Movimientos sociales hemisféricos presentes en el Tribunal Internacional de Conciencia

Ni los gobiernos ni las corporaciones se presentan a pesar de ser los principales acusados

Por Fernando León
Especial para The Narco News Bulletin

5 de noviembre 2010

Rodolfo Chávez Galindo viajó más de 400 kilómetros desde su comunidad en el estado de Guerrero hasta la Ciudad de México para presentar una denuncia en contra de organismos gubernamentales que le han estado arrebatando sus tierras a los pobladores locales para inundarlas y construir la gigantesca presa hidroeléctrica de La Parota. Viajó con evidencias en video y documentos y las presentó, junto con su testimonio, a jueces en el panel. Pero estos no eran jueces gubernamentales, sino del Tribunal de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, comunidad de organizaciones de derechos humanos, observadores y abogados que se han reunido para hacer el trabajo que el sistema judicial en México y otras naciones no ha hecho.

Participantes en el Foro Internacional de Conciencia en la Ciudad de México DR 2010 Foto Fernando León.

El Tribunal Internacional de Conciencia, parte del Foro Alternativo de los Pueblos en Movimiento, se está celebrando entre el 4 y 6 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este ha contado con la participación de distintas organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo en donde exponen sus casos y presentan denuncias ante el Tribunal.

América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, se presentó, luego de haber estado exilada durante los últimos cuatro años por la persecución del Estado mexicano en su contra, para detallar la exitosa lucha que el Frente llevó a cabo en la última década en contra de la construcción de un aeropuerto internacional en sus tierras. Durante su presentación habló también sobre la venganza del estado mexicano en contra del pueblo atenquense que impidió el más grande proyecto de infraestructura del gobierno de Vicente Fox, y que solamente hubiera beneficiado a corporaciones internacionales y a los intereses inmobiliarios de la zona.

De igual forma, Baldemar Velázquez, habló sobre la importancia que la organización de trabajadores migrantes en los Estados Unidos significa en los campos de cultivo de ese país. Velázquez es parte del Farm Labor Organizing Committee (FLOC), organización que lucha frente a grandes empresas como Campbell’s o Phillip Morris por el reconocimiento de los derechos laborales de los migrantes mediante la firma de contratos colectivos de trabajo.

El equipo de Narco News asistió a este primer día de actividades, y pudo conversar con distintos movimientos sociales del hemisferio con una organización comunitaria eficaz. Entre ellos presentamos dos casos similares de movilización en contra de proyectos de infraestructura que afectan a comunidades locales en dos países americanos: México y Guatemala.

La presa La Parota y las comunidades afectadas

El 28 de julio de 2003 habitantes de poblados a 30 kilómetros de Acapulco se percataron que algunos trabajadores habían destruído cercas y caminos en sus comunidades por la entrada de maquinaria a la zona. Dichos trabajadores fueron contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa paraestatal mexicana, con el fin de preparar el camino para un megaproyecto energético del gobierno de Vicente Fox: la presa de La Parota.

Rodolfo Chávez, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la presa La Parota. DR 2010 Foto Erin Rosa.

Rodolfo Chávez Galindo, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) comenta para Narco News que “los habitantes que serían afectados decidieron que ahí no se construiría nada porque la tierra les pertenecía,” y refiere que esto significó “un enfrentamiento directo con la CFE y el gobierno federal, porque para ellos todo estaba definido, y no era necesario preguntar a nadie, y menos a los afectados.”

El proyecto nunca ha tenido la aceptación de las 11 comunidades que serían afectadas con la construcción de la presa. El gobierno se ha valido de “asambleas” ilegítimas que casualmente han votado a favor del proyecto, pero las cuales están compuestas por personas que no forman parte de las comunidades y que presuntamente son llevadas directamente por la CFE y el gobierno federal. En la última de ellas, llevada a cabo el 28 de abril de 2010, el lugar estuvo rodeado por más de 1500 policías estatales y federales que resguardaban la “asamblea.”

Este hecho demuestra la nula aprobación del proyecto, además de que para su construcción el gobierno solo cuenta con la “aceptación” de dicha “asamblea” ilegítima. Tanto el gobierno como la CFE pretenden desoír a las comunidades y continúan rechazando la verdadera asamblea que tuvo lugar el 12 de agosto de 2007. Ese día, la asamblea fue convocada por ambas partes en conflicto: el gobierno federal y la CFE a través de un comisariado ejidal de la región impuesto sobre la mayoría y el comisariado legítimo, compuesto mediante la votación de habitantes de la región. A la asamblea incluso asistió el jefe de proyectos y de inversión financiera de la CFE, Eugenio Laris Alanís.

En la asamblea, Laris Analís hizo una presentación de lo que sería el proyecto de la presa ante cinco mil personas—mil de ellas a favor del proyecto. Luego de su presentación, y de la respectiva del CECOP, la asamblea votó unánimamente contra del proyecto, incluyendo a las mil personas que inicialmente habían estado a favor. La asamblea nunca fue reconocida por la CFE ni por el gobierno federal.

La presa La Parota forma parte del megaproyecto de infraestructura Plan Puebla Panamá, ahora conocido como Proyecto Mesoamérica. Dentro del megaproyecto se prevé la construcción de cientos de presas para la generación de energía eléctrica para su exportación. De acuerdo con Chávez Galindo, “el gobierno federal y la CFE son los prestanombres de corporaciones trasnacionales con intereses en el Plan Puebla Panamá”, y menciona que con el proyecto “tratan de generar un gigantesco mercado de energía en donde se pretende integrar un sistema de interconexión energética entre América Central y México, para beneficio de corporaciones trasnacionales.”

A pesar de la impopularidad del proyecto, éste se ha reactivado con la pretensión de la CFE de obtener recursos del Congreso mexicano para su construcción. Pese a que la presa ha sido derrotada en asambleas que por conveniencia el gobierno y la empresa no dan por legítimas, el CECOP se sigue movilizando con la legitimidad que le otorga la lucha que han llevado por más de siete años en sus comunidades.

Para Rodolfo Chávez la terquedad del gobierno ha sido parte de esta lucha, “de esa manera se mueve el gobierno, totalmente embarrado en su propia ilegitimidad y rompiendo sus propias leyes” finaliza.

La rearticulación de los movimientos sociales en Guatemala

Domingo Hernández es un indígena maya quiche de Guatemala. Su larga historia de lucha data de la década de los ‘70 cuando formaba parte del Comité de Unidad Campesina. La larga sucesión de gobiernos militares con una política de exterminio hacia los pueblos indígenas, y que inició en la década de los sesenta, expulsó a Domingo de su país, obligándolo a exiliarse por dieciseis años en México (entre 1982 y 1998). Esta política genocida acabó con la vida de más 200,000 guatemaltecos en tan solo cinco años, entre finales de los años setenta y principio de los ochenta.

Rostros de las más de doscientas mil personas desaparecidas y asesinadas durante la “guerra civil” en Guatemala en la fachada de la Embajada de los EEUU en ese país. DR 2008 Foto Fernando León.

Desde su regreso a Guatemala, dichos efectos genocidas de contrainsurgencia se siguen viviendo en el país, donde se continúan hallando cementerios clandestinos de la época de la guerra de exterminio contra el pueblo guatemalteco. Para Hernández, la contrainsurgencia logró dividir a la comunidades y “el temor a la muerte, al ejército y a las patrullas civiles hizo que muchas personas no regresaran a sus lugares de origen,” comenta para Narco News.

Sin embargo, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, que formalmente acabó con la “guerra civil” hace 14 años—en diciembre 1996—en la actualidad hay una nueva confrontación por la política de Álvaro Colom de entrega de los recursos naturales de las comunidades indígenas del país.

La entrega de recursos va acompañada de una historia conocida para los guatemaltecos, y es que Hernández comenta que “desde la firma de los Acuerdos [de Paz], el que más ha remilitarizado al país ha sido Álvaro Colom.” El ejército está regresando a las comunidades golpeadas por la política de contrainsurgencia, sin embargo, esta remilitarización responde a un nuevo contexto histórico.

Para Hernández, la presencia de las FFAA guatemaltecas en zonas determinadas se debe a la presencia de abundantes recursos naturales ideales para la explotación de corporaciones trasnacionales. En estos ricos territorios, habitados por poblaciones indígenas, es donde surgen las movilizaciones sociales en la actualidad.

Sin importar el temor infundado por el ejército, la policía y las patrullas de autodefensa civil de los años ochenta, las comunidades indígenas se movilizan por la defensa de sus territorios. En estas poblaciones, los mismos habitantes han impulsado consultas comunitarias para conocer la opinión de los que ahí viven y de los que serían afectados por proyectos carreteros, mineros o de generación de energía como las presas hidroeléctricas. A la fecha se han llevado a cabo 47 de estas consultas, en donde cerca de un millón de personas han dicho NO a la entrada de corporaciones trasnacionales a sus territorios.

De acuerdo con Hernández, el nuevo escenario de movilización social proviene de los pueblos indígenas. Estos pueblos buscan respetar sus “formas ancestrales de resistencia, las formas ancestrales de convivencia con la madre naturaleza y la forma ancestral de toma de decisión,” por eso han promovido las consultas.

Es a partir del contexto de la defensa del territorio que las distintas comunidades se han logrado cohesionar, presentando un nuevo escenario de movilización social en el país, y con el cual buscan rearticular los distintos movimientos sociales que alguna vez trataron de ser aniquilados por el Estado guatemalteco.

El Tribunal de Conciencia ha servido para rearticular muchas de las luchas paralelas que se llevan a cabo en el hemisferio y en el planeta. Este continuará sus actividades este viernes 5 y sábado 6 de noviembre. Sin embargo, los gobiernos y corporaciones denunciadas en los distintos casos no se han presentado, lo que en el sistema judicial significaría el inmediato fallo a favor del demandante, aún así los jueces emitirán los fallos correspondientes en contra de aquellos que atentan contra las organizaciones, comunidades y personas que han asistido al foro a denunciar sus casos.

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