La despenalización de la coca en el debate

EEUU presiona a Bolivia mientras gobierno y cocaleros negocian

Por Alex Contreras Baspineiro
Narco News South American Bureau Chief

17 de marzo 2004

COCHABAMBA, 17 de marzo de 2004. Desde octubre de 2003, Bolivia, el país ubicado en el corazón del continente latinoamericano, atraviesa una coyuntura muy especial que se caracteriza por la concertación, el diálogo y la paz social, antes que los conflictos, las marchas o los bloqueos.

Después de la expulsión de la Presidencia de la República de Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido por el sobrenombre gringo de “Goni”, muy pocos sectores sociales se movilizaron.

Incluso los productores de coca –uno de los sectores políticos, sociales y sindicales más poderosos de este país- optaron por el diálogo.

¿Diálogo para qué?, cuestionan las bases cocaleras, mientras sus dirigentes redoblan esfuerzos para lograr que algunas de sus demandas sean atendidas por autoridades del gobierno de Carlos Mesa.

En cinco meses del nuevo gobierno, estos dos sectores se reunieron tres veces; no existen avances concretos sólo buenas intenciones.

Se habló de la posibilidad de realizar un estudio para conocer el mercado legal de la coca, también de industrializar este cultivo que es medicinal, de implementar un sistema de medición nacional para determinar qué cantidad de cultivos existen, de la posibilidad de desmilitarizar las poblaciones tropicales, de paralizar la erradicación forzosa de cocales, de profundizar el proceso del desarrollo alternativo e incluso de plantear próximamente y en forma conjunta la despenalización de la coca ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Estas propuestas no son nuevas, se arrastran desde hace varios años atrás. Los productores de coca del Trópico de Cochabamba tuvieron que recurrir a las movilizaciones y marchas, a las huelgas y los bloqueos y el gobierno respondió con represión y militarización, con cárcel y procesos y fruto de esos enfrentamientos, existen muertos y heridos, huérfanos y viudas.

Desde la implementación de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, del 19 de julio de 1988 e incluso antes, ningún gobierno boliviano pudo responder en forma concreta a las demandas cocaleras porque la decisión en materia de “lucha antidrogas” no es nacional, no es soberana ni es digna, es una imposición del gobierno de los Estados Unidos.

Despenalización

En el último encuentro gobierno-cocaleros, realizado el lunes 8 de marzo en esta ciudad, ambos sectores hablaron de la importancia de plantear la posibilidad de despenalizar la coca. Este planteamiento se lo realizará ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se realizará en abril.

¿Naciones Unidas?, se preguntarán alguno de nuestros lectores. Sí, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instruyó una investigación sobre los efectos de la masticación de la hoja de coca en Bolivia y el Perú. Como no podía ser de otra manera, los resultados fueron nefastos porque se concluyó que “la coca es peligrosa para la salud”.

Desde esa oportunidad, pero sobretodo desde la Convención Única de Estupefacientes de 1961, realizada en Nueva York, el gobierno boliviano se comprometió la erradicación total de cocales en el plazo de 25 años; es decir, que en 1986 ya no debería existir ningún cultivo de coca en este país.

En esa oportunidad se estableció la reducción y erradicación paulatina de la hoja de coca sustituyéndola por otros cultivos, disminución progresiva de la masticación hasta la desaparición completa de esta práctica considerada “insana”, realizar un censo de las plantaciones de coca, luchar contra el tráfico ilegal de drogas, combatir la toxicomanía en el país y prohibir los nuevos cultivos de coca.

Sin embargo, hasta hoy, la coca sigue existiendo en este país porque es considerada como alimento, medicamento y ritual.

En la mesa de diálogo con el gobierno, el diputado y dirigente cocalero, Evo Morales, dijo que la despenalización no debe ser considerada como una simple posibilidad sino como parte de una acción conjunta e inmediata; caso contrario, pueden producirse conflictos sociales; el ministro de gobierno, Alfonso Ferrufino, aseguró que el tema se constituye en una posibilidad que surge de una iniciativa conjunta y que debe ser planteada a nivel internacional.

“Si algunos empresarios están industrializando la coca, cómo es posible que sea penalizada, por la intromisión externa. Para algunos sectores nuestra coca está satanizada y para otros sectores no; esto ya no puede seguir así y, en esta coyuntura, el gobierno boliviano puede tener en manos una decisión histórica para definirse si está con Dios o está con el Diablo”, aseveró Morales.

En el libro “Coca Inmortal” del abogado laboralista y escritor boliviano, Eusebio Gironda, se describe así la intromisión extranjera e la guerra contra la coca.

“Utilizan también las estructuras y personal de las Naciones Unidas en su tarea de legalizar, justificar y poner en marcha las políticas antidrogas formuladas por Estados Unidos. Tal es el caso de las normativas internacionales criminalización de las drogas y producción de materias primas, erradicación de coca, amapola y hachís, penalización de la masticación de la hoja de coca, el uso de herbicidas y últimamente la experimentación del superhongo come-coca fusarium oxisparum. Las Naciones Unidas están al servicio de la superpotencia del norte y marchan al ritmo y sus necesidades en esa materia; son su portavoz y reproducen de manera concentrada sus políticas contra los estupefacientes. Las Naciones Unidas ya no expresan los intereses y problemas del mundo, sino lo que siente, piensa y quiere Estados Unidos”.

Erradicación

Los productores de coca y el gobierno volverán a reunirse el lunes 22 de marzo, aunque la posición del gobierno boliviano ya fue adelantada por el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ampliación de la Ley en Estados Unidos, Robert Charles: no debe haber pausa en la erradicación y toda la coca considerada ilegal debe ser eliminada.

De acuerdo al último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en todo el territorio nacional existen 28.100 hectáreas de cultivos de coca: 23.550 hectáreas en la región de Los Yungas de La Paz y 4.600 hectáreas en las poblaciones del Chapare de Cochabamba.

Según las leyes, sólo están permitidas 12.000 hectáreas de coca.

El jueves 11 de marzo, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ampliación de la Ley de Estados Unidos, se reunió en forma privada con el presidente boliviano Carlos Mesa.

El presidente boliviano no habló, el funcionario norteamericano dijo a la prensa: “En mi opinión, una pausa en la erradicación iría en desmedro de todo lo que se ha logrado hasta el momento en Bolivia. En un momento en que Bolivia y el Chapare deberían sentirse orgullosos de haber frenado esto (el cultivo de coca) del incremento de sus ingresos en las últimas posibilidades de la democracia, me parece que sería un error hablar de la pausa en la erradicación”.

La autoridad norteamericana agregó que: “Una buena forma de frenar el terrorismo es quitarles sus fuentes de financiamiento y una gran fuente de financiamiento para las organizaciones criminales internacionales y el terrorismo es el narcotráfico”.

Ante esta instrucción de la administración norteamericana, los productores de coca también tienen la figura clara: el gobierno de Carlos Mesa continuará las instrucciones del imperio del norte.

El dirigente de la Federación del Trópico de Cochabamba, Feliciano Mamani, afirmó ayer que los productores de coca ya están cansados de la demagogia y las promesas y, por eso, si el gobierno no atiende sus demandas hasta el lunes 22 de marzo no les quedará otro camino que las movilizaciones y la protesta popular…

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