Colombianos se niegan a ser desplazados: Cerca de 5 mil personas ocupan la oficina del inspector de policía de Piñuña Negro en Putumayo

Indígenas y campesinos afrocolombianos demandan el fin de la erradicación de la coca y del Plan Colombia

Por James Jordan
Especial para The Narco News Bulletin

21 de diciembre 2009

Más de 5 mil indígenas, afrocolombianos y miembros de comunidades campesinas se encuentran ocupando el centro de la comunidad de Piñuña Negro en el departamento de Putumayo, Colombia. Usando tácticas de resistencia no violenta, la multitud de personas de todas las edades se ha reunido en la oficina gubernamental más importante del área—la oficina del inspector de policía—con el fin de demandar la negociación con representantes del gobierno local y nacional, el fin de los acosos militares y paramilitares, así como de los programas de erradicación de la coca que causan el desplazamiento de miles de pobladores. Las comunidades afectadas dicen que luego de tres años de promesas incumplidas y de llamados para el diálogo no respondidas, no ha habido esfuerzos duraderos del gobierno para el desarrollo de la sustitución de los cultivos, de los mercados, así como de la industria para llevar los cultivos a los mercados. En lugar de eso, los líderes comunitarios y los pobladores han sido acusados falsamente de operar para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sometiéndolos a una represión en curso.

Sin medios para ganarse la vida, las comunidades rurales están sufriendo una generalizada malnutrición, enfermedades, y una carencia de oportunidades educativas o económicas. La población local ha sido sometida a constantes abusos cometidos por militares, incluyendo asaltos a mano armada en contra de la población civil sin provocación alguna, apropiación forzosa de los cultivos y de otros recursos, ocupación de los hogares y granjas y un bloqueo militar que prohíbe la entrada a la región de alimentos y otras necesidades básicas. Los escuadrones de la muerte paramilitares han operado con impunidad, amenazando a la población, y peor aún, cometiendo homicidios y otros actos violentos. El vicepresidente de ASCAP y miembro del directorio nacional de FENSUAGRO fue asesinado luego de numerosas amenazas tan solo el año pasado.

Desde el 19 octubre, al menos 5,263 residentes han ocupado la oficina del inspector de policía de Piñuña Negro, parte de la municipalidad de Puerto Leguizamo, cercana a la frontera entre Colombia, Perú y Ecuador. La ocupación está encabezada por la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo (ASCAP). La ASCAP es miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la organización campesina más grande de Colombia. La FENSUAGRO es también el sindicato más atacado en Colombia. De cada cinco trabajadores sindicalizados que son asesinados en el mundo tres son asesinados en Colombia.

Una encuesta reciente en la ocupación popular revela que de los participantes: 1,024 son niñas, 828 niños, 1828 hombres y 1543 mujeres, con un 20% de las mujeres embarazadas. Muchos de los adultos son también adultos mayores. La ocupación protesta por los esfuerzos de erradicación y por los ataques paramilitares/militares en Putumayo, especialmente cerca de las municipalidades de Puerto Leguizamo y Puerto Asís, los dos puertos más importantes del Río Putumayo.

Putumayo ha sido uno de los departamentos más afectados por los esfuerzos estadunidenses/colombianos de erradicación de la coca, incluyendo la fumigación indiscriminada del herbicida de Monsanto Round-Up Ultra. Estas fumigaciones no solo han afectado la coca, sino que, debido a la arbitrariedad y a la manera generalizada en que es aplicado, una rica variedad de cultivos, bosques y poblaciones humanas se han visto igualmente afectadas. Estos esfuerzos de erradicación son parte del Plan Colombia, el cuál ha recibido más de USD$7 billones de financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los esfuerzos de erradicación son coadministrados por el gobierno colombiano y por el Departamento de Estado de los EEUU.

Recientemente, los esfuerzos de erradicación han sido a mano, acompañados por movimientos de tropas militares y paramilitares. Estos esfuerzos no han incluído los programas prometidos para rehabilitar el área para otro tipo de cultivo, incluyendo la infraestructura y los mercados necesarios para vender los productos. Igualmente se carece de un sistema educativo adecuado, de salud y de otros servicios básicos. No hay carreteras que conduzcan las cosechas hacia o desde lugares como Puñiño Negro. Los únicos dispuestos a hacer el viaje en esta parte remota de Colombia son los que tienen motivos comerciales con la coca. Sin embargo, se especula que compañias mineras están interesadas en desarrollar el área debido a la riqueza en recursos minerales, y que incluyen depósitos de oro, plata y platino. Esos intereses a menudo están precedidos por esfuerzos de gran escala para desplazar a la población, abriendo así la tierra para el desarrollo corporativo.

Se han intensificado las amenazas en contra de líderes de la ocupación, y en contra representantes indígenas y afrocolombianos. Una de las preocupaciones principales de los manifestantes es la seguridad de sus líderes. ASCAP y FENSUAGRO llaman a observadores internacionales y de acompañamiento para poder proporcionarles seguridad antes, durante y después de las negociaciones.

Los miembros comunitarios, indígenas y afrocolombianos que están ocupando Puerto Piñuña lo están haciendo porque no quieren convertirse en uno de los más de 4 millones de desplazados en la actualidad en Colombia—la población de refugiados más grande en el mundo. Más del 60% de los desplazados en Colombia son campesinos. Las principales razones de dichos desplazamientos son debido a las amenazas militares y paramilitares, y a las amenazas de la destrucción de ranchos por los esfuerzos de erradicación—las mismas condiciones resistidas por las comunidades reunidas en Piñuña Negro.

En respuesta a la actual ocupación y a la creciente presión nacional e internacional, los días 13 al 15 de diciembre, funcionarios del Ministerio Interior y Justicia de Colombia visitaron Piñuña Negro para escuchar las preocupaciones de la ocupación popular y para evaluar la situación general. A pesar de que el informe publicado por el ministerio da detalles y evidencia anecdótica, no se dieron planes concretos para su seguimiento. En lugar de eso, los representantes prometieron la creación de una comisión gubernamental que atendiera las quejas y las demandas hechas por la comunidad. Sin embargo, no se propuso una fecha para la constitución de la comisión y no hubo concesión alguna con respecto al establecimiento de negociaciones con la comunidad.

La ocupación popular de Piñuña Negro está pidiendo a la comunidad nacional e internacional que se unan en apoyo a sus demandas. Dos importantes acciones que la gente en los EEUU pueden hacer son el enviar un correo electrónico o llamar a organizaciones internacionales de derechos humanos, autoridades colombianas, a la Casa Blanca o a Congresistas estadunidenses para demandar:

· El fin de las erradicaciones de la coca en Putumayo hasta que las autoridades hayan negociado y aprobado un plan con las autoridades colombianas que incluya un reemplazo del cultivo;

· La garantía a la seguridad de los líderes de la protesta y de los negociadores comunitarios;

· El fin del Plan Colombia y de la triple amenaza de la represión militar y paramilitar, y de los programas de erradicación que son las causas principales para el desplazamiento de los indígenas, afrocolombianos y comunidades campesinas.

A continuación información de contactos relevantes:

Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y de Justicia de Colombia

dhdirector@mij.gov.co

Embajada de Colombia en los Estados Unidos:

embassyofcolombia@colombiaemb.org teléfono: 202-387-8338

Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

cidhoea@oas.org

Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos:

oacnudh@hchr.org.co

Para escribir a su Congresista (EEUU)

https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml

La Alianza para la Justicia Global (Alliance for Global Justice) es el principal contacto en los Estados Unidos para comunicaciones con el sindicato que apoya la ocupación popular. Para aquellos que quieran saber más acerca de la situación, escriban a: james@afgj.org
o llamen al 520-243-0381 ó 202-544-9355.

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