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Habitantes afectados por presa en Guerrero se reorganizan

Comunidades en alerta luego de la aprobación del presupuesto para su construcción


Por Fernando León
Especial para The Narco News Bulletin

26 de diciembre 2010

Por siete largos años comunidades y ejidos que serían inundados por la construcción de la presa La Parota en Guerrero, México han resistido los intentos del gobierno por despojarlos y desplazarlos de sus tierras. A pesar de que los opositores a la presa han sido mayoría en las asambleas realizadas que decidirían su construcción, el gobierno federal y estatal continúan presionando a las comunidades. En noviembre pasado el Congreso nacional aprobó el presupuesto para la presa, lo que ha motivado una reorganización con mayor fuerza en los habitantes afectados.

El proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota fue lanzado en 2003 como parte de la construcción de decenas de presas que formarían parte del Plan Puebla Panamá, polémico megaproyecto de infraestructura que incluye a países de América Central y a México, y que en la actualidad cambió su nombre al Proyecto Mesoamericano. Desde su lanzamiento, la presa guerrerense enfrentó una recia oposición desde las comunidades que serían afectadas por esta, pues para su construcción se prevé la inundación de 14 mil hectáreas, lo que desplazaría a más de 3 mil personas que las han habitado por generaciones.

Las comunidades y ejidos, aglutinadas bajo el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la parota (CECOP), han logrado detener la construcción. Sin embargo, el pasado 16 de noviembre el Congreso federal aprobó el presupuesto para la presa dentro de la partida de egresos 2011 para el estado de Guerrero. Ante tal amenaza, Rodolfo Chávez Galindo, integrante del CECOP, comenta para Narco News que las comunidades están en alerta. Dice que a pesar de que la vigilancia en las comunidades para evitar que la empresa encargada de la construcción, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ingrese a ellas ha sido permanente desde 2003, es ahora en que ésta se ha intensificado.

Por su parte, Jonathan Javier Velasco, integrante del Observatorio de Conflictividad Social de Sevicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), comenta que los habitantes se han reorganizado y movilizado luego del anuncio de la aprobación. El último año, Velasco ha sido parte de un proyecto de su organización que ha realizado talleres por la recuperación de la memoria histórica en los ejidos Dos Arroyos y los Guajes, de la región afectada. Dichos talleres, que iniciaron en octubre de 2009 y concluyeron en junio pasado, tienen la “intención de impulsar el [...] proceso de reflexión de los miembros y participantes de base en el movimiento del CECOP acerca de su propia lucha, así como de su experiencia de participación en ella,” dice la publicación sobre los talleres.


Rodolfo Chávez, miembro del CECOP, en una imagen de archivo.
DR 2010 Foto Erin Rosa.
Durante los años de lucha del CECOP, el gobierno federal y estatal han tratado de cooptar a los distintos ejidos que formarían parte de las tierras inundadas. En el sexenio de Felipe Calderón se lanzó el programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social. Dicho programa, que de acuerdo con su sitio, “articula incentivos para la educación, para la salud y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza”, ha sido utilizado para desmovilizar a la población, según Velasco. Él comenta que cada vez que el Observatorio de la Conflictividad Social realizaba algún taller en alguna comunidad la oficina regional del programa Oportunidades convocaba a una reunión urgente con sus beneficiarios, a los cuales se les descontaba $40 de no asistir. Para él, esto menoscababa la intención de los talleres del Observatorio debido a que muchos de sus participantes no podían asistir por temor a perder ese ingreso, lo que parecía un intento por sabotear los talleres.

A pesar de esa situación, Velasco y Chávez Galindo coinciden en que las últimas semanas ha habido una importante reorganización en las comunidades. Sin importar que la violencia generada por la “guerra contra las drogas” de Calderón ha estado presente en la región, los pobladores están más convencidos que nunca que podrán detener el proyecto de La Parota. La intención de ambos niveles de gobierno por infundir temor a la población por la creciente militarización y por la aprobación del presupuesto de la hidroeléctrica, sólo ha generado un alto grado de convicción en los habitantes por defender sus tierras. A lo largo de estos siete años de organización, el CECOP está fortalecido frente a los nuevos desafíos.

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