Siguen impunes los asesinatos de organizadores ambientales en El Salvador

Tres líderes antiminería han sido asesinados por oponerse a la explotación de oro y plata

Por Geovani Montalvo
Generación 2010, Escuela de Periodismo Auténtico

15 de marzo 2010

Tres asesinatos han manchado de sangre la tierra de El Salvador. ¿Los asesinos? Huelen a Oro y Plata. Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Recinos fueron asesinados en 2009. Ellos lideraban la oposición de la explotación minera metálica en sus comunidades, en el departamento de Cabañas, al norte del país.

El 26 de diciembre de 2009 fue asesinada la activista anti-minería, Dora Alicia Recinos Sorto, en el pueblo de Trinidad, Cabañas, cuando regresaba de lavar ropa de un río cercano a su casa. Ella recibió 5 impactos de bala y tenía ocho meses de embarazo. Su esposo era José Santos, portavoz del Comité Ambiental de Cabañas

Este asesinato se sumó el de Ramiro Rivera Gómez, ocurrido en el mismo pueblo una semana antes, el 20 de diciembre. Ramiro era un reconocido líder ambiental quien meses antes había sido blanco de un atentado, recibiendo ocho impactos de bala que lo dejaron en estado delicado.

Desde entonces, Ramiro tenía seguridad personal de la Unidad de Protección para Víctimas y Testigos de la Policía Nacional Civil (PNC). Paradójicamente, cuando lo asesinaron se encontraba custodiado por dos policías, quienes no pudieron evitar el atentado.

Esta ola de asesinatos sistemática se inició en junio del mismo año, cuando fue asesinado Gustavo Marcelo Rivera, otro activista anti-minero y director de la Casa de la Cultura de su comunidad, San Isidro, Cabañas. Además estaba afiliado al partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Marcelo fue desparecido el 18 de junio y doce días después, el 30 de junio, fue encontrado asesinado con claras señales de torturas. Su hermano, Miguel Rivera relató días después del asesinato a medios locales que “la gente vio que lo llevaban amarrado y sin camisa por el monte. Nosotros se lo dijimos a la policía pero ellos nunca nos hicieron caso”.

“Organizamos un grupo de más de 70 personas, así fue que lo encontramos en el Pozo, por el mal olor nos dirigimos para ahí. Mi primera reacción fue la negación, no quería aceptar que aquel cuerpo hinchado y torturado fuera el de mi hermano”, agregó el hermano.

Estos asesinatos contra líderes activistas anti-minería han alertado a las organizaciones sociales. “Estamos concientes de que la muerte de ellos ha sido por estarse oponiendo a proyectos de contaminación, como es la explotación minera” denuncia constantemente en los medios de comunicación, Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador).

Navarro dice que “también hay que señalar que diputados de la Asamblea Legislativa, en concreto, el actual presidente don Ciro Cruz Zepeda y su partido el PCN (Partido de Conciliación Nacional), han sido los que han apoyado que haya explotación minera en El Salvador, por lo tanto, ellos también comparten la responsabilidad criminal”.

Ante la impunidad de estos asesinatos, el 2 de febrero de 2010, más de ciento cuarenta organizaciones sociales nacionales e internacionales entregaron una carta al Fiscal General de la República, Romeo Barahona y al Presidente Mauricio Funes.

Exigen “asegurar una investigación imparcial y profunda que determine a los autores materiales e intelectuales de los crímenes”. La carta señala también la importancia de investigar “la responsabilidad penal y civil” de la empresa minera Pacific Rim en estos hechos.

Oro y Plata

“Pacific Rim” es una empresa minera canadiense que opera en el Salvador desde el 2002, con un permiso de exploración otorgado por el Ministerio de Economía. Durante esta fase, la empresa determinó la viabilidad de extraer oro y plata en el país.

“El Salvador está ubicado en la ruta del Cinturón de Oro de Centroamérica. Este valioso cinturón, que se extiende desde el centro de El Salvador hasta el sur de Nicaragua, atesora más de 10 millones de onzas de oro” cita un artículo de la periodista Elaine Freedman, publicado el 2 de febrero de 2010 en la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).

“Los depósitos de oro de El Dorado (Departamento de Cabañas), consisten en vetas que sumadas sus reservas (medidas e indicadas) tienen un total de 1.1 millones de onzas de oro y 7.4 millones de onzas de plata. Existen todavía otras 558 mil onzas y 1.2 millones de onzas de plata en la categoría de inferidas” indica Pacific Rim en su sitio web.

La empresa solicitó el permiso de explotación en el departamento de Cabañas, pero el gobierno del entonces presidente Antonio Saca se lo negó en el 2009. Desde ese entonces, el estado salvadoreño enfrenta una demanda que interpuso Pacific Rim, amparándose en los derechos otorgados a los inversionistas bajo el Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos, la República Dominicana y los países centroamericanos.

El principal reclamo de la empresa es una compensación por los gastos de exploración y de inversión a un costo de $70 millones. Esta demanda ya ha sido admitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

Pese a la vigencia de la demanda, el actual presidente de El Salvador, Mauricio Funes, descartó en enero de 2010 que su gobierno tenga previsto autorizar proyectos de exploración y explotación minera en el país. Sin embargo, tampoco quiere acceder a las demandas de los movimientos sociales, encabezados por La Mesa Nacional Frente a la Minería: aprobar un decreto que prohíba la explotación minera metálica en el país.

La campaña en contra de la minería de metales se basa en experiencias de otros países, donde los efectos en el medio ambiente y en la población son graves, como la contaminación de los ríos por el drenaje ácido, efecto directo de la explotación minera.

En El Salvador “no es viable la actividad minera metálica, debido a su alta densidad poblacional, en un área tan pequeña, con los recursos naturales hipotecados”, concluye Katia Henríquez en su libro de investigación “Perspectiva de la industria minera de Oro en El Salvador” publicado en el 2009.

“Es indispensable que la Asamblea Legislativa de una respuesta responsable y efectiva, ante la petición de reforma de ley presentada por la Mesa Nacional Frente a la Minería” añade la publicación. La Mesa está conformada por las comunidades afectadas por la explotación minera metálica, organizaciones ambientales y sociales del país.

Entre sus demandas, exigen a “la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, esclarecer todos los asesinatos, atentados y demás crímenes cometidos en Cabañas, identificando y castigando a todos sus responsables intelectuales y materiales, sin importar quiénes sean”, según un comunicado del 27 de enero de 2010.

“Ratificamos nuestra propuesta de aprobar una ley que prohíba la minería de metales en el país, para terminar de raíz la causa de los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos en Cabañas, y alejar para siempre la amenaza de la peligrosa extracción de metales preciosos en El Salvador”, finaliza el documento.

El 8 de febrero la empresa Pacific Rim publicó un “aclaración pública” en el diario oficial de El Salvador, donde denuncia que “ha sido atacada con señalamientos irresponsables y sin fundamento, realizado por organizaciones sociales”.

El 12 de enero de 2010, en entrevista con el periodista independiente Jesse Freeston, el presidente de Pacific Rim, Tom Shrake declaró que “Esperamos que la gente haga caso a las autoridades en El Salvador que públicamente han declarado que los asesinatos en Trinidad son resultado de una disputa familiar”.

La Policía Nacional Civil aún se encuentra investigando los asesinatos de líderes anti-minería, asesinatos que curiosamente se enmarcan en la lucha contra la explotación minera en El Salvador.

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