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Matanza en Chiapas: seis mujeres, tres hombres y dos niños, asesinados en Montes Azules

Las comunidades indígenas y las organizaciones de los derechos humanos advirtieron al gobierno estatal y federal a cerca de las amenazas, pero las autoridades no actuaron


Por Al Giordano
El Otro Periodismo con la Otra Campaña en Chiapas

13 de noviembre 2006

Hoy, lunes 13 de noviembre, presuntos paramilitares cometieron una masacre en la región selvática de Montes Azules en Chiapas, matando a nueve mujeres y hombres, así como a dos niños, todos ellos indígenas.

Quienes fueron asesinados, según un documento escrito a mano recibido por Narco News desde dentro de las comunidades civiles zapatistas en la región son:

  • Marta Pérez Pérez

  • María Pérez Hernández

  • María Nuñez González

  • Petrona Nuñez González

  • Pedro Nuñez Pérez

  • Eliver Benítez Pérez

  • Antonio Pérez López

  • Dominga Pérez López

  • Felicitas Pérez Parcero

  • Noilé Benítez (8 años)

  • Un niño recién nacido aún no bautizado

Los detalles de la masacre, en un área muy aislada, lejos de los centros urbanos y mediáticos, aún son incompletos, pero los oficiales estatales y federales han estado enterados todo este tiempo de las señales de advertencia sobre la violencia de esta escala que estaba gestándose en la región. Las autoridades ya habían sido alertadas por organizaciones de los derechos humanos desde julio y agosto, pero en lugar de tomar cartas en el asunto, la policía y otras agencias solamente agravaron los problemas desde entonces.

Las personas que murieron, vivían y trabajaban en el ejido Dr. Manuel Velasco Suárez II, conocido como Viejo Velasco Suárez, una comunidad campesina establecida en 1984 por medio de un acuerdo con el gobierno mexicano. Ellos y sus generaciones pasadas, habían vivido en otras partes de la Selva Lacandona, que había sido declarada “reserva natural” en 1972. Ayer como hoy, el permiso oficial resultó que tenía más que ver con saquear la madre naturaleza que con protegerla: la creación de la biosfera de Montes Azules sirvió para otorgar al gobierno mexicano el control monopólico sobre la explotación de maderas y otros recursos naturales. Como parte del espectáculo y de la simulación ambiental, 66 familias del grupo indígena Lacandón –una población que hoy se calcula en la centena, descendiente de los pueblos mayas de la península de Yucatán que emigraron a Chiapas hace siglos– fueron declaradas como las únicas administradoras de más de 600,000 hectáreas de bosque tropical, con la condición de que cedieran los derechos económicos de la tierra al gobierno.

Desde entonces, miembros de otros pueblos indígenas mayas –particularmente Tzetzal y Chol– han vivido sitiados por el gobierno, por sus agencias policíacas, por sus fuerzas armadas, por los Lacandones, y las otras comunidades de Tzetzales (del pueblo de Nueva Palestina) y Choles (del pueblo de Frontera Corrazal) que se aliaron y se beneficiaron con el trato. Las comunidades indígenas restantes de la región se encontraron bajo ataque permanente desde entonces. Los conflictos en la zona llevaron a establecer el acuerdo de 1984, creado por Viejo Velasco Suárez y otras comunidades cultivadas de manera comunitaria, supuestamente protegidas por la ley: Flor de Cacao, Nuevo Tila, Ojo de Agua y San Jacinto Lacanjá, todas ubicadas en la misma región de los antiguos templos y ruinas mayas en Yaxchilán, cerca del gigantesco río Usumacinta, que constituye la frontera de México con la mayor parte de Guatemala.

Las once muertes de la masacre de hoy se producen –como a menudo hacen las masacres– en un momento en donde el gobierno federal mexicano ha vuelto a los malos y viejos días de la represión a gran escala (en Atenco el pasado mayo y actualmente en Oaxaca). En momentos como este, los paramilitares y las agencias policíacas se dan ánimos con las señales que les mandan desde arriba, y aumentan sus agresiones históricas en contra de aquellas comunidades –especialmente indígenas– que se perciben como obstáculos frente a los intereses económicos.

El gobierno federal de Vicente Fox y su secretario de gobernación Carlos Abascal (“el carnicero de Oaxaca”) fue advertido este año de la bomba de tiempo de violencia que amenazaba a Viejo Velasco Suárez y otras comunidades en la región de los Montes Azules.

Advertencias Tempranas

El 19 de julio de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, publicó una alerta titulada “Amenazas de desalojo y hostigamiento en a Pueblos Indígenas en la Selva Lacandona”. Conocida como el “Centro Frayba”, esta organización fue fundada por el antes obispo católico Samuel Ruiz y es respetada en todo el mundo gracias a su trabajo honesto y minucioso.

La organización de los derechos humanos alertó que había recibido reportes de que:

“...El sábado 14 de julio se instaló un destacamento de Seguridad Pública, cerca de la comunidad de Ojo de Agua, El Progreso, con la amenaza de desalojar a las familias de esa comunidad de manera violenta, familias que están defendiendo su derecho a la tierra como pueblos indígenas…Nosotros los que vivimos en San Jacinto Lacanja, Flor de Cacao y Viejo Velasco también estamos amenazadas de desalojo.”

El centro Frayba señaló en su alerta del 19 de julio:

“En la opinión de Frayba esto es un problema histórico con una serie de irregularidades y torpezas por parte de las instituciones y los funcionarios que no hacen caso de los acuerdos previos, manipulan a los que están involucrados en el conflicto, generando más problemas, amenazan con el desalojo violento para obligar a que las comunidades y a las organizaciones “se sienten a negociar” o no entienden los compromisos asumidos durante las negociaciones con las comunidades en disputa.”

El centro Frayba pidió que las autoridades del gobierno tomaran medidas para “garantizar la seguridad y la integridad personal de las familias” de las cuatro comunidades indígenas amenazadas, que respeten los acuerdos de 1984 y otros que les concedieron sus tierras, y que se respeten los tratados internacionales que garantizan dichas protecciones para los pueblos indígenas.

Unas semanas después, los representantes de esa organización, junto con una delegación de norteamericanos de Global Exchange, así como la ONG Maderas del Pueblo y Xi’Nich, partieron en una misión a las comunidades afectadas para ir en busca los hechos. Global Exchange publicó un reporte detallado de siete páginas, que explica mucho del contexto histórico del conflicto y, también, de manera interesante, las dificultades y los obstáculos que se les presentaron en sus intentos por visitar las comunidades.

El reporte concluyó:

“Si bien las razones exactas de la exclusión de estas cuatro comunidades del proceso de legalización de la tierra no están claras, los factores geográficos y políticos nos dan una pista importante. Tres de las comunidades –Flor de Cacao, San Jacinto Lacanja, Ojo de Agua el Progreso– están localizadas en un terreno en donde todavía hay maderas preciosas que la comunidad Lacandona quiere explotar, según Miguel Angel García, de Maderas del Pueblo. También se encuentran en las orillas del río Usumacinta, una de las fuentes más importantes de agua potable en la región. El “Plan Puebla-Panamá, la propuesta del gobierno para la “modernización” económica del país, también contempla la construcción de presas hidroeléctricas en el Usumacinta. Además, muchos de los individuos que testificaron, creen que la razón por la que la comunidad Lacandona y los comuneros quieren la tierra para ellos mismos, es para desarrollarla con propósitos turísticos, ya que el sitio arqueológico de Yaxchilan está cerca, y la comunidad Lacandona participa fuertemente en el negocio turístico. La cuarta comunidad, Viejo Velasco, debido a su afiliación con el EZLN, también puede ser percibida por el gobierno mexicano como un impedimento a la maximización de las ganancias. En efecto, poco después de nuestra visita a El Desempeño, oficiales del gobierno desalojaron violentamente a la comunidad base de apoyo civil al EZLN Chol de Tumbala, que también estaba en proceso de asegurar sus derechos sobre la tierra. Los oficiales del gobierno federal, estatal y local deberían de tomar medidas inmediatas para garantizar la integridad y la seguridad de Ojo de Agua El Progreso, Flor de Cacao, San Jacinto Lacanja y Viejo Velasco. Estas comunidades tienen derecho –tanto bajo el convenio de 1984 y los acuerdos alcanzados en la mesa redonda de Limonar– a la seguridad de la tierra. El gobierno local, estatal y federal debería de actuar inmediatamente¬ para detener las amenazas de desalojo ilegal y regresar a las familias que han huido de sus tierras, si ellas así lo desean. La igualdad y la justicia no piden nada menos.”

La organización internacional de derechos humanos envió sus resultados al presidente mexicano Vicente Fox, a su secretario de gobernación Carlos Abascal, al gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía y a varios burócratas debajo de cada uno de ellos.

En lugar de realizar acciones para corregir los males, los gobiernos estatal y federal pusieron en marcha los eventos –y dieron señas de que sería recibido como impunidad por los opositores de esas comunidades que los han amenazado violentamente– que ocasionaron, hoy, la masacre de once civiles indígenas.

Agresiones en aumento

Según una cronología escrita a mano de los eventos ocurridos desde entonces, recibida hoy por Narco News, de la cual son autores las comunidades afectadas, las agresiones contra ellas se incrementaron después de que fueron informados los gobiernos de Fox y de Salazar:

  • Septiembre 19: “A las 4:30 p.m. comuneros de Nueva Palestina vinieron armados con machetes, rifles, palas, hachas y piedras”. Destruyeron la casa de una familia. A las 8 p.m. dispararon balas en un edificio donde dormían mujeres y niños.

  • Octubre 4: Comuneros de Nueva Palestina atacaron con pistolas a dos campesinos en su campo de frijol, destruyendo los cultivos.

  • Octubre 8: Miembros de la comunidad Nueva Palestina aliada con el gobierno se reunieron y acordaron atacar a los habitantes de Viejo Velasco Suárez.

  • Octubre 9: El ataque se llevó a cabo y se destruyó la casa de una familia; esa tarde secuestraron a un miembro de la comunidad que fue “gravemente herido” en el altercado.

Y en otro documento escrito a mano enviado a Narco News, fechado el sábado 11 de noviembre, los miembros de la comunidad explican que los comuneros de Nueva Palestina cortaron su suministro de agua, obligando a la comunidad de Viejo Velasco Suárez a volver a prender el agua y a expulsar a once de los comuneros invasores de su comunidad. El documento contiene los nombres y las firmas de los hombres expulsados.

Dice:

“Pedimos a los Palestinas, a los gobiernos estatal y federal que respeten este acuerdo para terminar con la violencia en ambas partes de nuestra comunidad. Hacemos responsable al gobierno de cualquier cosa que pase…”

“El miércoles 1 de noviembre del 2006, los Palestinas empezaron a cerrar la llave del agua entubada hasta hoy sábado 11 de noviembre del año en curso. Es por eso que los grupos originarios de esta comunidad realizan la siguiente acción…nos desligamos de los grupos de Palestina y no queremos que sigan acosándonos en esta comunidad de Viejo Velasco, donde cada uno de ellos firma su acuerdo para irse y no regresar nunca para no causar más problemas con los residentes originales”.

Según un e-mail que acabamos de recibir de las familias de los muertos:

“Los agresores han sido habitantes de la comunidad de nueva Palestina, teniendo en común los tristes sucesos ocurridos en la matanza de Acteal (del 22 de diciembre de 1997 también en Chiapas), ya que los familiares de las victimas nos confirman que existían varios retenes de la fuerza publica a sus alrededores sin hacer acto de presencia”.

Según un comunicado de hoy por la noche de Maderas del Pueblo, los atacantes eran de Nueva Palestina y llegaron al amanecer “4 subcomuneros del grupo agresor, quienes llegaron a la comunidad fuertemente armados y con intenciones de desalojar violentamente a las familias ahí asentadas.”

Dos días después, hoy, seis mujeres, tres hombres y dos niños de esta comunidad afligida están muertos. Al momento de ir a prensa, varias organizaciones de los derechos humanos y la junta del Buen Gobierno en Roberto Barrios de las bases civiles del EZLN, así como el Otro Periodismo con la Otra Campaña, están investigando los detalles de otra masacre que ya había sido avisada.

Traducido por: Aimée Valckx Gutiérrez

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