The Narco News Bulletin
August 16, 2018 | Issue #60
narconews.com - Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America
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August 16, 2018 | Issue #60 |
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La LX Legislatura del estado de Oaxaca, en una sesión extraordinaria, aceptó iniciar la desaparición de poderes en San Pedro Jicayán, incluyendo la suspensión del poder al ayuntamiento y simultáneamente declarando al pueblo en estado de ingobernabilidad (referido como "desaparición de poderes"). De igual forma los salarios del sindicato escindido, o la Sección 59, fueron suspendidos.
 D.R. 2009 Noticias |
La mala noticia es que la legislatura autorizó a Ulises Ruíz Ortíz para que en ejercicio de sus atribuciones ejecutivas constitucionales designe a un administrador municipal provisional para que tome el cargo.
La población local, encabezada popularmente por el nuevo presidente municipal elegido Alberto López Ortega, rechaza a un administrador externo. López Ortega demanda al gobierno el respeto a la decisión de la mayoría de la población, la cuál eligió en una asamblea no partidista al presidente y a su consejo.
López Ortega, un maestro indígena de primaria, fue citado en el diario Noticias el 13 de septiembre de 2009 indicando que la salida del PRI del ayuntamiento "permitió el retorno de la paz y la tranquilidad al pueblo." Sin embargo, el palacio municipal permanece bajo la custodia de la policía estatal. Esto ocasiona algunos problemas, ya que el edificio alberga las oficinas del propio consejo, del grupo local de ganaderos y del servicio de teléfono y telégrafo.
El legislador del PRD, Wilfredo Fidel Vázquez López recordó a la legislatura que la "desaparición de poderes" ya había sido solicitada, ésto luego del asesinato de Beatriz López Leyva el 6 de abril en su casa de la propia comunidad. Como activista del PRD había apoyado a Andrés Manuel López Obrador. No se ha girado cargo alguno por ese asesinato. En el zócalo de la ciudad de Oaxaca se colocaron enormes pancartas del cuerpo ensangrentado de López Leyva. Junto a él se mostraba el conocido mensaje de la elección gubernamental que declara que el PRI cumple sus promesas. Junto con las pancartas, la Sección XXII clama por la justicia social.
El 16 de abril, luego del asesinato de Beatriz López Leyva, el PRD solicitó al congreso local que declarara la ingobernabilidad en San Pedro Jicayán, "en ese momento considerábamos que se habían perdido las garantías Constitucionales de los ciudadanos radicados en esa jurisdicción municipal, y teníamos razón. Advertíamos que algo funesto sucedería allá, si no se tomaban las medidas necesarias..."
Y, efectivamente, sucedió.
La Comisión Permanente de Gobierno, buscando el reconocimiento de ingobernabilidad, declaró que existen pruebas sobre la clara confrontación entre los vecinos y los miembros del ayuntamiento del pueblo de San Pedro Jicayán, presidido por el príista Leonardo Silva Palacios. De acuerdo a Tomás Basaldú Gutiérrez, director de la Unión Democrática Campesina, Silva Palacios nunca representó a la población de Jicayán, ésto debido a que fue designado desde la ciudad de Pinotepa Nacional. Históricamente, nunca ha participado en las actividades en curso de la comunidad. Basaldú pide al gobierno que investigue que pasó con los recursos asignados a la municipalidad durante la gestión de Silva Palacios, lo que sugiere un uso indebido de los fondos detrás de la violencia que ha asolado a Jicayán. Además de los asesinatos, un millar de ejemplares del diario Noticias fueron quemados y dos miembros de la prensa fueron encarcelados.
En lo que parece ser una victoria para la Sección XXII, un anuncio pagado por el PRI fue publicado en Noticias el 12 de septiembre pasado. En ella, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) declaró que va a regularizar las escuelas y cancelar los módulos irregulares educativos que tiene la Sección 59. No va a tolerar a los docentes auto ubicados, ni al personal externo que labora de manera irregular, en la mayoría de los casos impulsados por las autoridades municipales o por los propios padres de familia (grupo príista de padres de familia). En unas pocas frases de autoreconocimiento, el director del IEEPO Abel Trejo González afirma que al menos 100 escuelas siguen en guerra, en comparación con las 2,321 en conflicto en 2006. Al momento 76 escuelas han sido recuperadas y 61 módulos se han cerrado. Después de esta quincena, afirma, se empezarán a retener los cheques de los módulos no reconocidos por el IEEPO (ver nota). Trejo González instó tanto a padres como a maestros a actuar responsablemente.
Aún queda por ver como es que actuará el gobernador, y también como es que los pobladores de San Pedro Jicayán actuarán en su decisión de volver a los usos y costumbres tradicionales, desechando a los partidos políticos.
Nota: La foto de un módulo de escuela en un autobús abandonado no debe considerarse una condena a la Sección 59, sino al gobierno. Se alega que el gasto en infraestructura educativa es presuntamente desviado para las campañas políticas.
Traddución de ingles por Fernando Leon