Se afirma que hubo encubrimiento y venganza política en el asesinato de Mariano Abarca

El gobierno de Chiapas arresta a un político de oposición acusándolo por el asesinato del líder antiminero

Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

15 de enero 2010

El 13 de enero, el gobierno de Chiapas arrestó a Walter Antonio León Montoya y lo acusó de ser el “autor intelectual” del asesinato del líder antiminero chiapaneco Mariano Abarca Roblero ocurrido el 27 de noviembre pasado. León Montoya es un ex diputado nacional del partido de oposición Partido Revolucionario Institucional (PRI). El gobernador de Chiapas pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual controla al estado.

La organización de Abarca, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), niega que León Montoya haya tenido algo que ver con el homicidio de Abarca. En un comunicado de prensa la organización afirma que: “pareciera que la presunción sobre la autoría intelectual de León Montoya en el asesinato de Mariano Abarca Roblero es una estrategia de venganzas políticas.”

REMA ha acusado a los empleados de la compañia minera Blackfire Exploration de planear y llevar a cabo la ejecución de Abarca. El estado arrestó a tres antiguos o actuales empleados de Blackfire luego de que testigos oculares los identificaran como los culpables.

Venganza

León Montoya ha sido la piedra en el zapato del gobierno chiapaneco desde octubre pasado, cuando presentó una demanda legal en contra del gobernador Sabines y la legislatura del estado en un intento por bloquear la cancelación de las elecciones intemedias de 2010 en el estado de Chiapas.

En septiembre pasado la legislatura del estado aprobó una ley que pospone las elecciones intermedias de 2010 hasta 2012. La medida extiende los periodos legislativos de los diputados 20 meses más, hasta el fin del periodo del gobernador Sabines en 2012.

La misma ley también cambia el nombre de “ayuntamiento” por el de “consejo municipal” en la división política del estado. El gobierno del estado de Chiapas inaugurará los “consejos municipales” este 2010. Sin embargo, debido a que no habrá elecciones en 2010 el Congreso del estado elegirá a los miembros de los nuevos consejos municipales.

En otras palabras, el Congreso de Chiapas extendió su mandato 20 meses, y está usando el pretexto del cambio de nombre y la postergación electoral para eliminar las elecciones y elegir uno por uno a los consejos municipales de todo el estado.

El gobierno del estado sabía que la medida sería controvertida—el gobernador Sabines pospuso la publicación oficial de la ley por treinta días. Durante ese periodo de treinta días, corrieron rumores de que el gobierno del estado había postergado las elecciones, pero la prensa local reportó que los funcionarios de gobierno y los miembros del Congreso negaron dichas acusaciones.

Cuando el aplazamiento finalmente fue oficial, León Montoya presentó una demanda en contra de Sabines y de todo el Congreso. Su demanda se debía a la secrecía que rodeaba a la ley y argumentaba que la cancelación de las elecciones era inconstitucional. La demanda buscaba la derogación de la nueva ley.

Encubrimiento

REMA deja claro que León Montoya no es un santo. Dice: “REMA no exculpa a Walter León Montoya de otras acusaciones que se le imputan en el pasado, cuando diversas organizaciones campesinas, obreras y de transportistas le demostraron su rechazo en octubre del 2009 y lo acusaron de estar coludido con empresas extranjeras para saquear los recursos naturales del estado sin ningún permiso.” Sin embargo, afirma que en el caso del homicidio de Abarca, León Montoya aparece en el gobierno de Sabines como el chivo expiatorio.

La detención de León Montoya parece matar dos pájaros de un tiro: esta mata cualquier acción legal que León Montoya haya presentado en contra de la postergación de las elecciones de 2010, y también puede dejar a los empleados de la compañia minera canadiense Blackfire Exploration, a quienes REMA acusa de planear y llevar a cabo el homicidio de Abarca, sin castigo. Los empleados de Blackfire—incluyendo a uno de los hombres presos por el homicidio—tienen una larga historia legal documentada de acoso, amenaza, y violencia en contra de Abarca y de su familia.

REMA afirma que no hay evidencia en contra de León Montoya, y refuta la poca evidencia que el gobierno tiene en su contra. Toda la evidencia que el gobierno tiene en contra de León Montoya viene del testimonio de un testigo que el gobierno se niega identificar.

El gobierno reporta que en octubre León Montoya, acompañado de “personas armadas”, arribó a un bloqueo de REMA fuera de las oficinas de Blackfire y “amenazó con hacerle daño al líder [Abarca] si continuaba causándole problemas al transporte.” El bloqueo de REMA apuntaba a evitar que los camiones de Blackfire entraran o salieran de la mina. León Montoya es el líder de la Organización de Transportistas de Chiapas (OTRACH).

REMA refuta las acusaciones del gobierno: “REMA Chiapas niega rotundamente las aseveraciones del supuesto testigo ya que no se conoce ninguna confrontación con León Montoya ni miembros de su gremio con la REMA, e incluso a León Montoya no se le conoce personalmente.” REMA apunta también que la policía le preguntó a los hijos de Abarca (quiénes se afirma sufrieron ataques físicos de parte de los empleados de Blackfire por el activismo de su padre) si conocían a León Montoya, diciendo a la policía que no lo conocían.

REMA teme que la detención de León Montoya sea una señal de que el gobierno liberará a los hombres que cree son responsables por el homicidio encubriendo así su supuesta participación. REMA está particularmente preocupada por el caso de Ricardo Antonio Coutiño Velasco, un contratista de Blackfire contratado para producir videos propagandísticos que intentan refutar las acusaciones de que las minas de Blackfire causan una destrucción ambiental que pueda tener consecuencias irreversibles a la salud de los habitantes de Chicomuselo. Testigos reportan que vieron a Coutiño Velasco con otros sospechosos en el caso tanto antes como después del asesinato.

De acuerdo con REMA, Coutiño Velasco es el sobrino del senador por Chiapas, Manuel Velasco Coello, miembro del Partido Verde Ecologista de México (no se dejen llevar por el nombre; lo único “verde” del partido es el logotipo). REMA acusa al senador Velasco Coello de usar su influencia para intervenir en los problemas legales de su sobrino. Domingo Lechón, representante de la organización chiapaneca no lucrativa Otros Mundos, quienes participan con REMA en el movimiento antiminero, dijo a Narco News que el gobierno arrestó a Coutiño Velasco en 2009 por “crímenes relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, el caso no avanzó por que su familia es importante.”

En respuesta por un posible encubrimiento en desarrollo, REMA declara: “REMA mantiene su demanda de [que el gobierno] investigar hasta las últimas consecuencias a la trasnacional minera canadiense Blackfire, a sus trabajadores y funcionarios, al presidente perredista municipal de Chicomuselo coludido en actos de corrupción con la minera canadiense, entre otros involucrados en el asesinato de Mariano Abarca Roblero. El comunicado de prensa de REMA demanda que el gobierno arreste a nueve personas, la mayoría de los empleados de Blackfire o a los funcionarios del gobierno. REMA afirma que esas nueve personas participaron o tuvieron conocimiento de actividades ilegales relacionadas con el caso, incluyendo soborno a funcionarios, acoso y amenazas en contra de Abarca previo a su asesinato, y de ayudar a escapar a los sospechosos.

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