Sí se puede: “Goni” a Chonchocoro

En Bolivia, los muertos no descansan y la lucha por la justicia no termina para sus víctimas

Por Luis A. Gómez
Parte II de una serie especial para The Narco News Bulletin

27 de diciembre 2004

Luis Castaño tiene 25 años, es un albañil fornido y alto, vecino de Villa Ingenio. El domingo 12 de octubre de 2003 se encontraba en la zona sur de la ciudad de El Alto visitando a su padre. En el curso de una investigación previa, contó a este periodista cómo salió a buscar a su pariente, que se había unido a los bloqueos que combatían en la zona de Senkata con los militares, tratando de impedir que salieran los camiones cisterna de la planta de gasolina. Castaño recibió un balazo en la pierna derecha y fue trasladado al Hospital General luego de perder mucha sangre. “Al día siguiente, el 13 de octubre, me trasladaron a traumatología, pero no había una atención adecuada”, recuerda, “No me hicieron la curación y la herida se infectó, por lo que me llevaron al quirófano. Después la carne empezó a oliscar… después de tres días me amputaron el pie”.

El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en compañía de otro de los imputados en el juicio, el ex ministro Javier Torrez Goitia. Foto: Bolipress.com

Poco más de un año ha pasado de esto, y Luis Castaño ha perdido la pierna derecha luego de una decena de operaciones infructuosas; lógicamente, ya no puede trabajar. En el testimonio de Castaño registrado por Verónica Auza y Claudia Espinoza en la Memoria Testimonial de la “Guerra del Gas”, el joven albañil dice: “Ahora pido justicia, la renta vitalicia, indemnización, vivienda, seguro de salud y un trabajo”. Durante meses, Castaño fue intervenido por los médicos, y en cada ocasión perdió algunos centrímetros de su cuerpo. El gobierno de Carlos Mesa dispuso que él, los familiares de los caídos durante la insurrección y todas las víctimas directas fueran “resarcidos” con dinero y atención médica gratuita. Sin embargo, para determinar el monto de dinero a recibir (y la cobertura médica necesaria), cada una de estas personas tuvo que esperar semanas para recibir una evaluación médica oficial.

Atendidos por el asesor legal del Ministerio de Gobierno, un abogado oscuro que trabajaba ahí desde el gobierno de Sánchez de Lozada, los heridos, los mutilados y los deudos fueron maltratados, ignorados y discriminados. Por ello, un día de abril decidieron, apoyados en el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, apostarse todos los jueves a mediodía en el atrio de la Catedral de La Paz, a un costado del Palacio de Gobierno. Ahí, portando pancartas y fotos de sus familiares, lanzaron una campaña de recolección de firmas para pedir al Congreso Nacional la autorización del juicio. Cada semana, durante varios meses, fue posible acercarse a conocer de cerca a las viudas y a quienes, como Luis Castaño, fueron heridos o perdieron parte de su cuerpo en la defensa del gas y los hidrocarburos bolivianos.

En varios puntos de todo el país se abrieron libros para solicitar la firma solidaria de los bolivianos. En algunos lugares de La Paz se proyectaron inclusive algunos videos sobre la insurrección, todo en una campaña de difusión que involucró a organizaciones como la Coordinadora de Defensa del Gas en Cochabamba, algunos sindicatos y voluntarios de todas partes… pero no fue suficiente, el actual gobierno y sus autoridades hicieron poco por atenderlos, los funcionarios del Poder Judicial llevaron adelante el trámite de manera equívoca y los partidos políticos representados en el Congreso, todos sin excepción, trabajaron muy lentamente para aprobar el proceso.

Víctimas sin descanso

Néstor Salinas tiene 33 años y preside la Asociación de Familiares de los Héroes Caídos en Defensa del Gas, que agrupa a más de cincuenta familias dolientes. De hablar suave y pausado, Salinas se ha convertido en un pilar de la demanda de justicia; en todas partes donde lo han querido escuchar ha prestado testimonio de su lucha y de su sufrimiento, como hizo en el Foro Social de las Américas, realizado en Quito, Ecuador, en julio pasado. Salinas perdió a su hermano menor, David, el sábado 11 de octubre en El Alto: “Encontró a una persona fallecida a quien lo arrastró para sacarlo de la balacera; sin embargo, una bala le llegó al abdomen y no pudo caminar más”. David Salinas, de 29 años, murió una semana después, producto de las heridas y la pobre atención que recibió.

Escena de las vigilias realizadas en El Alto el 8 de octubre pasado para recordar a los caídos en la insurrección. Foto: Noah Friedsky

Cuando Néstor Salinas habla sobre la misión asumida de conseguir el juicio a Sánchez de Lozada, siempre habla de la fuerza que las víctimas tienen que demostrar. “Tanto sufrimiento”, me comentó una tarde hace meses, “no puede ser en vano”. A fines de septiembre pasado, hartos de esperar durante meses que alguien hiciera algo por ellos, los familiares de los caídos tomaron una serie de determinaciones que llevarían adelante entre el 8 y el 15 de octubre pasados, durante las conmemoraciones por el primer año de la insurrección y las masacres. Unidos a las organizaciones sociales alteñas, los heridos, algunos sectores de la iglesia católica y otros, los vecinos de los muchos barrios alteños realizaron el viernes 8 de octubre una cadena de vigilias nocturnas para recordar. En plazas y en iglesias se proyectó el video “Aunque se caiga el cielo”, producido por el colectivo Indymedia Bolivia para documentar ese octubre de dolor y de victoria. Y en Villa Ingenio, donde el 12 de octubre de 2003 cayeron 26 personas durante la agresión militar que tomó por asalto el barrio, realizaron una procesión para recordar el calvario de su dolor: en cada sitio, en cada esquina y cada calle donde alguien cayó, los vecinos se detuvieron a recordar esos días de miedo y de resistencia al poder.

Los ataúdes de los caídos en Villa Ingenio la mañana del 12 de octubre, 2004. Foto: Noah Friedsky

El lunes 11 y el martes 12 de octubre de este año, yendo inclusive en contra de su cultura, que prefiere dejar que los muertos entierren a los muertos, los familiares de los caídos decidieron exhumar los cuerpos de sus familiares. Entre las decenas de pruebas necesarias para llevar adelante el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, hacían falta varias necropsias. Aprovechando la ocasión, Salinas y su asociación construyeron mausoleos en dos cementerios de El Alto: luego de ser manoseados por los forenses y los fiscales, los cuerpos de casi todos sus héroes fueron depositados en sitiales de honor y de memoria. En dos jornadas de horror redivivo, que este periodista vivió hombro con hombro con Noah Friedsky, el olor a muerte volvió a flotar en el aire, los llantos y los gritos regresaron.

Y de todos modos, los funcionarios judiciales encargados de las necropsias le jugaron sucio a las víctimas. El 11 de octubre, entre los cuerpos rescatados del reposo estaba el de David Salinas, al que por terecera vez iban a auscultar. Mediando la “casual” circunstancia de que se trataba del hermano del principal dirigente de los familiares, la Fiscal de Distrito de La Paz, Audalia Zurita, y los médicos y los fiscales a su cargo obraron con total negligencia: fueron esperados por Néstor Salinas y su gente durante el día entero y no se presentaron. Fue hasta ya entrada la noche que llegaron al Cementerio Tarapacá, diciendo que su labor era imposible en la oscuridad del camposanto… afortunadamente, la intervención del Dr. Rogelio Mayta y de Sacha Llorenti, Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, forzó la necropsia nocturna: ambos defensores fueron hasta el lugar portando reflectores que conectaron a un automóvil para iluminar la tumba de David Salinas mientras era revisado…

“Por violación a los derechos y garantías individuales”

Fue en ese ambiente que el miércoles 13 de octubre tuvo lugar la histórica sesión del Congreso Nacional en la que el juicio a “Goni” Sánchez de Lozada y sus ministros fue autorizado. En su vibrante recuento de los hechos, Gissel González, miembro de la Coordinadora de Defensa del Gas de Cochabamba y graduado de la segunda sesión de la Escuela de Narco News de Periodismo Auténtico, anotó los conteos de votos de los parlamentarios para conseguirla: de los presentes, 126 votaron a favor, 13 en contra y se registró un voto en blanco. Fue una sesión de más de 16 horas, que culminó en la madrugada del jueves 14, para la que “por seguridad” fueron cerradas todas las calles cercanas al Congreso… lo que no impidió que los familiares de los caídos, los heridos y algunas otras personas se mantuvieran en suspenso frente al edificio hasta que se supo el resultado.

Adentro, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados donde sesionaban los llamados “representantes del pueblo”, este periodista fue testigo de las canalladas de varios parlamentarios y del ambiente de tensión creado por las autoridades legislativas. En el palco reservado a los visitantes, había cerca de cincuenta personas: Néstor Salinas, un dirigente de los heridos, Rogelio Mayta, Sacha Llorenti, tres abogados del equipo de Mayta, Claudia Esponiza, Gissel y el autor de esta serie pasaron buena parte de la sesión rodeados por más de treinta agentes de seguridad, vestidos de civil, que acosaron al grupo esporádicamente. Abajo, más de un parlamentario del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, partido de Sánchez de Lozada) tuvo el cinismo de defender al ex presidente y justificar sus actos. Vale la pena destacar la actuación del diputado Luis Eduardo Siles, quien no tuvo reparos en aceptar que siempre defendería a “Goni” de todo ataque.

Pero se consiguió avanzar, y pese al frío andino de esa noche la gente celebró en la calle. Antes de salir del Congreso para unirse a sus compañeros, Néstor Salinas me comentó con el rostro pálido que por fin iba a descansar un poco su corazón: luego de días de fatiga, de ver el cuerpo del que fuera su querido hermano, de cargar ataúdes, de pelear por la justicia, parecía que comenzaban a aparecer los frutos de su terca lucha. Gissel González registró parte de su discurso en las calles: “...ahora viene lo mas complicado y difícil… hacer justicia”.

“La justicia para los pobres no es ciega, es sorda”

En el camino para llevar a “Goni” Sánchez de Lozada a Chonchocoro, el penal de máxima seguridad en Bolivia, los familiares de los caídos y los heridos, los abogados y las organizaciones sociales han tenido que recorrer distancias enormes en el espacio y dar vueltas entre corruptos funcionarios de justicia. El viernes 15 de octubre pasado, ya con la autorización legislativa para el juicio, ser realizaron varias marchas para presionar a los poderes del Estado. Reviviendo las jornadas de la insurrección de 2003, los mutilados marcharon en muletas, las viudas mostraron sus negros ropajes, los sindicatos corearon los nombres de los héroes en las calles de El Alto, en las calles de La Paz...

Marcha del 15 de octubre en recuerdo de las jornadas de 2003 y exigiendo justicia. Foto: Noah Friedsky

Pero, como declaró Rogelio Mayta en esos días, fue a partir de entonces que el proceso comenzó a “andar en terreno pantanoso”. En las siguientes seis semanas, en una oleada de acciones judiciales, de errores aparentes y de eficacia burda, el juicio de responsabilidades comenzó a sufrir los riesgos que traen consigo los laberínticos pasillos de la justicia boliviana. La más grave de todas, el tema de un cierto número de designaciones de funcionarios judiciales pendientes, puso al proceso a punto de la nulidad de origen.

Mientras los abogados de Sánchez de Lozada se encargaron de ir cuestionando paso a paso el proceso que llevó a la autorización del juicio, como también hicieron algunos de los ex ministros, el 30 de julio pasado el gobierno de Carlos Mesa nombró por decreto a varios funcionarios judiciales. Las designaciones normalmente son facultad del Congreso Nacional, pero ante la ineficacia de esta instancia, Mesa nombró, entre otros cargos, a un Fiscal General de la República interino y a varios fiscales de distrito. Como quiera que esto no entraña mayor problema, un diputado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Renán Paco Granier, interpuso un recurso de nulidad a los nombramientos ante el Tribunal Constitucional de Bolivia. “Sabemos que una semana antes de que el tribunal dictara su sentencia en este caso uno de los ministros del Tribunal Constitucional estuvo en Miami [probablemente reunido con Sánchez de Lozada y su gente], José María Rivera Santibáñez, y que otra es Martha Rojas, la famosa ex fiscal antinarcóticos que trabajaba para Sánchez Berzaín”, apunta Rogelio Mayta, “Con esto todo lo que hicieron las autoridades interinas se volvió cuestionable, como las investigaciones del juicio llevadas adelante por el ex Fiscal General de la República César Suárez y por Audalia Zurita como Fiscal de Distrito de La Paz”.

La sentencia, publicada el pasado 10 de noviembre, obligó a que el Presidente Carlos Mesa y los parlamentarios coordinaran acciones de emergencia para designar apropiadamente a los nuevos funcionarios judiciales. Eso significó una serie de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional la semana pasada. Luego de intensas negociaciones, en las que los partidos tradicionales bolivianos pretendieron cuotearse los cargos como si fueran un botín, aparecieron nuevos riesgos para el juicio en el horizonte: uno de los candidatos a Fiscal General de la República, es decir, el máximo agente de la ley en este juicio, era Eduardo Sfeir, viejo colaborador de Sánchez de Lozada, ex asesor de la embajada de Estados Unidos y conocido militante del MNR.

Amenazas y sobornos

“El lunes pasado [13 de diciembre] nos movimos con las asociaciones de heridos y los familiares de los caídos para presionar el trabajo del Congreso. Sin embargo, ese día, en un canal de televisión, apareció el nuevo dirigente de los heridos, Daniel Sánchez, diciendo que apoyaban a Eduardo Sfeir”, da cuenta Rogelio Mayta. Algo estaba muy mal, por lo que Mayta decidió cuestionar al dirigente y le preguntó directamente cuánto le habían dado para apoyar a Sfeir. En la reconstrucción de los hechos, Mayta descubrió una operación fraguada desde agosto pasado, por la que Sfeir, a cambio del apoyo de la dirigencia de los heridos, ofreció regalar 200 terrenos en El Alto a la asociación. “Sabemos que los terrenos fueron ofrecidos por una ong a cambio del apoyo, pero sospechamos que Sánchez y otros dirigentes ya han recibido mucho dinero… no es posible que hagan esto por cuenta propia”, resalta Mayta.

El martes14 por la tarde, el líder cocalero y diputado Evo Morales denunció desde el Parlamento que los diputados estaban recibiendo 2 mil dólares para votar por Sfeir. En las negociaciones entre los partidos políticos se manejaban varios nombres para el cargo de Fiscal General, pero ninguno era Eduardo Sfeir. “Sorpresivamente, en la votación de esa noche”, recuerda Mayta, “Sfeir quedó segundo en las votaciones, apareciendo de nuevo en escena”.

Por fortuna, en una de las pocas actuaciones brillantes del Movimiento Al Socialismo de Evo Morales en el Congreso, el miércoles fue elegido por fin el principal agente del ministerio público de este país. Se trata del doctor Pedro Gareca, quien ya ejerció interinamente el cargo de Fiscal General cuando, justamente, se llevó adelante el anterior juicio de responsabilidades, contra el ex dictador Luis García Meza en los años ochenta. En sus primeras declaraciones desde su nuevo cargo, Gareca ya anunció que podría pedir la extradición de Sánchez de Lozada si no se presenta al juicio, lo que ha movido al ex presidente a considerar el pedido de asilo político en Estados Unidos (eso sin olvidar que tiene la nacionalidad estadounidense). “Es un hombre de bajo perfil, pero esperamos mucho de él”, puntualiza Mayta sobre la nueva autoridad judicial.

Además de todo esto, hay por ahí un pedido de ampliación de la nómina de acusados, hecho por una abogada de nombre Gisley Cerval, que incluye a los líderes sociales de este país. Dando muestras de una velocidad inusitada, los fiscales asignados a la investigación han llamado a declarar a casi todos: Evo Morales, Roberto de la Cruz, Jaime Solares y, fracasadamente por “falta de recursos” para que los fiscales viajaran a Cochabamba, a Oscar Olivera. “No han citado, por ejemplo, a ningún militar”, contrasta Rogelio Mayta. Por otra parte, Mayta ha recibido amenazas. “Ese lunes, cuando comenzaron a trabajar las designaciones en el Congreso, recibí una llamada a mi celular. Me dijeron: ‘No te metas con Sfeir’, y colgaron”. De todos modos, la gente involucrada ya prepara los pasos a seguir. “Ahora, el panorama es interesante”, explica Mayta, “Luego de la última notificación al último de los imputados tenemos hasta tres años para reunir las pruebas. No tenemos muchos recursos para esto, pero estamos tratando de no perder esta batalla”.

Finalmente, pese a todos los obstáculos, la moneda está aún en el aire y la verdadera jusiticia sigue su curso. “Tanto movimiento, tanta trampa nos jode, genera incertidumbre”, confiesa Mayta. Los 15 procesados tienen todavía muchos agujeros donde esconderse, y están trabajando en ello. Y uno de ellos es que la Ley 2445, que permite el juzgamiento de dignatarios de Estado, no contiene ningún procedimiento claro, penal, para el proceso. “Es por eso que, para no caer en un bache, estamos proponiendo que el Congreso Nacional emita una ley interpretativa que deje claro el panorama y el camino a seguir”, detalla Rogelio Mayta una de sus tareas pendientes.

Y así, como dijo el dirigente social Oscar Olivera el día de su fallida declaración en Cochabamba por los hechos de octubre de 2003: “La justicia en el caso de la gente sencilla y trabajadora no es ciega, es sorda… y en el caso de la gente con dinero, de los poderosos, es simplemente cobarde”. De todos modos, esas manos y esos pies que hace más de un año sacaron del poder a Sánchez de Lozada serán las manos y los pies que se encarguen de que él y sus secuaces paguen por sus crímenes. En esta guerra entre la memoria y el poder, la justicia tiene garantes…

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