Familia Reyes: “La militarizacioń es gran parte la culpable de tanta extorsión, secuestros y asesinatos”

Al homicidio de la defensora de derechos humanos en Juárez, Josefina Reyes Salazar, le han seguido contínuos ataques a su familia

Por Fernando León y Erin Rosa
Especial para The Narco News Bulletin

2 de marzo 2011

El reciente secuestro y asesinato de tres familiares relacionados con la muerte de la defensora de derechos humanos en Chihuahua ha traído un mayor escrutinio al papel del Ejército Mexicano en su labor policial y de lucha en la guerra contra las drogas. En los reportes sobre el tema de los medios nacionales e internacionales están perdidas las afirmaciones de que los soldados en Ciudad Juárez están involucrados con asesinatos y secuestros para silenciar a aquellos que los acusan de corrupción.

Los miembros de la familia Reyes Salazar han acusado al Ejército por un gran número de actos ilegales, que incluyen extorsiones, acoso, y asesinatos. En los últimos tres años, seis miembros de la familia han sido asesinados. De todos los incidentes se desprenden circunstancias sospechosas que le han sucedido a la familia después de que comenzaran a denunciar al Ejército por abusos a los derechos humanos.

“Quiero que sepan que la militarizacioń es gran parte la culpable de tanta extorsión, secuestros y asesinatos que estamos teniendo en Cd. Juárez,” dijo Marisela Reyes Salazar en una entrevista con Narco News. La hermana de Marisela, Malena, su hermano Elías y su esposa, Luisa Ornelas Soto, fueron secuestrados el 7 de febrero por seis hombres fuertemente armados y encapuchados mientras conducían por una carretera cercana a la ciudad.

Inmediatamente después del secuestro, la familia organizó un plantón afuera de la oficina del Procurador en Ciudad Juárez para demandar una investigación sobre el incidente, y para pedir la liberación inmediata de Malena, Elías y Luisa.

“Se bajaron de su camioneta [los secuestradores], se acercaron y nos apuntaron con sus armas. Cuatro de las personas tenían esas armas [largas] y otros dos unas mas chicas. Se bajan ellos, tiran dos tiros al aire y nos gritan que nos bajemos,” recuerda Sara Salazar Hernández, la madre de los secuestrados y quien se encontraba en el auto con su nieta de once años cuando se llevaron a sus hijos. “Abrieron la puerta donde iba y me bajaron y me tiraron al piso, a mi niña igual.” Minutos después los tres familiares habían desaparecido.

Marisela Reyes Salazar (izquierda) y Sara Salazar Hernández (centro) son revisadas por un médico en el plantón de la Ciudad de México. DR 2011 Erin Rosa.

La familia es originaria del pueblo de Guadalupe, en las afueras de Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del país. Como muchas áreas del norte de México, Guadalupe y Ciudad Juárez están ocupadas por militares que han sido enviados por el gobierno federal para combatir en la guerra contra las drogas, después de que el presidente Felipe Calderón le declarara la guerra a las organizaciones narcotraficantes en 2006. El 2010 ha sido el año más mortífero en Ciudad Juárez, con un promedio de ocho asesinatos al día.

Sara no pudo identificar a los hombres que abordaron el vehículo familiar aproximadamente dos kilómetros después de un retén militar. “No pudiera decirle [quienes fueron] porque estaban encapuchadas. Tenían capucha y vestimenta negra,” dice Sara. “No los conoce uno, no les ve uno la cara.”

Los miembros de la familia sospechan de la participación de los militares debido a la proximidad entre el retén y el lugar del secuestro, esto debido a que dicen que los militares han estado ligados a otros asesinatos y hostigamiento en contra de sus familiares. Ocho días después del secuestro, la casa de Sara fue incendiada, horas después de que la familia llevara a cabo un evento público para demandar la liberación de los tres desaparecidos.

El Ejército detrás de sus críticos

“Cuando estamos en el plantón en Cd. Juárez, pasa que una vecina nos avisa que la casa de mi madre se estaba incendiando,” cuenta Marisela. “Lo extraño del caso es que la casa de mi madre está a menos de 100 metros de un gimnasio municipal que ahora está como un cuartel militar improvisado, y hay más de una cuarentena de militares. No es posible que no hayan visto que alguien se acercara a incendiar la casa.”

La defensora de derechos humanos Josefina Reyes, hermana de Marisela, fue asesinada el 3 de enero de 2010, en las afueras de Ciudad Juárez y cerca del pueblo de El Sauzal. “Una testigo adentro del restaurante donde mi hermana llega a comprar comida—donde se acercaron a asesinarla—nos cuenta que fue un automóvil particular y otra troca [camioneta] que son propiedad del ejército,” dice Marisela. “Se bajan estas personas, tanto militares como vestidoss de civil, y tratan de llevársela. Ella empieza a forcejear y cuando miran que se está alargando, sacan la pistola y le dan 4 balazos en la cabeza.”

Josefina había comenzado a hacer campaña contra la militarización de Chihuahua cuando uno de sus hijos, Miguel Angel, fuera sacado de su hogar por soldados sin una orden en agosto de 2008. Más tarde fue acusado de ser narcotraficante, pero de acuerdo al Ejército, fue liberado unos días después.

Josefina organizó una manifestación para demandar su liberación. Después de eso, los militares la fijaron como objetivo por hablar. “Cuando mi hermana todavía vivía en Guadalupe es cuando empieza a llegarle el acoso fuerte. Los militares constantemente llegaban, entraban, esculcaban con sus rifles, quebraban el techo, la seguían,” dice Marisela quien señala que en una ocasión, los soldados trataron de llevarse a otro de los hijos de Josefina. “Ellos no ponen pretexto, no piden permiso, no piden orden para entrar a las casas.”

Josefina eventualmente dejó Guadalupe y llegó a Juárez para tratar de evitar las amenazas y abusos. Cuando el acoso llegó a su pico, otro de sus hijos, Julio César, fue asesinado a balazos por desconocidos. Fue un año después de que Miguel Ángel fuera llevado por los militares. Los miembros de la familia creen que es posible que el Ejército haya llevado a cabo los asesinatos tanto de Julio César como de Josefina, o que hayan estado vinculados de alguna manera. “Si no directamente indirectamente estas personas están involucradas en lo que nos está pasando: desplazarnos de nuestro valle de Juárez, aniquilar a la familia. Definitivamente no cabe duda,” dice Marisela.

Antes de su muerte, Josefina había presentado dos denuncias en contra de los militares en Guadalupe ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pidiendo al organismo militar que interviniera y detuviera el hostigamiento. No se hizo nada. Seis meses después de que Josefina fuera asesinada, su hermano Rubén, fue asesinado con diecinueve tiros en Guadalupe. Poco más de seis meses después, otros tres miembros de la familia fueron secuestrados a fines de febrero. Aparecieron muertos. En los últimos tres años demasiadas personas de la misma familia han sido asesinadas para que parezca una coincidencia. Hasta el momento, funcionarios de Chihuahua no han afirmado haber resuelto los casos de Julio César, Josefina, Rubén, Malena, Elías y Luisa Ornelas.

El mito de los ‘buenos’

Sabiendo que las autoridades en Chihuahua no harían nada por encontrar a sus familiares desaparecidos, Marisela, Sara y otros que apoyan su causa, aparecieron en la Ciudad de México el 21 de febrero para atraer atención al caso. Luego de haber participado en una huelga de hambre desde los secuestros el 7 de febrero, los miembros de la familia organizaron otro plantón afuera del Senado Mexicano para pedir a los legisladores que investigaran el caso. Narco News entrevistó a Marisela y Sara el 24 de febrero, un día antes de que los cuerpos de Malena, Elías y Luisa fueran hallados a un lado de una carretera afuera de Ciudad Juárez.

El plantón de la familia Reyes-Salazar en la Ciudad de México. DR 2011 Erin Rosa.

“El motivo principal es estar aquí para exigirles a las altas autoridades que busquen a mis hijos secuestrados y que me los entreguen,” dice Sara, mientras se sienta debajo de una carpa que se armó como parte del plantón en la Ciudad de México. Tanto Sara como Marisela estaban bajo supervisión de un médico debido a la huelga de hambre.

“Cabe mencionar que son tres personas descapacitadas,” dice Marisela al referirse a sus hermanos y cuñada. Mi hermano Elías tuvo una embolia el 13 de diciembre [de 2010]. A él le funciona solo el 50% de su cuerpo, no tiene movilidad y no puede desplazarse por sí solo. Mi hermana María Magdalena tiene artritis, tiene una placa en la cadera y del otro lado la tiene muy dañada. Camina muy despacio con la ayuda de un bastón. Mi cuñada tiene placas en las piernas por un accidente automovilistico. Necesitan medicamentos urgente para no agravar su salud.”

Un día después de que la familia Reyes-Salazar llegara a la Ciudad de México, la oficina del procurador de Chihuahua lanzó lo que llamó un “mega operativo” para buscar a los familiares desaparecidos, más de dos semanas después de que fueran secuestrados. La búsqueda fue realizada por el Ejército con ayuda de la Policía Federal e incluyó helicópteros. “Yo a estos señores no les creo nada”, dice Marisela. “Hasta el día que lleguen y me digan ‘aquí están tus hermanos’, entonces les voy a creer que andaban buscando a mis hermanos y estaban trabajando, mientras palabras más palabras menos.”

El 25 de febrero comenzaron a circular noticias de que los cuerpos de los Reyes-Salazar secuestrados fueron encontrados. De acuerdo al gobierno estatal, ellos habían muerto dos semanas atrás y parece que fueron enterrados y luego desenterrados. Las autoridades usaron una táctica común de menosprecio a las víctimas cuando se refirieron a una nota que había sido hallada cerca de los cuerpos, que supuestamente vinculaba a los muertos—tres personas que tenían importantes problemas físicos y de movilidad—con la delincuencia organizada. La causa de la muerte aún está siendo investigada. A raíz de los asesinatos más recientes, los miembros de la familia Reyes-Salazar dicen que buscaran asilo en otro país.

Con los medios locales e internacionales utilizando el guión de la guerra contra las drogas que enfrenta a los “buenos” contra los “malos” en una guerra de alto riesgo por librar a México de los narcóticos, es inconveniente publicar historias que sugieran que tanto las fuerzas de seguridad como las narcotraficantes son igualmente transgresoras y violentas. En un ambiente en que no hay rendición de cuentas para las fuerzas armadas, a pesar del aumento exponencial de las quejas por abusos a los derechos humanos, ¿en realidad hay un lado “bueno” en esta guerra?

Las operaciones militares y los esfuerzos policiales, muchas de las cuales están siendo respaldadas por los Estados Unidos, solamente han incrementado la violencia relacionada con los narcóticos en México. Como la historia de la familia Reyes-Salazar indica, también se ha logrado aumentar la violencia en contra de las personas que no están involucradas con el tráfico de drogas. Cuando se le pregunta cómo se podría reducir la violencia en Ciudad Juárez, Marisela dice, “Creo que eso va a ser posible cuando saquen a todos los militares y federales de nuestra Cd. Juárez, de nuestra Chihuahua… por supuesto que hasta entonces regresará la paz y tranquilidad, no solo a Juárez, sino al país entero.”

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