Primicias sobre el Plan México

La administración del presidente George W. Bush ha colocado su propuesta para militarizar México en la Ley de Gastos Suplementarios de Irak y que fue aprobada parcialmente a fines de mayo

Por Laura Carlsen
Especial para The Narco News Bulletin

1 de junio 2008

El 22 de octubre de 2007 el Presidente Bush anunció la “Iniciativa Mérida”, un paquete de asistencia para la seguridad con un costo de 1,400 millones de dólares. La iniciativa contiene fallas fatales en su estrategia; en vez de estimular una relación bilateral estable así como comunidades fronterizas pacíficas, su enfoque militar provocará un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico y abusos contra los derechos humanos.

México y los Estados Unidos enfrentan un reto conjunto para reducir el crimen organizado transnacional y deben colaborar para fortalecer el estado de derecho y detener el tráfico ilegal de armas y drogas en ambos lados de la frontera. Esta política equivocada no cumplirá las metas planteadas y será un gran derroche de recursos de los contribuyentes. Asimismo perjudicará las relaciones Estados Unidos con México y pondrá en riesgo la estabilidad de este último país.

En mayo la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos aprobaron la iniciativa, conocida como “Plan México”. La solicitud de fondos fue incluida dentro de una ley de recursos extraordinarios para Irak y fue anunciado como un esfuerzo sin precedentes para luchar en contra del creciente fenómeno del narcotráfico y la violencia relacionada con el crimen organizado en México. Pero la “Iniciativa para la Seguridad y la Cooperación Regional” va más allá que su objetivo formal de detener el flujo de drogas ilegales; reestructurará la relación binacional entre México y los Estados Unidos, reformulará problemas económicos y sociales como asuntos de seguridad, y militarizará la sociedad mexicana.

Casi la mitad del paquete asistencial será invertido en el ejército mexicano y las fuerzas policiales acusadas de múltiples y documentadas e impunes violaciones a los derechos. No se destinarán recursos para el tratamiento de las adicciones, tampoco en programas de reducción de daños en los dos países y el colosal paquete de “cooperación” omite por completo los serios problemas existentes dentro de los Estados Unidos, como el ingreso de drogas ilegales, su amplia comercialización y consumo, el tráfico fronterizo de armas y el lavado de dinero.

La propuesta colocará la relación bilateral que los Estados Unidos mantiene con uno de sus aliados más estratégicos en el ámbito de vagas definiciones sobre seguridad pública. La iniciativa dispone un enorme incremento de recursos económicos a México, pero no dedica fondos para enfrentar frontalmente la brecha de la pobreza entre los dos países y las necesidades de desarrollo de nuestro vecino sureño.

Para iniciar un debate público sobre los peligros que implica el Plan México, primero es importante entender sobre qué trata.

¿Qué es el Plan México?

El “Plan México” o la “Iniciativa Mérida” fue presentada después de meses de especulaciones y negociaciones a puerta cerrada como una “Iniciativa para la seguridad y la cooperación regional”, con duración de tres años y 1,400 millones de dólares. Los miembros del Congreso se quejaron de inmediato porque la administración Bush no proporcionó información a los integrantes del comité hasta después de finalizar la negociación.

La solicitud de quinientos millones de dólares para el año fiscal 2008 ha sido anexada a la Ley de apropiación suplementaria para Irak que fue aprobada parcialmente por el Congreso hace algunos días. En la versión de la Cámara, Cincuenta millones están etiquetados para Centroamérica y los 500 millones de dólares irá hacia México, principalmente para el equipamiento y entrenamiento del ejército y la policía.

Aunque la propuesta no ha sido presentada al público de Estados Unidos o México, documentos filtrados ^[1] revelan la lógica y la naturaleza militarista del “Plan México”. En la categoría de “Lucha antinarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza” la iniciativa original asignará $205.5 millones a las fuerzas armadas de México. Casi el 40 por ciento de todo el paquete beneficiará a empresas armamentistas para la adquisición de ocho helicópteros Bell (a trece millones cada uno, incluido el entrenamiento, mantenimiento y equipo especial) para la Armada de México y dos aviones de patrullaje marítimo CASA 235 (a cincuenta millones cada uno, incluido el mantenimiento) para la Marina del país.

La mayor parte de los 132.5 millones dirigidos a las agencias de procuración de justicia mexicanas también irá a parar a los bolsillos de las compañías para la compra de equipo de seguridad, entrenamiento, vigilancia e inspección. La Policía Federal Preventiva recibirá la mayoría de los fondos, mientras que Aduanas, Migración y Telecomunicaciones recibirán el resto. El sobrante para 2008 está catalogado como “Estado de derecho” para la Procuraduría General de la República y el sistema de justicia penal. Estos recursos serán invertidos en programas de cómputo y entrenamiento para el seguimiento de casos y centralización de información. La iniciativa le otorgará 12.9 millones al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)) —agencia con una larga historia de abuso de los derechos humanos y libertades civiles—para investigaciones, equipo forense y contraterrorismo. Otra dependencia beneficiada será el Instituto Nacional de Migración para conformar una base de datos sobre migrantes. El gobierno de los Estados Unidos se quedará con 37 millones para cubrir gastos administrativos.

El presupuesto presentado para 2009 se estima en 450 millones de dólares para México bajo los mismos rubros, con una considerable cantidad dirigida a la policía bajo el supuesto de que, para entonces, la célebre corrupción de dichas instituciones haya sido parcialmente remediada; una meta de difícil consecución. De ese dinero corresponden 120 millones para las fuerzas armadas y 252 millones para la policía y otros organismos de seguridad.

Todos los programas tienen como objetivos la interrupción de la oferta, procuración de justicia y vigilancia –incluyendo espionaje interno- de acuerdo al modelo de la “guerra contra las drogas” desarrollado a principios de los setentas en los Estados Unidos durante la administración del entonces presidente Richard Nixon. ^[2] Este modelo militar ha resultado ser inefectivo para eliminar el tráfico ilegal de drogas y reducir el impacto del crimen organizado; en cambio, está íntimamente relacionado con una mayor violencia, inestabilidad y poderes presidenciales autoritarios.

La Conexión TLCAN

La Iniciativa Mérida recibió su nombre por la reunión celebrada en marzo de 2007 entre los presidentes George W. Bush y Felipe Calderon en la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán. La historia oficial afirma que el presidente Calderón, comprometido con la “guerra contra las drogas” y apoyado en el uso del ejército para interceptar el tráfico de sustancias, solicitó en dicha reunión asistencia económica a los Estados Unidos. Después de negociar los detalles, el gobierno estadounidense dio su visto bueno y centró su atención en los esfuerzos antinarcóticos. En octubre de ese año, meses antes de anunciar el paquete, los dos gobiernos ordenaron estudios y presentaron estadísticas para apoyar una tesis contradictoria: el tráfico de drogas y la violencia en México habían alcanzado un punto de crisis, por lo tanto, la ofensiva de Calderón contra los cárteles de la droga estaba funcionando.

Sin embargo, esta no es la verdadera historia de los orígenes del plan. La idea de la administración Bush sobre una estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica data desde la creación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (ASPAN), una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). ^[3] Cuando los tres líderes de la región (George W. Bush, Paul Martin y Vicente Fox) se reunieron en Waco, Texas, en marzo de 2005, para echar a andar un proceso de negociaciones secretas entre los miembros de los poderes ejecutivos y los representantes de grandes corporaciones y así echar a andar intercambios comerciales fronterizos y crear un perímetro de seguridad conjunto. Reuniones posteriores como el encuentro trilateral en Nuevo Orleáns ^[4], en abril de 2008, ampliaron estas metas ante las críticas de la opinión pública.

A través del ASPAN la administración de Bush busca presionar a sus socios comerciales de Norteamérica para integrar un frente común y proteger a los Estados Unidos contra amenazas terroristas; también pretende promover y defender el modelo de intercambio comercial y el control global de Estados Unidos.

La cooperación internacional para enfrentar el terrorismo es respetable y necesaria, pero la estrategia de seguridad nacional de Bush ^[5] implica una violación grave a la soberanía nacional de los países socios, representa un riesgo potencial de sufrir un ataque al mantener alianzas con Estados Unidos y constituye una amenaza a las garantías individuales de los ciudadanos de los tres países. Aún más, el modelo contraterrorista, ejemplificado por la invasión a Irak, ha fomentado la inestabilidad y las actividades terroristas en todo el mundo. Extender el concepto de integración norteamericana a los asuntos de seguridad nacional por medio de mecanismos de como la ASP ha dado lugar a serios cuestionamientos sobre cómo se define la seguridad y quién está encargado de hacerlo.

Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, confirmó estas dudas durante un discurso sin rodeos, el 8 de abril pasado, cuando dijo que el ASPAN “entiende a Norteamérica como un espacio económico común y como un espacio económico común que debemos proteger, y debemos comprender que si no resguardamos esta área compartida más allá de nuestras fronteras debemos hacerlo con amplitud a través de toda Norteamérica. Hemos trabajado por medio de la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad para mejorar nuestras relaciones comerciales y de libre mercado, también hemos trabajado para mejorar nuestra cooperación para la seguridad. Hasta cierto punto, estamos blindando el TLCAN”. ^[6]

El ASPAN pretende imponer políticas sin consensos y sin debates previos por el público o los congresos. Grupos de ciudadanos en los tres países han exigido un alto a las pláticas del ASPAN por la falta de representación en temas laborales, ambientales, participación ciudadana y de rendición de cuentas. El concepto de seguridad para la administración Bush al emplear al ejército en vez optar por la diplomacia y la seguridad inspirada en políticas sociales, ha sido puesto en duda en los Estados Unidos y rechazado por la gran mayoría de canadienses y mexicanos. Bajo esta perspectiva, en vez de analizar las políticas y abrirlas al debate público, la Casa Blanca lanzó su iniciativa más ambiciosa hasta la fecha: El Plan México. Sería anunciado en agosto de 2007 durante la reunión del ASPAN en Montebello, pero es probable que por la presencia de manifestantes el presidente George W. Bush retrasó la presentación oficial de la Iniciativa Mérida durante varios meses. Sin embargo, durante las últimas dos reuniones del ASPAN se ha discutido el Plan México y el Departamento de Estado ha sido claro sobre esta relación.

Es importante comprender las raíces del Plan México en la agenda de integración de Washington. El plan tiene implicaciones que van más allá de un programa de ayuda temporal para luchar contra los cárteles de la droga. Reestructurará los fundamentos de la cooperación bilateral; se dará atención permanente a los aspectos militares sobre la tan necesitada asistencia para el desarrollo, modificación de políticas perjudiciales y acuerdos comerciales. La gran visión del ASPAN es más que una guerra conjunta contra las drogas, ya que pone los cimientos de una serie de enfoques fallidos relativos a la migración, la militarización de las fronteras, la integración económica, los ataques contra las garantías fundamentales y la intromisión de fuerzas policiales en ámbitos sociales y en la diplomacia internacional. La saliente administración Bush ha buscado el apoyo de dos aliados económicamente dependientes para asegurar la permanencia de sus legados bajo una presidencia demócrata en Estados Unidos. ^[7]

¿Por qué es malo el Plan México?

El Plan México representa una lógica de confrontación que será criticada en los siguientes once puntos:

1) El modelo de la “guerra contra las drogas” no funciona.

México tiene serios problemas con el tráfico ilegal de drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico. Y existe más de una solución. La Iniciativa Mérida parte de una equivocada premisa: la interdicción y las estrategias policiales evitarán el tráfico de drogas en la frontera. Muchos estudios demostraron que el tratamiento y la rehabilitación son 20 veces más efectivos para disminuir el narcotráfico.^[8] Pero la Iniciativa Mérida no destina ni un centavo ^[9] para tratamiento y rehabilitación en ambos países. Recientemente la administración Bush redujo el presupuesto para los programas de tratamiento y prevención, en clara contradicción con el objetivo declarado de reducir el tráfico binacional de drogas. Este enfoque va en la dirección incorrecta. El modelo de reducción de la oferta es inefectivo por una sencilla razón: donde hay un comprador siempre habrá un vendedor. Como se trata de un mercado negro, el vendedor es miembro del crimen organizado y su propósito es obtener una enorme ganancia libre de impuestos.

Para el Congreso la experiencia del Plan Colombia revela los abismos existentes en el Plan México. El Plan Colombia es un paquete de ayuda militar diseñado para la lucha contra las drogas. Desde su puesta en marcha, en el año 2000, sólo ha ayudado a consolidar la guerra y la corrupción en este país sudamericano y ha fallado para reducir los flujos de drogas hacia Estados Unidos.

En siete años del Plan Colombia la Casa Blanca ha gastado cerca de seis mil millones de dólares supuestamente para librar la guerra contra las drogas; el 76 por ciento se ha ido hacia el ejército colombiano y los resultados son bien conocidos: Colombia se mantiene como el principal proveedor de cocaína al mercado estadounidense, el precio del alcaloide ha disminuido y su pureza ha aumentado. A pesar de múltiples campañas de fumigación devastadoras para el medio ambiente existen numerosos estudios que demuestran cómo las áreas de siembra de coca han aumentado o se han mantenido constantes. Ante los decomisos los cárteles de la droga han empleado equipos más sofisticados y una mejor organización, así como relaciones cercanas con los cárteles mexicanos. Una ruta nueva se abre cuando se cierra una usada; nacen nuevos barones de la droga cuando los viejos líderes son encarcelados o asesinados.

Además de fracasar para detener la producción, el procesamiento y el tráfico de cocaína, el Plan Colombia se ha traducido en ayuda para el gobierno derechista colombiano en la guerra contra la insurgencia guerrillera de izquierda. La participación del gobierno de los Estados Unidos en labores de contrainsurgencia fue autorizada el año 2003, cuando se amplió la estructura del Plan Colombia y se permitió el apoyo militar en distintas actividades antinarcóticos, echando abajo restricciones previas. El periodista Frank Smyth escribió que, como resultado, en 2001 Colombia había rebasado a El Salvador en la iniciativa de contrainsurgencia más amplia de Estados Unidos desde la guerra de Viet Nam. ^[10]

Con la llegada de dinero y armas a las fuerzas armadas colombianas, las violaciones de los derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y los asesinatos de civiles han sido tan recurrentes que alarman hasta los partidarios del Plan Colombia. En una reciente autorización de fondos para el plan la Cámara de Representantes aprobó reducir la asistencia militar y las fumigaciones, condicionando los recursos al respeto de los derechos humanos. Los fondos destinados al gobierno colombiano siguen siendo enormes y esencialmente militares, y ante el probable fracaso del tratado de libre comercio con este país, la iniciativa representa un mínimo reconocimiento del Congreso de que el modelo de la guerra contra el narcotráfico no está dando los resultados esperados. Un usuario de drogas tiene la misma o mayor posibilidad de obtener cocaína mucho más barata y potente en las calles de Estados Unidos. ^[11] Colombia sigue siendo la primera fuente del alcaloide al mercado estadounidense. Cerca de 300,000 personas han sido desplazadas de sus comunidades por culpa de grupos paramilitares responsables del 80% de las violaciones a los derechos humanos. La nación sudamericana se ha convertido en una sociedad militarizada atrapada en la violencia destructiva.

Este caso debería ser analizado con detenimiento antes de volver a aplicar un modelo fallido con serios efectos secundarios para el tejido social de una nación aliada. Aunque México es un país muy diferente –no sufre guerra civil o una extendida actividad de la guerrilla- vale la pena considerar las muchas lecciones del Plan Colombia ante la posible aplicación del Plan México. El fracaso del modelo de lucha contra el narco en Colombia y Afganistán debería estimular una actitud cautelosa cuando se intenta aplicar en otros países, especialmente en uno tan cercano geográfica y económicamente como México.

2) Proveer equipo y recursos a las fuerzas de seguridad mexicanas ante un escenario de corrupción e impunidad sólo profundizará los problemas, socavará el papel de la sociedad civil para reformarse a sí misma e inhibirá la construcción de instituciones democráticas.

Por desgracia, es muy frecuente que las fuerzas de seguridad mexicanas contribuyan a empeorar el problema que a solucionarlo. El reporte del Departamento de Estado en el año 2007 sobre violaciones a los derechos humanos ^[12] en México afirma, “la corrupción sigue siendo problemática por los muchos policías involucrados en secuestros, extorsiones, por otorgar protección o actuar a favor del crimen organizado y los traficantes de drogas. La impunidad está tan extendida al grado que las víctimas a menudo se niegan a denunciar los delitos”.

Altos mandos de las fuerzas de seguridad mexicanas de todos los niveles mantienen vínculos estrechos con narcotraficantes y están a su servicio en varios estados del país. Tradicionalmente el ejército se ha mantenido independiente de esta dinámica pero su despliegue en el país con motivo de la guerra contra las drogas lo pone en riesgo de ser penetrado por el narco y provocar violaciones a los derechos humanos. Desertores de las fuerzas armadas, alrededor de 17,000 sólo el año pasado, han recibido entrenamiento antinarcóticos y emplean en estos conocimientos para ayudar a los acaudalados cárteles de la droga. Los infames Zetas (una red de traficantes integrada por agentes militares y policiales) son ilustrativos acerca del potencial mortal de los grupos armados trabajando para los grandes capos.

El equipo militar termina en manos de las organizaciones criminales. La Oficina para el Control del Tabaco y Armas de Fuego reporta que 90% del armamento decomisado a la delincuencia mexicana proviene de los Estados Unidos; un gran número pertenece al ejército de Estados Unidos. ^[13] El senador Alfonso Sánchez Anaya informó al congreso mexicano sobre la circulación de quince millones de armas ilegalmente en México. ^[14] Mientras que una investigación en Irak reveló la existencia de miles de armas “perdidas” que se piensa están en manos de la insurgencia y los delincuentes. El mercado negro armamentista está en pleno auge. Ante esta situación, es inevitable que el equipamiento estadounidense termine en malas manos.

El plan busca convertir a la ciudadanía en un protectorado de las fuerzas armadas, excluyendo programas de prevención comunitaria, de prevención y tratamiento de adictos, iniciativas de vigilancia vecinal y otras medidas que estimulan un papel más activo de la sociedad civil. La redefinición de la criminalidad como una amenaza a la seguridad nacional también se aparta del dominio de la comunidad.

No se trata de satanizar a las fuerzas armadas, a las policías o al gobierno mexicano. Muchos individuos honestos y valientes pueden ser encontrados entre sus filas, y algunos dieron su vida para combatir la corrupción. No obstante, en algunos hay una mentalidad de golpeteo contra México en vez de serias preocupaciones por los retos que enfrenta. Tal es el caso de las declaraciones extremistas del diputado Tom Tancredo, el 8 de noviembre de 2007: “El grado de corrupción dentro del gobierno y el ejército es tan grande que es difícil distinguir donde termina el gobierno y donde comienzan los cárteles”. La misión de la política binacional de los Estados Unidos es apoyar medidas efectivas para eliminar la corrupción y acabar con la impunidad, junto al desarrollo de mecanismos de cooperación para combatir al crimen transnacional.

Dotar de armas, equipo militar, capacidad de espionaje, vigilancia y entrenamiento a las fuerzas de seguridad con un amplio historial de abusos, refrendados por el sistema judicial que se ha negado o no ha podido investigarlos, equivale a rociar gasolina sobre las llamas. Ignorar las causas primigenias de la actividad criminal y la demanda del mercado podría hacer que la ayuda militar fortalezca a la delincuencia y alimente a la corrupción.

3) El Plan México fomenta la militarización de la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales.

El modelo para enfrentar el tráfico, la venta y el consumo de drogas con medios militares agrava la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas son débiles se podría obstaculizar la transición hacia la democracia.

La ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, advirtió acerca de la actuación del ejército en las calles durante su última visita a México. “Entiendo que haya algunos que afirmen en ocasiones especiales la necesidad de recurrir a una fuerza más poderosa como el ejército, pero me parece que a largo plazo es muy peligroso”, comentó la funcionaria a la cadena Televisa. “El ejército no debe de hacer el trabajo de la policía”. ^[15]

El general José Francisco Gallardo, especialista constitucional encarcelado por sus denuncias y activista a favor de mayores garantías al respeto de los derechos humanos de las fuerzas castrenses, declaró, “lo que debería hacerse aquí es organizar una policía federal que lleve a cabo esas funciones y no dependa de los militares… la presencia de la Armada en asuntos que no están bajo su jurisdicción relega las facultades constitucionales de la autoridad federal, estatal y municipal, y va en contra del artículo 21 de la Constitución”. ^[16]

Cuando se le preguntó si la estrategia de Calderón para militarizar la guerra contra las drogas podría provocar el regreso de la “guerra sucia” de los setentas, Gallardo (de joven soldado fue de los pocos miembros de las fuerzas armadas protestó por las torturas y los asesinatos comunes en dicho período) le dijo a esta reportera, “ya estamos experimentando un regreso a la guerra sucia”.^[17] Citó la práctica generalizada de torturas y detenciones arbitrarias como pruebas de la violación sistemática de los derechos humanos en el México contemporáneo.

En 2007 un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ^[18] recomendó el retiro gradual del ejército de la guerra contra el narco.

Militarizar a la sociedad con la participación del ejército en actividades que extralimitan su mandato constitucional es una amenaza para la democracia. Es bien sabido que en Latinoamérica la militarización provocada por la Guerra Fría, así como sus efectos sobre la sociedad y la ideología, abrió camino a las dictaduras militares asesinas de civiles y retrasó el proceso democratizador durante décadas. Una consecuencia de la participación de los militares en asuntos de seguridad pública es la emergencia de fuerzas paramilitares como sucedió en Colombia. En México los grupos paramilitares atacan las comunidades zapatistas en el sureño estado de Chiapas. ^[19] Desde el año 2006 estas organizaciones han sido usadas en el estado de Oaxaca para reprimir los movimientos sociales e indígenas. Es muy probable que ante una mayor involucramiento de los militares en la sociedad mexicana se estimule la actividad de estos grupos.

Los gobiernos de México y Estados Unidos niegan con diligencia que el plan autorice el despliegue de tropas estadunidenses en suelo mexicano. Una diferencia importante entre la versión doméstica de la guerra contra las drogas y la aplicada por la Casa Blanca en otros países ha sido el uso del ejército. En los inicios del modelo de guerra contra el narco se presentaron ciertas condiciones que descartaron el empleo de las fuerzas armadas: un excesivo despliegue militar en Viet Nam, el impopular sistema de reclutamiento obligatorio, las adicciones entre las tropas y limitaciones constitucionales. La versión de exportación incluye tanto al ejército estadounidense como al de cada país; el Plan Colombia permitió el la participación de soldados norteamericanos en suelo colombiano, pero el Congreso ha restringido su número. En los últimos años se presentó un desgaste militar parecido al de Viet Nam debido a la guerra en Irak, lo que ha impuesto restricciones a la utilización de soldados estadounidenses. No obstante, el despliegue de estos contingentes no puede ser la única medida para militarizar o para evaluar la iniciativa de cooperación y seguridad regional. La guerra contra las drogas en Latinoamérica ha sido librada por mercenarios de la iniciativa privada o por ejércitos nacionales entrenados por las instituciones castrenses de Washington. Por estas razones el Plan México sigue esta estrategia para no despertar los sentimientos de irritación de los mexicanos por una invasión a su soberanía. La actuación del ejército nacional podría ser más peligrosa para los ciudadanos que la presencia de tropas extranjeras en su territorio si se capacita a los militares para pelear dentro de sus propias fronteras o si se envían compañías privadas como Blackwater.

Para colmo, no existen mecanismos de rendición de cuentas. Sin sistemas de pesos y contrapesos el Plan México podría contribuir a la creación de un estado policial en nuestro vecino país; un riesgo especialmente para las mujeres. Las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en casos de violaciones y agresiones sexuales en Atenco, Oaxaca, Veracruz y Coahuila.

4) La iniciativa expande los poderes del presidente en México alterando un delicado equilibrio de poderes. El modelo de la guerra contra las drogas siempre ha pretendido lograr un objetivo silencioso: fortalecer al poder ejecutivo sin contrapesos efectivos o sin transparencia informativa, despojando facultades de otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos. ^[20]

Desde su controvertida elección por menos de un punto porcentual en las elecciones de 2006 y acusaciones de irregularidades reconocidas de forma parcial por la autoridad electoral, el presidente Felipe Calderón enfrenta el reto de consolidar su mandato. Las políticas de los Estados Unidos deberían favorecer procesos de reconciliación política y no la dependencia en las fuerzas armadas para magnificar los poderes presidenciales. Cuando Calderón tomó posesión construyó con celeridad una imagen de fortaleza mediante el uso de las armas. Ordenó el despliegue de 24,000 tropas del ejército mexicano en ciudades y pueblos y formó un cuerpo de fuerzas especiales bajo su mando. El mensaje de una presidencia débil reforzada con una fuerte alianza con los militares sigue resonando en la ciudadanía mexicana. Mientras unos piensan que es la única forma para ataca la inseguridad pública, otros han criticado ^[21] el trasfondo represivo, el peligro de volver al presidencialismo, más violaciones a los derechos humanos y amenazas contra las instituciones democráticas civiles.

Para la administración Bush el modelo de la guerra contra las drogas es útil para asegurar las políticas económicas a favor de las corporaciones y fortalecer la influencia militar en la región. Cuando Estados Unidos exporta la guerra contra el narcotráfico esta se vuelve una herramienta poderosa para intervenir y presionar a otras naciones para adoptar los objetivos de seguridad nacional estadounidenses. Este policía global apuntala la dependencia en el ejército de las barras y las estrellas, en los servicios de inteligencia, militarizando la diplomacia. El Pentágono encabeza la política exterior y marca su distancia del derecho internacional y la diplomacia.

5) La guerra contra las drogas es un modelo que invariablemente se extiende a reprimir la oposición política en los países en que ha sido aplicada; borra las líneas divisorias entre la lucha contra el narco, el terrorismo y los opositores políticos. Un informe del año 2004 concluye que, “muy a menudo en Latinoamérica, cuando los ejércitos centran su atención sobre los enemigos internos, la definición de éste incluye a los rivales políticos del régimen en el poder, aún aquellos que trabajan dentro del sistema político como activistas, periodistas independientes, sindicalistas o líderes de la oposición”.^[22]

La persecución de la disidencia ha sido rigurosamente documentada durante muchas décadas de la historia mexicana hasta estos días. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) redactó en sus conclusiones preliminares, después de una visita a México en febrero de 2008: “Se han presentado un amplio número de detenciones arbitrarias contra integrantes de movimientos sociales; en ocasiones han sido arrestados sus familiares por su relación de parentesco. Las torturas y las lesiones físicas son comunes para quienes fueron consignados. A menudo se emplean pruebas falsas para justificar las detenciones…” ^[23]

Los periodistas que reportan sobre la violencia relacionada con el Estado o con los cárteles de la droga también han sido víctimas del silenciamiento selectivo. El Comité para la Protección de Periodistas colocó a México en el décimo lugar mundial del “índice de impunidad”. Colombia, después de una década aplicar gustosa las recetas dictadas por el Plan Colombia para imponer la ley, ocupa el cuarto lugar en el índice de asesinatos impunes de periodistas. ^[24]

6) La Iniciativa Mérida copia descaradamente el modelo contraterrorista de Bush y pone en serio riesgo las instituciones democráticas y los derechos humanos de México, donde el riesgo del terrorismo internacional es casi inexistente.

Las medidas contraterroristas incluidas en el Plan México ignoran el hecho de que las amenazas para ese país y las enfrentadas por Estados Unidos no son del mismo tamaño ni de la misma naturaleza. Tampoco son parecidos los ambientes políticos. México aún se encuentra saliendo de un dominio autoritario con muchas instituciones y prácticas antidemocráticas y con mayores señales de volver a la impunidad y al dominio de los líderes políticos.

Obligar a México a adoptar medidas urgentes contra el terrorismo tales como el espionaje interno, la intercepción de líneas telefónicas o los cateos sin orden judicial propuestos en la ley “Ley Gestapo” (como es conocida por los medios de comunicación mexicanos) por el gobierno de Calderón, y cuyas disposiciones fueron retiradas en parte por la presión del público, así como la equiparación de la protesta social con las actividades delincuenciales, podría socavar las frágiles garantías individuales y las instituciones democráticas. La Iniciativa Mérida incluye fondos para la adquisición de sistemas de espionaje dirigidos contra los ciudadanos, así como equipos de vigilancia. Las reformas dictadas bajo lineamientos del ASPAN autorizan los arraigos judiciales y otras medidas violatorias de derechos, pero comunes en los Estados Unidos bajo la Ley Patriota.

Desde que el gobierno estadounidense define al “terrorismo” de forma tan amplia y ambigua, el modelo contraterrorista provocó la modificación de metas militares y las agresiones contra disidentes. La iniciativa para la seguridad y la cooperación regional representa un escalón más a favor de ese proceso.

7) La Iniciativa Mérida intensifica las tensiones fronterizas ya que ve a la inmigración a través de un lente militar donde el terrorismo y el crimen organizado son lo mismo.

Incluir términos como “seguridad fronteriza” y enfocarse especialmente sobre “los flujos de bienes y personas ilícitas”, la iniciativa equipara a los trabajadores inmigrantes con el contrabando ilegal y las amenazas terroristas. Con esto se ignoran las causas principales de la migración de mexicanos hacia el norte y la genuina demanda de mano obra indocumentada en Estados Unidos. ^[25]

La Declaración Conjunta de la Iniciativa Mérida^[26] establece, “nuestra meta compartida es maximizar la efectividad de nuestros esfuerzos para pelear en contra de las organizaciones criminales. También para interrumpir el tráfico de drogas (incluyendo los precursores químicos), el mercado negro de armas, las actividades financieras irregulares, el contrabando de armas y de personas”.

Los millones de dólares asignados al Instituto Nacional de Migración tienen como objetivo reforzar la frontera sur de México mediante el uso de tecnología biométrica y un programa de trabajadores huéspedes guatemaltecos. La nación azteca, famosa por ofrecer refugio a centroamericanos incorporándolos a su sociedad, modificó este historial por las presiones del gobierno estadounidense para interceptar a los migrantes de Centro América y evitar su llegada a la frontera norte.

El Plan México continúa dentro de ese proceso aumentando la participación de mexicanos en la detención de sus propios emigrantes en los estados norteños. Colocar la migración ilegal en la misma canasta de las amenazas terroristas ha sido útil para hacer avanzar la estrategia de Washington para militarizar la frontera sur. La región de ambos países es todo un caso de estudio para entender cómo los programas de lucha antiterrorista provocan la militarización de la vida pública, la pérdida de soberanía, la violación de derechos humanos y hasta la muerte de quienes buscan una mejor vida en otro país. Es una cruel ironía que los trabajadores mexicanos desempleados por el Tratado de Libre Comercio sean catalogados como delincuentes por su propio gobierno.

El problema de la migración ilegal nunca podrá ser resuelto dentro de este paradigma. Los gastos que representa, la pérdida de mano de obra en las ciudades y una mayor violencia erosionan a las comunidades y golpea las economías locales, especialmente en la frontera.

Una política ideal aceptaría la emigración como resultado de la integración económica y promovería programas de intercambio comercial, inversión y desarrollo comunitario en ambos países. La generación de empleos, la construcción de infraestructura, los programas dirigidos a regular los flujos migratorios y la prevención de conflictos podrían hacer mucho más por mejorar la seguridad fronteriza a corto y a largo plazo.

8) La reforma al sistema judicial y penal mexicano requiere de voluntad política, no recursos de los contribuyentes de Estados Unidos

Los 112 millones de dólares asignados por la Iniciativa Mérida para el 2008 bajo el rubro “estado de derecho” a la Procuraduría General de la República y otras dependencias de seguridad pública sólo serán invertidos en tecnologías informativas para centralizar la recolección de datos, construir laboratorios forenses y capacitar al personal del poder judicial. Aunque algunos ven esta sección como la parte “suave” de la iniciativa estos programas provocan serios cuestionamientos a su eficacia y a su conveniencia.

En primer lugar, lo que necesita México para promover el “imperio de la ley” es voluntad política –no recursos económicos– para hacer funcionar la reforma. Un ejemplo: El asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez es un caso conocido internacionalmente y para ser solucionado recibió millones de dólares del gobierno mexicano e instituciones extranjeras. Se formaron y desintegraron numerosas comisiones de investigación para resolver los crímenes sin obtener resultados.^[27] Un modernísimo equipo forense fue llamado a estudiar la evidencia que no había sido destruida y redactó un reporte; concluyó la investigación pero el documento no fue publicado. Activistas por los derechos humanos involucrados en los casos creen en la posibilidad de implicar a individuos económica y políticamente poderosos.

En segundo lugar, las leyes y el sistema legal mexicano no son como el sistema estadounidense; aunque hay algunas instituciones de seguridad pública con acuerdos vigentes en materias de capacitación y cooperación, el gran plan de los Estados Unidos es instruir y reformar el sistema legal mexicano. Esto es visto como una intervención perjudicial para muchos juristas mexicanos. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras cortes menores han declarado sus objeciones en público a los fondos estadounidenses para el sistema judicial. Durante años los miembros de este poder han resistido los intentos de instituciones financieras internacionales para imponer programas de gobierno que obligan a reformar el sistema de justicia; no porque el país no requiera mejorar en esta área (de hecho su desempeño es bastante malo) sino porque sólo México puede reconstruirlo. El Plan México rompería con esa resistencia y obligaría a la ejecución de planes y entrenamiento diseñados por Estados Unidos tanto en el rubro penal como en el carcelario.

El gobierno estadounidense se beneficiaría mejorando su sistema legal por medio de una empresa conjunta para controlar tanto el narcotráfico como el crimen organizado. El hecho de que Estados Unidos sea el mercado más grande de drogas ilícitas nos da indicios de los resultados sombríos en el control de la venta, distribución y consumo de estas sustancias. Peor aún, es una realidad que penas como la prisión obligatoria por delitos relacionados con drogas son discriminatorias para grupos raciales y económicos: la comunidad afroamericana representa el 13% de los consumidores pero el 59% de los sentenciados.^[28] Estas sentencias, aplicadas a los adictos y no a los distribuidores o a los líderes de los cárteles han originado una sobrepoblación carcelaria. A pesar de que este método no sea el más efectivo para enfrentar la problemática, el sistema de prisiones privatizadas en este país estimula los incentivos comerciales para encarcelar usuarios inocentes y migrantes ilegales… dos grupos contemplados por la Iniciativa Mérida. Como consecuencia se desvían recursos y esfuerzos para perseguir a los líderes delincuenciales y podría causar violentos disturbios en el ya de por sí sobrepoblado sistema penitenciario de México.

9) La Iniciativa Mérida no se traduce en una genuina representación bilateral

Varios miembros del Congreso han impulsado la Iniciativa Mérida como un paso sin precedentes hacia la cooperación bilateral. Argumentan que el gobierno estadounidense reconoce implícitamente su responsabilidad por el tráfico transnacional de drogas al ofrecerle el paquete asistencial a México para combatir la ola delictiva.

De hecho, el plan pone toda la responsabilidad de la guerra contra el narco sobre México y no establece medidas a tomar por Estados Unidos para reducir el mercado, mejorar los sistemas de control aduanales en su frontera con Canadá, disminuir la venta y la distribución de sustancias ilícitas, eliminar el tráfico ilegal de armas y castigar el lavado de dinero: todos estos son problemas bien identificados en la Unión Americana.

Aunque el presidente Calderón ha declarado que la medida es un ejemplo de la voluntad del gobierno estadounidense para asumir su papel en la lucha contra el tráfico de drogas y enfrentar el auge de las organizaciones criminales, la mayor parte del presupuesto de la iniciativa jamás llegará a México. 40% de los recursos serán gastados en helicópteros militares y estrategias de vigilancia interna; el resto del paquete económico acabará en manos de los empresarios armamentistas y compañías informáticas en equipos de inteligencia, programas computacionales y entrenamiento. Algunas personas critican el Plan porque los recursos son destinados a un México que “no se lo merece” y la estrategia podría convertirse en otro barril sin fondo para beneficiar a las corporaciones bélicas.

10) Amenaza a la soberanía mexicana

El Plan México contempla la capacitación de la policía mexicana y las fuerzas armadas empleando técnicas, tecnología y prioridades estadounidenses. Pocas naciones aceptarían este acuerdo en un área tan crítica como la seguridad nacional. A medida que se expande la red de agentes antinarcóticos y fronterizos en México, la habilidad del país para aplicar políticas inspiradas en necesidades y prioridades internas disminuye proporcionalmente. Los mexicanos siempre han sido celosos de su soberanía y a menudo el gobierno de Estados Unidos califica la reticencia de su vecino para involucrarse en acciones militares y policiales como si se tratara de una remembranza hipernacionalista del pasado, pero la nación Azteca siempre ha sido neutra en su política exterior, además que la opinión pública ve con escepticismo las políticas del norte, en especial después de la invasión a Irak. La mayoría de la población prefiere cierto grado de autonomía de las estrategias de seguridad extranjeras.

La sociedad estadounidense rechazaría el Plan México si se invirtieran los papeles. Imaginemos la noticia aparecida en los periódicos matutinos:

“El Plan Estados Unidos, solventado por el gobierno mexicano, colocará agentes antidrogas mexicanos en las oficinas aduanales fronterizas y en puntos clave del interior del país, incluidos Laredo, Kansas City, Miami y Nueva York. Un nuevo sistema de intercepción de comunicaciones producido por Spy-Mex y supervisado por funcionarios de inteligencia mexicanos será empleado para monitorear las conversaciones privadas de ciudadanos estadounidenses sospechosos de participar en el crimen organizado. Mientras tanto, aviones de origen mexicano sobrevolarán comunidades localizadas en las rutas de trasiego de drogas. Recientemente el ejército fue desplegado en todas las ciudades del país para librar la guerra contra el narcotráfico; recibirá armamento y capacitación de México”.

Diarios y blogs estallarían denunciando la reconquista mexicana y una afrenta contra la soberanía estadounidense. La misma situación se presenta en México.

Cuando la secretaria de relaciones exteriores, Patricia Espinosa, rindió testimonio ante el Senado mexicano, hizo hincapié en actividades para “detectar terroristas^[29] que podrían atacar a nuestro vecino”. Sus comentarios fueron objeto de reacciones aireadas de los legisladores, demostrando que los Estados Unidos busca imponer su agenda de lucha contra el terrorismo.

La presencia de tropas estadounidenses en México ha sido descartada, pero la sociedad civil parece reaccionar negativamente ante una intromisión excesiva de la Casa Blanca, mientras que la capacitación impartida por el ejército ha provocado preocupaciones en ambos lados de la frontera.

La participación de contratistas privados en la implementación del paquete sigue poco clara y provoca serias dudas. Una fuente consultada asegura que Blackwater podría ser la mayor beneficiaria, a pesar de una cuestionada reputación provocada por el asesinato de civiles iraquíes. La corrupción originada por los contratos relacionados con el entrenamiento y en la adquisición de equipos sigue presentándose en Irak.^[30]

A la Iniciativa tampoco le ayudó ser anexada a la solicitud de fondos adicionales para Irak. Cualquier relación entre el Plan México y la doctrina de seguridad de Bush aplicada en Irak provoca la sospecha entre los políticos y el público mexicano.

11) El Plan vislumbra una estrategia geopolítica divisiva

Para la administración Bush el Plan México juega un papel especial en su estrategia geopolítica hemisférica. México es uno de los dos gobiernos de ultraderecha que restan en el continente. El otro país, Colombia, ha recibido miles de millones de dólares de ayuda militar y fue uno de los pioneros de la guerra contra las drogas ampliada a una extensiva alianza militar. La insistencia del presidente Bush de presionar a los demócratas para aprobar el Tratado de Libre Comercio durante la Reunión Trilateral Norteamericana, celebrada en Nuevo Orleáns, dejó en claro los objetivos geopolíticos deparados para Latinoamérica. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush este tipo de alianza hace necesario la adhesión a las premisas de dicha estrategia, como los ataques preventivos, la acción unilateral y el desprecio por el derecho internacional.

La administración Bush ha desarrollado una política de “están con nosotros o están en nuestra contra” hacia sus vecinos de Latinoamérica. Hasta cierto punto considera la ola de gobiernos de centroizquierda (Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay) como una amenaza a sus intereses estratégicos. Cualquier intento por modificar las economías de mercado, aumentar la participación del Estado en la redistribución de riqueza, el control público de los recursos naturales y servicios básicos y las reformas constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas son tomadas como una afrenta a los intereses estadounidenses.

La administración Bush y los centros de pensamiento conservador han desarrollado una estrategia explícita y una política de seguridad hemisférica en armonía con la dominación de Estados Unidos. Thomas Donnelly, del American Enterprise Institute califica al hemisferio occidental como “la tercera frontera de América”^[31] y argumenta que la “hegemonía de América en el hemisferio es crucial para la seguridad nacional estadounidense.”

Hace poco Stephen Jonson,^[32] secretario general adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Defensa hizo una conexión entre el Plan México y los esfuerzos de Washington por recuperar su influencia ante una realidad geopolítica indomable: “Aunque puedan existir muchas voces pidan un mayor acercamiento con los Estados Unidos, existen estados desafiantes como Venezuela, Cuba y hasta cierto punto Bolivia y Ecuador. Hasta el momento Venezuela y Cuba son claramente hostiles hacia Estados Unidos, la democracia occidental, los mercados y están tratando de ejercer un contrapeso a nuestra influencia. Nuestro reto no es confrontarlos directamente sino trabajar mejor con nuestros aliados democráticos y con nuestros vecinos amistosos”.

El Plan México es visto como una oportunidad histórica para que Estados Unidos gane mayor autoridad ante su vecino del sur y lo utilice como plataforma en la batalla ideológica contra Venezuela, Cuba et al. Esta es una estrategia peligrosa y mal pensada para desarrollar relaciones internacionales en la región, donde el respeto mutuo y la autonomía deberían ser los principios rectores de una paz duradera. También pone en riesgo las relaciones de México con sus vecinos del sur.

Las fuertes relaciones internacionales deben basarse en mecanismos de cooperación entre naciones cuyas políticas de seguridad nacional estén definidas por sus necesidades. Lo que tiene preocupados a los legisladores y a la sociedad civil en ambos lados de la frontera es el alcance del Plan México para reformular la relación bilateral y crear un “nuevo paradigma de la cooperación y la seguridad”, como es calificada por la administración Bush.

Oposición al Plan México

A pesar de faltar información pública muchas organizaciones se han opuesto en contra de la Iniciativa Mérida. Una de las críticas más severas y frecuentes, además de las referidas sobre la eficacia del modelo contra el narcotráfico, tiene relación con los pobres antecedentes en la defensa los derechos humanos y la corrupción de las fuerzas de seguridad mexicanas, receptoras directas de los fondos. Numerosas organizaciones de derechos humanos en los dos países se han opuesto al plan por la existencia de claras violaciones a las garantías fundamentales que nunca han sido investigadas o sancionadas en México. Existen varios ejemplos para ilustrar sus preocupaciones:

1. En una carta fechada el 30 de abril de 2008 y dirigida a William Delahunt del Subcomité de Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión de la Cámara de Representantes, el organismo gremial AFL-CIO declaró su oposición a la Iniciativa Mérida por la “sistemática y a menudo agresivas violaciones a los derechos laborales básicos”, citando dos casos específicos. Primero, el asesinato del líder campesino perteneciente al Foro Laboral Obrero Campesino en México, Santiago Rafael Cruz. Las autoridades no dieron seguimiento a evidencias que indicaban vínculos entre las actividades sindicales y su asesinato. Segundo, “un ataque a gran escala en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros” por la administración Calderón y la compañía minera Grupo México, donde tres sindicalistas fueron asesinados y las autoridades no llevaron acabo ninguna investigación o detención. Se omitieron las indagatorias sobre la responsabilidad de la compañía en la muerte de 65 mineros víctimas de una explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006.^[33]

La carta declara que “sin mejoras concretas y significativas a los mecanismos institucionales para erradicar a los criminales, en la capacitación de instituciones de justicia sobre derechos humanos y supervisión ciudadana, es probable que los fondos adicionales empeoren la corrupción y la violencia”.

2. Las protestas ciudadanas del año 2006 -que convocaron a maestros sindicalizados, estudiantes, indígenas y desposeídos- en el sureño estado de Oaxaca, reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado y la federación. Los grupos paramilitares y francotiradores a sueldo también participaron en un esfuerzo orquestado para derrotar al movimiento que solicitaba la destitución del gobernador del estado, Ulises Ruiz, acusado por fraude y hechos violentos, y la mejora en las condiciones laborales de los docentes en las comunidades donde laboran. Organizaciones en defensa de los derechos humanos documentaron la muerte de 23 personas y numerosos casos de abusos, torturas, detenciones arbitrarias y procesos penales infundados. Los asesinatos de líderes del movimiento siguen hasta estas fechas y el conteo de bajas es de 62 personas, según reportes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.^[34] Entre los muertos se encontraba el periodista de origen estadounidense Brad Will que filmó a sus verdugos antes de morir. Estas evidencias no fueron suficientes para convencer al estado de Oaxaca e iniciar una investigación seria, tampoco sirvieron para procesar a los autores materiales de estos delitos. Finalmente la Procuraduría General de la República cerró el caso. Varios organismos de Estados Unidos se oponen a que las fuerzas de seguridad mexicanas sean beneficiadas con recursos monetarios citando este caso sin resolver.

Entre otros hechos de alto perfil es posible incluir los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; los homicidios, torturas y violaciones contra manifestantes bajo custodia policial en la comunidad de San Salvador Atenco,^[35] Estado de México, en mayo de 2006; la periodista Lydia Cacho, arrestada y amenazada por redactar un libro revelador sobre el papel de empresarios y políticos en un círculo pederasta.

Desde que fue despachada a enfrentar la guerra contra las drogas, el ejército mexicano ha acumulado un alarmante número de quejas por la violación de garantías fundamentales, incluyendo incidentes fatales en retenes, violaciones sexuales y abuso de autoridad. El Reporte 2007 de los Derechos Humanos en México redactado por el Departamento de Estado ^[36] denuncia “ejecuciones por elementos policiacos; secuestros hechos por estos agentes; abusos físicos; condiciones deplorables y miserables en las prisiones; detenciones y arrestos arbitrarios; corrupción, ineficiencia y opacidad en el sistema judicial; confesiones obtenidas por medio de agresiones físicas y admitidas como pruebas en los juicios;… corrupción en todos los niveles de gobierno; …violencia, incluido asesinatos contra mujeres…”.

En febrero y marzo de 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos investigó la situación de las violaciones a las garantías fundamentales en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y en la comunidad campesina de San Salvador Atenco. La comisión llevo a cabo 650 entrevistas con las víctimas de los abusos y concluyó: “Los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situación más general, caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y común a las distintas autoridades federales, estatales, y en algunos casos municipales. Dicho modelo de actuación puede ser entendido como una auténtica política de Estado”.

El argumento de los grupos opositores al Plan México no es que este país no merezca el paquete asistencial ante el deplorable estado del sistema judicial y de procuración de justicia, como si se tratara de una recompensa por el buen o mal comportamiento. El problema es el tipo de ayuda concebida en el plan. Apoderar y enriquecer a las instituciones corruptas y abusivas antes de reformarlas dará más poder a los abusadores; profundizará y consolidará la corrupción.

Una de las organizaciones más respetadas de derechos humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, afirma “la Iniciativa Mérida está caracterizada por la inexistencia de una visión de los derechos humanos; es un enfoque de seguridad nacional que confunde la seguridad de los Estados con la seguridad de los seres humanos… ya es hora de que la comunidad internacional deje de apoyar políticas de cortas miras como esta”.

La necesidad de un plan diferente

México se encuentra en una disyuntiva crítica: Sus débiles instituciones democráticas han sido sacudidas y desacreditadas por una inadecuada respuesta a la polarización electoral y a una amplia desigualdad social que destina a millones a vivir en la pobreza o a emigrar. Los abusos contra los derechos humanos seguirán caracterizando a gran parte de las agencias de seguridad pública. El sistema de justicia seguirá vinculado intereses poderosos al no ser independiente de los gobiernos estatales y la federación. Los mexicanos pueden afrontar el reto de fortalecer las instituciones democráticas o pueden caer de lleno en el dominio de la fuerza y el autoritarismo. La Iniciativa Mérida podría convertirse en un retroceso potencialmente devastador.

A pesar de la grave condición enfrentada por este país aún se requiere un diagnóstico cuidadoso de la situación, ya que se enfrenta con un problema real: la fortaleza de los cárteles de la droga en México y los Estados Unidos. En ese sentido el plan propone soluciones que repiten la lógica de la fuerza y el control patriarcal en el cual confían los cárteles. Luego aplica estas soluciones tanto a una batalla sangrienta contra los narcotraficantes como a riesgos complejos de seguridad enraizados profundamente en la sociedad mexicana.

Antes de poner al ejército en las calles, con todas las consecuencias legales, políticas y prácticas que lleva implícito, el dramático incremento en el consumo de drogas debería ser tratado como una epidemia de salud pública y atendida con la educación, opciones para los jóvenes y programas de rehabilitación.

La guerra contra las drogas de Calderón establece la construcción de centros de tratamiento pero el Plan México centra sus acciones en la oferta y en la criminalización. El principal resultado hasta el momento es la violencia desatada en casi todas las regiones del país. La muerte, captura o extradición de los capos provocó una serie de confrontaciones armadas por el poder y nuevas guerra territoriales. Mientras tanto, no queda claro si el precio y la disponibilidad de las drogas ilegales fueron afectados en los mercados estadounidenses y mexicanos.

Tanto Estados Unidos como México deben oponerse a las políticas con focalizada en solucionar militarmente la adicción compartida a las drogas. Irónicamente, la única parte efectiva del programa antidroga del presidente Richard Nixon –la expansión de servicios de rehabilitación– ha sido la medida menos imitada. Los fuertes brazos de los policías-militares y la “guerra contra las drogas” no sólo han fracasado sino que son una amenaza a los valores sociales que pretende defender. La prioridad debería ser el desarrollo de planes nacionales y mecanismos de coordinación bilateral funcionales, cuyos efectos secundarios (como la militarización, los abusos contra los derechos humanos y la sofisticación de los criminales) no cancelen los efectos positivos. Si algo sabemos sobre escalar un conflicto es que no importa a qué lado armemos; las armas terminarán en ambos lados y la violencia se disparará.

La gran visión de la Iniciativa Mérida refleja el enfoque policiaco-militar de la administración Bush respecto a los temas de seguridad internacional, en el momento preciso en que las estrategias han tocado el fondo de la popularidad en los Estados Unidos. Cualquier administración entrante debe tener la libertad de desarrollar nuevas y más efectivas políticas para uno de sus vecinos más cercanos en vez de cerrarse dentro de políticas fallidas e impopulares de la administración saliente.

Muchas organizaciones por los derechos humanos de México y los Estados Unidos ya han declarado su oposición a la Iniciativa Mérida, incluyendo el AFL-CIO, organización sindical estadounidense con más de diez millones de afiliados. Ahora la iniciativa pasa a un comité conjunto conformado por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Aún existe la posibilidad de exigir una revisión más crítica y más cuidadosa del Plan México. En lugar de aplicar la fracasada política exterior de Bush en las relaciones con nuestro vecino al sur, un plan binacional efectivo debe enfrentar las causas primigenias de los problemas, desarrollar mecanismos de coordinación basados en el respecto mutuo, y a asumir plenamente las responsabilidades de Estados Unidos en su propio territorio.

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[1] Available at http://americas.irc-online.org/am/5118
[2] See Carlsen, Laura “Plan Mexico” FPIF http://www.fpif.org/fpiftxt/4684
[3] See Laura Carlsen, “Deep Integration: The Anti-Democratic Expansion of NAFTA” http://americas.irc-online.org/am/4276
[4] See http://americas.irc-online.org/am/5178 for an analysis of this meeting.
[5] “National Security Strategy Sept. 2002” http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
[6] Thomas Shannon, Speech to the Council on the Americas, April 3, 2008.
[7] Shannon stated this explicitly in the above speech: “Both Canada and Mexico have gone through political transitions and maintained a commitment to the Security and Prosperity Partnership. We are the only country that has not gone through a political transition yet, but we will shortly. The hope of President Bush is that with this meeting in New Orleans, which will be the fourth meeting of the SPP at a leaders level, that this will effectively institutionalize a U.S. commitment.”
[8] Rydell & Evering, “Controlling Cocaine, Prepared for the Office of National Drug Control Policy and the United States Army”, (Santa Monica, Rand Corporation Study 1994, summary available online at http://www.mindfully.org/Reform/Cocaine-Supply-Demand1994.htm
[9] The initiative includes $30 million dollars to the Secretary of Health to establish a central intelligence computer system for national drug treatment centers. None of this money goes to patients or to expand services.
[10] Smyth, Frank. “Drug War Blues”. 2001: $1.3 billion in military aid that the United States is now providing to Colombia. This latest package has led the Andean nation to surpass El Salvador as the site of the largest U.S.-backed counter-insurgency effort since the Vietnam War.”
[11] CIP Colombia Program
[12] On-line at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100646.htm
[13] Cited in James Verini
[14] “Detalla la PGR lista de armas decomisadas”, Andrea Becerril, La Jornada, Mar. 19, 2008
[15] As reported by Reuters, Feb.5, 2008
[16] Interview with Blanche Petrich, La Jornada, July 30, 2007 http://www.jornada.unam.mx/2007/07/30/index.php?section=politica&article=005e1pol
[17] Author’s interview with General José Francisco Gallardo, April 9. 2008
[18] Cited in a similar position of the Miguel Pro Human Rights Center http://centroprodh.org.mx/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=60
[19] See the recent report by the International Civil Commission on Human Rights at http://cciodh.pangea.org/?q=es/node/207
[20] Laura Carlsen, “Militarizing Mexico: The New War on Drugs,” (Washington, DC: Foreign Policy In Focus July 12, 2007), http://www.fpif.org/fpiftxt/4373
[21] Andrea Becerril and Víctor Ballinas, “Inconstitucional, cuerpo de elite para tareas policiacas: González Garza” La Jornada, October 5, 2007, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/05/10/inconstitucional-cuerpo-de-elite-para-tareas-policiacas-gonzalez-garza
[22] See the excellent 2004 report by the Latin American Working Group, the Center for International Policy and the Washington Office on Latin Amerian “Blurring the Lines: Trends in U.S. Military Programs in Latin America” http://ciponline.org/facts/0410btl.pdf
[23] The author Laura Carlsen formed part of the Sixth Visit of the International Civil Commission on Human rights in Mexico. The preliminary conclusions in English are available online at http://cciodh.pangea.org/?q=es/taxonomy_menu/3/116
[24] CPJ, online at http://www.cpj.org/impunityindex/index.html
[25] Note the following clauses (italics mine): Group 1:1: “These aircraft [2 Cessna Citation, cost: $2,800,000 with training, upgrades and monitoring] are mission-critical to Mexico’s interception of aerial trafficking and to reducing the flows of drugs, arms or other illicit cargo across our shared border” (immigrants are clearly identified as illicit cargo in the initiative); $104,000,000 for 8 Bell helicopters, with training, maintenance, parts and night vision equipment, “will improve SEDENA’s ability to quickly deploy rapid reaction forces, which is essential for the successful interdiction of drugs arms and persons.” $91,757,0000 to Mexican Migration Institute (INAMI) for IT equipment “to track all persons entering and exiting Mexico as well as internal INAMI checkpoints… It will also be used to track the entries and exits of repatriated Central Americans.” It also provides for biometrically based temporary working documents for Guatemalans in Southern Mexico; $20,200,000 for Army Mobile Gamma Ray Non-Intrusive Inspection Equipment “to detect and intercept flows of illicit goods and persons.”
[26] Joint Statement on the Merida Initiative: A New Paradigm for Security Cooperation, October 22, 2007, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/oct/93817.htm
[27] See Kent Paterson, “Juarez Mothers Demand Justice for their Murdered Daughters” www.americaspolicy.org
[28] See Drug Policy Alliance http://www.drugpolicy.org/communities/race/
[29] Andrea Becerril and José Antonio Román, “Proteger del terrorismo” a EU, otro fin de la Iniciativa Mérida” La Jornada, October 25, 2007, http://www.jornada.unam.mx/2007/10/25/index.php?section=politica&article=003n1pol
[30] Eric Schmitt and David Rohde, “Reports Assail State Department on Iraq Security,” New York Times, October 23, 2007, http://www.nytimes.com/2007/10/23/washington/23contractor.html?_r=4&hp&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin
[31] Thomas Donnelley, “Homeland Defense and the U.S. Military” November 1, 2004, http://www.aei.org/publications/pubID.21484/pub_detail.asp
[32] Stephen Johnson, “New Security Challenges in the Western Hemisphere” October 16, 2007.
[33] On-line at http://americas.irc-online.org/am/5118
[34] CCIODH report http://cciodh.pangea.org
[35] Two youth were killed and dozens beaten by state and federal police. Women rounded up in paddy wagons were abused, raped and tortured en route to prison. Their horror stories are documented and corroborated by medical examiners and human rights organizations including Amnesty International.
Instead of prosecuting the security forces responsible for the acts, the government sentenced two leaders and the lawyer of the grassroots movement to 67 years in prison.
[36] On-line at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100646.htm

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