El senador colombiano Gustavo Petro dice al congreso de los E.U: el Tratado de Libre Comercio beneficiará a los narcotraficantes

Las administraciones de Bush y Uribe no pueden ocultar la realidad detrás de sus giras de fantasía en Colombia para impresionar a los legisladores estadounidenses

Por Dan Feder
Especial para The Narco News Bulletin

30 de octubre 2007

BOGOTÁ: Durante los dos últimos meses, el Secretario de Comercio de los EU, Carlos M. Gutiérrez, ha pasado mucho tiempo en Bogotá y Medellín. Convencer al congreso de ese país para aprobar un Tratado de Libre Comercio con Colombia parece haberse convertido en su principal misión del momento, y ha estado de gira por el país con legisladores estadounidenses para enseñarles lo mucho que Colombia ha cambiado y lo mucho que desea el “TLC”.

Foto de Sen. Petro’s weblog

Los congresistas presenciaron imágenes típicas de Colombia como aquélla del presidente Álvaro Uribe montado en un caballo blanco, mientras alzaba una taza de café y decía: “¡Brindo por nuestros países!”. Los demócratas —preocupados por lo que les han dicho sus amigos en AFL-CIO y en las organizaciones de derechos humanos acerca del terrible expediente de derechos humanos del país y de su estatus como el lugar en donde ocurren más de la mitad de los asesinatos de sindicalistas en el mundo— encontraron a mucha gente dispuesta a decirles que esto no era mas que una mentira políticamente concebida.

Pero en Washington, cierta piedra en el zapato de Uribe anduvo ocupada desordenando todos los planes de Gutiérrez, Bush y Uribe. El senador colombiano Gustavo Petro estuvo en la ciudad para recibir el premio Letelier-Moffitt para los Derechos Humanos, por su trabajo denunciando las estrechas relaciones entre los grupos paramilitares colombianos de derecha y el gobierno.

Petro es uno de los miembros más destacados del Polo Democrático Alternativo (PDA). Se ha vuelto famoso por sus largas y detalladas presentaciones en los debates televisados del congreso, incluyendo uno en abril, en donde presentó evidencia de que los escuadrones de la muerte se reunieron en una propiedad de Uribe cuando este era gobernador del estado de Antioquia.

Sin embargo, mientras estaba en Washington, Petro pasó la mayor parte de su tiempo visitando a varios legisladores estadounidenses para explicarles su tesis principal sobre el Tratado del Libre Comercio: que éste beneficiará a los grandes narcotraficantes colombianos y no a los campesinos ni a los comerciantes.

El TLC es un documento que trata diferentes asuntos de comercio y diferentes sectores de la economía de ambos países. Pero quizá el aspecto que preocupa más a la gente en Colombia es el relacionado con la agricultura. Como su hermano mayor, el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) entre los EU, Canadá y México, el TLC exige que Colombia abra más sus puertas a los productos agrícola estadounidenses y estimule más los cultivos para exportación. En el caso del TLCAN, este tipo de políticas provocaron la bancarrota de millones de campesinos y su desplazamiento a las ciudades o al norte, debido que el acuerdo no tiene precisamente un carácter popular en México.

Muchos temen que, ante la competencia con EU, los campesinos colombianos no puedan competir con los cultivos que están acostumbrados a comprar. La Colombia rural ya está en un estado de crisis permanente debido a la caída de precios, las presiones de la guerra civil, y, como Petro explicó a los políticos estadounidenses, a la creciente concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes y narcotraficantes (quienes a menudo son los mismos).

Uribe y sus seguidores son conocidos por sus reacciones histéricas a cualquier ataque en contra de su imagen como ciudadanos ejemplares, y esta vez no fue la excepción. Si bien esta no fue la primera vez que Petro hace este tipo de declaraciones, esta vez las estaba haciendo frente a los congresistas estadounidenses, justo cuando las administraciones de Bush y Uribe se encontraban en medio de un maratón propagandístico para aprobar el TLC.

Petro “se va a Estados Unidos a hablar mal, a traicionar a Colombia con mentiras”, le dijo a la prensa el protegido y posible sucesor de Uribe, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arías.

“Ir a Estados Unidos a decir que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos favorece al narcotráfico es atentar contra Colombia”, dijo Nancy Patricia Gutiérrez, presidente del Congreso colombiano. Entre tanto, el Ministro del Interior, Carlos Holguín dijo que las afirmaciones de Petro fueron “incalificables, enfermas y de proporciones monstruosas”.

Una mirada más cercana a las afirmaciones del senador

El 16 de octubre, Gustavo Petro habló para el noticiero de Caracol Radio desde Washington después de que sus afirmaciones —y las feroces reacciones del gobierno y los oficiales— aparecieran en la prensa colombiana (aún no se han reportado en los EU). “No entiendo la cadena de insultos en la que el gobierno se encuentra ahora”, dijo Petro al entrevistador colombiano Darío Arizmendi, “sólo porque no comparte las opiniones de alguien de la oposición, quien solamente está reproduciendo un debate que ha estado en el congreso durante dos años”.

Luego empezó a explicar su posición con más profundidad:

Bueno, mira, las estadísticas de la controlaría general y los estudios de la Universidad Nacional sobre el campo colombiano nos muestran la siguiente situación muy brevamentebrevemente:. eEn 500 años de feudalismo español, nunca se había concentrado la tierra en pocas manos como ha sucedido en los últimos 15 años por efecto del narcotráfico. La estadística nos dice que de los 2 millones y medio de propietarios que existían sobre tierras en 1984, 10,000 de ellos tenían el 32 por ciento de la superficie cultivable en ese entonces. Para el año 2001, de 3 millones y medio de propietarios y posedoresposeedores de tierra rural, los 10,000 más grandes posedores tenían ya el 62.1 por ciento. Habían duplicado practicamenteprácticamente las extensiones. En tan sólo 15 años. Ese es el impacto del narcotráfico. La Ccontraoloríía Ggeneral de la Nnación en alguno de esos estudios nos muestra que prácticamente 4 millones a 6 millones de hectariashectáreas, las más valiosas, las más fértiles, han pasado a manos de narcotraficantes o testaferros de ellos.

Los gobiernos no han podido hacer nada, porque la política que hemos contruidoconstruido hasta este momento para rescatar esa tierra para la sociedad colombiana es la extinción del dominio. Y las estadísticas nos muestra que apenas 0.4 por ciento de esa superficie ha podido ser recuperada por vía judicial para la sociedad colombiana. Es decir, hoy ceracacerca del 20 por ciento de la superficie cultivable del país, la más fértil, está en manos del narcotráfico.

No solamente tenemos que confiar en la palabra de Petro; sus afirmaciones están documentadas meticulosamente. A menudo hace referencia a la Oficina del Contralor General, un órgano gubernamental, y a su revista Economía Colombiana**. Por favor, estimados lectores echen un vistazo a la Edición #309 de la revista publicada en el 2005,sobre “cuestión agraria, democracia y paz”. En uno de los artículos, el Vicecontralor General, Luis Bernardo Flórez Enciso, escribe:

… Mi punto esencial… es que la apropiación de tierras por parte de los narcotraficantes equivale a una gigantesca contrarreforma agraria. Ello se aprecia de dos maneras. Por una parte, según cálculos del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria)ncora, los narcotraficantes se han apropiado de casi un 50% de las mejores tierras del país, mientras que cerca de un 70% de los propietarios, en particular los pequeños campesinos, sólo poseen el 5% del área, tal como se consigna en un estudio sobre drogas ilícitas en Colombia auspiciado por el PNUD y la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El Estado colombiano ha sido totalmente ineficaz para aprovechar la oportunidad de la extinción de dominio de los bienes rurales adquiridos ilícitamente, tanto para mejorar la distribución de la tierra como para estimular la producción… En el Plan de Desarrollo del actual gobierno se adoptó para los cuatro años, la meta de entregar 150 mil hectáreas, de las cuales 110 mil provendrían de la extinción del derecho de dominio. Pero en 2003 y 2004, sólo se adjudicaron un poco más de cinco mil hectáreas, como lo he dicho, provenientes de dicha extinción, es decir, menos del 5% de la meta.

Pero vayamos al centro del argumento de Petro. No es extraño que un poco de lógica tan clara, simple y difícil de refutar, haya enfurecido a los promotores del TLC en el gobierno colombiano. El senador argumenta que, dado lo que él llama el fracaso del Estado para devolver la tierra a los millones de campesinos colombianos que cumplen con las leyes, trabajando duro,, y dado el tipo de agricultura que va a dominar bajo el TLC, seguramente quien cosechará los beneficios de este nuevo tratado será la clase terrateniente.

Si la factarase pactara en forma positiva, es decir, para disminuir los poderíos mafiosos sobre la tierra, yo firmariafirmaría ya el tratado de libre comercio. Pero si se demuestra que es lo contrario, creo que deberíamos pensarlo más de dos veces. Y lo que nosotros tenmemnos es lo siguiente: dentro de las 50 millones de hectariashectáreas que tiene la frontera agraria Colombiana, el Ministro de Agricultura dice que, 4.6 millones s de hectarias, el ministro de agricultura dice que 4 millones 600 mil se destinandican al cultivos. Allí, existen dos grandes clases de cultivos: los de una o dos o tres cosechas al año -, basicamentebásicamente cerialescereales de alimentos:, trigo, cebada, arroz, maizmaíz, et ecteraetcétera -, que son cultivadaos, precisamente porque son de cotrocorto rendimiento, por pequeños campesinos, junto con pequeños y medianos empresarios. Esos cultivos no compiten con los mismos producidos en Estados Unidos por un problema de precios. Se van a arruinar, van a disminuir su producción los productores que hacen esedesarrollan este tipo de cultivos en Colombia. Es decir, muchos campesinos, muchos pequeños y medianos empresarios saldrán del mercado.

En cambio, y en benificiobeneficio, pueden competir los cultivos de tardíoe rendimiento…, de 10, 15, 20 años entre el momento de la siembra y su aprovechamiento. Palma africana, bosques maderables, cauchos, y otros por el estilo. Estos tienen dos condiciones para poderse cultivar en Colombia. Primero, grandes extensiones de tierra debajo del productor. Y segundo una gran liquidez para aguantar 8, 10 años mientras producen. Y desgraciadamente, por las primeras condiciones que le he mostrado del campo colombiano, quienes tienen las grandes extensiones, y una enorme liquidez en el campo de Colombiaallí, fundamentalmente son los narcotraficantes y sus testaferros. Es por esto que el TLC tiene que ser renegociado completa e integralmente en su capitulo agrario. Nosotros hemos propuesto que empezemosempecemos a hablar de un tratado de comercio justo que tenga en cuenta estas condiciones. Hemos propuesto al congreso de los Eestados Uunidos que se consoliden unas clausulascláusulas de reserva de la producción alimenticia en el campo colombiano;, que se protejage al pequeño y mediano empresario y al campesino, precisamente, para que puedan extender su producción sobre la que tienen en su poder los poderes mafiosos. E incluso dirijgimos al gobierno nacional que si él es capaz de recuperar esas 6 millones de hectariashectáreas de los mafiosos y entregarselasentregárselas a los campesinos y a los pequeños y medianos empresarios, le firmamos ya el tratado el tratado de libre comercio, como ellos quieren.

Ahora, yo lo que he visto, es que este tipo de realidades se quieren ocultar.

¿Por qué el gobierno de Colombia quiere esconder esta realidad? ¿Por qué el congreso aprobaría el TLC dada la situación de la tierra en el país? Una importante razón es que los partidos uribistas tienen la mayoría en el congreso colombiano, y Uribe ha hecho del TLC con los Estados Unidos su principal meta durante su segundo periodo (bueno, derrotar a la insurgencia izquierdista sería la primer. Pero él, al igual que todo el mundo, sabe esto no va a pasar). Muchos legisladores hicieron sus campañas con eslóganes como “¡100% uribista, garantizado!”, prometiendo votar sobre un tema determinado como el presidente les diga, sin importar lo que realmente quieren a quienes dicen representar. Y en tanto que el escándalo cada vez mayor de los “para-políticos” se va revelando, los partidos uribistas, los paramilitares derechistas y los narcotraficantes van formando una red cada vez más inseparable.

Otra razón es que, como señaló el economista Héctor Mondragón, en el 2006, casi el 70% de los congresistas colombianos están entre los 15,000 más grandes terratenientes (un “grupo selecto” que representa tan sólo el 0.4% de la población). En otras palabras, es gente que va a beneficiarse personalmente de un TLC que favorece a las haciendas gigantes, y que no tiene interés en hablar de un asunto peligroso para ellos como la reforma agraria

El show que montó el Secretario de Comercio de los EU para los legisladores

La aparición de Petro en los EU añadió un nuevo punto a la discusión sobre el acuerdo con Washington. Hasta ahora, el debate más conocido en torno al TLC ha sido aquél de los demócratas cuestionando si Colombia se ha “ganado” un tratado con los EU por haber reducido los ataques en contra de los sindicalistas.

Entonces echemos un vistazo a la situación actual del Tratado de Libre Comercio con Colombia. El acuerdo fue escrito por las administraciones de Bush y Uribe en noviembre del 2006. Ambas cámaras del congreso colombiano aprobaron el TLC con un margen muy estrecho a mediados de junio (85 de 164 representantes y 55 de 102 senadores votaron afirmativamente, mientras el resto rechazaron el voto). El 29 de junio, los líderes del congreso anunciaron que no firmarían un acuerdo hasta que se progresara en materia de derechos humanos y laborales, así como en la desmovilización de narco-paramilitares derechistas.

El Secretario de Comercio de los EU, Carlos M. Gutiérrez, ha liderado numerosas delegaciones de legisladores estadounidenses que han visitado a Colombia durante giras cuidadosamente planeadas, en donde se hablan solamente con promotores del TLC y nadie más. Hasta ahora, se han hecho tres de estas giras —la última de ellas terminó la semana pasada— y cada una ha sido un impresionante ejercicio de control de la realidad en el que Bush y Uribe son muy hábiles.

Las partes más indignantes de estas pequeñas excursiones legislativas han ocurrido en la ciudad de Medellín, el foco más leal a Uribe. Ahí, Gutiérrez trató de mostrar una imagen con sindicalistas felices, libres de violencia bajo el gobierno de Uribe y ansiosos de que EU firme el TLC. El diario nacional El Tiempo reportó una de esas visitas el 17 de septiembre:

Ellos se reunieron el sábado durante casi una hora en el hotel Intercontinental de la capital antioqueña con líderes sindicales como Gerardo Sánchez, presidente del sindicato de Textiles Rionegro; Walter Navarro, presidente del Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín; Jairo Rey, del sector de frutas del Valle (Sinaltraifru), y Luis Germán Restrepo, presidente del sindicato de empaques Sintraempaques. Los sindicalistas les explicaron a los estadounidenses por qué apoyan el Tratado de Libre Comercio (TLC).

“El TLC trae más beneficios que dificultades. Si no se firma, ¿qué va a pasar con más de 200 mil empleos que dependen de las flores, otros 200 mil del banano y otros tantos en el sector textil? Somos 75 los sindicatos que apoyan el tratado”, aseguró Restrepo.

Este fue un montaje sorprendentemente deshonesto que presenciaron los políticos gringos. Las encuestas de opinión demuestran consistentemente que el TLC tiene el apoyo de tan solo la mitad de los colombianos —a veces mucho menos de la mitad, dependiendo de cómo se plantee la pregunta—. Las expresiones de sospecha o rechazo hacia el tratado son comunes en las calles de Bogotá, aún entre quienes apoyan a Uribe. (Una cosa que su corresponsal ha aprendido una y otra vez aquí es que muchos de los seguidores de Uribe son lo que llamamos en los EU “single-issue voters”. El vago concepto de la “seguridad” que promete Uribe, a menudo falsifica cuestiones económicas y sociales en una sociedad cansada de la guerra civil).

Entre los trabajadores organizados y los campesinos – los cuales tienen acceso a mucha más información sobre el asunto que otros colombianos pobres – el apoyo al TLC es prácticamente inexistente. El 24 de septiembre, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), sorprendida y avergonzada ante aquellas afirmaciones hechas por sus propios miembros, emitió una declaración aclarando su postura:

Los voceros de los sindicatos asistentes a dicha reunión, el Sindicato de Textiles Rionegro, la Asociación de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín, el Sindicato de Frutas del Valle y el Sindicato de la Compañía de Empaques de Medellín no representan el 0.25% de los trabajadores sindicalizados del país, en caso de que realmente sus bases los hubieran autorizado para expresar el respaldo mencionado, sobre lo cual incluso tenemos serias dudas de que realmente haya ocurrido.

Para los congresistas estadounidenses, que dependían de sus traductores y no estaban familiarizados con las realidades políticas latinoamericanas, esto debe haber sido un show impresionante: ¡75 sindicatos! Pero como mucha de la evidencia que la administración de Bush le ha revelado a los congresistas y al público antes de tomar esta terrible decisión, esta fue una ilusión creada por quienes manipulan las noticias. El senador Petro tuvo una probadita de esto, como dijo en Radio Caracol:

Yo me enterré aquí que había una serie de visitas de congresistas de los Estados Unidos dedicada a estudiar estos temas en Colombia. Pero , y manipulan las agendas. Me acabo de enterrar, por ejemplo, que la última delegación que llegó estabaan interesadaos en hablar conmigo, la ultima que llegó, y nunca me llegó la invitación. FijeseFíjese usted, ha tocado venir hasta Washington para poder exponer estos puntos que bien pudieramospudiéramos hacerlo en Colombia, si no fuera por esa labor de manipulación.

Las mentiras y el engaño empeoraron cuando el tema giró hacia el increíble nivel de violencia en contra de los sindicalistas, el tema en el que AFL-CIO ha sido más insistente, en cuanto a su presión en el Congreso y sobre cómo los demócratas han expresado mayor preocupación. Como reporta El Tiempo en el mismo artículo:

Ante la pregunta de los demócratas sobre los asesinatos de sindicalistas, los líderes reunidos respondieron que hace 5 años no ha muerto ninguno con motivo de su labor gremial, sino más bien por problemas dentro del conflicto interno que se vive en el país.

Uno de los líderes sindicales presente en la reunión, Luís Germán Restrepo Maldonado, del sindicato de empacadores, fue aún más lejos diciendo: “en 35 años de actividad sindical, no he visto que asesinen a nadie por ser un organizador. Ni el estado ni los jefes nos persiguen. Los que sí lo hacen son los grupos que están fuera de la ley, que pelean entre ellos”. En otras palabras, para aquellos que no se han acostumbrado a los eufemismos de la derecha colombiana, los 510 organizadores sindicales asesinados entre el 2002 y el 2006 (el primer periodo del gobierno de Uribe), fueron en realidad guerrilleros disfrazados de sindicalistas (la explicación favorita de los paramilitares con respecto a las masacres de civiles) o meras víctimas al azar en una guerra civil que nada tiene que ver con las grandes industrias y el sindicalismo.

Pero las cuestiones en las que Petro quiere que los demócratas pongan atención son mucho más importantes que todo esto, y deberían ocupar un lugar central en la discusión del TLC en los medios masivos de comunicación. Porque, de cierta forma, la cuestión de los asesinatos de sindicalistas, aunque vital y reveladora, es una distracción de las cuestiones aún más importantes para los colombianos. Si el TLC fuera algo bueno para ellos, sería contraproducente bloquearla sólo para castigar a su presidente por su “progreso insuficiente” en materia de derechos humanos. Pero si se trata de un tratado que beneficiará a los corruptos, a la élite terrateniente y a la narcomafia – que han ganado tanto terreno bajo el gobierno de Uribe y sus antecesores, a expensas de los pequeños campesinos y comerciante -, ¿no deberían oponerse a él sin importar qué tanto “progreso” pueda demostrar el gobierno?

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