Cuando cae el peso de la noche y los rectores chilenos salen a marchar

El movimiento estudiantil chileno continúa en las calles por la educación

Por Gonzalo García
Especial para The Narco News Bulletin

15 de abril 2012

En julio del año pasado, Víctor Cubillos, rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), encabezaba una marcha inédita por la ciudad de Valdivia. Por primera vez se lograba convocar la participación completa de los cuerpos gremiales de la comunidad universitaria, reuniendo una cifra cerca de 5 mil personas bajo el lema “Por la defensa de la educación Pública”. En el transcurso de la marcha, Cubillos argumentaba ante los medios de prensa la necesidad de que la “reforma” a la educación impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera contemple una especial atención al problema de la centralización en la educación superior, definido como un problema de distribución de recursos entre las universidades regionales y Santiago. Por otro lado, el rector no escatimaba en elogios a la notable convocatoria de la marcha:

“Quiero agradecer públicamente a cada uno de los estamentos y organizaciones gremiales por el apoyo a esta movilización y la muestra de civilidad que se ha dado con una marcha pacífica, ordenada y que cumplió con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública, en cuanto a la necesidad de avanzar en una reforma de verdad para la Educación Superior.”

Marcha en la Universidad Austral en Valdivia encabezada por el rector Victor Cubillos y el presidente de la Federación de Estudiantes, Rodrigo Salazar. DR 2011 Héctor Andrade

Meses después, en la antesala del fracaso del diálogo entre la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y el gobierno, rectoría tomaba la decisión irrestricta y unilateral de reiniciar las actividades docentes de pregrado, estableciendo la recalendarización del Calendario Académico, poniendo fin a los 4 meses de movilización activa al interior de la universidad. Dicha decisión tenía como excusa una presión mayor, obedecía a los plazos límites que había fijado el Ministerio de Educación (MINEDUC) para deponer la movilización general. Presión que se justificaba en los posibles costos para estudiantes y familias ante la posible pérdida del semestre y de los respectivos vouchers. Se podía leer en los comunicados públicos a Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa hablando del posible “déficit financiero” de no reiniciarse las actividades en acuerdo al MINEDUC; muestra inicial del discurso que precedió una campaña comunicacional –a cargo del equipo de prensa de la UACh- derechamente dirigida a exponer las razones que hacían necesario cumplir con la solicitud del gobierno de la “vuelta a clases”. Incluso se publicó en forma de cita, a causa de una entrevista realizada por una de las emisoras televisivas más masivas del país (Televisión Nacional de Chile), que Camila Vallejo consideraba como una “buena estrategia volver a clases para seguir movilizados”.

Hace un par de años en el patio de una Universidad perteneciente a la orden de la Compañía de Jesús2, me tocó presenciar personalmente al rector de dicha casa de estudios, reconocido defensor de los derechos humanos en Dictadura, rompiendo una pancarta colgada hace un par de minutos antes por estudiantes que aludía a la defensa del derecho reproductivo de la mujer en el marco del debate parlamentario sobre la despenalización del aborto en Chile.       

Esta censura interna ejercida por el rector corresponde a un habitus de nuestros rectores en la posdictadura. Práctica que tiene como antecedente un modelo que delegó la plena disposición de atribuciones a éstos por medio de una imposición que habilitaba una serie de estatutos orgánicos (DFL) instalados en Dictadura Militar. Estos estatutos estaban orientados a la supresión de las instancias de co-gobierno universitario a cargo de la gestión de los nuevos rectores militares delegados por la Junta. Paso inicial para ejecutar la cruzada asumida por el gremialismo y los militares hacia la llamada “despolitización-saneamiento” del país para restituir la autonomía universitaria que a su juicio se había extraviada con el pasar del movimiento reformista del 1967-1973.

¿De qué se trataba esta suerte de restitución de la autonomía universitaria como práctica disolutiva de una conquista histórica reciente? Básicamente de conseguir una legitimación de la intervención militar sobre la base de asumir un diagnóstico de la situación universitaria: “El nombramiento de Rectores-Delegados –señalaba el general Leigh- con amplias facultades es el único vehículo para corregir la anomalía descrita (instrumentalización política), y para devolver a la Universidad los verdaderos valores universitarios. De ahí que su presencia deba extenderse por todo el tiempo que sea necesario para, extirpado el virus, renazca una vida universitaria sana y auténtica”.

Y en palabras del general Pinochet: “... a escala mundial, la ideología marxista se traduce en una agresión permanente, puesta al servicio del imperialismo soviético. Esta agresión no reconoce fronteras en parte alguna del globo, como es natural que ocurra, en cuanto ningún sentido tiene para ella los conceptos de juventud, derecho, libertad o nación. Ella utiliza formas de guerra no convencional para apoderarse de los Estados desde dentro empleando simultáneamente dos tácticas. Por una parte la infiltración de los núcleos vitales de las sociedades libres, principalmente los medios de comunicación social, los centros universitarios e intelectuales, las iglesias, los sindicatos y las organizaciones internacionales. Paralelamente al fomento en esas mismas sociedades de los medios posibles de desorden“.

Lo anterior, tenía que ver con haber entendido a la universidad como enclave para la infiltración del marxismo y para articular una doble justificación. Por un lado, se apelaba a la Doctrina de la Seguridad Nacional para librar una batalla de carácter militar al interior de la universidad. En segundo lugar, se liberaba la cancha de la educación superior a las élites político-económicas de la derecha neoliberal para gestionar un nuevo modelo que destituía la preeminencia del rol del Estado como garante de un derecho a la educación (gratuito), a cambio asegurar constitucionalmente el ejercicio de un derecho de libre de elección centrado en la capacidad del financiamiento familiar y el Estado subsidiario.  

 El efecto inmediato se hizo notar en el desmembramiento completo de unidades académicas vinculadas a las ciencias sociales. La tortura, exoneración, expulsión y desaparición, se hacía extensible a todo funcionario, estudiante y profesor involucrado de alguna forma con la Unidad Popular. La consecuencia fue la abolición del gobierno triestamental y el cierre de las carreras “enclaves”, anulando la autonomía universitaria sobre la base de prohibir el ejercicio del pluralismo teórico e ideológico y la libertad de cátedra. En ese contexto nacieron nuestros petit portales.    

Hace unos pocos días, Jaime Retamal –en alusión al ensayo “El despertar de la sociedad” del historiador Mario Garcés- publicó una columna en El Mostrador para recordarnos “el peso de la oscuridad de la noche” –algo de lo que ya nos había advertido el gran filosofo y profesor Juan Rivano- que ejercen nuestros rectores. Cuestión que debe enfrentar el actual movimiento estudiantil cuando se vuelve a hacer sentir la inevitable confrontación del status quo portaliano de la organización del gobierno universitario en postdictadura.

No en vano los rectores aunaron su ausencia cuando la CONFECH se sentó a negociar con el gobierno para dirimir la posibilidad histórica de avanzar en reformas estructurales de fondo. La artillería en forma de retórica, nuevamente imponía los límites propios del poder fáctico –habría dicho el sociólogo Miguel Chávez- de lo que si se podía discutir en apoyo a los estudiantes por parte de los mismos rectores que meses antes marchaban con nosotros por las ciudades de nuestro país. Desde luego, cuidando esos límites, lo privativo de lo que ha sido impuesto históricamente. Porque en las universidades de los petit portales lo que se discute no es el fruto de la actividad interna de lo que la propia universidad pone sobre la mesa sobre la base de principios regulados por el pluralismo y el debate público. Y en esto, nuestros rectores son los primeros en satisfacer los indicadores que el sistema político impone a través del MINEDC. Así, “el problema de la educación superior en Chile” se trata de un problema de distribución de recursos, de esperar beneficios de un contrato social que ya está asentado… diríamos con Watzlawick, lo se discute adentro ¿A qué hora quiere tomarse la leche?

Camila Vallejo, entonces presidenta de la FECH junto con Camilo Ballesteros, presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Santiago (USACh), y el rector Juan Manuel Zolezzi en la marcha estudiantil del 11 de junio de 2011. DR 2011 Felipe Guarda

En los meses que siguieron a la normalización de las actividades, en los comunicados públicos de la UACh se podría leer al presidente de la Federación de Estudiantes (FEUACh) pronunciándose ante la problemática de los aportes basales. Días antes, el rector Cubillos transmitía la consigna de “nivelar la cancha” para las universidad del CHURCh, apelando a la fórmula de las “universidades complejas” para avalar el rol público de la UACh. Ahora era el problema de los aportes basales lo que copaba la agenda temática de la universidad: “La Editorial del Diario Austral y El Mercurio haciendo un llamado a los parlamentarios”; “Los trabajadores universitarios adheridos al Consejo Nacional entregando un comunicado público en el Parlamento”; “Las universidades no estatales del CHURCh solicitando no ser discriminadas”;“El rector Cubillos convocando el apoyo a los parlamentarios de la región”;; “El diputado Urresti pidiendo al gobierno igualdad para las Ues del CHURCh; “La UACh y la U. de Concepción unificaban las demandas”… y podríamos seguir.

Hace poco en una entrevista que le realice al dirigente estudiantil Francisco Figueroa, sobre el secuestro de las funciones de la universidad ante las crecientes demandas por profesionalización dirigidas a las llamadas universidades de docencia, le pregunte si acaso el estado de la autonomía universitaria de este diseño no es el efecto de una situación general crisis, y esto fue lo que me respondió: “Bajo estas tendencias, la autonomía universitaria es cada vez más una autonomía de papel. Claro, porque todo viene predefinido por las “políticas de aseguramiento de la calidad”, que tras el ropaje de la neutralidad técnica vienen a moldear las agendas de investigación y el perfil de los profesionales. Por eso es tan importante luchar por autonomía y democracia universitaria, porque en su despliegue radica la posibilidad de hacer presente el interés general en el desarrollo de las universidades. Ahora, para lograrlo hay que sacudirse del paradigma del siglo XX según el cual las universidades de elite son las lumbreras de la nación. Una universidad sin compromiso con la sociedad, sin retroalimentación con las necesidades y potencialidades comunes, se vuelve una secta, un club de connotados”.

Ese ropaje de la neutralidad técnica recoge la práctica del pensamiento único que avaló la despolitización de las sociedades intermedias a la Jaime Guzmán. Le habría vuelto a preguntar a Francisco si acaso aquello no podría ser el síntoma de un déficit mucho más profundo. Porque no deja de ser extraño y paradójico que la fundamentación de la intervención militar a la universidad para restituir su autonomía se haya asentado en lo denunciado como una intervención indebida por parte del Gobierno de Allende, para una vez reintervenida la universidad, ser restituida.

Lo que a simple vista aparece en el camino hasta entonces recorrido, parece ser una evidente incongruencia entre las preocupaciones concretas de nuestros rectores y las demandas estudiantiles. Tal vez porque el déficit es al interior mismo de la universidad. Y lo curioso es que cuando hablamos de nuestros rectores, nos estamos refiriendo a la lógica de un poder político que surgió tras haber vencido a la Dictadura de Pinochet, pero evidentemente no a su modelo impuesto en educación.

Cuando cae el peso de la noche y los rectores chilenos salen a marchar no es la comunidad universitaria en su conjunto la que se moviliza en torno a una reflexión común, sino una patota de 5 mil que encabezan nuestros rectores.

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