La “Casa Mortal” de Ciudad Juárez

Revela carta implicación y encubrimiento de agencias de EU en homicidio masivo de la ciudad fronteriza mexicana

Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

30 de marzo 2005

Un supervisor de la DEA Sandalio González sacudió una fibra sensible al enviar una carta en febrero 2005 a funcionarios de la Oficina de Aplicación de la Ley en Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas.

La carta de González puso en evidencia el supuesto encubrimiento de la complicidad de agentes de la ICE en asesinatos múltiples en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Los homicidios se vinculaban a una investigación sobre Heriberto Santillán-Tabares, señalado por fiscales de EE UU como cabecilla en la narco organización de Vicente Carrillo Fuentes.

Santillán ha sido acusado de contrabando de cocaína y mariguana, así como de cinco asesinatos – un crimen que podría costarle la pena de muerte en el sistema judicial de EE UU. Su caso está pendiente en una corte federal de distrito en San Antonio, Texas, y el juicio está anunciado para mayo.

Un informante confidencial que supuestamente había alcanzado un alto reconocimiento hacia adentro de la narco organización, jugó un papel crucial para atrapar a Santillán. El nombre del informante es Jesús Contreras, conocido también como “Lalo”.

Entre agosto 2003 y mediados de enero 2004 una docena de personas fueron torturadas, asesinadas y luego enterradas en el jardín de una casa en la fronteriza Ciudad Juárez. Contreras, según fuentes, participó en muchos de esos asesinatos.

Los administrativos del informante, agentes y supervisores en la oficina de ICE en El Paso, supuestamente estaban concientes de la complicidad de Contreras en los asesinatos, pero no hicieron nada para detener la matanza por miedo a poner en riesgo el caso de Santillán así como un separado caso de contrabando de cigarros que intentaban lograr con la ayuda del informante.

El caso de Santillán recae en la jurisdicción del Procurador de EE UU Johnny Sutton, considerado como “soldado” a la actual administración Bush. Sutton, un ex coordinador de políticas en el equipo de transición de Bush-Cheney, sirvió como Director de Políticas de Justicia Criminal entre 1995 y 2000 para el entonces gobernador George W. Bush.

El 14 de enero del 2004 se destapó de par en par la cloaca de la operación de esta “Casa Mortal” en Juárez. Ese día fueron torturadas y asesinadas tres personas, pero no antes de que una de ellas revelara la dirección de una casa que servía de almacén clandestino de mariguana en Juárez. Los operativos de Santillán fueron a la casa y llamaron a la puerta.

Pero era la puerta equivocada. No era el hogar de un narco, sino el de un agente de la DEA y su familia. Ese llamado a la puerta inició una cadena de eventos que condujeron a que el agente y su familia fueran confrontados por policías mexicanos incluidos en la nómina de Santillán.

En ese tiempo los corruptos policías no sabían que trataban con un agente de la DEA, y de no aparecer en escena otro agente de la DEA la familia bien pudo haber sido guardada para acabar en la Casa Mortal.

La fortuna estuvo del lado del agente y su familia aquel día. Ellos sobrevivieron. Pero la operación de la Casa Mortal de Santillán había quedado al descubierto, así como el hecho de que algunos funcionarios de la ICE y de la Oficina del Procurador de EE UU, en su afán por lograr un caso, habían permitido la ocurrencia ante sus ojos de 12 asesinatos y ahora casi había costado las vidas de dos agentes de la DEA.

Como resultado del encuentro cercano de los agentes con las fuerzas de Santillán, la DEA evacuó de Juárez a todos sus agentes junto con sus familias como medida de precaución. El gobierno mexicano también envió a unos 80 agentes federales a Juárez para investigar la situación.

Los hechos salen a la luz

Ante la grave realidad del encuentro cercano de los agentes de la DEA con los secuaces de Santillán en Ciudad Juárez, un supervisor local de la DEA, Sandalio González, envió una carta de protesta a su contraparte de la ICE en El Paso.

Ahora González alega que las fuerzas de la DEA se replegaron en contra suya pues la carta “agitó las plumas” de Sutton, un procurador gringo de altura en San Antonio.

La razón por la que González fue perseguido por escribir la carta es que se consideró ponía en riesgo el caso de asesinatos de Santillán.

“La Oficina del Procurador de EE UU no puede perseguir a alguien por asesinatos que pudieron haber sido prevenidos por el gobierno (de EE UU),” explica una fuente de aplicación de la ley.

En otras palabras, la carta de González representa una evidencia de que el gobierno metió la pata, y la Oficina del Procurador de EE UU no quería que esa carta fuera arrojada frente a sus narices durante un juicio. Como resultado, a González se le pidió que se callara, mancharon su registro curricular y enterraron su carta – hasta ahora.

La carta

Narco News obtuvo una copia de la carta de González fechada el 24 de febrero del 2004 y dirigida a John Gaudioso, cabeza de la división de ICE en El Paso, mediante una solicitud bajo el Freedom of Information Act (Decreto de Libertad de Información).

A continuación algunas citas seleccionadas y traducidas (las palabras y frases entre paréntesis fueron borradas en los documentos recibidos del gobierno, pero Narco News logró reconstruirlas):

Estimado Mister Gaudioso:

… Escribo ahora para expresarle a usted mi frustración y enojo ante el mal manejo de la investigación (de la narco organización de Vicente Carrillo Fuentes) que ha resultado en la pérdida innecesaria de vidas humanas en la República Mexicana, y puesto en peligro las vidas de Agentes Especiales de la Drug Enforcement Administration (DEA) así como las de sus familias inmediatas asignadas a la Oficina de la DEA en (Ciudad Juárez) México.

No vale excusa para los eventos que culminaron durante la tarde del 14 de febrero 2004, y a falta de una explicación completa y lógica de estos eventos, que condujeron a la emergente evacuación de nuestro personal y sus familias en (Ciudad Juárez), no me queda alternativa más que hacerlo a usted responsable de esta desafortunada situación.

En lugar de unirme a otros en señalaciones personales, limitaré esta carta a los siguientes hechos irrefutables:

Esta cadena de eventos comenzó cuando unos asesinos a sueldo empleados por (Santillán) fueron a las residencias de un agente de la DEA en (Ciudad Juárez), y luego causaron que la policía local detuviera en tránsito el vehículo del agente que en el momento era ocupado por el agente (y su familia). No debemos olvidar esto.

…Alrededor del 5 de agosto 2003, mientras trabajaba para su agencia, la fuente confidencial de la ICE identificada como (Jesús Contreras) participó en un asesinato en (Ciudad Juárez). Poco después las acciones del CS (fuente o informante confidencial) fueron distorsionados ante las autoridades mexicanas, quienes fueron informadas mediante correspondencia oficial de ICE que el CS solamente había “atestiguado” un asesinato y pronto estaría disponible para proporcionar testimonio ante la PGR (la oficina mexicana del Procurador General). El CS de hecho participó en la tortura/asesinato (del abogado de Durango y se sospecha narcotraficante Fernando Reyes Aguado), tal como se lee en su informe fechado el 25 de agosto de 2003, que claramente enuncia que el CS supervisó el asesinato. …

… Tras el asesinato de (Fernando) en agosto de 2003, personal de la ICE así como el fiscal ignoraron recomendaciones bien fundamentadas hechas por agentes de la DEA para arrestar (a Santillán) y “desmontar” el caso, permitiendo de esta manera al menos (otros 13) asesinatos a cometerse en (Juárez), en lo que solo puede ser descrito como una demostración de total desconsideración hacia la vida humana, y falta de respeto por el gobierno de las leyes en México. Mucho de esto, se me ha dicho, fue para proteger el caso de narcotráfico en contra de (Santillán) y un caso (de contrabando de cigarros) en que el CS es testigo.

… (A Santillán) y al CS se les permitió continuar sus actividades en México tras el asesinato de (Fernando) en agosto 2003, y el 14 de enero 2004 fueron –y permanecen– evacuados los agentes de la DEA residentes en (Juárez) junto con sus familias porque unos asesinos a sueldo que trabajaban para (Santillán) intentaron identificar a dos de nuestros agentes mediante el CS de ustedes, con el ardid de una detención de tránsito.

… Tras la evacuación de nuestro personal en (Juárez), unos agentes de la ICE, bajo aprobación de ustedes, rehusaron presentar de inmediato al CS ante las autoridades federales mexicanas para que su testimonio pudiera ser usado como la causa probable necesaria para arrestar a los policías corruptos en (Juárez). El fracaso de ustedes de presentar al CS ante oficiales federales de México resultó en una tardanza de una semana antes de que la causa probable pudiera establecerse para buscar los cadáveres. Estos oficiales dijeron a nuestros Agregados en México que no habrían tenido que esperar para descubrir los cuerpos antes de arrestar a los oficiales corruptos. Ahora, estos peligrosos matones andan sueltos. El asunto se empeora porque ustedes no permitieron que el CS denunciara (al Comandante de la policía estatal mexicana Miguel Loya Gallegos, supuesto agente de Santillán) para que las autoridades federales mexicanas pudieran arrestarlo por su participación en los asesinatos. …

Esta situación es tan bizarra que me es difícil creerla incluso mientras escribo. Nunca antes me había topado con un comportamiento tan despiadado entre colegas oficiales de la aplicación de la ley. El balance es que, como resultado de estas acciones, (el Comandante Miguel Loya Gallegos) y otros sospechosos de asesinato son ahora fugitivos de la ley. No había razón lógica para impedir que el CS denunciara a (Loya) y así las autoridades mexicanas pudieran arrestarlo. ¿Qué es más importante aquí: la seguridad del personal agenciado y de sus familias, o unos casos de drogas y contrabando de cigarros? La subsiguiente acusación (en contra de Santillán) por asesinatos ocurridos después del 5 de agosto 2003, que pudieron evitarse, es inquietante. …

Ahora, seis meses después del asesinato de (Fernando), la PGR cuenta con testimonios de varios miembros del círculo asesino (de Santillán). La PGR sabe que autoridades de EE UU pudieron y debieron haber tomado medidas para detener a estos asesinos. Nuestras dos agencias han empleado incontables horas para construir confianza y compartir información sensible sin comprometer la confianza con nuestras contrapartes en México. Sin embargo, los desarrollos en este caso han tensado, por decir lo menos, esa relación y nos han hecho retroceder años. …

Sandalio González
Agente Especial a Cargo

La represalia

En mayo 2004, tres meses luego de enviar su carta de protesta referente a la Casa Mortal al supervisor Gaudioso de ICE, González alega que fue amenazado por el consejero legal de la DEA. Básicamente a González se le dijo que si no se retiraba voluntariamente de la agencia antes de Junio 2004, recibiría una valoración negativa de su desempeño laboral.

González estimó que la amenaza era una represalia por escribir la carta a Gaudioso. Como reacción, González envió una carta al Inspector General del Departamento de Justicia de EE UU, Glenn A. Fine, solicitando que su oficina investigara la represalia que estaba recibiendo por sus actividades de puesta en evidencia.

La Oficina del Inspector General declinó investigar el caso, según muestran los registros del Decreto de Libertad de Información.

A pesar de la negativa del Inspector General a tomar cartas en el asunto, González no dejó la pelea. No tenía intención alguna de ser obligado a salir de la DEA por decir la verdad.

A fines de agosto 2004, la DEA cumplió su amenaza de desacreditar su registro laboral otorgándole una valoración laboral negativa. Unas pocas semanas después, el 9 de septiembre 2004, González presentó una queja ante la Oficina del Consejero Especial de EE UU (OSC).

González pidió a la agencia supervisora que investigara su caso, alegando que estaba siendo reprendido por revelar“asesinato, grave mala administración de un caso criminal y (obstrucción de) una investigación de una amenaza contra las vidas de un agente federal y su familia.”

La Oficina del Consejero Especial contestó la queja de González el 19 de noviembre 2004, y también declinó tomar su caso.

Así que, unos nueve meses después de haber enviado su carta de protesta por la Casa Mortal al supervisor Gaudioso de la ICE y al Procurador de EE UU Sutton, a González se le estaban terminando las alternativas para tratar la represalia resultante. Dos agencias de control principales habían elegido esconderse tras los vericuetos legales para distraerse del presunto encubrimiento.

Además González alega que las represalias que recibía de la DEA no tenían un final visible.

Como resultado, González decidió entregar definitivamente su arma y su placa y el 8 de enero 2005 se retiró de la DEA.

Pero González no ha terminado su batalla por limpiar su nombre y poner en evidencia el encubrimiento de los asesinatos de la Casa Mortal. En Febrero de 2005 llevó su caso a otra agencia supervisora más, el Consejo de Protección de Sistemas Meritorios de EE UU, la fuente de los registros del Acta de Libertad de Información de esta exposición investigativa.

Su caso está pendiente ante el consejo.

El número de las víctimas

A la fecha, el número conocido de víctimas en la historia de horror tras la Casa Mortal alcanza los 15:

• Una docena de personas torturadas, asesinadas y enterradas en el jardín trasero de una casa en Ciudad Juárez – incluyendo al menos un ciudadano de EE UU, Luis Padilla de 29 años, quien dejó atrás a su esposa y a tres niños pequeños.
  
  
• Dos personas más asesinadas por un operador de la Casa Mortal (un comandante corrupto de la policía estatal); fueron asesinados a plena luz del día luego de que un agente de la DEA y su familia fueran detenidos en una falsa detención de tránsito en Ciudad Juárez y amenazados por policías mexicanos corruptos incluidos en la nómina de la narco organización de Juárez.
  
  
• El padre de 27 años de un bebé de dos semanas, asesinado a tiros en El Paso luego de que unos matones lo confundieran con el informante, Jesús Contreras, quien se ubica al centro de los asesinatos de la Casa Mortal.

Todas estas personas tenían familias que sufren cicatrices permanentes tras estos homicidios, pero pareciera que los asesinatos son poco más que estadísticas para las burocracias de EE UU encargadas de perpetuar la guerra contra las drogas. ¿Cómo puede ser?

¿Cómo puede el asesinato a sangre fría de 15 personas – el grueso de las matanzas llevadas a cabo por un informante bajo la mirada de agencias y procuradores federales – ser estimado como precio aceptable para lograr un caso de drogas?

González no cree que sea aceptable, razón por la cual escribió su carta de protesta. Ahora está pagando el precio.

“(Los funcionarios mexicanos) están disgustados por haber sido despistados por ICE y porque como resultado varios ciudadanos mexicanos murieron innecesariamente,” escribió González a sus supervisores de la DEA en un documento obtenido por Narco News. “Yo tenía todo el derecho de expresar mi enojo por la situación, y lo que escribí a mi contraparte en ICE fue la verdad…

“¿Cómo puede la verdad poner en riesgo un proceso federal?,” añade González. “¿No se supone que debemos decir la verdad?”

Traducción: Ricardo Sala

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