteamericana y las transnacionales.

En el futuro próximo, Bolivia debe atravesar por tres etapas muy importantes: el tratamiento de la Nueva Ley de Hidrocarburos, para el 5 de diciembre está planificada la realización de las elecciones municipales, en los primeros meses de 2005 se debería convocar a la Asamblea Constituyente.

Los enfrentamientos por la coca, las amenazas del gobierno y la intromisión norteamericana parece que están dirigidas a evitar el desarrollo de estos procesos democráticos porque son contrarios a sus intereses.

A un año de la “Guerra del Gas”, Bolivia, una vez más, se encuentra en las puertas de una convulsión social…

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