English | Español | August 15, 2018 | Issue #61 | |||
La Polícia Federal y Militares Arremeten Contra el Sindicato Mexicano de ElectricistasCalderón Usa 6,000 Agentes Federales para Despedir a más de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del CentroPor Kristin Bricker
|
Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas protestan el despido sumario de 44,000 miembros. D.R. 2009 La Jornada |
La justificación oficial del gobierno para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, es que los gastos operativos exceden los de otras compañias paraestatales. De igual forma, afirma que el uso de la policía federal militarizada fue un ataque preventivo: quería prevenir que los trabajadores fueran a huelga, tomaran control de las instalaciones, y cortaran el suministro de energía en protesta por el cierre de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, una semana antes de la toma de las instalaciones por la policía y los militares, el sindicato había especificado en un comunicado de prensa que no tenía intenciones de atacar ni cortar el suministro de energía a los consumidores.
Sin embargo, en un análisis sobre temas y noticias laborales de México Dan La Botz tiene una perspectiva distinta en las intenciones del gobierno:
Esta amenaza actual es la última en la serie de ataques contra el sindicato por parte del gobierno de Felipe Calderón. La administración de Calderón, que lleva tres años tratando de destruir al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM), ha abierto ahora un nuevo frente en su guerra contra la clase trabajadora. En septiembre ese gobierno, lanzó un ataque multifacético destinado a destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que ha estado en el centro de la resistencia a sus programas neoliberales.El ataque del gobierno tiene distintos elementos. Primero, el gobierno esta apoyando a la pequeña fracción disidente dentro del sindicato, usando eso como una oportunidad para inmiscuirse en la vida interna del sindicato con el objetivo de romper su liderazgo militante. Segundo, el gobierno, quien es también el empleador, ha reducido el presupuesto para la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC). Tercero, el gobierno está llamando también para un cambio en la administración de la compañia, y para una completa reestructuración de la misma.
La Botz afirma, también, que el gobierno mexicano negó reconocer oficialmente al secretario del sindicato, Martín Esparza Flores, luego de su reciente reelección. Según La Botz:
En la práctica, estos procedimientos administrativos (que no se encuentran en ninguna parte de la legislación laboral mexicana) son usados en contra de sindicatos independientes o democráticos que se oponen a las políticas gubernamentales, y casi nunca en contra de aquellos respaldados o controlados por el gobierno, o contra sindicatos gangsteriles. Sin el reconocimiento o aprobación gubernamental, los funcionarios sindicales no pueden participar en negociaciones colectivas ni en otras actividades sindicales, dejando al sindicato oficialmente sin líder.
Con Luz y Fuerza oficialmente inexistente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del gobierno, ha anunciado que enviará a miles de sus empleados a que operen Luz y Fuerza, en lo que ésta es absorbida totalmente por la CFE. Antes de la toma, Luz y Fuerza dirigía las operaciones de electricidad en el centro de México: en la Ciudad de México y los estados de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. La CFE maneja la electricidad del resto del país.
La Botz afirma que el control de la CFE significa que los 44,000 trabajadores independientes y democráticos del SME serán reemplazados por el sindicato controlado por el gobierno: Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que representa a los trabajadores de la CFE. En México, los sindicatos controlados por el gobierno o sindicatos charros son la norma, los sindicatos democráticos e independientes son una rareza.
En un artículo escrito poco antes de la toma militar y policiaca de Luz y Fuerza, La Botz escribió:
El gobierno de Calderón tiene dos motivos para su ataque al SME. Primero, trata de romper al SME porque ha sido el centro de muchos movimientos que resisten al gobierno de Calderón, a sus políticas neoliberales, y particularmente a sus planes de privatizar las industrias petrolera y eléctrica. Segundo, Calderón quiere específicamente privatizar la industria eléctrica, incluyendo Luz y Fuerza del Centro, y para eso es necesario terminar con el poder del SME.
Mientras los funcionarios del gobierno han prometido que no se aprovecharán de la toma de Luz y Fuerza para privatizar el sector energético, la trayectoria política del gobierno de Calderón afirma lo contrario.
La Policía Federal ocupa las instalaciones de Luz y Fuerza. D.R. 2009 La Jornada |
De hecho, a pesar de la presentación de la iniciativa del ASPAN, los intereses de energía norteamericanos se reunieron durante el verano para desarrollar corredores de energía regionales que incrementen el flujo de energía de los países vecinos hacia los Estados Unidos.
La visión en torno a la administración energética del ASPAN es bastante clara. Según la “Agenda para la Prosperidad” de la ASPAN, con el fin de “facilitar los negocios”, Estados Unidos, México y Canadá deben “fortalecer los mercados de energéticos de América del Norte colaborando, con apego a nuestros respectivos marcos jurídicos, en el incremento de la oferta confiable de energía para satisfacer las necesidades de la región y de su desarrollo. De acuerdo al ASPAN, la energía, en vez de ser usada para el desarrollo humano (llevando electricidad al hogar de cada ciudadano, por ejemplo), debe aumentar la prosperidad del sector empresarial. La energía es una mercancía no un recurso natural.
El Consejo para la Competitividad de América del Norte (NACC por sus siglas en inglés), que coordinó los grupos de trabajo del ASPAN, nombró una de sus principales preocupaciones energéticas en sus recomendaciones iniciales. El NACC, que se compone por un número igual de representantes del sector privado de los Estados Unidos, Canadá y México, escribió: “La prosperidad de los Estados Unidos depende en gran medida de un seguro suministro de energía importada.”
¿Qué es lo que la agenda energética de América del Norte significa para México? En México, un sector significativo de la población no tiene electricidad ni otros servicios básicos en sus hogares. Comunidades enteras carecen del servicio eléctrico. Algunas de las comunidades indígenas más pobres de México pagan los índices más altos de electricidad en el subcontinente norteamericano.
A pesar de que el sector eléctrico no ha alcanzado su nivel básico de funcionalidad en el ámbito interno (electricidad para cada ciudadano), los líderes mexicanos han decidido entrar en acuerdos regionales como el Plan Puebla Panamá (ahora el Proyecto Mesoamericano) y el ASPAN, cuyo objetivo es aumentar los flujos de energía hacia los Estados Unidos, y no viceversa.
El sector energético en México, en su estructura actual, se opone frontalmente a la Agenda para la Prosperidad del ASPAN. Las compañias de energía en México son propiedad del Estado. Algunos sindicatos del sector energético, como el sindicato de trabajadores de PEMEX y el SME, se han opuesto activamente a la futura privatización de los recursos energéticos del país, que es considerado un objetivo del ASPAN. La Botz apunta que el SME formó el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización. Por otra parte, Pemex, recientemente sobrevivió (mas o menos) a una iniciativa de Calderón para privatizar el sector petrolero mexicano.
La invasión de Calderón, la noche del sábado, a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en la capital y en otros cuatro estados, es una reminiscencia de otras recientes operaciones policiaco-militares en contra de los cárteles de la droga. Desde que Calderón desplegara 40,000 soldados y miles de policías federales militarizados en las calles, un sello distintivo de las operaciones de la campaña ha sido la toma repentina de las estaciones de policía de los poblados y ciudades donde se cree que las organizaciones del tráfico de drogas han corrompido a las fuerzas de policía enteras. En estas operaciones, soldados y policías federales rodean una estación de policía, relevan a los agentes de la policía local de sus funciones, y ocupan el edificio. Cuando 6,000 soldados y policías federales invadieron repentinamente los edificios de Luz y Fuerza del Centro y luego los ocuparan para prevenir que los trabajadores los retomaran, uno pensaría que Luz y Fuerza era la base de operaciones de un cártel de drogas. Pero no lo era.
México se está militarizando cada vez más con el pretexto proporcionado por la guerra contra las drogas. En consecuencia, los ciudadanos meixcanos se están insensibilizando ante tales flagrantes manifestaciones de poder militar del Estado en el ámbito civil. La Constitución Mexicana prohíbe expresamente el uso de los militares en tiempos de paz; sin embargo, ésta no fue una de las principales críticas en la operación contra Luz y Fuerza. Los mexicanos consultados por esta periodista se quejaron de que la operación fue un duro golpe a los sindicatos democráticos del país, así como un paso a la privatización del sector energético. Cuando esta periodista comentó sobre la barbarie de desplegar a los militares y a la policía antidisturbios contra un sindicato civil—uno que ni siquiera estaba en huelga, como si fuera necesario para justificar la represión—la respuesta fue: “Tienes razón, no lo había considerado.”
En México, el uso de los militares y de la Policía Federal—que recibe entrenamiento militar—en contra de sindicatos es bastante común. El Ejército y la Policía Federal (antes conocida como Policía Federal Preventiva o PFP) han sido desplegados en contra de mineros y profesores en huelga. Asimismo, en 2006, la Policía Federal reprimió violentamente conflictos sociales en Oaxaca y Atenco, los cuales tienen sus raíces en conflictos laborales.
Tanto el Ejército Mexicano como la Policía Federal reciben entrenamiento, equipo y armamento del gobierno de los Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida está diseñada en parte, para llevar a cabo la “Agenda de Seguridad” de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.
Haz click aquí para más del Otro Periodismo con la Otra Campaña