La “draconiana” ley 1008 será revisada

Gobierno y cocaleros, bajo la atenta mirada de EEUU, continúan negociando

Por Alex Contreras Baspineiro
Jefe Sudamericano de Narco News

23 de marzo 2004

COCHABAMBA, 23 de marzo de 2004. Después de 15 años de imposición norteamericana, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como Ley 1008, será revisada por una comisión técnica-jurídica compuesta por representantes del gobierno y los productores de coca.

Ese es el principal acuerdo a la que ambos sectores arribaron luego de intensas negociaciones realizadas el lunes 22, en esta ciudad.

“Se conforma una comisión técnico-jurídica que hasta el 19 de abril, deberá realizar una evaluación de la Ley 1008 en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos del desarrollo alternativo así como al tema de la erradicación que tiene que ver con el planteamiento de la pausa que ha sido formulado por los productores de la hoja de coca”, dijo el Ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino.

“Nosotros queremos demostrar que según la Ley 1008 no debería existir erradicación forzosa de cultivos de coca sino que la erradicación debería ser voluntaria, concertada y sujeta a los planes del desarrollo alternativo. Es decir, que vamos a demostrar que todos esos años, los diferentes gobiernos no cumplieron con la ley”, respondió el diputado y líder cocalero, Evo Morales.

La Ley 1008 fue emitida el 19 de julio de 1988 durante el gobierno neoliberal de Víctor Paz Estensoro (MNR), comprende 149 artículos, además de otros transitorios y su decreto reglamentario.

Esta es una disposición legal que a propósito penaliza la hoja de coca como producto natural con las sustancias controladas. Durante todo este tiempo, los productores de coca demandaron que se haga una ley exclusivamente para resaltar los beneficios de la coca y otra muy diferente para todo lo que significan las sustancias controladas. No lograron su objetivo porque las políticas antidrogas no se definen soberanamente en Bolivia, sino llegan impuestas desde Estados Unidos.

En ninguno de los artículos de la Ley 1008 se establece el uso de la fuerza en la eliminación de cultivos de coca, toda erradicación debería ser voluntaria y concertada entre los productores y el gobierno.

El artículo 14 dice: “Se entiende por reducción voluntaria el proceso por el cual los productores concertan y reducen libremente los volúmenes excedentarios de producción de coca, en el marco del plan o programa integral de desarrollo y sustitución” o el artículo 22 señala: “Toda sustitución de cultivos de coca será planificada en forma gradual, progresiva y simultáneamente a la ejecución de los programas y planes de desarrollo socio-económico sostenidos”.

Sin embargo, la realidad es diferente. Con la Ley 1008 se vulnera hasta la propia Constitución Política del Estado.

La eliminación de cocales es violenta. Se estima que, en la actualidad, son más de 5 mil efectivos policiales y militares asentados en diferentes poblaciones del Trópico de Cochabamba que están dedicados a esta actividad. Cada año, productores de coca pero también uniformados resultaron muertos o heridos producto de la violencia generada en la eliminación forzosa de cultivos.

Intromisión de EEUU

Aunque gobierno y cocaleros continúa negociando sobre la erradicación y el desarrollo alternativo, la posición norteamericana ya es conocida. El pasado 11 de marzo, el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ampliación de la Ley en Estados Unidos, Robert Charles afirmó que no debe haber pausa en la erradicación y toda la coca considerada ilegal debe ser eliminada.

Luego de una reunión privada con el presidente boliviano, Carlos Mesa, el funcionario norteamericano dijo a la prensa: “En mi opinión, una pausa en la erradicación iría en desmedro de todo lo que se ha logrado hasta el momento en Bolivia. En un momento en que Bolivia y el Chapare deberían sentirse orgullosos de haber frenado esto (el cultivo de coca) del incremento de sus ingresos en las últimas posibilidades de la democracia, me parece que sería un error hablar de la pausa en la erradicación”.

En Bolivia se estima que existen 28.100 hectáreas de cultivos de coca: 23.550 hectáreas ubicadas en la región de Los Yungas de La Paz y 4.600 hectáreas en las poblaciones del Trópico de Cochabamba.

De esa cantidad, de acuerdo a la ley, deberían ser eliminadas 16.100 hectáreas, porque sólo están permitidas 12.000 en todo el país.

El diputado Morales lamentó que Estados Unidos se entrometa en asuntos internos, pero sobretodo dijo que es una vergüenza que el gobierno boliviano acepte las presiones internacionales, no sólo en materia de lucha antidrogas, sino en otros temas que deberían ser solucionados con soberanía.

Según el líder cocalero, aunque las diferentes instancias del gobierno eliminen por la fuerza sus cultivos, “nunca, habrá coca cero en el Chapare”.

De todas formas, los productores de coca determinaron continuar negociaciones con el gobierno con un equipo técnico que tratará de demostrar todas las irregularidades que se cometen con la Ley 1008.

Decisión de las bases

La dirigente cocalera Leonilda Zurita dijo hoy a Narco News que hay algunos avances en el diálogo con el gobierno, pero todas sus acciones dependerán de las decisiones que tome el ampliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el próximo 27 de marzo, en la población de Lauca Ñ, ubicada a 175 kilómetros de esta ciudad.

Un ampliado de todas las organizaciones cocaleras, generalmente reúne a más de mil dirigentes -hombres y mujeres- de todos los sindicatos, centrales, sub centrales y federaciones, quienes deliberan por varias horas, para luego sacar conclusiones conjuntas y difundirlas entre sus bases.

“La verdad es que ya no creemos en este gobierno porque parece que actúa con demagogia y además es muy manejado por la embajada norteamericana. Por eso, si no paraliza la erradicación forzosa de cocales y no desmilitariza nuestras poblaciones, lo tendremos que hacer nosotros”, aseveró Zurita,

El acuerdo alcanzado ayer entre gobierno y productores de coca también contempla la participación directa en los programas del desarrollo alternativo de la mancomunidad de municipios del trópico, la autorización provisional de 15 mercados legales de comercialización de la coca y la realización de un estudio del mercado legal de la coca que será realizado por un organismo independiente.

Según la dirigente cocalera, la Ley 1008, “es una imposición norteamericana” que no será cambiada sólo con la discusión en mesas de negociación sino con la movilización del pueblo boliviano…

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