Movimiento agrario colombiano desafia intimidaciones del gobierno y sale a las calles

Las movilizaciones campesinas e indígenas que desde ayer sacuden al país, han tenido que enfrentar una intensa represión jurídica y militar, antes de que siquiera comenzaran

Por Dan Feder y Laura del Castillo Matamoros
Especial para The Narco News Bulletin

11 de octubre 2007

En la Colombia zombie de hoy, conformada por los amigos del presidente Uribe, todo parece marchar bien. Es un país con igualdad de oportunidades, donde la política de seguridad democrática ha contribuido a que ya no haya conflicto armado en el país, sino lucha terrorista; la economía va viento en popa por la alta presencia de multinacionales; el país está libre de paramilitares porque todos se desmovilizaron y la guerra contra las drogas está dando fuertes golpes al narcotráfico.

No obstante, en el otro lado – en ese país que no entra en las fantasías color de rosa de los activistas del uribismo – las cosas son bien diferentes, sobre todo en las zonas rurales. La mayor parte de la tierra sigue concentrada en manos de los grandes terratenientes; se incrementan los asesinatos contra líderes de organizaciones campesinas; las fumigaciones a los cultivos ilícitos acaban con cultivos de pancoger y afectan la salud de comunidades enteras, el ejército reprime violentamente a los opositores del régimen; la inversión social en escuelas públicas es mínima; los servicios de salud están básicamente privatizados; los paramilitares “desmovilizados” se han aliado con criminales comunes y ahora se autodenominan como “Águilas Negras” para sembrar el terror en las áreas más marginales del país. Como quien dice, en ese otro lado del país todo sube: los alimentos, los servicios públicos y, por supuesto, la represión, porque en un país perfecto nadie contradice el orden establecido y protestar significa, básicamente, cometer un acto criminal.

Pero gran parte de ese “otro lado” del país no se queda quieto. Está indignado y cansado de soportar más de cinco años de atropellos, humillaciones y exclusión. Por eso, diversas organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y estudiantiles del país – que convergen en la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia – dieron inicio ayer a la Movilización nacional Agraria y Popular, a través de acciones de protesta a lo largo y ancho del país. Marchas, bloqueos de carreteras, tomas de oficinas y ocupaciones de tierras se están llevando a cabo en veredas, pueblos y ciudades.

Durante las semanas que precedieron a la protesta, el gobierno ha desatado una ola de represión sin precedentes. Sí, ese mismo gobierno democrático – que supuestamente ampara el derecho a la protesta social -, en medio de una paranoia constante, ha declarado la guerra a la movilización.

Desde que la Coordinación dio a conocer la convocatoria, el gobierno hizo uso de diferentes estrategias para desanimar a los líderes y participantes de la movilización, entre las que se cuentan el desprestigio, la estigmatización, las amenazas, las detenciones injustificadas y el asesinato.

Tales estrategias para bloquear el proceso y generar la fragmentación de las organizaciones, especialmente en las zonas rurales, vienen agudizándose desde que se empezó a saber que los campesinos estaban organizando algo grande. Los atropellos evidencian que en Colombia el respeto a la diferencia y a la protesta social, es poco menos que una payasada.

Protestar es un delito

Desde que se empezaron a sentir las primeras sacudidas de la movilización, el gobierno ha llevado a cabo una guerra silenciosa contra las organizaciones vinculadas. Los organizadores intentaron mantener en secreto sus planes para desarrollar protestas durante el mayor tiempo posible, reuniéndose poco y en sitios anunciados a último momento. Pero a mediados de septiembre, ya la cosa se había destapado. El día 19 de ese mes, militares del ejercito empezaron a distribuir volantes, lanzándolos desde aviones sobre las veredas del municipio de Planadas (Tolima), a unos 330 kilómetros de Bogotá.

“No participe en actos de terrorismo”, dijeron los volantes. “No permita que lo sigan utilizando como carne de cañón. No vaya a la movilización que las FARC van a hacer. No se convierta en cómplice de terroristas y asesinos”.

Al mismo tiempo, según organizadores del evento, hombres que se identificaron como “Aguilas Negras” (el misterioso nuevo grupo armado de extrema derecha que parece estar tomando las riendas dejadas por las ahora “desmovilizadas” Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) empezaron a hacer apariciones en el mismo departamento del Tolima, amenazando con castigar a cualquiera que se uniera a las protestas planeadas en el marco de la movilización.

Pero el golpe más contundente vino 10 días después, cuando agentes de la agencia de seguridad DAS, acompañados por decenas de soldados armados, allanaron las oficina de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y encarcelaron a tres de sus líderes. La ACVC es una de las organizaciones campesinas más dinámicas y poderosas del país. En el pasado trabajó muy poco con la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), el sindicato agrario responsable por mucha de la organización de la movilización, y su colaboración ha sido un avance importante para el movimiento social agrario.

Tras las detenciones, el comandante del ejercito General Mario Montoya Uribe apareció en televisión y habló con el periodico local Vanguardia Liberal, afirmando que los arrestados fueron colaboradores de las FARC y que tenía 18 ordenes de captura más para ejecutar: “nosotros estamos investigando el proceder y la conducta de muchas personas”. dijo al periódico. “Así como éstas, es posible que haya otras capturas”. En los siguientes días, campesinos informaron de amenazas del ejercito de quemar las casas de los campesinos que participaran en la movilización en el municipio cercano de Yondó, Antioquia.

El 2 de octubre, en el departamento del Cauca – bastión de resistencia indigena y campesina desde hace mucho tiempo – la gobernación declaró que “que en el norte del Cauca las FARC-EP han decretado un paro armado, y que quienes participen de la movilización en el Norte lo harán al lado de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC-EP”. Tres días después, desconocidos armados sacaron a Carlos Alberto Uribano, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Caraqueño, de un bus y lo dispararon en frente de los demás pasajeros, incluyendo su esposa e hijo.

Urbano murió varios días después mientras lo trasladaron a otro hospital. Oscar Salazar, líder comunitario del municipio caucuano de La Vega, lo calificó como una de las “primeras víctimas” de la movilización y consideró el asesinato como un claro ataque paramilitar contra la protesta.

“Somos organizaciones sociales, organizaciones populares, que estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional a la protesta”, dijo Salazar. “Pero como es una protesta crítica contra el régimen de Uribe, entonces esa es la forma en que nos atacan, y crean las condiciones para que sean aniquilados los lideres y sean golpeadas las organizaciones y las comunidades”.

El día siguiente, otra vez en Planadas, Tolima, soldados detuvieron al líder comunitario Ernesto Soto. Según Arilio Garcio, fiscal de FENSUAGRO, que habló por teléfono con Narco News desde el Tolima, Soto fue detenido nada mas por portar afiches de la movilización.

Desde entonces, según Garcia, el Ejército hizo hasta lo imposible por desplazarse a la capital departamental de Ibaque, donde se están desarrollando varias actividades: “Han sido vehiculos bloqueados por parte del ejercito… En este momento, en San Antonio, la concentración está allá en el municipio. Iban a salir en estos días y no la dejaron salir. Las fuerzas del estado dejaron salir cualquier vehiculo menos los vehiculos de la movilización. Ahorita llaman, y le dieron la orden al capitán que está allá al frente de la tropa que dejara pasar la movilización… tenemos un problema bastante delicado porque los tienen bloqueados en todos los municipios decomisándoles la comida, decomisándole los implementos para hacer su alimentacion, y la … que tienen para la dormida”.

Después de la detención de Soto, el Ejercito empezó a retener a jóvenes campesinos e indígena, que se desplazaban hasta Ibagué para participar en las actividades de la movilización, con el fin de obligarlos a alistarse en el ejército. García calificó el hecho como “un secuestro por parte de las autoridades militares”, aunque aseguro que actualmente varios de los jóvenes han sido dejados en libertad bajo la condición de que no asistan a la movilización.

No obstante, a pesar de los cercos militares y las intimidaciones, unos 4,000 campesinos se encuentran desde el martes en Ibagué y han participado en varios actos de protesta.

En el departamento suroccidental de Putumayo, por la frontera con con Ecuador, las protestas sociales se adelantaron la semana pasada cuando un grupo grande de campesinos tomó la vía principal que entra el municipio de Orito, denunciando la crisis que ha producido el incremento de erradicación forzosa que se viene dando desde el enero pasado. Putumayo siempre has sido epicentro de la guerra contra las drogas, promovida por el Plan Colombia. Pero durante el 2007 la situación parece haber empeorado más que nunca.

En la mañana del 8 de octubre, dos días antes del comienzo oficial de la movilización nacional, la alcaldesa de Orito dijo a los campesinos que estaba “recibiendo presiones para un desalojo por la fuerza de la concentración pacifica de campesinos”. Ese mismo día en las horas de la tarde, policías antinarcóticos y antimotines, junta con fuerzas contrainsurgentes del Ejército, atacaron, lanzando –según los organizadores– gases lacrimógenos, balas de goma y de fuego, dejando una cantidad, aún desconocida, de personas heridas.

Nilia Quintero, organizadora de la movilización y coordinadora de la Mesa Departamental de Organizaciones Campesinas de Putumayo, dijo a Narco News el pasado 9 de octubre: “en la capital de Mocoa estamos concentrados unos 400 campesinos, en espera de que lleguen más mañana, y ya estamos llamando al gobierno departamental a que nombre una comisión y haga gestiones para que venga una comisión de alto gobierno y nos de respuestas claras frente a la situación”.

No obstante, pese al despliegue de represión llevado a cabo por un gobierno que evidencia el profundo miedo que tiene hacia sus contradictores, hay una verdadera explosión de protestas en varias regiones del país. Lo que evidencia no sólo la insatisfacción que existe frente a la gestión del presidente Uribe, sino también cuán consolidado se encuentra el movimiento agrario a nivel nacional.

Sigan sintonizados, porque pronto les traemos actualizaciones sobre este levantamiento pacífico en Colombia…

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