Campaña mediática trata de vincular a organizaciones sociales de Chiapas con el narco

El gobierno permite que la información engañosa y falsa se propague en los medios corporativos

Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

12 de noviembre 2009

El 24 de octubre pasado la policía del estado de Chiapas arrestó a Rocelio de la Cruz González y a Jose Manuel de la Torre Hernández, ambos líderes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Fernando León, de Narco News, reportó que los hombres dijeron haber sido torturados por la policía durante el interrogatorio. En una declaración, de la Torre Hernández dijo: “varias veces en mi cabeza me metieron una bolsa de nailon asfixiándome para justificar una lista de preguntas; [Las preguntas incluían] de que si nuestra organización OCEZ tiene armas y relación con la iglesia y los presidentes municipales que fueron y el actual de Carranza, y además me metieron agua mineral en la nariz a punto de desmayarme.” De la Torre dijo a su abogado que durante la sesión de tortura la policía le hizo firmar papeles sin permitirle leerlos. La policía lo torturó hasta que se desmayó, luego lo despertaron para firmar los papeles cuando aún estaba aturdido.

El 25 de octubre un contacto envió a esta reportera un correo electrónico titulado “Comunicado Oficial”. El correo estaba escrito al estilo de los comunicados de prensa del gobierno, pero no contenía información de algún medio de comunicación ni estaba firmado por algún organismo gubernamental. El contacto creía que el correo era el comunicado de prensa oficial concerniente a las detenciones de de la Torre Hernández y de la Cruz González. El contacto había recibido el correo de un reportero local, quién creía también que se trataba del comunicado de prensa oficial del gobierno. Sin embargo, este “Comunicado Oficial” no aparece en el sitio de Internet del Instituto de Comunicación Social del estado de Chiapas, ni tampoco en el sitio oficial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, donde se publican los comunicados de prensa sobre las detenciones.

La ausencia del “Comunicado Oficial” en los sitios donde se publican los comunicados gubernamentales es particularmente digno de atención debido a las fuertes acusaciones hechas en el “comunicado”.

Primero, el “comunicado” afirma que de la Cruz González y de la Torre Hernández pertencen a “Los Pelones”, que, según el comunicado es una banda “conocida por su fuerte actividad en el tráfico de armas y drogas y son responsables de diversos homicidios, como del asesinato en el 2007 de policías estatales… en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan.”

El “comunicado” también afirma que de la Cruz González y de la Torre Hernández pagaron al presidente municipal de Carranza MX$300,000 para la compra de armas. El presidente de Carranza, Amín Coutiño Villanueva, es del Partido Acción Nacional (PAN). El gobernador de Chiapas pertence a la oposición, al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El “comunicado” sostiene que ambos hombres, en calidad de miembros de Los Pelones, “también compraban y distribuían pistolas calibre 9 mm, que adquirían en 8 mil pesos cada unidad, para lo cual se apoyaban en la organización social [OCEZ].” El “comunicado” también manifiesta que los hombres detenidos participan en “la trata de personas, [así]como [en] la extorsión a migrantes. Sus tierras han servido de centro de acopio para guardar armas y drogas, por lo que con la máscara de organización social han impedido el acceso de autoridades civiles y militares al relleno o predio 28 de junio[donde opera la OCEZ], para ello cuentan con supuestos ‘observadores internacionales’, para cubrir su actividad delictiva.”

Normalmente, Narco News no considera este tipo de correos como “noticia” sin verificar la fuente: éste hace afirmaciones absurdas, y ningún organismo gubernamental ha verificado su autenticidad. Esta reportera creyó que el correo era un engaño.

Sin embargo, los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales parecen haber recibido también el “Comunicado Oficial” en su correo, pero ellos no parecen pensar que sea un engaño. En periódicos de todo México han aparecido artículos que citan palabra por palabra el correo “Comunicado Oficial” que esta reportera recibió. Por ejemplo, el diario nacional mexicano El Universal publicó un cable de la agencia española EFE que acreditó las citas del “Comunicado Oficial” a una declaración de la Procuraduría General de Justicia del estado Chiapas (la Procuraduría es mencionada varias veces en el “comunicado”). Las citas del artículo de EFE provienen solamente del “Comunicado Oficial”, del abogado defensor y de la OCEZ. Ningún funcionario de gobierno confirma o niega las declaraciones. Como se mencionó anteriormente, la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas no ha publicado información alguna en su sitio en línea concerniente a la detención de de la Cruz González y de la Torre Hernández.

Dejando a un lado la distribución poco ortodoxa del “Comunicado Oficial” (sin firma y sin ser publicada en los sitios gubernamentales), el correo contiene otras inconsistencias y señales de alarma. Narco News habló con Marco López Pérez, el abogado que representa a de la Cruz González, de la Torre Hernández, y José Manuel Hernández Martínez, el tercer líder de la OCEZ detenido un mes antes que los otros dos hombres.

López Pérez informó a Narco News que las órdenes de aprehensión de los tres líderes de la OCEZ son parte del mismo caso: la ocupación de tierras en Chiapas en 2003, que presionó con éxito al gobierno de Chiapas para que entregara legalmente los terrenos a los campesinos miembros de la OCEZ. El expediente del caso solo abarca la ocupación de tierras de 2003 y de presuntos delitos relacionados con esta ocupación; el tráfico de armas, extorsión a migrantes, trata de personas y otros delitos no se mencionan en ninguna parte del expediente.

López Pérez, dice no tener conocimiento de alguna investigación oficial en contra de los hombres que implique esos crímenes. El abogado aseguró a Narco News que el gobierno no ha acusado a los hombres de algún tipo de tráfico; solo han sido acusados de delitos relacionados con la ocupación de tierras de 2003, todos delitos de nivel estatal.

Los crímenes que el “Comunicado Oficial” y los medios corporativos acusan a los hombres de cometer son de fuero federal. El gobierno federal no ha hecho ningún comentario sobre las detenciones, así como sobre ninguno de los hombres pesa alguna investigación o imputación federal, señala su abogado.

Sin embargo, López Pérez no descarta la posibilidad de que el gobierno federal inicie una investigación. Dice que ha revisado todos los papeles que integran el expediente en contra de sus clientes, pero que no puede hallar los papeles que de la Torre dice haber firmado bajo tortura. Ni de la Torre ni su abogado conocen lo que dichos papeles dicen, debido a que no se le permitió leerlos antes de firmarlos. López Pérez dice que es posible que los papeles aparezcan en una investigación futura como parte del expediente.

El “Comunicado Oficial” olía como una campaña de rumores incluso antes de que esta reportera hablara con el abogado de los hombres detenidos. El “comunicado” acusa a de la Cruz González y a de la Torre Hernández de pertenecer a “Los Pelones”, que es un grupo criminal relacionado con la organización nacotraficante de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Sin embargo, cuando el gobierno supuestamente incautó un inmenso arsenal en octubre, el gobierno de Chiapas afirmó que las armas pertenecían a la OCEZ, mientras que el gobierno federal se las adjudicaba a Los Zetas. Los Zetas son el brazo armado del Cártel del Golfo, pero también se reporta que trabajan para la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Se informa que tanto el Cártel del Golfo como los Beltrán Leyva son enemigos de El Chapo. Es muy poco probable que una organización campesina trabaje para o con uno de los brazos armados de organizaciones antagonistas del tráfico de drogas.

Cuando el gobierno de Chiapas detuvo a de la Cruz y a de la Torre, entre 20 y 40 camionetas llenas de policias estatales llevaron a cabo cateos casa por casa de dos comunidades de Carranza que pertenecen a la OCEZ: 28 de Junio y Laguna Verde. Dos helicópteros participaron en la operación. La policía saqueó decenas de casas de las comunidades, aterrorizando a los residentes, y, según se informa, golpeando a algunas personas. La policía estaba buscando sospechosos, y también se informa que amenazaban con golpear a los residentes si no les decían “donde escondían las armas”. Los policías no encontraron ni una sola pieza de contrabando en ninguna de las comunidades. Para todas las afirmaciones que el gobierno hace acerca de que la OCEZ supuestamente esconde armas y drogas en sus comunidades, el gobierno no encontró ni una sola arma. Sus escáneres de iones del estilo de la Iniciativa Mérida y sus perros que olfatean drogas no encontraron ningún rastro de sustancias ilegales.

Dejando más dudas sobre las afirmaciones del “Comunicado Oficial”, el presidente municipal de Carranza, que supuestamente recibió MX$300,000 de los detenidos con el fin de comprar ilegalmente armas, no ha sido arrestado, ni tampoco el gobierno ha interpuesto cargos formales en su contra. Por supuesto que el presidente municipal niega enfáticamente las acusaciones, y se informa que dijo a la prensa que “ya era tiempo de que las autoridades municipales hicieran algo respecto a Roselio de la Cruz y José Manuel de la Torre.”

Reforma aparece en escena

El 9 de noviembre, el diario con base en la Ciudad de México y uno de los más grandes del país, Reforma, publicó un artículo de Martín Morita que afirmaba que el periodista obtuvo acceso a un “informe oficial de inteligencia” sobre el tráfico de armas en Chiapas. El artículo no revela si el informe del que habla es del gobierno del estado de Chiapas o del gobierno federal. La única persona a la que el artículo cita es un “alto funcionario del Gobierno estatal” que “participa en el equipo que lleva a cabo la investigación” que se describe en el reporte.

En el artículo, el alto funcionario menciona el caso en el que dos granadas de fragmentación fueron halladas envueltas en tela y en una bolsa de plástico en un estacionamiento de un organismo gubernamental en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Las granadas no explotaron. En una entrevista, el funcionario estatal acusa a los líderes de la OCEZ y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FLNLS, organización civil no armada y con fuerte presencia en Chiapas) de haber “orquestado el acto terrorista”. Hasta la fecha no se han presentado cargos; actualmente ésta declaración anónima sin fundamento es la única acusación que vincula a las dos organizaciones con las granadas.

El artículo de Reforma no limita sus acusaciones a la OCEZ. Dice que el informe de inteligencia afirma que el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) están “relacionados” con las “células armadas” que están “recibiendo el apoyo de grupos del crimen organizado como los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y del Cartel de Sinaloa, que comanda Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para conseguir armamento de alto poder.” El reporte afirma que “se tiene confirmado que algunas organizaciones que se hacen llamar civiles tienen estrechos vínculos con esos grupos subversivos y que pretenden realizar actos violentos en corto plazo, particularmente durante los festejos del Bicentenario en el 2010”.

El artículo de Reforma publica la siguiente cita del reporte:

“Se hace notar que, con base en las detenciones de personas involucradas con dichos grupos y por medio de testimonios obtenidos por la redes de inteligencia, hay elementos que permiten establecer una relación de tales grupos y personas con grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, como son el caso de los llamados zetas y de la organización que comanda Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Esa complicidad deriva en el suministro de armas a los grupos subversivos.”

El artículo de Reforma mecniona a de la Cruz, de la Torre, y Herńandez Martínez: “A los tres se les acusa de usar la organización social [OCEZ] para distribuir armas y drogas”. Reforma olvida mencionar que solamente la prensa, y no el gobierno, acusa oficialmente a la OCEZ del tráfico de armas y de drogas.

El reportero Martín Morita presentó un artículo similar en TabascoHOY.com. En el artículo afirma que a Hernández Martínez “se le vincula con el aseguramiento de un arsenal el 11 de octubre”. Afirma también que: “La investigación oficial señala a Hernández Martínez como dirigente del EPR en Chiapas y de tener vínculos con los Zetas.” Nuevamente, no se han presentado cargos contra Hernández Martínez que lo vinculen con el tráfico de armas, Los Zetas, o el EPR. Morita no especifica a que “investigación oficial” se refiere en el artículo. Sin embargo, el abogado de Hernández Martínez solo conoce una de las investigaciones oficiales—la relacionada con la ocupación de tierras del 2003—que no hace mención alguna a las denuncias sobre algún tipo de tráfico.

La Guerra contra los movimientos sociales

En una carta al editor de Tabasco HOY, la OCEZ escribe, “este tipo de estigmatizaciones en los medios masivos no sólo tienen consecuencias políticas negativas para quienes las padecen, sino que con frecuencia son orquestadas desde instancias gubernamentales para generar corrientes de opinión que les ayuden a justificar acciones judiciales arbitrarias.”

Como el informe de inteligencia del gobierno menciona, las autoridades están cada vez más preocupadas por la posibilidad de que grupos armados entren en acción en 2010 para conmemorar el bicentenario y el centenario de las dos revoluciones mexicanas. Según Reforma, el informe afirma que “los grupos pretenden llevar al cabo acciones tendientes a desestabilizar, mediante la vía armada, al Gobierno del perredista Juan Sabines en el 2010, concretamente durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.”

Puede que el gobierno esté tratando de difamar preventivamente a las organizaciones sociales en los medios de comunicación, vinculándolos presuntamente con organizaciones narcotraficantes. Esto puede impedir que organizaciones insurgentes cuenten con algún tipo de apoyo nacional e internacional que protegió a los zapatistas en el levantamiento en Chiapas en 1994. También puede servir para justificar las acciones judiciales y militares en contra de la sociedad civil, que siempre parece quedar atrapada en el fuego cruzado de las guerras. La campaña de desprestigio incluso presenta un ataque preventivo en contra de los observadores internacionales de derechos humanos, quienes han jugado un papel clave en la defensa de los derechos humanos en Chiapas desde 1994. Al acusar a los observadores de impedir que los militares y la policía lleven a cabo su trabajo en contra del contrabando, los medios de comunicación corporativos los ponen directamente en la línea de fuego de la guerra contra las drogas.

Gracias a la guerra contra las drogas, en 2010 México estará más militarizado de lo que estuvo en 1994. El Ejército estará mejor preparado y mejor armado de lo que estuvo en 1994 ante el levantamiento zapatista. Y ahora, gracias a la campaña de difamación de los medios de comunicación en contra de las organizaciones sociales, la utilización de las fuerzas militares de la guerra contra las drogas puede tener la aprobación pública al usarse contra objetivos no involucrados con dicha guerra.

Narco News ha advertido que la creciente militarización con el pretexto de la guerra contra las drogas podría tener consecuencias negativas para las organizaciones sociales e insurgentes. El homólogo de la Iniciativa Mérida en Colombia, el Plan Colombia, se dirigió en contra de las organizaciones insurgentes como un asunto de política oficial. En México, tanto el gobierno estadounidense como el mexicano han previsto “vínculos” entre organizaciones insurgentes y de tráfico de drogas. En diciembre de 2008, Narco News reportó:

En una presentación oficial de la DEA en PowerPoint, recientemente filtrada al corresponsal de Narco News Bill Conroy, la DEA sostiene que existe la posibilidad de que los cárteles de la droga busquen aliados en las organizaciones insurgentes: “Las organizaciones narcotraficantes se acercarán aún más a los militares mexicanos y grupos paramilitares extranjeros y posiblemente a organizaciones insurgentes con el fin de adquirir el tan necesario apoyo humano y material para eludir los avances de los cárteles rivales.” Del mismo modo, en un informe obtenido por el diario mexicano Milenio titulado “En riesgo, la viabilidad del país, alerta Sedena”, la Secretaría de la Defensa Nacional de México dice que es “previsible una simbiosis [de los los cárteles de la droga] con grupos armados desafectos al gobierno”

La OCEZ puede ser un caso de prueba, para ver hasta que punto la sociedad civil permitirá que el gobierno siga con su guerra en contra de los movimientos sociales. Jaime Ramírez Yañez, escribe en un editorial de Milenio: “la detención de estos dos indígenas [de la Cruz y de la Torre], visibles opositores al gobierno, se llevó a cabo tan solo con la versión de dizque ‘un testigo protegido’ y sin averiguación previa de por medio.” A menudo un testigo protegido es un sospechoso mismo, al que el gobierno ofrece clemencia o inmunidad a cambio de su testimonio en contra de otras personas.

Usando a ese testigo protegido y a los medios, el gobierno ha vinculado a la OCEZ, una organización no armada, con la organización armada EPR, e incluso con casi todas las organizaciones del tráfico de drogas del país. Los medios han acusado a la OCEZ de trata de personas, tráfico de armas, extorsión a migrantes, y narcotráfico. También ha estigmatizado a observadores internacionales de derechos humanos que se encuentran en comunidades de la OCEZ para asegurar que los derechos humanos sean respetados. A su vez, el gobierno ha podido escenificar una de las mayores redadas en los últimos tiempos en comunidades campesinas, y sin embargo, ninguno mostró interés en el hecho que dicha redada no encontró contrabando alguno. La policía estatal continúa ocupando la zona de Laguna Verde. El gobierno del estado ha sido capaz de cazar y de, aparentemente, torturar al liderazgo de la OCEZ. El gobierno ha ejecutado tres de las catorce órdenes de aprehensión derivadas de la ocupación de tierras por parte de la OCEZ en 2003, dejando a sus comunidades aterradas por la posibilidad de que la policía lleve a cabo una nueva incursión en cualquier momento.

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