Javier Sicilia: La resurrección de un país, el objetivo de la insurrección pacífica

“No sólo son los delincuentes que están fuera,” dijo el poeta y periodista, “también la delincuencia que los protege y que está dentro de las instituciones”

Por Patricia Guerrero
Especial para The Narco News Bulletin

27 de abril 2011

MEXICO DF, 26 DE ABRIL DE 2011: En medio de un clima político que perfila la aprobación de la Ley Seguridad y con ello la normalización de un estado de excepción, se reunieron luchadores sociales para proponer la construcción de pacto social para sanear México y reiterar el hartazgo de la sociedad frente al clima de violencia que predomina en el país.

Javier Sicilia, junto a Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, el mormón de Chihuahua, Julián LeBarón y Eduardo Gallo, expresidente de México Unido contra la Delincuencia, hicieron un llamado para sumarse a la marcha silenciosa que tendrá inicio el 5 de mayo en la ciudad de Cuernavaca y culminará el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. A esta manifestación se unirán contingentes de Ciudad Juárez, Estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Al momento se tienen contempladas 38 movilizaciones simultáneas que tendrán lugar en diferentes ciudades de la República.

Malú García, hermana de una mujer asesinada en Ciudad Juárez, Chih. en 2001, dejó su ciudad después de ser amenazada de muerte y se une abiertamente a la lucha en búsqueda de justicia. DR 2011 Alejandro Meléndez

Uno de los objetivos de esta movilización es devolver el nombre y la dignidad a los muertos “que la visión del Estado ha decidido contabilizar como bajas colaterales o como estadísticas”, afirmó Sicilia. Sin embargo la marcha también se plantea como la punta del iceberg, será el símbolo de un movimiento a nivel nacional que busca impulsar un pacto social para refundar la nación y reconstruir el tejido social que se ha sido desgarrado en amplias zonas del país a causa de la guerra de las drogas. María Elena Morera recalcó que el pacto que se plantea “no es con los delincuentes, es un pacto entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y las autoridades”, sin embargo, en un Estado de tipo delincuencial como el mexicano, donde se han tenido indicios de la pertenencia al crimen organizado de importantes figuras de la vida política del país, “tampoco queremos pactar con los delincuentes encubiertos a través de la legalidad, no sólo son los delincuentes que están fuera, también la delincuencia que los protege y que está dentro de las instituciones”, señaló Sicilia.

La marcha silenciosa por la justicia y la dignidad demanda un pacto horizontal que emane de la sociedad, no de reuniones entre figuras de la alta esfera política del país, para lograrlo es importante que la población se vuelque de lleno a la refundación de su país. Icaza ha recalcado que no será suficiente salir a las calles, otra de las pretensiones del movimiento es “generar trabajo (ciudadano) a nivel local, a nivel barrial, que se convierta en un proceso de participación civil y ciudadana”: una movilización pacífica para sanear el país. En el mismo tenor Álvarez Icaza señaló que la anhelada paz no se podrá alcanzar de manera pasiva, es necesario que la población asuma su corresponsabilidad para lograr un cambio que mantendrá su autenticidad, en tanto sea una solución que se geste en lo profundo del entramado social. El sentido que se ha dado durante la rueda de prensa al término “corresponsabilidad” se aleja de la unión que ha demandado Felipe Calderón para apoyar la rebautizada lucha contra el narcotráfico, donde pide a la sociedad asumir los costos, es decir, poner los muertos.

Rueda de prensa en las instalaciones de CENCOS, donde diferentes representantes de la sociedad civil llaman a la marcha silenciosa por la justicia y la dignidad, del 5 a 8 de mayo. DR 2011 Alejandro Meléndez

El padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos y parte de un sector eclesiástico que es cercano a la realidad de sectores lastimados de la población, como los migrantes, hizo un llamado importante: la resurrección del país, por medio de la insurrección pacífica contra el estatus quo. Solalinde exhortó a las iglesias de México a sumarse a este pacto nacional “que no es en contra del gobierno, es en contra de la situación intencional, o no intencional, qué está matando a nuestro pueblo.”

Sicilia apuntó a la emergencia de la situación actual: se ha establecido un contexto de guerra donde parece que el Estado y los criminales se han puesto de acuerdo para atacar y amedrentar a la sociedad civil, donde el miedo se ha vuelto la mejor arma para callar las voces dignas, las voces que buscan, las voces disidentes y las voces que claman mejores condiciones de vida. Al respecto, para unificar estas voces que pueden apuntar a objetivos diferentes, pero que tienen en común la búsqueda de justicia y dignidad, Sicilia hizo un llamado a los medios, para hacer réplica de la convocatoria e invitar a la gente a sumarse a este movimiento que unifica el hartazgo de amplios sectores de la población hacia la política de combate al narcotráfico impuesta por Felipe Calderón.

Finalmente se hizo lectura de una carta enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel que rechaza la “estigmatización de criminales a los familiares de las víctimas”. Señaló también que la presunta culpabilidad, el “por algo será” o “¿en qué andaría metido?” que se imputa a los desaparecidos, levantados y asesinados, ha sido parte fundamental de esta estigmatización. Basta recordar el episodio de principios del año pasado donde Calderón llamó pandilleros a los jóvenes masacrados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez.

Con respecto a la iniciativa de la Ley de Seguridad, que perfila ser aprobada por la mayoría de los representantes populares en la Cámara de Diputados, se señaló el peligro que corre la vida civil tal como se conoce. Las modificaciones a la ley, que entre otras cosas dan al Presidente la facultad de hacer uso de las fuerzas armadas contra movimientos, sociales, políticos, electorales y laborales, abren la puerta para que el Estado aplique la fuerza contra la población de manera extrema y discrecional, dentro de un marco legal hecho a modo.

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