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 English | Español November 28, 2014 | Issue #67


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Algunas pistas ponen a informante del FBI en el ápice del escándalo por Rápido y Furioso

Las armas de los EEUU que "pasaron" a México bajo la operación de ATF aumentaron el baño de sangre en Ciudad Juárez


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

29 de abril 2012

Un miembro de alto rango de la organización narcotraficante de Sinaloa y su ejército de asesinos en Ciudad Juárez, México -responsable del aumento de la violencia en esa ciudad que ha producido miles de muertes en los últimos años- bien pudo haber suministrado cientos, si no miles, de armas a través de una nefasta operación estadounidense conocida como Rápido y Furioso.

Esa persona, José Antonio Torres Marrufo, fue detenida por la policía mexicana en febrero de este año y ahora en EEUU está siendo acusado de 14 cargos dados a conocer a finales de abril en San Antonio, Texas, y que también acusan a los presuntos líderes de la organización de Sinaloa (Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo; e Ismael Zambada García, o El Mayo) y a otras 21 más. Los cargos involucran la participación en tráfico de drogas y armas de fuego, lavado de dinero y asesinatos en “fomento a una empresa criminal”.

Sin embargo, los registros públicos y los reportes en los medios de comunicación revelan que el rastro de las armas que presuntamente ayudó a Marufo a desatar una sangrienta guerra en contra de la organización rival de Ciudad Juárez por el control del mercado, de nuevo conduce, al menos en parte, a las puertas de las agencias policiales estadounidenses, principalmente el FBI y la ATF, a través de la polémica operación de los EEUU conocida como Rápido y Furioso.

De acuerdo con el gobierno mexicano, Marrufo es presuntamente responsable de los asesinatos de unas 18 personas en el centro de rehabilitación El Aliviane en Ciudad Juárez en el otoño de 2009. Además, las acusaciones en San Antonio afirman que es responsable del secuestro, tortura y asesinato de varias personas que vivían en los Estados Unidos, incluyendo un habitante de Horizon City, Texas, que fue asesinado por perder un cargamento de marihuana en una confiscación de la Patrulla Fronteriza.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal General de EEUU en San Antonio, la acusación en EEUU alega en otro caso lo siguiente:

En concreto, Torres Marrufo hizo que un individuo de El Paso viajara a una boda en Ciudad Juárez para confirmar la identidad de un objetivo. El objetivo era el novio, un ciudadano de los Estados Unidos y residente de Columbus, Nuevo México. Bajo las órdenes de Torres Marrufo, el novio, su hermano y su tío fueron secuestrados durante la ceremonia de la boda y posteriormente torturados y asesinados. A los poco días, sus cuerpos fueron descubiertos por la policía de Ciudad Juárez en una camioneta abandonada. Además, una cuarta persona fue asesinada durante el secuestro en la boda.

Rápido y Furioso

Bajo Rápido y Furioso, lanzada en el otoño de 2009, la agencia federal encargada del control de armas, ATF, junto con un grupo de tareas compuesto por otras varias agencias federales, incluyendo el FBI, permitió el contrabando de cerca de 2,000 armas a México. A estas entregas de armas mortales se les permitió “pasar” a través de la frontera, directo a las garras de las organizaciones criminales, como las supervisadas por el supuesto miembro de Sinaloa Marrufo, de modo que los agentes estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley supuestamente más adelante podrían seguir el rastro de las armas de fuego a los llamados capos de las organizaciones criminales de México.

En teoría, esas pruebas conducirían a importantes acusaciones en los tribunales de los EEUU y a mucha prensa positiva para los agentes antinarcóticos. Todo lo que impulsa las carreras de los fiscales de los Estados Unidos y de los oficiales que aplican la ley que están delante de las cámaras para tomar el crédito de ayudar a “ganar” la guerra contra las drogas.

El problema, por supuesto, es que a raíz de Rápido y Furioso muchos ciudadanos mexicanos inocentes fueron acribillados por las balas disparadas por las armas de contrabando -que hubieran podido, y debieron, ser interceptadas por agentes de la ATF mucho antes de que cruzaran la frontera.

Toda la operación se detuvo a principios de 2011, después de que un agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, fuera asesinado en Arizona a finales de 2010 y se encontrara que un par de rifles de asalto utilizados en el ataque fueran parte de la operación Rápido y Furioso. Ese incidente provocó una investigación del Congreso encabezada por el senador republicano Charles Grassley y el representante republicano Darryl Issa, que, aunque aparenta ser una investigación más política que esclarecedora, continúa hasta nuestros días.

Desde el comienzo, el principal objetivo de la operación Rápido y Furioso fue un individuo llamado Manuel Acosta Celis, a quien desde entonces se le han presentado cargos. Supuestamente, Acosta era el cabecilla de un grupo de compradores de armas que buscaban adquirirlas de tiendas de armas bajo la vigilancia de ATF, para luego enviarlas de contrabando a México.

Sin embargo, una carta del 27 de septiembre 2011, elaborada por el representante Issa EEUU y el senador Grassley y dirigida al Fiscal General de EEUU Eric Holder Jr, sostiene que “el financiero para tráfico de armas de Acosta… comenzó a cooperar con el FBI y pudo haber recibido pagos adicionales como informante confidencial.”

Una nota elaborada por el personal de Grassley e Issa el 1 de febrero de 2012, hace la trama aún más interesante, indicando que de hecho hubo dos informantes del FBI involucrados con la compra de armas de Acosta, y ATF no tenía ni idea de que los llamados “peces gordos”, los objetivos de alto nivel de Rápido y Furioso, de hecho trabajaban para una agencia hermana.

De la nota del Congreso:

Cuando finalmente ATF trajo al cabecilla, Celis Acosta, para su presentación después de su acusación en enero de 2011, la ATF supo los nombres de los dos socios del cártel. Estos eran los “peces gordos” que [el agente de la ATF en Phoenix Bill] Newell esperaba atrapar como resultado de Rápido y Furioso y de las escuchas telefónicas. Debido a que las escuchas telefónicas y la vigilancia con un agente de ATF hasta el momento no había logrado identificar a estos socios, en la presentación fue la primera vez que ATF identificó a estas personas.

Sin embargo, sorprendentemente, otros componentes federales del Departamento de Justicia [tales como el FBI y la DEA] ya sabían de los dos socios del cártel que la ATF había identificado finalmente. Sus nombres aparecían con frecuencia en los registros de llamadas de la DEA proporcionados a ATF -en diciembre de 2009. Inexplicablemente, la ATF no había revisado todos los materiales que la DEA había proporcionado, perdiendo a estos principales objetivos de investigación.

Además, la DEA y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) abrieron una investigación por separado dirigida específicamente a estos dos socios del cártel. Ya para mediados de enero de 2010, ambas agencias habían recolectado una gran cantidad de información sobre estos socios. Sin embargo, ATF pasó el siguiente año realizando las temerarias tácticas de Rápido y Furioso en el intento de identificarlos.

Durante el curso de esta investigación separada, el FBI designó a estos dos socios del cártel como activos de seguridad nacional [esencialmente agentes o informantes de inteligencia extranjeros]. A cambio de la declaración de culpabilidad de un individuo a un cargo menor de “extranjero en posesión de un arma de fuego”, ambos se convirtieron en informantes del FBI y ahora se les considera no imputables. Esto significa que el objetivo total de Rápido y Furioso -rastrear a estos dos individuos y llevarlos ante la justicia- fue un fracaso. El descubrimiento de ATF de que los objetivos principales de su investigación no eran procesables fue “una gran decepción.” [El subrayado es mío.]

Las conexiones

Un reportaje reciente de Fox News pretende, a través de fuentes no identificadas, revelar la identidad de estos dos presuntos informantes del FBI.

Ese reportaje los identifica como Eduardo y Jesús A. Miramontes Varela -ambos ciudadanos mexicanos que “trabajaban para el cártel de Sinaloa cuando se convirtieron en informantes del FBI en el 2009.”

Luego, a finales de abril de este año, el diario Los Angeles Times sacó un reportaje exclusivo sobre Jesús A. Miramontes Varela, sin embargo, a pesar de que el reportaje está basado en documentos filtrados, no lo vinculan a Acosta o directamente a la investigación de Rápido y Furioso, sólo para indicar que ATF “había rastreado $250,000 en compra de armas ilegales a Miramontes Varela y su hermano a través de su malograda operación de vigilancia de contrabando de armas de Rápido y Furioso en Arizona.”

El reportaje del diario Los Angeles Times traza la historia de Miramontes Varela, que revela que justo antes de convertirse en informante del FBI, se declaró culpable de los cargos de ser un inmigrante ilegal en posesión de un arma de fuego – la misma acusación se menciona en la nota del Congreso. Miramontes Varela, Los Angeles Times informa, trabajó en el negocio del narcotráfico en Ciudad Juárez en la década de 2000 pero en 2008 ya había puesto sus propias armas – y red narcotraficante del lado estadounidense, operando en Nuevo México y Colorado— antes de ser “transformado en uno de los principales informantes del FBI de la frontera suroeste.”

Por lo que parece -si se puede confiar en los reportajes en los medios y los registros del Congreso- Miramontes Varela fue, de hecho, un financiero importante y el comprador de las armas adquiridas en las tiendas de armas de Estados Unidos por la operación encabezada por el principal objetivo de Rápido y Furioso, Acosta.

Sin embargo, otro informe del personal técnico preparado para la investigación de Grassley e Issa de Rápido y Furioso, publicado el 26 de julio de 2011, informa lo siguiente:

El 13 de enero de 2010, la División de Campo en Dallas de ATF incautó 40 fusiles [en los EEUU] rastreadas hasta [un] sospechoso de la operación Rápido y Furioso. Esta incautación conectó a los sospechosos de la operación Rápido y Furioso con un “jefe de plaza” de alto nivel específico en la organización de narcotráfico de Sinaloa [organización de tráfico de drogas]. Además, esta incautación puede haber representado un cambio en el movimiento de las armas de la operación Rápido y Furioso con el fin de proporcionar las armas de fuego necesarias para la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de contrabando de drogas de Ciudad Juárez. [El subrayado es mío.]

En febrero de este año, la policía federal mexicana detuvo a Marrufo, quien fue descrito por el gobierno mexicano como un importante miembro de la organización de Sinaloa.

El año pasado, en abril, la policía mexicana allanó una casa en Ciudad Juárez presuntamente propiedad de Marrufo (quien en el momento no estaba ahí) y descubrió un arsenal de alto poder, 40 de las armas se rastrearon a las ventas realizadas a través de la operación de ATF Rápido y Furioso, según reportajes de prensa de la época.

Al parecer, esas 40 armas, de acuerdo a un reportaje de octubre de 2011 de Los Angeles Times, probablemente era parte de un alijo de “100 fusiles de asalto adquiridos como parte de Rápido y Furioso [y] transportados a 350 millas de Phoenix a El Paso”.

“Cuarenta de las armas pasaron a través de la frontera al arsenal de José Antonio Torres Marrufo, un temido líder del cártel en Ciudad Juárez”, informó el diario Los Angeles Times, tomando como fuente a documentos de la corte federal y los registros de ATF.

Una fuente de Narco News, que afirma haber conocido y trabajado para Marrufo en México y ahora está en la clandestinidad en los EEUU, sostiene que Miramontes Varela a principios de los años 2000 hizo negocios por el “Cártel” de Juárez – al igual que Marrufo antes de cambiar lealtades en la década del 2000 y uniéndose a la organización rival de Sinaloa, alega la fuente. La fuente también dice que Miramontes Varela tuvo un enfrentamiento con la organización de Juárez después de “que les robó” y “ahí fue cuando empezó a trabajar con Marrufo y la organización de Sinaloa” -y, al parecer, para el FBI.

Ya sea que la fuente es de creer, dado el oscuro mundo en el que el negocio del narcotráfico se desenvuelve, no está claro de la evidencia disponible si las armas encontradas en la casa de Marrufo en Juárez en abril de 2011 se pueden vincular directamente a Miramontes Varela.

Pero está claro, en base a los reportajes en los medios y comunicados de prensa del gobierno mexicano acerca de Marrufo, que antes de su detención a principios de este año, era un “jefe de plaza de alto nivel” para la organización de Sinaloa en Juárez y que ha estado claramente conectado con las armas que fueron pasadas de contrabando por la frontera en Ciudad Juárez como parte de Rápido y Furioso. Y también parece probable, según los informes del Congreso y los medios de comunicación, que el supuesto informante del FBI Miramontes Varela fuera uno de los principales “financieros para” la compra de armas de Rápido y Furioso, armas que finalmente cayeron en manos de los ejecutores del “Cártel” de Sinaloa en Ciudad Juárez.

Ningún funcionario estadounidense contactado por Narco News quiso discutir los detalles de la condición de informante de Miramontes Varela, o sus posibles conexiones con Marrufo, debido a la naturaleza sensible del tema de los informantes.

Además de San Antonio, Marrufo también se enfrenta a cargos de narcotráfico y tráfico de armas en una acusación presentada contra él en febrero de 2011 por la oficina del Fiscal de EEUU en El Paso, que está en el terreno de la Oficina del Fiscal de los EEUU en San Antonio.

El que Marrufo sea extraditado para presentarse en la corte federal en San Antonio o El Paso, puede dar pistas sobre el futuro de las relaciones sórdidas que formaban parte de la operación fallida Rápido y Furioso y el rastro de sangre dejado a su paso en México y EE.UU -todo por el bien, al parecer, de permitir que el brazo ejecutor de la ley estadounidense y sus fiscales puedan obtener puntos en sus carreras y en los medios de comunicación.

Sin embargo, por ahora tendremos que conformarnos con las pistas que podamos juntar del registro público, todas apuntando a un nuevo capítulo de complicidad estadounidense en las muertes en América Latina para avanzar en los intereses nacionales clasificados, que, en esta época, con demasiada frecuencia están envueltos en la vacía retórica de la guerra contra las drogas.

Permanezcan en sintonía…

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