Reporte de Inteligencia “filtrado” justifica la represión y militarización en Chiapas

El documento que afirma la existencia de un supuesto vínculo entre el narco y los campesinos conlleva a detenciones, allanamientos, espionaje, acoso y ocupación militar

Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

23 de noviembre 2009

El 10 de noviembre, Martín Morita del diario Reforma publicó un artículo que afirmaba que un informe filtrado del gobierno ligaba a la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ) del estado de Chiapas, con organizaciones criminales que trafican drogas, armas, y migrantes por todo el esatdo. Su artículo afirma que el informe de inteligencia establece la “relación” entre Los Zetas (el brazo armado del Cártel del Golfo) con la OCEZ. Igualmente, Morita escribe que el Ejército Popular Revolucianario (EPR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) están “vinculados” con “células de grupos subversivos en Chiapas” que “estarían recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cártel de Sinaloa, que comanda Joaquín ‘ElChapo’ Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.”

Artículos similares basados en la información filtrada que supuestamente vino del gobierno del estado de Chiapas, afirman que dos de los líderes de la OCEZ son miembros de Los Pelones, una banda que según se informa trabaja en Chiapas para el Cártel de Sinaloa. Estos mismos artículos afirman que el gobierno acusa al líder de la OCEZ, José Manuel “Chema” Hernández Martínez de ser el líder del EPR en Chiapas.

El informe filtrado acusa también al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas localizado en Chiapas, y a miembros del clero chiapaneco de usar las campañas de derechos humanos y desobediencia civil para encubrir y proteger la presunta actividad subversiva/criminal de la OCEZ. De igual forma, distintos artículos acusan a la OCEZ de utilizar a los observadores internacionales de derechos humanos para mantener a la policía y al Ejército fuera de las comunidades de la OCEZ para que armas y drogas puedan ser almacenadas en ellas. Curiosamente, la policía estatal fue puerta por puerta en esas mismas comunidades para buscar drogas, armas y migrantes. Buscaron en las casas, interrogaron y amenazaron a mujeres y niños, golpearon pobladores, y escanearon las propiedades con escaners de ion… y no encontraron absolutamente nada.

El corresponsal de La Jornada Hermann Bellinghausen obtuvo una copia del informe de inteligencia, lo que él afirma ser la fuente de las aparentes afirmaciones infundadas de los medios. El periodista dice que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) elaboró el informe fechado el 27 de julio de 2009. De acuerdo con Bellinghausen, el informe de inteligencia y los reportes noticiosos “han justificado recientes acciones policiacas y militares, aprehensiones, allanamientos y revisiones en caminos de comunidades de Carranza y municipios circundantes (Comitán, Nicolás Ruiz [y] San Cristóbal de las Casas)... Con base en las pruebas del documento, Hernández Martínez y otros dirigentes de OCEZ-Carranza fueron posteriormente encarcelados.”

Bellinghausen no está nada convencido de las “pruebas” que contiene el documento: “El documento menciona acciones agrarias de la OCEZ, sobre todo la ocupación de fincas propiedad de los grandes caciques de la zona, como la familia Orantes, y lo mezcla con la captura de Los Pelones, sin probar la vinculación de estos con la OCEZ. Desliza referencias al tráfico de drogas e indocumentados, ya que el centro de Chiapas, dice la PGJE, es percibido como una región donde prevalecen condiciones favorables para el tráfico ilícito de cualquier mercancía.”

Curiosamente, en los medios ningún funcionario gubernamental quiere ser ligado con el informe. El único reportero que pudo obtener una declaración de un funcionario del gobierno fue—nada sorprendente—Morita. Incluso entonces, el funcionario habló a condición de anonimato y sin identificar el organismo en que él o ella trabaja.

De hecho, el único funcionario del gobierno que oficialmente comentó sobre las salvajes afirmaciones que circulan en los medios—pero no en el informe mismo—dijo que no hay evidencia que las respalde. Los artículos basados en el informe de inteligencia y otra información “filtrada” afirman que los líderes de la OCEZ son también líderes del EPR y miembros de Los Pelones, y que mantienen relaciones de trabajo con Los Zetas. Sin embargo el Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar, afirma que no hay grupos armados en Chiapas, ya sean narcos o subversivos. De hecho, un artículo sin firma en Reforma reporta que el Procurador Raciel López descartó específicamente la presencia del EPR (así como del ERPI) en el estado de Chiapas. Esta es una extraña contradicción teniendo en cuenta que la oficina de Salazar López supuestamente emitió el informe de inteligencia que afirma exactamente lo contrario.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad federales y del estado de Chiapas aparentemente no han recibido la “rectificación” del procurador, concerniente a la existencia de grupos armados en Chiapas. Como Bellinghausen apunta, el informe parece ser la base de la represión constante y severa que la OCEZ está enfrentando. Además, los siguientes incidentes recientes parecen tener también relación con el informe:

• El miembro del FNLS, Luis Abarca dice que el 13 de noviembre su compañero de casa escuchó la conversación de dos o tres hombres desconocidos fuera de su hogar. De acuerdo con el comunicado del FNLS los hombres “se encontraban por fuera de la casa, quienes hablaban en voz alta que ya tenían registradas las horas de entrada y salida de las personas en los últimos días, mencionando horas de entrada y salida que coincidían precisamente con el horario de nuestro compañero Luis Abarca. Alarmándose aún más, cuándo escuchó que lo esperaban en esa noche para ‘que le rompamos su madre’.”
• El 18 de noviembre, se informa que elementos de la policía arribaron al lugar de trabajo de Yolanda Castro Apreza, miembro del FNLS. Los policías preguntaron “insistentemente” a sus compañeros de trabajo la localización de Yolanda, y tomaron fotografías de la oficina a pesar de que se les pidió que no lo hicieran.
• El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denuncia la “persistente” ofensiva de cateos e incursioens militares en los siguientes poblados y municipios chiapanecos: Las Margaritas, Comitán, Socoltenango, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Amatenango del Valle, and Nicolás Ruiz. Algunas de estas comunidades están viviendo bajo la ocupación militar permanente, de acuerdo con el Centro Prodh.
• Según Morita de Reforma: “Más de dos mil militares y policías armados custodian la región de la frontera sur mexicana como parte de un dispositivo de seguridad reforzado, pues se presume que en esa zona opera una poderosa célula de Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, así como de grupos guerrilleros.” Se informa que la policía y los militares comenzaron la operación a principios de noviembre como resultado del reporte de inteligencia y las detenciones posteriores. La zona militarizada, que se informa, recorre de Comitán a Motozintla, incluye el municipio de La Trinitaria. El municipio La Trinitaria es donde hace apenas un año la policía estatal chiapaneca masacró a seis campesinos indígenas y dejó 17 heridos con el fin de suprimir una protesta pacífica. También es hogar de partidarios zapatistas que recientemente recibieron órdenes de la Procuraduría General de Justicia del Estado para abandonar el área.
• La comunidad de Cruzton, localizada en el muncipio de Carranza, ha manifestado su preocupación de que la creciente militarización en el área pueda ser usada para desalojarlos de sus tierras (que es exactamente lo que la policía trató de hacer en abril de 2008) o que reocupen su comunidad. Los pobladores de Cruzton son partidarios zapatistas también.

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