Violaciones a los derechos humanos en curso provocan llamado a que México honre los compromisos de Tratados firmados con la ONU

La presión por justicia crece en Oaxaca

Por Nancy Davies
Comentario desde Oaxaca

2 de marzo 2010

El Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos, un nuevo grupo de derechos humanos, demanda que Oaxaca y México cumplan el tratado de la ONU que México firmó y que extiende los derechos humanos individuales a todos sin importar su nacionalidad, sexo, religión o convicción política. La Carta Internacional de los Derechos Humanos consiste en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos Opcionales. En 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los dos Pactos detallados, los cuales completaron la Carta Internacional de los Derechos Humanos. México participó en el consejo de derechos humanos en 2009 con mucha fanfarria por parte del presidente Felipe Calderón, quien desde que asumió el poder en 2006 ha protegido al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortíz (URO).

Jesús Alfredo Lopez Garcia, Presidente del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos Foto: D.R. 2010 George Salzman

Irónicamente, ahora URO llama a Calderón mentiroso. Parece que URO hizo un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para asistir al Partido Acción Nacional (PAN)—al cual pertenece Calderón—en una votación para aumentar los impuestos. A cambio, el Secretario de Gobernación de Calderón, Fernando Gómez-Mont, se comprometió a que el PAN no entraría en una alianza política con la oposición electoral que se perfilaba en Oaxaca en contra del PRI. Ahora, esa coalición de la oposición está en marcha y el PAN se ha unido a ella.

La campaña del Protectorado fue presentada en una conferencia de prensa el 25 de febrero de 2010 por el abogado en derechos humanos y presidente del Protectorado, Jesús Alfredo López García, quien señalo que al menos ocho extranjeros han sido arrestados, hostigados, y acosados en Oaxaca por manifestarse en contra de URO. Reporteros de radio y televisión, artistas, videoastas, escritores y turistas internacionales repetidamente han sufrido abusos a manos de este gobierno. Bajo el tratado internacional que México firmó, el derecho a expresar los puntos de vista propios no pueden estar limitados solo porque no se es ciudadano.

El caso más reciente en Oaxaca involucró a cuatro mujeres extranjeras, tres de ellas estadunidenses y una uruguaya. Las cuatro, residen legalmente en Oaxaca con visas turísticas, fueron detenidas luego de haber visto a URO en el zócalo el jueves 28 de enero a las 9 p.m.

Una de las mujeres le habló a URO, preguntándole por qué Juan Manuel Martínez Moreno aún permanecía en prisión por el asesinato de Brad Will en octubre de 2006. El caso es internacionalmente conocido por que no hay evidencia que vincule a Martínez Moreno, el activista de la APPO y chivo expiatorio, con la muerte de Will. Cinco minutos después de que el gobernador se marchara, las cuatro mujeres fueron arrestadas, paseadas en un auto, amenazadas y encarceladas toda la noche en una celda, teniendo que dormir en el piso de cemento. En la mañana López García obtuvo la liberación de las mujeres que habían presentado sus visas a las autoridades migratorias. El agente consular estadunidense, Mark Leyes, también intervinó en nombre del gobierno de los Estados Unidos.

López García dijo que a la brevedad solicitaría una vez más al Ejecutivo que declare “su posición en relación a los abusos que enfrentan los ciudadanos extranjeros.”

Aunque muchos de nosotros estamos familiarizados con los asesinatos, desapariciones, detenciones, torturas cometidos en 2006, algunos aspectos de esos eventos que se vivieron en todo el estado todavía no han sido revelados. Por ejemplo, el asesinato del oaxaqueño José Colmenares el 10 de agosto fue cometido por francotiradores estacionados en techos a lo largo de la ruta de la marcha de la APPO. López García me dijo que Colmenares, que recibió nueve balas, era un objetivo claro. ¿Por qué? De acuerdo con la conversación que López García tuvo con la viuda de Colmenares, el día de las elecciones del 4 de julio de 2006, Colmenares se topó con URO en la casilla electoral que ambos compartieron. Ese día Colmenares le dijo a URO “¡Ya cayó, ya cayó!” (frase acuñada por la APPO) mientras hacía los pulgares hacia abajo, refiriéndose a la presunción de la salida de URO del cargo. Colmenares fue asesinado tan solo cinco semanas después. No se le dió ningún tratamiento médico de emergencia, a pesar de que fue asesinado frente a una clínica y llevado dentro de ésta.

Evidentemente, este gobernador no tolera a la oposición o la crítica, independientemente de la nacionalidad. López García sufrió una agresión el 15 de febrero que “fue llevada a cabo por un individuo que afirmaba trabajar en la Secretaría de Gobierno. El individuo se identificó como Mario Narváez Cruz, y llevaba un cuchillo. Me dijo que lo habían enviado a hablar conmigo y a advertirme.” López García le solicitó al Poder Ejecutivo del estado que “ratifique o corriga el mensaje del agresor que dijo llamarse Mario Narváez.” Hasta ahora no ha habido respuesta.

El Protectorado Mexicano en Derechos Humanos, que defenderá los derechos humanos de extranjeros en México así como de los ciudadanos mexicanos, personalmente buscará presentar cargos criminales en contra de URO. De acuerdo con López García, la rama ejecutiva del gobierno del estado podría llevarlo a juicio, asumiendo que el sucesor de URO no sea del PRI. Los esfuerzos para alcanzar cualquier acción legal en Oaxaca fracasan de forma rutinaria si se involucra a funcionarios del gobierno, todos ellos controlados por el PRI.

Se ha encendido una vela de esperanza en Oaxaca por la coalición de la oposición política, la cual espera arrebatarle el poder al PRI en las elecciones del 4 de julio de 2010, cuando serán elegidos un nuevo gobernador, diputados locales y alcaldes. La posible limpeza por medios pacíficos de 80 años de reinado de caciques del PRI depende de si la ciudadanía desilusionada acude a votar. El posible enjuiciamiento de Ulises Ruiz Ortíz y su gabinete de 2006 depende también del posible resultado electoral. Uno podría afirmar que la paz en Oaxaca depende del resultado electoral de 2010, y muchos apuntan a que la presencia de la Policía Federal en las calles no es una señal esperanzadora.

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Nota: De acuerdo con la página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Luego de una invitación oficial del gobierno mexicano, el ACNUDH firmó un acuerdo en julio de 2002 con el fin de establecer una oficina del ACNUDH el país. Más tarde ese año, el Senado mexicano ratificó el Acuerdo y la Oficina fue oficialmente establecida. En 2003, el ACNUDH condujo una evaluación y un diagnóstico profundo sobre la situación de los derechos humanos en el país, identificando a los obstáculos principales como la integración total de las normas en derechos humanos dentro de la legislación local, y en la implementación de las recomendaciones hechas por mecanismos internacionales de derechos humanos. Posteriormente, el ACNUDH con la asistencia del gobierno mexicano elaboró un nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos, en gran parte basado en los resultados de la evaluación…

La Oficina está desarrollando un enfoque temático en la situación de los derechos humanos de las mujeres, de los grupos indígenas, de los periodistas, y de los defensores de derechos humanos en general. A nivel normativo, la Oficina apoya el debate de una reforma constitucional en México que asegure que las normas internacionales en derechos humanos estén debidamente incorporadas a la legislación nacional. El cumplimiento de las recomendaciones formuladas por los distintos órganos de las Naciones Unidas y los mecanismos especiales para México será alentado y apoyado, así como también lo será la armonización de la legislación a nivel estatal con las normas internacionales…

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