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¿Terroristas o prisioneros politicos?
EEUU pretende destruir el movimiento popular boliviano
Por Alex Contreras Baspineiro
Parte I de una serie investigativa
16 de febrero 2004
“Hace años nos acusaron de comunistas, después de narcotraficantes, ahora dicen que somos terroristas; pero lo importantes es que no nos pueden destruir, cada vez somos más fuertes”
“Bolivia podría convertirse en el Afganistán de los Andes, un estado fracasado que exporta droga y desorden”, escribió el pasado 13 de noviembre de 2003, el ex presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada en páginas del Washington Post.
Esa es la percepción del mejor símbolo de la política neoliberal e imperial boliviana sobre los movimientos sociales de este país.
Recordemos que el 17 de octubre de 2003, los bolivianos y bolivianas, del campo y la ciudad, escribieron una página de dignidad al derrocar a un tirano conocido como “Goni”, al perforar el modelo económico vigente, al rechazar la exportación del gas a mercados norteamericanos y al expulsar a un presidente al único país que lo puede cobijar: Estados Unidos.
Precisamente estos movimientos sociales y sus dirigentes o portavoces fueron acusados por los representantes de los partidos tradicionales y por la embajada norteamericana como organizaciones narcotraficantes, subversivas, anarcosindicalistas y últimamente tildadas de terroristas.
Veamos:
La presunta guerra contra el “terrorismo” que impuso Estados Unidos a Bolivia se radicalizó después del 11 de septiembre de 2001.
En junio de 2002, en este país, se realizaron las elecciones generales para presidente, vicepresidente y legisladores.
En base a una millonaria campaña mediática se acusó que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe estaban financiados con “dineros del terrorismo”.
A pesar que el ex embajador del país del norte, Manuel Rocha, se atrevió incluso a sugerir que los bolivianos no sufraguen a favor del líder cocalero, la respuesta fue totalmente contraria porque el MAS se consolidó en segundo lugar de la preferencia electoral.
Amenazas de muerte
Con el rótulo de “guerra contra el terrorismo” George W. Bush aceleró su escalada militar en todo el mundo y, lógicamente que en América Latina y más aún en Bolivia, porque este país al estar ubicado en el corazón del continente, es una región geoestratégica para los fines imperialistas.
La lucha contra el terrorismo es el mejor pretexto para vulnerar la soberanía de las naciones, incrementar la violación a los derechos humanos, reprimir a los movimientos sociales y pisotear la autodeterminación de los pueblos.
La estrategia de Estados Unidos está basada en la instalación de nuevas bases militares, el refuerzo a las bases ya existentes, el tráfico de armas, el control total del tráfico de drogas, el entrenamiento de militares norteamericanos y la instalación de sistemas de vigilancia y espionaje.
EE.UU. basado en su poderío militar, en la imposición de planes como el Puebla Panamá y Colombia y bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo está tratando de “recolonizar” nuestra América.
En noviembre del 2002, según confesión de un militar boliviano, el mismísimo Manuel Rocha, expresó a los miembros el Alto Mando Militar de Bolivia sobre Evo: “les he dicho que le pongan al hielo, ahora ya es una gran fuerza política”.
En enero de 2003, un asesor norteamericano en una reunión con representantes cívicos de Santa Cruz, les dijo: “Hay que eliminar a Evo. El MAS no debe participar en las elecciones municipales porque sería una catástrofe para el país”.
En febrero de 2003, tras levantamientos populares aparece el supuesto Ejército de Liberación Nacional (EDN), ubicado en una región indeterminada y con hombres armados y encapuchados que nunca más se pronunciaron.
En marzo de 2003, el actual embajador norteamericano, David Greelee, en un “informe de inteligencia” entregado al ex vice y actual presidente, carlos Mesa, expresó: “Se ha obtenido información fidedigna y verdadera sobre el Movimiento al Socialismo que está planeando un golpe militar de Estado para derrocar al gobierno de Bolivia en abril de este año. Los líderes del partido del MAS, Evo Morales Aima y Antonio Peredo Leigue son los principales arquitectos y responsables de este plan”.
En el presunto golpe, el líder cocalero, presumiblemente debería ser asesinado.
Acciones conjuntas
El 10 de abril de 2003, en la ciudad de El Alto de La Paz se produjo un espectacular y televisado operativo policial “antiterrorista” donde se detuvo al defensor de los derechos humanos y dirigente campesino colombiano Francisco “Pacho” Cortés, más dos dirigentes cocaleros y dos menores de edad.
El montaje estuvo a cargo del Centro de Investigación Especial del Estado. El testimonio de periodistas que asistieron al operativo es coincidente en señalar que llegaron a la hora y lugar indicados porque fueron previamente convocados por la embajada norteamericana.
Ante una serie de evidencias, el ex vice-ministro de Gobierno, José Luis Harb, no negó la participación estadounidense en la operación: “Existen tratados, convenios y acciones conjuntas… de lucha contra el terrorismo… La actividad terrorista tiene una acción de carácter extracontinental, por lo tanto tenemos acuerdos para entendernos con cualquier país, no solo con Estados Unidos”.
La primera acusación del gobierno boliviano contra el presunto “terrorista” estuvo referida a que pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego lo trataron de vincular con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también con la formación de grupos irregulares y de actividades vinculadas con el narcotráfico.
A diez meses de su detención en la Cárcel de Máxima Seguridad de Chonchocoro en La Paz, nada pudieron comprobar al colombiano ni a los dos bolivianos, Claudio Ramírez Cuevas (ex alcalde de La Asunta) y Carmelo Peñaranda (dirigente cocalero del Chapare) que lo acompañan; las dos menores se encuentran con libertad provisional.
En septiembre de 2003, durante la resistencia comunitaria de las comunidades aymaras de Sorata y Warisata se anuncia la presencia de grupos subversivos a orilla del Lago Titicaca.
Campañas mediáticas
Las presuntas acciones antiterroristas en este país están acompañadas por enormes campañas mediáticas.
El 4 de diciembre de 2003, un grupo de 16 personas procedentes de Bangladesh fueron detenidas en el aereopuerto de la ciudad de Santa Cruz, acusadas de ser “terroristas internacionales”.
La detención se produjo tras la denuncia recibida de la Embajada de Francia en Bolivia, a través del Centro Internacional de Terrorismo, en el sentido que los presuntos terroristas debían secuestrar un avión en la ruta La Paz – Santa Cruz – Argentina para atacar blancos norteamericanos. A las 24 horas, la totalidad de los detenidos fueron liberados por falta de pruebas.
El 11 de diciembre, cinco dirigentes y tres productores de coca, en un impresionante operativo policiaco- militar avalado por el Ministerio Público, fueron detenidos en poblaciones del Trópico de Cochabamba.
Los cocaleros fueron vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y concretamente con Francisco “Pacho” Cortés.
A pocas horas del operativo, todos los acusados como “narcoterroristas” recuperaron su libertad porque no se les encontró prueba alguna; sin embargo, se encuentran en un proceso judicial.
En ambas acciones organizadas con la venia del gobierno norteamericano, los medios de comunicación comerciales destacaron en titulares de primera página y en editoriales de apertura de noticieros, la existencia de “terrorismo en Bolivia”. No se pudo comprobar absolutamente nada.
Más casos
Las detenciones no terminan ahí.
En septiembre de 2003, la ex dirigente cocalera y concejal del municipio de Chimoré, Juana Quispe, fue detenida presuntamente portando dinamita para hacer explotar una oficina de la Defensoría de la Niñez.
La detuvieron, mostraron a la prensa, no presentaron prueba alguna y luego la liberaron.
En octubre de 2003, el dirigente cocalero Marcelino Jancko es detenido acusado por el gobierno de portar explosivos; ahora está recluido en la cárcel San Pedro de La Paz.
El primero de diciembre de 2003, el presidente Carlos Mesa, al participar en el sepelio de un uniformado muerto por la explosión de una bomba casera (cazabobo) en el Chapare, afirmó “Sin ninguna duda, estamos hablando de terrorismo”.
Ninguno de los operativos “antiterroristas” que fueron publicitados por la mayoría de los medios de comunicación comerciales fueron esclarecidos ni tampoco tienen un seguimiento.
Según el diputado nacional y dirigente cocalero, Evo Morales Aima, la publicitada campaña antiterrorista es una imposición del gobierno de los Estados Unidos en su afán de consolidar su dominio geopolítico en el corazón del continente latinoamericano…
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