Los Imperdonables

Mientras Uribe hace “lobby” con los legisladores demócratas en EE.UU. para conseguir la firma del TLC, se recrudecen los atropellos contra defensores de derechos humanos y comunidades campesinas en Colombia

Por Laura Del Castillo
Especial para The Narco News Bulletin

16 de noviembre 2007

El pasado 10 de noviembre Hillary Clinton – quien se encuentra actualmente entre los candidatos más opcionados para llegar a la presidencia de Estados Unidos el próximo año – expresó su desacuerdo con que ese país firme el Tratado de Libre Comercio con Colombia, porque, según dijo le preocupa la historia de violencia contra los líderes sindicalistas en el país.

Yolanda Becerra, directora de la Organización Femenina Popular (OFP) Foto: D.R. 2007 Caleb Harris

Inmediatamente, el presidente Uribe – quien estaba convencido de tener al Partido Demócrata estadounidense en la palma de la mano, después que algunos de sus representantes al congreso quedaron encantados con el último tour de fantasía que organizó en Colombia, junto con el Secretario de Comercio de los EU, Carlos M. Gutiérrez, para mostrarles los “progresos” que ha hecho el gobierno con respecto a la reducción de la violencia – armó un drama ante los medios de comunicación, diciendo que las declaraciones de Clinton se constituían como “una incomprensión imperdonable contra Colombia”.

Y es que para el presidente tan imperdonables como las palabras de Clinton, son los sindicalistas que aún siguen manteniendo una firme posición contra el TLC o las organizaciones no gubernamentales y activistas pro-derechos humanos que se atreven a denunciar los crímenes que cometen sus fuerzas militares -financiadas por el Plan Colombia – o la farsa de la desmovilización paramilitar.

Por supuesto, un gobierno que parece estar anclado en la edad media, liderado por un presidente que trata al país como su propio feudo particular, puede darse el lujo de hacerse el de la vista gorda cuando esos “imperdonables” son amenazados, atacados o asesinados (a menos que se les pueda encarcelar, por supuesto, como el caso de los dirigentes de la ACVC que actualmente se encuentran encarcelados).

Los siguientes hechos comprueban que los esfuerzos para mantener la buena imagen de un país – donde “se ha reducido la violencia y se respetan los derechos humanos” – definitivamente parecen ir de la mano con la impunidad, en la era Uribe.

Los Enemigos Internos

Nada más a principios de este mes, desconocidos ingresaron a las oficinas de la Corporación para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos -Reiniciar-. Una vez allí sustrajeron información de los computadores, robaron dinero y se llevaron el expediente de un caso sobre desaparición forzada. No contentos con ello, los asaltantes dejaron sobre una de las mesas una cinta negra, a manera de amenaza contra los integrantes de la organización.

Reiniciar es una organización de derechos humanos de carácter jurídico, que desde 1993 ha venido llevando ante importantes instancias internacionales el caso del tristemente célebre genocidio de la Unión Patriótica (UP), que cobro como víctimas más de 5.000 militantes de este partido de izquierda (originado en los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia -FARC- durante 1984), a lo largo y ancho del país desde 1986. De esta manera se exterminó prácticamente al partido y, bajo los dos gobiernos de Uribe, ahora también se busca acabar con sus sobrevivientes y familiares, actualmente apoyados por Reiniciar y otras organizaciones.

Este crimen fue orquestado desde los más altas esferas de la elite política del país y llevado a cabo por miembros del Ejército Nacional en alianza con paramilitares – a través del asesinato, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento y las amenazas – razones por la que Reiniciar denunció al Estado Colombiano, por su responsabilidad en este masacre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde 1997, cuando declaró la admisibilidad del caso, esta instancia jurídica internacional exigió al Estado que reconociera su responsabilidad en estos crímenes, reparara integralmente a las víctimas y, por supuesto, sancionara penalmente a los autores de los crímenes.

Debido a esta labor de acompañamiento jurídico, desde sus inicios, la organización ha sido víctima de constantes amenazas y atropellos por parte de grupos paramilitares, auspiciados por sectores del Ejército y la Policía Nacional. Las denuncias , con pruebas contundentes, de estos hostigamientos llevaron a que la misma CIDH exigiera al Estado Colombiano el otorgamiento de medidas cautelares a esta organización, un mecanismo de protección que, a la luz de estos últimos hechos – carecen de una verdadera efectividad y se constituyen como verdaderos sofismas de distracción.

Jahel Quiroga, directora de Reiniciar Foto: D.R. 2007 Corporación Reiniciar

De hecho, Yolanda Becerra, directora de la Organización Femenina Popular (OFP),organización que también cuenta con estas “medidas de protección” otorgadas por el Estado, puede atestiguar cuál es su nivel de eficacia. Justo en la misma semana que tuvo lugar la incursión violenta a las oficinas de Reiniciar, dos hombres ingresaron forzosamente a su apartamento: “hijueputa el cuento se le acabó, tiene 48 horas para que se vaya, sino, vamos a acabar con su familia, Usted no se nos escapa”. Eso le dijeron, mientras la encañonaban en su propia casa.

La OFP es una organización de derechos humanos, con sede en la ciudad de Barrancabermeja, que desde hace 35 años se especializa en denunciar y acompañar a mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos, pertenecientes a comunidades del Magdalena Medio. Al igual que Reiniciar ha denunciado numerosos casos de asesinatos, desapariciones, amenazas y hostigamientos cometidos por paramilitares y por miembros de las fuerzas armadas, especialmente en esta área del país que se ha constituido como uno de los grandes epicentros del paramilitarismo.

A esto se suma que la semana anterior, la abogada Diana Teresa Sierra, de la Comisión Intereclesial “Justicia y Paz” fue víctima de seguimientos por parte de desconocidos.

Sierra es representante de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) en varios procesos jurídicos contra militares y paramilitares por violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y crímenes ecológicos. También está trabajando para esclarecer el homicidio del líder afrocolombiano Orlando Valencia, y esta asumiendo la defensa de líderes de estas comunidades que actualmente se encuentran encarcelados, tras ser acusados de rebelión.

La “limpieza de las fuerzas militares”

Jahel Quiroga, directora de Reiniciar, no duda en asegurar que detrás de esta última incursión violenta a las oficinas de su organización, puedan encontrarse diversos sectores de la Policía y el Ejército Nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que el expediente robado de sus oficinas implica a altos militares en el caso de desaparición forzada de una destacada militante de la UP y que en días recientes la Fiscalía General de la Nación anunció que abriría nuevamente varios de los casos representativos del genocidio que se encontraban archivados.

“Yo creo que hay un prejuicio, una prevención, tanto de paramilitares como de agentes del Estado comprometidos en el genocidio contra la UP. Yo lo que veo es que las decisiones que están tomando la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han permitido reabrir los procesos que en Colombia ya estaban cerrados. La Corte Interamerica reabre los casos y empieza a vincular estos agentes del Estado que fueron absueltos en el país, tanto a nivel disciplinario de la procuraduría, como a nivel de la fiscalía. Y a eso ellos le temen. Me parecen más preocupados los que están en la legalidad que quienes están en la ilegalidad”, dice Quiroga.

Además, Reiniciar, al igual que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, forma parte de la Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos, una coalición de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (que igualmente también han sido víctimas de todo tipo de atropellos). Dicha coordinación presentó hace un mes ante la CIDH,el informe titulado “Ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la fuerza pública” en donde se denuncian rigurosamente varios casos de “falsos positivos” que tuvieron lugar entre junio del 2006 y julio del presente año.

Para quienes no lo sepan, en el “argot” castrense colombiano, se conoce como “positivo” a la ejecución de un guerrillero durante el combate. Como ustedes bien saben entre más “bajas” tenga un soldado obtiene más ascensos, reconocimiento y condecoraciones. A lo largo del conflicto eso siempre ha sido así.

Pero ya saben ustedes que en el cuento de hadas de la política de “seguridad democrática”, las viejas prácticas tienen sus propias peculiaridades. El presidente Uribe en su afán por mostrar a la opinión pública la supuesta eficacia de su gobierno en materia de seguridad, ha ejercido tal presión en las fuerzas militares para dar resultados, que ha terminado por crear un nuevo método de combate en las esferas de la guerra sucia que se libra en las zonas rurales del país: asesinar, desaparecer y torturar a civiles para luego vestirlos con uniformes utilizados en las guerrillas, con el fin de presentarlos luego presentarlos como “subversivos dados de baja en combate”.

Esta práctica se ha venido presentando desde que comenzó a aplicarse la política de seguridad democrática en el 2002, cuando Uribe llegó por primera vez al poder. Pero, según el informe, entre junio del 2006 y julio del presente año se intensificaron de tal manera que entre estos meses se registraron 236 casos en total, siendo Antioquia uno de los departamentos más representativos.

¿Por qué este incremento? Según pudieron constatar los miembros de una Misión Internacional sobre ejecuciones extrajudiciales – que visitaron el país a principios de octubre y se entrevistaron con varios soldados del ejército – al gobierno se le ocurrió la brillante idea de otorgar “bonificaciones económicas” y “licencias de descanso”, a los soldados, a cambio de matar guerrilleros. Y cómo enfrentarse a las guerrillas no es tan fácil, cualquier campesino indefenso se constituye como una presa apetecible.

Y todavía no había salido el informe cuando- irónicamente durante un acto de conmemoración para celebrar el segundo año de la ley de justicia y paz- el presidente sacó a relucir toda su artillería verbal para hacer señalamientos contra las organizaciones que meses atrás estaban haciendo públicas estas denuncias: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”.

A este señalamiento se suma el que se hace en un texto impreso sin autor que tuvieron la oportunidad de conocer diversas organizaciones de Barrancabermeja el pasado 18 de octubre: “Recordemos que el curita de la Roux (haciendo referencia al sacerdote jesuita Francisco De La Roux, quien lidera el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio), y la Guerrillera Yolanda Becerra movieron influencias en Bogotá para llamar a calificar servicios al Mayor del ejército y segundo comandante del Batallón Nueva Granada, por haber hecho públicas las Ordenes de Captura por rebelión que dictó la Fiscalía contra la junta directiva de la ACVC, bandidos y narcoguerrilleros (unos calificativos más que absurdos como se ha demostrado en varios reportajes de Narco News) que fueron capturados en el mes pasado en Barranca”.

Esto demuestra que el presidente y sus simpatizantes tienen razones de sobra para estar furiosos con estas organizaciones, pues están evidenciando los abusos cometidos por el más preciado tesoro del uribismo: sus fuerzas militares. Lo que pone en riesgo, de paso, el suministro del botín más grande que le ha dado Estados Unidos al país: el Plan Colombia.

De hecho, una de las recomendaciones de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones extrajudiciales, dirigidas a la comunidad internacional, fue que se condicionara la ayuda militar a Colombia, mientras continuaran sucediendo estos atropellos contra la comunidad civil.

Con razón es que el presidente y sus amigos ya definitivamente perdieron los estribos.

Los motivos de los “paras”

Cabe recordar que Reiniciar también acompaña jurídicamente a comunidades indígenas y campesinas, cuyos miembros víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por paramilitares – muchas veces respaldados por miembros del ejército. Es el caso de varias comunidades indígenas emberá-chamí del departamento de Caldas o de la comunidad Wayuú en La Guajira, el extremo norte del país.

Reiniciar representa a un amplio sector de estas comunidades ante la CIDH y ha solicitado medidas cautelares para ellas ante el inminente riesgo que corren debido a atropellos que ya han sufrido, especialmente por parte de los paramilitares. Así mismo han acompañado a víctimas específicas de estas comunidades que valientemente han decidido enfrentar a los grandes jefes paramilitares para exigir sus tierras, así como para exigir explicaciones sobre sus familiares desaparecidos o asesinados.

Es entonces muy probable que detrás de estos hechos recientes puedan encontrarse paramilitares desmovilizados que han entrado a formar parte de los reductos de las autodefensas, mejor conocidos como “bandas emergentes”, que caracterizándose por una gran apertura de pensamiento, dejan que además entren a sus filas narcotraficantes o delincuentes comunes.

Y ya que se ha comprobado que los jefes paramilitares siguen mandado desde la cárcel, no sería raro que hayan encargado a sus “muchachos” para que amedrenten a las víctimas que puedan aportar más pruebas en su contra, así como a las organizaciones que las respaldan en ese proceso. Para Ana Teresa Rueda de la OFP los “muchachos” vienen siendo los paramilitares desmovilizados -al menos en el caso de Barrancabermeja-, de quienes también sospecha que puedan ser los autores del maltrato sufrido por Yolanda Becerra en su casa :

“No podríamos decir exactamente quienes fueron los autores de este hecho, pero aquí en Barranca la presencia armada son los desmovilizados y la fuerza pública, a quienes no les conviene que exista una organización como la nuestra, que ejerce una labor de denuncia constante”, dijo Rueda.

Y tampoco sería raro teniendo en cuenta que durante la búsqueda de fosas comunes donde estarían enterradas varias personas asesinadas por paramilitares en las zonas rurales aledañas a Barrancabermeja, un ex-comandante paramilitar manifestó delante de varios funcionarios y medios de comunicación que los enemigos del proceso de justicia y paz “eran los hp de Yolanda Becerra y David Ravelo (secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos -CREDHOS-, con sede en Barrancabermeja)”.

Inmediatamente después de que tuvo lugar este señalamiento, la OFP envió una solicitud al Vicepresidente Francisco Santos para que se incrementaran las medidas de protección para Yolanda Becerra, luego de haber sido señalada por el comandante paramilitar. Pero Ana Teresa Rueda asegura que hasta ahora no han obtenido respuesta.

Y es que no hace falta ser un pesimista patológico para saber que desafortunadamente ahora tampoco va a pasar nada, que el Estado no va a responder ante estos nuevos incidentes, porque en el fondo sabe que esta es una buena estrategia para acallar a quienes “enlodan “ la buena imagen del país de las maravillas, a quienes se atreven a mostrar que es lo que hay al otro lado del espejo.

Y eso es sencillamente imperdonable, estimados lectores. Aquí, en este país donde los grandes jefes paramilitares, amparados por la ley de justicia y paz, se atreven a hablarles a sus víctimas de la importancia del perdón y el olvido.

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