La demanda en EEUU contra personal del candidato presidencial mexicano Peña Nieto revela la aparente violación a la ley estadounidense

Ningún agente extranjero cumplió con el requisito de registro en los EEUU como parte de la campaña del candidato del PRI

Por Bill Conroy y Al Giordano
Especial para The Narco News Bulletin

19 de junio 2012

Una demanda civil presentada este mes en un tribunal de EEUU contra varias empresas mexicanas y tres altos funcionarios de la campaña del candidato presidencial mexicano, Enrique Peña Nieto, alega que las partes están implicadas en una conspiración para convertir fondos de la campaña derivados del narcotráfico para su uso personal mediante el empleo de un plan para defraudar a una compañía estadounidense.

La demanda también alega que los operarios de la campaña de Peña Nieto amenazaron a un demandante diciendo que “el dinero fue financiado por empresas pertenecientes a cárteles de la droga y diciendo además que José Aquino [propietario del canal de televisión Frontera] debía ser muy cuidadoso de no hacer ruido o su vida estaría en peligro.”

La denuncia acusa a los demandados de dos cargos de “extorsión” bajo las leyes de Organizaciones corruptas con prácticas extorsivas por influencia (RICO, por sus siglas en inglés), además de acusaciones de fraude, incumplimiento de deber fiduciario y representación negligente. La demanda es por 100 millones de dólares en daños punitivos de los acusados.

Narco News hoy hace públicos los documentos y las pruebas de la corte para su revisión por los ciudadanos y periodistas de ambos países, y a nivel internacional.

En el extenso documento de la corte hay dos contratos:

El primero se firmó en México el 28 de noviembre de 2011 y se compromete a pagar 15 millones de dólares a la compañía estadounidense Frontera Television Network, representada por José Aquino, y está firmado por los representantes de dos empresas mexicanas, GM Global Media, representada por Mario Ignacio Moran Jiménez y Jiramos, representada por Alejandro Carrillo Garza.

En la demanda, un segundo contrato, que sustituyó al pacto inicial, y prueba de más de 50 millones de dólares en propaganda y servicios de publicidad, fue firmado el 6 de enero de 2012 entre dos empresas mexicanas y una empresa de medios de EEUU. En él se detalla una ambiciosa campaña de publicidad y relaciones públicas en televisión, radio, internet, medios impresos, espectaculares y otros medios en los EEUU con alcance a los mexicanos viviendo en ese país. La compañía Intelimedia S.A. DE C.V., representada por la firma de José Aquino en el contrato, serviría como una agencia de publicidad y administradora de relaciones públicas para una compañía mexicana llamada Servicios Integrales al Sector Agropecuario, representada por la firma de Alejandro Ramírez González. Las categorías multimillonarias (25 millones de dólares tan sólo para publicidad en televisión) suman una cifra superior a los 56 millones de dólares detallados en cuatro secciones del contrato, cada página con la firma de las partes, de acuerdo con el “Anexo A” en la demanda.

El denominador común de ambos contratos es la firma de José Aquino, en nombre de la cadena de televisión Frontera en el primer contrato y de Intelimedia en el segundo.

Frontera Television Network de Aquino presentó la demanda el 7 de junio en la Corte de Distrito del Centro de California en contra de las empresas antes mencionadas, además de tres altos funcionarios de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto: Erwin Lino, secretario personal del candidato, David López, el director de comunicación del candidato y Roberto Calleja, vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en sus siglas en español), que designó a Peña Nieto como su candidato presidencial para las elecciones del 1 de julio.

Uno de los documentos de la corte en la demanda de Frontera menciona específicamente a Peña Nieto, indicando que él “puede tener un interés monetario directo en el resultado de este caso.”

Los documentos de la corte alegan que el contrato de promoción por 56 millones de dólares fue incumplido y que el dinero nunca fue entregado a Frontera o sus afiliados, sino que los fondos fueron desviados para el uso personal de los agentes de Peña Nieto.

¿Peña Nieto violó la ley de EEUU?

Lo que no se menciona en el litigio es una ley de EEUU, conocida como Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), que requiere que los agentes que representan a entidades extranjeras (tales como partidos políticos como el PRI) se registren y hagan declaraciones específicas al Departamento de Justicia de EEUU.

El sitio web del Departamento de Justicia dice lo siguiente acerca de FARA:

El objetivo de FARA es asegurar que el Gobierno de los EEUU y el pueblo de los Estados Unidos estén informados sobre la fuente de información (propaganda) y sobre la identidad de las personas que tratan de influir en la opinión pública, la política y las leyes de EEUU. En 1938, FARA fue la respuesta del Congreso para un gran número de agentes propagandísticos alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el sitio del Departamento de Justicia, el incumplimiento de FARA, será castigado, en caso de condena, “con una multa de no más de 10,000 dólares o con encarcelamiento por no más de cinco años.”

Narco News revisó la base de datos en línea de los registros de FARA y también contactó a la oficina FARA del Departamento de Justicia para determinar si alguna de las partes centrales de la demanda de Frontera se había registrado bajo la ley. La investigación de los datos no reveló ese tipo de registro y un portavoz de la oficina de FARA indicó que no estaban al tanto del litigio -e incluso pidió el número de caso de la demanda de Frontera.

Sobre la base de la lectura de la ley FARA, parecería que, como mínimo, se podría establecer un caso en el que Frontera Television Network, así como las compañías que supuestamente tienen vínculos con la campaña presidencial de Peña Nieto y que firmaron el contrato de propaganda en los medios (incluido como anexo en la demanda) debieron haberse registrado en FARA -suponiendo que las alegaciones de los escritos judiciales son veraces.

Narco News contactó al abogado de Frontera, Maxwell C. Agha, pero no estaba disponible para hacer comentarios sobre los requisitos de FARA.

Sin embargo, la situación aquí es la veracidad del supuesto contrato incluido en la demanda, y si se puede probar que los operarios del PRI estaban detrás de él.

Un portavoz de la oficina de FARA, dice que para que FARA sea requerida, se tiene que determinar que las empresas involucradas en el supuesto contrato “estaban bajo la dirección y control de un gobierno extranjero o partido político.”

La determinación de la verdad del asunto estará en el centro de ese litigio, pero es evidente que para Peña Nieto mucho estaría en juego si el jurado fallara a favor de Frontera en la demanda, debido a que puede abrir la puerta a indagaciones del Departamento de Justicia sobre si Peña Nieto y/o su personal violaron una ley criminal de los EEUU (FARA) -y esto no tendría un buen resultado si es que Peña Nieto es elegido presidente, ya que podría proporcionar a los funcionarios de Estados Unidos una influencia adicional, personal y legalmente, sobre un posible Peña Nieto presidente cuando se trata de presionar a las autoridades mexicanas para entregar las decisiones soberanas al vecino del norte.

Cargos explosivos

Las explosivos cargos fueron hechos públicos tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio en México y han sido negados con vehemencia por Peña Nieto, cuyo portavoz sostiene, según un artículo en la publicación mexicana Proceso, que de hecho él es el perjudicado de un fraude perpetrado por la empresa estadounidense y sus representantes.

El artículo de Proceso indica que Peña Nieto -el candidato presidencial mexicano del PRI -ha denunciado a los demandantes ante el Procurador General mexicano por haber llevado la demanda a los Estados Unidos.

El cargo central en la demanda, presentada en la corte federal de los EEUU en Riverside, California, es que varias empresas y personas vinculadas a la carrera presidencial de Peña Nieto han desviado fondos de la campaña obtenidos de “cárteles de la droga” para su “uso personal.”

Para encubrir el esquema del presunto lavado de dinero, los escritos presentados en la demanda afirman que los agentes de Peña Nieto hicieron el contrato con Frontera Television Network LLP, con sede en Nevada, -y más tarde uno de sus afiliados- para diseñar una campaña mediática para promover la candidatura presidencial de Peña Nieto en Estados Unidos en los medios de comunicación de ese país. Muchos mexicanos tienen televisión por cable, conexión a internet y ven Univisión, CNN en Español e incluso muchos canales en inglés. Además, los mexicanos que viven a lo largo de la frontera entre México y EEUU, en lugares como Ciudad Juárez, Tijuana o Nuevo Laredo, ven programas de televisión emitidos desde estaciones de los Estados Unidos.

La supuesta verdad que se revela a través del litigio, de acuerdo con la demanda de Frontera, es que en noviembre de 2011 dos empresas mexicanas y sus representantes firmaron un contrato de varios millones de dólares con Frontera Television Network, en nombre de los funcionarios del PRI “David Lopez, Erwin Lino… y Roberto Calleja… ”

El contrato establecía que Frontera diseñaría una campaña de “propaganda política” de Peña Nieto que utilizaría “revistas, radio, televisión, internet y redes sociales” en los Estados Unidos.

A principios de enero de 2012, ese contrato inicial fue sustituido con un pacto similar que, de acuerdo con el litigio, incluyó como firmante a una filial de Frontera, llamado Intelimedia, y una empresa creada por los acusados, llamada Servicios Integrales al Sector Agropecuario S.C. Sin embargo, los escritos afirman que el contrato también fue incumplido y que el mismo plan de desvío se mantuvo en su lugar.

De la demanda de Frontera:

...Cada uno [de los acusados] se negó a pagar por la campaña publicitaria del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Los acusados … ocultaron el hecho de que convirtieron [los 56 millones de dólares] para su propio uso privado y personal

... Los Estados Unidos para la campaña del PRI a la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto sigue operando en México, y hay una continua amenaza de actividad criminal hasta que la Empresa de los Estados Unidos para la campaña del PRI a la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto haya logrado su objetivo de convertir los fondos de la campaña para su propio uso privado y personal, incluyendo fondos aportados por los cárteles de la droga.

... Frontera Television Network LLP a través de su agentes autorizados contactaron a los funcionarios del PRI David López, Erwin Lino, Roberto Callejas, Alfredo Carrillo y José Carrillo, y el Demandante Frontera Television Network LLP, a través de su agentes autorizados, fue amenazado con que el dinero fue financiado por empresas pertenecientes a cárteles de la droga y diciendo además que José Aquino [propietario del canal de televisión Frontera] debía ser muy cuidadoso de no hacer ruido o su vida estaría en peligro.

El demandante, Frontera Television Network, está buscando compensar los daños y perjuicios con la cantidad que se determine en el juicio, además de 100 millones de dólares en daños punitivos, así como una orden judicial que “prohiba el desembolso de cualquier fondo de la campaña [de Peña Nieto] en espera de la audiencia sobre este asunto”, afirman los alegatos judiciales.

Los acusados, incluyendo a los funcionarios que supuestamente representan a Peña Nieto, aún no han presentado una respuesta al tribunal de los EEUU.

Los documentos de la corte:

– Texto de la demanda que busca 100 millones de dólares para reparación de daños (en inglés).

– Notificación para Enrique Peña Nieto (en inglés).

– “Anexo A”: Contratos multi millonarios para la campaña publicitaria en EEUU (en español).

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