La narcoviolencia en Juárez marcada por la excepción a las maquiladoras

Los parques industriales de las ciudades fronterizas mexicanas se han convertido en una “Zona segura” en la guerra contra las drogas

Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

25 de agosto 2010

Los impactantes titulares e imágenes que invaden nuestras vidas cotidianas al sur de la frontera de los EEUU puede llevarnos a pensar que Ciudad Juárez, México es una ciudad agonizante desangrándose por las mil heridas de la violencia diaria de la narcoguerra.

La ciudad fronteriza mexicana ha visto más de 1,900 asesinatos en lo que va del año y más de 6,200 desde enero de 2008, cuando la violencia escaló con el arribo de los militares mexicanos para brindarle “protección” a los habitantes de la ciudad.

Pero si Juárez en verdad está apunto de ser aniquilada por el derramamiento de sangre generado por el narcotráfico, entonces ¿por qué la violencia no está afectando a toda la ciudad—en donde 10,000 pequeños negocios han cerrado desde 2008 debido, en gran parte, a la ola de robos, secuestros, extorsiones y asesinatos que han sucedido en la ciudad en los últimos dos años y medio?

Casi siempre hay una excepción a la mayoría de las reglas, y en el caso de Juárez, el imperio de la violencia no se extiende a las zonas industriales, que son el hogar de al menos 360 maquiladoras que emplean a más de 190,000 personas.

De hecho, de acuerdo a un informe proporcionado a Narco News por la Corporación para el Desarrollo Económico Regional de El Paso (REDCO, por sus siglas en inglés), entre enero de 2008 y junio de este año, solo hubo un homicidio en las zonas industriales de Juárez.

Así es—solo un homicidio en esta gran porción de Juárez plagada con plantas maquiladoras operadas por enormes corporaciones como General Motors, Delphi, Motorola, Visteon, TECMA y Honeywell. Las maquiladoras, también conocidas como plantas gemelas, son las fábricas en México propiedad y/u operadas por compañias extranjeras que se benefician de la mano de obra barata y de un trato fiscal favorable.

La realidad es que a pesar de la violencia que afecta al resto de Juárez, los parques industriales de las maquilas de la ciudad están floreciendo, según el informe presentado por REDCO—un grupo sin fines lucrativos que apoya a las maquilas y que es financiado por donantes del sector privado.

El informe muestra que en los primeros tres meses del año, al menos 11 compañias han informado a REDCO sus intenciones de ubicarse o expandirse en Juárez. Entre junio de 2009 y junio de este año, REDCO reporta que las maquilas en Juárez han creado 24,401 nuevos empleos—en medio de una recesión prolongada.

¿Cómo es eso posible?

Buscando respuestas

Narco News intentó obtener una respuesta a esa pregunta al programar una entrevista con el presidente de REDCO, Bob Cook. Desafortunadamente, funcionarios de REDCO cancelaron la entrevista debido a un “conflicto en la programación.”

Narco News también buscó comentarios de los funcionarios de la compañia TECMA en El Paso, Texas, la cual opera 17 maquiladoras en Juárez. Los funcionarios TECMA no estuvieron disponibles para comentar.

Sin embargo, los mismos funcionarios hablaron frente a la cámara este año para la estación de televisión de ABC TV local de El Paso, KVIA. Toby Spoon, vicepresidente ejecutivo de TECMA, dijo a la televisión lo siguiente, con respecto al por qué las zonas industriales de las maquilas al parecer han sido inmunes a la sangrienta guerra contra las drogas en Juárez:

Si ellos [los grupos narcotraficantes] fueran contra la industria maquiladora, o compañias estadunidenses o extranjeras, si éstas fueran objetivos de ellos [los narcotraficantes], lo llevarían a otro nivel, y nadie quiere eso.

Así que basados en esa declaración, parecería que las organizaciones narcotraficantes, el gobierno mexicano y los propietarios de las maquilas tienen algún tipo de alianza tácita de conveniencia que asegura la protección de las maquiladoras y sus empleados profesionales—3,400 de los cuales viven en El Paso, tan solo al otro lado del río de Ciudad Juárez, de acuerdo con el informe de REDCO.

Es evidente que el gobierno mexicano, y su clase empresarial, tienen razones para asegurar la protección de la industria maquiladora en los niveles económicos. REDCO informa que en 2008 y 2009 [mientras la guerra contra las drogas escalaba] las inversiones extranjeras directas, debido en gran parte a la industria maquiladora, totalizaban 2 mil millones de dólares en el estado de Chihuahua—la mayoría de los cuales iban hacia Juárez.

Y la industria maquiladora también ayuda a robustecer el corredor comercial hacia el norte, con cerca de 2 mil camiones cruzando diariamente de Juárez a los EEUU, de acuerdo con el reporte de REDCO. Y el comercio se produce, en gran medida, por los trabajadores de la maquila en Ciudad Juárez, a los que se les paga poco dinero al día en salarios—tan solo una fracción de lo que los trabajadores en los EEUU ganan por un trabajo similar.

Parece que los intereses empresariales mexicanos y estadunidenses, así cómo el gobierno mexicano, tienen un considerable interés económico en asegurar que las zonas industriales de las maquilas de Juárez no sean absorbidas por la violenta furia de la, denominada por los medios, guerra de los “cárteles” que afectan las zonas residenciales y otros distritos comerciales de Juárez.

Eso podría explicar por qué, según reportajes en la prensa, en Juárez se han establecido al menos tres zonas de seguridad que son custodiadas por soldados mexicanos que aseguran el tránsito seguro de los ejecutivos de las maquilas desde El Paso hasta las maquilas en Juárez. Además, las zonas industriales de las maquilas, de acuerdo con reportajes en la prensa, están bajo estrecha vigilancia de la policía estatal mexicana así como por los guardias de seguridad privada empleados por las maquilas.

Todo eso tiene sentido, excepto que los mismos policías y militares mexicanos supuestamente debieran brindar protección al resto de Juárez y, hasta la fecha, han fracasado miserablemente, lo que ha resultado en miles de asesinatos—incluyendo homicidios entre sus propias filas debido a enfrentamientos armados y agresiones llevadas a cabo por policías y militares presuntamente en la nómina de organizaciones competidoras del tráfico de drogas.

Pero si se están matando entre sí en cualquier otra parte de la ciudad (y que por alguna razón son incapaces de evitar esos homicidios, secuestros y extorsiones) ¿cómo es posible que estos mismos policías y militares, y sus comandantes estén trabajando juntos con eficacia para esencialmente evitar el crímen en las zonas de las maquilas—en donde, según el informe de REDCO, entre enero de 2008 y junio de 2010 se han reportado solamente 335 crímenes, en su mayoría robos, y sólo un homicidio?

Cayendo por su propio peso

Hay algunas explicaciones que pueden mitigar un poco las cifras de los crímenes—como el hecho de que las zonas industriales tienden a tener menores tasas de criminalidad que otras áreas de la ciudad y, en el caso de las maquilas, la mayoría de los que tienen altos ingresos y que pueden ser objetivos ideales para el crímen suelen vivir al otro lado de la frontera en El Paso.

Pero incluso si tomamos en cuenta estos factores, las cifras de criminalidad, particularmente la tasa de homicidios, en las zonas industriales aún son extremadamente bajas si las comparamos con lo que está pasando en promedio en Juárez—de nuevo, más de 6,200 homicidios en Juárez desde 2008 y sólo uno de ellos en la zona industrial maquiladora.

En cuanto al mito de que el ser un trabajador de los EEUU en México ofrece un cierto nivel elevado de protección, es necesario reconocer que éstos pueden ser, y han sido, objetivos de las organizaciones narcotraficantes, como lo demuestra el asesinato en Juárez de una trabajadora del consulado estadunidense y su esposo a principios de este año. Ambas víctimas fueron seguidas por sicarios y más tarde fueron acribilladas en su vehículo cuando trataban de volver a El Paso.

Y hay evidencias de que los trabajadores de las zonas industriales de Juárez han sido objetivo de los delincuentes. En los años ‘90 y principios de los 2000, cientos de mujeres jóvenes en Juárez, muchas de las cuales eran trabajadoras de las maquilas, fueron secuestradas, muchas brutalmente violadas y torturadas hasta la muerte—sus cuerpos fueron tirados como basura en el campo o a un lado de las carreteras.

Desde entonces, esos espantosos homicidios, claramente ligados a las maquilas, han sido llamados los feminicidios en Juárez.

Lo que sigue es un cable enviado en marzo del 2000 de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México al Departamento de Estado, y que comprueba la relación entre las maquilas y los femincidios. (El cable fue obtenido por el profesor Keith Yearman de la Universidad de DuPage en Glen Ellyn, Illinois, a través de una solicitud mediante la Ley de Información Pública y puede ser encontrado, junto con otros documentos relacionados con los feminicidios en este enlace.)

Sin embargo, lo que está claro es la vulnerabilidad de la clase social en la que la mayoría de los asesinatos han ocurrido. Esas mujeres provienen de un grupo que es física, social y económicamente débil. Y se hacen más vulnerables a través de una formación cultural que refuerza su sentimiento de inferioridad y que resulta en la sumisión. Muchas de estas mujeres se han visto forzadas a migrar a Juárez debido a la pobreza en los estados del sur de los que son originarias. Atraídas por la frontera para trabajar en maquiladoras, deben vivir tanto en las afueras de la ciudad como en los márgenes de la sociedad. [El subrayado es mío.]

Otra posibilidad que ha sido considerada, debido a que las cifras de criminalidad del informe de REDCO provienen del gobierno mexicano, es que las cifras de homicidios han sido reportadas deliberadamente inferiores a las verdaderas para evitar el pánico que pudiera desembocar en un éxodo masivo de las maquilas de la ciudad.

Pero incluso esta explicación parece no encontrar eco, debido a que sería muy difícil mantener en secreto los asesinatos o secuestros de los altos ejecutivos de la industria maquiladora, o niveles altos de criminalidad en las zonas industriales, ya que, este tipo de delincuencia tendría un impacto en las familias de las víctimas, así como también en los intereses empresariales de los EEUU, que están seguidos de cerca por los medios estadunidenses y por el gobierno. Así que es posible que algunos delitos se mantengan alejados del ojo público, pero es altamente improbable que esté de alguna manera cerca del nivel de criminalidad al que se está experimentando y reportando en cualquier otra parte de Juárez.

Así que si eliminamos esos factores—bajos niveles de criminalidad en las zonas industriales, y un alto número de objetivos potenciales de los que se desplazan de El Paso a Juárez, y estadísticas manipuladas sobre criminalidad—como la explicación total de una tasa baja de criminalidad en las zonas maquiladoras de una ciudad considerada una de las más peligrosas del mundo, entonces ¿que podría explicar que las maquilas sean inmunes a la violencia de la guerra contra las drogas en Juárez?

Es la economía estúpido

De acuerdo con varios agentes de la ley y otros expertos legales familiarizados con la escena del narcotráfico en Juárez, y quienes pidieron no ser identificados, la última explicación gira en torno a intereses económicos.

“Probablemente hay mucho dinero detrás de la razón de la relativa seguridad de las maquilas,” dice un agente.

Ese dinero podría llegar en la forma de pago por protección a las organizacones narcotraficantes o a sus operadores gubernamentales [es decir, corruptos agentes de la ley o comandantes militares] para asegurar que los policías y militares encargados de cuidar a las maquilas y a sus ejecutivos realmente lleven a cabo ese trabajo.

“Sería muy fácil mantener los problemas alejados de las maquiladoras, si esa fuera la meta,” explica el agente. “Cada vez que un carro sospechoso se acerca, lo detienes, sacas a sus ocupantes y los revisas.”

No hay evidencia que alguna de las 360 maquilas le pague protección a los grupos criminales para asegurar la seguridad, pero está claro, de acuerdo con el informe de REDCO, que ha habido al menos cinco intentos de extorsión reportados en las zonas industriales maquiladoras en el último año.

Y hay un precedente en otro lugar de Latinoamérica en donde grandes corporaciones pagan protección a organizaciones criminales. En 2007, Chiquita Brands International, pagó una multa de USD$25 millones como parte de un arreglo con el Departamento de Justicia de los EEUU luego de que la compañia aceptara haber pagado al menos 1.7 millones de dólares en protección en siete años a un grupo paramilitar colombiano de ultraderecha que tenía una larga historia de participación en el narcotráfico.

Pero hay otra potencial explicación a la baja criminalidad en las zonas industriales de Juárez.

“La primera cosa que viene a mi mente,” dice otro agente de la ley, “es que los cárteles tienen inversiones en el área, así que quieren proteger esa inversión.”

Eso parecería ser una escandalosa sugerencia para alguien que no está familiarizado con la naturaleza del negocio de las drogas, pero esa posibilidad ha sido abordada por otros, incluso en la prensa.

Este año el Wall Street Journal incluyó en un reportaje una advertencia de un experto en seguridad, Alberto Islas de la Ciudad de México, que sostiene que las organizaciones narcotraficantes tienen la capacidad para infiltrarse en las maquilas al hacer que su gente sea contratada como empleados. Una vez dentro de las maquilas, estos individuos, particularmente si estan en el nivel de supervisores, pueden usar los recursos de la compañia, como bodegas o camiones, para avanzar en sus operaciones de narcotráfico.

Sin embargo, de acuerdo con un grupo de vigilancia al gobierno—el Proyecto de Supervisión al Gobierno (POGO, por sus siglas en inglés), con base en la ciudad de Washington DC—el problema de la corrupción con respecto al comercio en la frontera tiene profundas raíces en el sistema mismo que tan solo unos pocos empleados malintencionados. POGO sugiere que la raíz del problema de la corrupción se deriva de las políticas de libre mercado de los EEUU diseñadas para fomentar el rápido movimiento de mercancías en la frontera.

Mayores críticas, por ejemplo, han sido formuladas por la dependencia en la autoregulación de programas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU como el “C-TPAT”, que permite que compañias del sector privado (incluyendo operadores de maquilas como General Motors, Delphi, Motorola y Visteon, entre otras) supervisen su propia seguridad en los cargamentos. A cambio, a estas compañias aprobadas por C-TPAT se les garantiza la reducción en la inspección de cargas, así como una tramitación acelerada cuando sus envíos son seleccionados para inspección.

La lógica para esos programas es que permite que los agentes fronterizos estadunidenses enfoquen los pocos recursos en el monitoreo del inmenso volúmen de mercancías que son transportados por compañias que no son parte del programa C-TPAT u otro similar.

En los primeros seis meses del año fiscal 2009, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las mercancías transportadas a través de C-TPAT y un programa hermano llamado Importador de Autoevaluación (ISA, por sus siglas en inglés), representaron cerca de la mitad del valor de las importaciones de los EEUU en ese periódo—unos USD$454 billones en mercancía.

El año pasado, en una carta enviada a miembros del Congreso de los EEUU, POGO señaló algunos defectos graves en este modelo de autorregulación.

De la carta de POGO:

...POGO específicamente ha recibido información privilegiada que los importadores que no cumplen con las leyes y reglamentos comerciales están aplicando para ser parte de los programas C-TPAT e ISA.

...Debe señalarse también que un número de compañias C-TPAT han cometido serias violaciones comerciales en el pasado, sin embargo, se les ha otorgado la membresía para C-TPAT e ISA, sin comprobar que sus problemas hayan sido corregidos.

...La adecuación de los programas de autocontrol fue recientemente cuestionado en una audiencia en el Congreso. A principios de diciembre [de 2009], el Senador Mark Pryor (Demócrata por Arkansas) le preguntó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, lo siguiente: “Recientemente ha habido reportajes en los medios que han sido críticos del … programa [C-TPAT], y la esencia de estos reportajes es que algunos traficantes mexicanos de drogas y armas en realidad están usando este programa porque permite que los camiones crucen la frontera más rápido y supongo que con menos seguridad. ¿Está conciente de ello? ¿Está conciente de estos reportajes en los medios? La Secretaria Napolitano respondió que no “estaba al tanto de estos reportajes.” [El subrayado es mío.]

Parece que la Secretaria Napolitano está bien aconsejada para que se tome un tiempo para checar esos reportajes, y dada la naturaleza segura de las zonas industriales maquiladoras en Juárez, puede tener pocas preocupaciones sobre su seguridad personal si acaso comenzara una investigación en esa región fronteriza.

Buenos para el negocio

La realidad es que a pesar de la creciente militarización de la frontera México/EEUU a través de programas como la Iniciativa Mérida (de 1.4 billones de dólares), las drogas continúan fluyendo a través de la frontera.

Esas drogas están siendo transportadas en grandes cantidades en camiones y autos a través de los mismos puentes que se usan para transportar la carga legal llevada por vehículos que sirven a las maquilas de Juárez.

La única manera para saber si un particular carro o camión está llevando mercancías legales o un cargamento ilegal de drogas es revisando el camión o el carro, lo que en la mayoría de los casos en Juárez claramente no se está haciendo debido a la inmensa cantidad de tráfico—al menos 2 mil camiones y 34 carros cruzan de Juárez a El Paso diariamente, de acuerdo con el informe de REDCO.

El resultado neto de este conflicto entre el libre comercio y el comercio ilegal está reflejado en el informe 2010 de la Estrategia Internacional del Control de Narcóticos:

Sin embargo, a pesar del progreso, la corrupción continúa siendo un impedimento para los esfuerzos antinarcóticos en México. Los cárteles combinan la amenaza violenta con promesas de beneficios económicos (“Plata o Plomo”) para influir en la aplicación de la ley y en funcionarios gubernamentales. Su influencia es mayor entre los peor pagados de la policía estatal y municipal, los que históricamente han tenido estándares más bajos de contratación y menos controles para verificar la corrupción. Esto es un gran problema dado que estas organizaciones policiales representan aproximadamente el 90 por ciento de la fuerza policial total en México.

...La producción de metanfetamina se da en laboratorios clandestinos. Las dos áreas del país con la más alta concentración de laboratorios son Michoacán y Jalisco. Mientras es difícil estimar los niveles de producción de la droga, se cree que es grande y va en aumento.

...A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, el cultivo de drogas aumentó considerablemente en 2009, según estimaciones de organismos del gobierno de los EEUU. El cultivo del opio se ha duplicado a 15 mil hectáreas (ha) hasta septiembre de 2009 cuando en 2008 habían 6,900—el nivel más alto de producción estimado en México y en América Latina en conjunto. La producción de cannabis aumentó en 35 por ciento de 8,900 ha en 2008 a 12 mil ha—el nivel más alto desde 1992… México no está considerado como un gran productor de cocaína, a pesar de que las organizaciones del narcotráfico continúan transportando la droga a través del país. [El subrayado es mío.]

Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares en juego en el tráfico de drogas a través de la frontera estadunidense, ¿no debería ser sorpresa para nadie en una posición de poder que las zonas industriales de las maquilas en Juárez esencialmente se han convertido en una “zona segura” dentro de la larga guerra contra las drogas?

Incluso en el improbable escenario de que no haya absolutamente nada de corrupción dentro de la comunidad empresarial de las maquilas en Ciudad Juárez—sin pagos para protección o sin proteger frentes ilegales del narcotráfico—los Estados Unidos y otras corporacones extranjeras que se benefician con la mano de obra barata de las maquilas, el gobierno mexicano que gana con los ingresos fiscales fuera de esas fábricas, y las organizaciones narcotraficantes que encubren el movimiento de mercancías ilegales con el flujo legal de las mercancías de la maquila, parecen tener sus negocios mutuos perfectamente alineados para permitir que ese flujo comercial esté libre de cualquier daño.

En un giro cínico del refrán sobre General Motors, cuando se trata del comercio transfronterizo, parece que lo que es bueno para la industria maquiladora en México es bueno también para la Compañia Narcotraficante del Chapo Guzmán y Cía.

En Juárez, los que mueren están fuera de esa zona protegida.

Permanezcan en sintonía…

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