La Depuración Policiaca de la Iniciativa Mérida “Ineficiente” e “Ineficaz”

La Elogiada Prueba de Polígrafo no ha Logrado Reducir la Corrupción

Por Kristin Bricker
En la Narcoesfera

28 de septiembre 2009

Uno de los objetivos declarados en México de la Iniciativa Mérida es el de ayudar al gobierno mexicano a “erradicar la corrupción” en sus fuerzas de policía. La Iniciativa Mérida tiene dentro de sus fondos, dos esfuerzos que tienen por objeto la lucha contra la corrupción de la policía: un Registro Nacional de Policía y la depuración en todas sus fuerzas. Un reporte del diario mexicano El Universal sostiene que la depuración de la policía como se está llevando a cabo en la actualidad de la policía es ineficaz, infeficiente e inútil.

D.R. 2009 La Jornada

El Registro Nacional de la Policía se propuso en la Iniciativa Mérida debido a que los legisladores estadounidenses se sentían incómodos entregando cientos de millones de dólares en equipamiento y formación a las fuerzas corruptas de la policía mexicana. Según el Departamento de Estado, el Registro Nacional de la Policía eventualmente contendrá fotos, datos biográficos, 10 huellas dactilares, muestras de ADN, muestras de voz, y datos personales (toda la información relacionada con el empleo que incluye: fecha de contratación, educación, formación, acciones disciplinarias, y despido) de todos los policías mexicanos en activo (federales, estatales y locales), policías auxiliares, y de compañias de seguridad privada en México. Hasta ahora los Estados Unidos han gastado USD$3 millones en la creación del Registro Nacional de Policía de México.

Asimismo, la Iniciativa Mérida ofrece una cantidad desconocida de fondos para la creación del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, que tiene el fin de depurar las fuerzas policíacas a fin de “erradicar la corrupción”. El control de confianza incluye la prueba del polígrafo, auditorías a finanzas personales con el fin de detectar un posible “enriquecimiento ilícito”, investigación de antecedentes socio-económicos, evaluaciones psicológicas, y examenes antidoping. La ley mexicana requiere que todos los policías sean sometidos a este control cada seis meses. Seguún el gobierno mexicano, los fondos de la Iniciativa Mérida que pagan este control y el Registro Nacional de Policía, provienen de una partida de USD$26 millones para “el fortalecimiento de los programas de profesionalización de la policía y el Registro Nacional de Policía.”

Según el Departamento de Estado, desde que el Presidente Felipe Calderón asumió el cargo más de 11 mil federales y cerca de 25 mil policías y funcionarios estatales y municipales han tomado este riguroso control de confianza. Aproximadamente el 87% de los policías estatales y federales han sido inscritos en el Registro Nacional de Policía.

El Departamento de Estado utiliza estas estadísticas en el “Informe México-Iniciativa Mérida” para demostrar que la policía mexicana es ahora más “transparente” y “responsable”. Con el informe el Departamento de Estado espera liberar el 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida que han sido retenidos a la espera de que México cumpla con ciertas condiciones. En el informe, el Departamento de Estado remarca que el despido de 284 comandantes de la Policía Federal, y el arresto de 204 funcionarios públicos federales, estatales y municipales, durante el gobierno de Calderón, significa que el Registro y la depuración son herramientas efectivas para reducir la corrupción. El Departamento de Estado sostiene que estos programas constituyen “medidas concretas para… abordar los problemas de la corrupción.”

Sin embargo, el informe del Departamento de Estado no evalua si estas medidas realmente han reducido la corrupción de la policía. El diario mexicano El Universal, consultó a varios expertos en seguridad pública y publicó sus opiniones sobre la efectividad de la depuración anti corrupción financiada por la Iniciativa Mérida. Su conclusión: no ha funcionado en lo absoluto.

“Inútil”

El Universal reporta que la campaña contra la corrupción del Presidente Calderón ha puesto a más de un millar de agentes de la policía en la cárcel desde que ésta comenzó. “De acuerdo con información oficial,” escribe El Universal, “prácticamente no pasa una semana sin que un grupo de policías, o al menos un agente de alguna corporación, sea detenido, consignado o arraigado por tener nexos con el crimen organizado u operar su propia banda.”

El diario consulto a familiares y abogados de agentes encarcelados y descubrió que la mayoría de esos detenidos son gracias a denuncias anónimas o por testigos protegidos—no por el control de confianza. Dice que este es el caso de 226 policías detenidos este mes por sus nexos con el tráfico de drogas—las pruebas de control no llevaron a ninguna de estas detenciones.

Los expertos consultados por El Universal, explican las deficiencias en el proceso de depuración.

Una de las cuestiones más urgentes es la alta rotación de las fuerzas policiales en México—30% en promedio, según el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón. Aún sin semejante rotación, el registro y control de 400 mil policías es una tarea de enormes proporciones. La rotación del 30% agrava la limitada capacidad mexicana de registrar a todos sus agentes de policía. El proceso de control de 400 mil agentes dos veces por año hasta el momento ha demostrado ser imposible, incluso sin tener en cuenta la tasa de rotación.

Arturo Arango, un consultor independiente que colabora con la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el control y formación, dijo a El Universal que la depuración ha fracasado hasta el momento porque “está a medias. Por un lado están quitando a algunos malos elementos, pero están dejando a otros que corrompen a los nuevos [policías]. Es como juntar las manzanas podridas con las sanas en la misma cesta.”

El argumento de Arango en contra de una depuración gradual alude a un problema mayor en la guerra contra las drogas como la que se está llevando actualmente a cabo: mientras se arresta a algunos criminales—incluso a algunos cabecillas del crimen organizado—otros pasan a tomar su lugar. Los nombres y las caras cambian, pero la industria del tráfico de drogas continúa ilesa. Las extensas redes del crimen organizado y del tráfico de drogas han sido minuciosamente documentadas—particularmente en el trabajo seminal de Ricardo Ravelo, Los Capos—e incluyen reclutadores que trabajan de cerca en casi todas las principales agencias de seguridad pública del país. Las décadas de estrategia “a medias” ha fracasado en desmantelar estas redes, debido a que el narcotráfico es una industria multimillonaria que sostiene a la economía mexicana (sin mecionar las cuentas de banco de sus sirvientes funcionarios públicos). Por el contrario, la influencia de los narcotraficantes en México ha aumentado constantemente.

Arango y la experta en seguridad pública, Elena Azaola dijeron a El Universal, que la estrategia de depuración de la policía debe ser completamente replanteada, debido a que el gobierno mexicano no puede manejar un control de 400 mil policías a la vez, sin mencionar dos al año como estipula la ley. “En Morelos, por ejemplo, nos tomó casi cuatro meses evaluar a 2 mil 500 policías. Si consideramos 400 mil se requeriría, por ejemplo, una escuela de 20 aulas, mil polígrafos móviles y un mecanismo que permitiera reunirlos a todos, lo cual es imposible.”

El resultado de una corrupción generalizada en las fuerzas de policía mexicanas en todos los niveles de gobierno, es el de la poca credibilidad de los ciudadanos hacia los funcionarios públicos. Una encuesta reciente realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) encontró que la mayoría de los mexicanos “se sienten inseguros en su ciudad y que no confían en sus policías ni en el Ministerio Público.” La encuesta de Icesi es más perjudicial para la Iniciativa Mérida: una de sus medidas de rendimiento estipuladas es “el porcentaje de mexicanos encuestados que a) tengan confianza en la Policía Federal mexicana para protegerlos y servir a la ley, y b) tengan confianza en el sistema federal mexicano de justicia que administra el estado de derecho en el momento oportuno.”

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