El General, la Diplomática, y el Foso Común

La Asistencia Militar de los EUA Apoyó Indirectamente a los Escuadrones de la Muerte Paramilitares durante la Gestión de Anne Patterson como embajadora en Colombia

Por Sean Donahue
Via la Narcoesfera

18 de mayo 2007

La semana pasada, la Associated Press reportó el descubrimiento de una fosa común en Putumayo en donde se encontraron los cuerpos mutilados de 105 personas, las cuales probablemente fueron asesinadas por paramilitares de la derecha entre 1999 y 2001. Los asesinatos ocurrieron mientras el Gen. Mario Montoya, el actual comandante de las fuerzas armadas de Colombia, estaba liderando una ofensiva masiva en el departamento de Putumayo. A lo largo de dicha ofensiva, los Estados Unidos siguieron dotando de armas, inteligencia, entrenamiento y equipo a los batallones antinarcóticos de las Fuerzas Armadas del Bloque Sur del general Montoya, a pesar de que el Departamento de Estado sabía que aquellos batallones estaban trabajando con la Brigada 24 de Montoya –una unidad ligada con los paramilitares responsables de la fosa común–.

Anne Patterson, quien ahora supervisa la mayoría de las operaciones de los EU en Colombia como Secretaria de Estado adjunta para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley, fue embajadora de los EU en Colombia en esa época y había sido advertida de la colaboración entre los paramilitares y las tropas de Montoya. El descubrimiento de la fosa común genera serias preguntas acerca del compromiso de Patterson para romper los lazos entre el ejército colombiano y los grupos paramilitares que son responsables no solo de las peores atrocidades del país, sino también de la producción y exportación de la mayoría de la cocaína que llega a los EU.

Asesinando a Civiles

En diciembre del 2006, Robert Collier del San Francisco Chronicle envió un escalofriante reporte desde La Hormiga, Putumayo, donde operaban tropas antinarcóticos financiadas por los EU desde la misma base que la Brigada 24. Collier escribió:

Son los aliados tácticos del gobierno y los asesinos más temidos de la nación: las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyos 8,000 soldados han aterrorizado grandes porciones del campo e incontables pueblos y ciudades. Los paramilitares, como son conocidos, constituyen un gran dilema para los oficiales colombianos y estadounidenses. Su violencia al estilo de los escuadrones de la muerte –ejecuciones de grandes números de activistas campesinos, miembros de sindicatos, líderes estudiantiles y supuestos seguidores de los rebeldes– ha sido crucial en ayudar al ejército de Colombia a detener a las guerrillas. Pero el terror ha ensuciado moralmente la guerra apoyada por los EU.

Desde el año pasado, cuando el ejército comenzó una ofensiva gradual para tratar de recuperar a Putumayo (que estaba dominado por los rebeldes) los paramilitares han estado justo detrás de ellos, trabajando en conjunto y de manera silenciosa.

Los paramilitares llegaron a La Hormiga en enero de 1999. Con las tropas del ejército de la Brigada 24 bloqueando los caminos detrás de ellos, los pistoleros seleccionaron a 26 personas, la mayoría jóvenes, y los ejecutaron bajo la sospecha de que eran guerrillas. En noviembre de 1999, los escuadrones de la muerte masacraron a 12 personas más en El Placer, 10 millas más lejos. Y, durante el año pasado, 100 civiles han sido asesinados en la provincia, la mayoría uno por uno.

Un mes después, visité La Hormiga: fui transportado en ferry por el mismo Gen. Montoya, quien había acordado permitir la entrada de una delegación de derechos humanos en el pueblo, en un esfuerzo por mejorar su imagen. Quedó inmediatamente claro que nadie había entrado o salido de la Hormiga sin el consentimiento del ejército y de los paramilitares.

Extendiéndose como abanico en la aldea, con un sacerdote y un trabajador de derechos humanos que se había ganado la confianza de la gente –a menudo muy atemorizada como para hablar– escuchamos historias susurradas sobre lo que había sucedido en La Hormiga. Nos dijeron que todos los días veían a los líderes de los paramilitares entrando en la base militar para encontrarse con los oficiales de la Brigada 24 y coordinar sus operaciones. Conocimos a una mujer que había perdido a cinco hermanos a manos de los paramilitares. También había perdido todo su dinero y sus cosechas cuando los contratistas de los EU regaron herbicida en los campos de una cooperativa de yuca a la que se había unido. Ella deseaba desesperadamente ir a la ciudad para mendigar por comida para sus hijos, pero los paramilitares no la dejaban salir de La Hormiga.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional confirmaron el alto nivel de cooperación entre la Brigada 24 y los paramilitares en esa época.

El Silencio de Patterson

Collier reportó que, desde diciembre del 2000, los oficiales de los EU tenían conocimiento de los lazos entre los paramilitares y la Brigada 24.

Los grupos de derechos humanos en Bogotá y Washington se quejaron, se enviaron investigadores gubernamentales y se escribieron los reportes. Nadie ha sido condenado. En vez de eso, diplomáticos de los EU pusieron a la Brigada 24 en la lista negra, prohibiéndole recibir ayuda o entrenamiento por parte de los EU.

Sin embargo, estos días la ayuda estadounidense está fluyendo cada vez con mayor velocidad hacia la comandancia regional de Montoya al tiempo que se echa a andar el programa de ayuda de los EU. Los críticos llaman a este proceso el juego oculto de las relaciones públicas, en donde se da una palmadita en la muñeca y vastas cantidades de ayuda de los EU terminan ayudando a los paramilitares.

Human Rights Watch reportó que los EU estaba conciente de que los batallones antinarcóticos que estaba financiando estaban trabajando con la Brigada 24:

En su primer despliegue conjunto en diciembre del 2000, estos batallones dependían mucho de la Brigada 24 del ejército para obtener ayuda y asistencia logística, particularmente con respecto a la inteligencia, el contacto entre civiles y paramilitares, y las operaciones psicológicas. Sin embargo, había una abundante y creíble evidencia que mostraba que la Brigada 24 trabajaba (y ayudaba) regularmente con grupos paramilitares en el departamento de Putumayo. En efecto, la Brigada 24 alojaba a tropas de los batallones antinarcóticos en sus establecimientos en La Hormiga, un pueblo en donde, según los testigos, los paramilitares y las tropas del ejército de Colombia eran indistinguibles.

Un cable no clasificado del Departamento de Estado de junio del 2000, indica que la embajada de los EU estaba conciente de que las tropas antinarcóticos estaban alojándose con la Brigada 24 en La Hormiga.

Sin embargo, en una junta en enero del 2001, cuando la delegación de los derechos humanos con la que viajaba confrontó a la embajadora Patterson y su staff sobre lo que habíamos aprendido en La Hormiga, negaron vigorosamente la posibilidad que la ayuda militar de los EU pudiera estar ayudando a unidades con lazos paramilitares.

El error de Patterson de no haber alertado sobre la colaboración entre el ejército y los paramilitares en Putumayo constituye claramente una violación del espíritu (si no es que del contenido) de la Ley Leahy, diseñada para impedir que la ayuda militar de los EU llegue a conocidos abusadores de los derechos humanos. Apenas estamos comenzando a ver las atroces consecuencias de su silencio.

Patterson sigue supervisando la ayuda de los EU a Colombia desde su nuevo puesto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley. Esto a pesar del hecho de que los grupos paramilitares que se han beneficiado indirectamente de la ayuda que ella administró como embajadora en Colombia fueron responsables de gran parte del tráfico de cocaína en el país bajo su permanencia en el cargo.

Los 150 cuerpos de la fosa común en Putumayo son un atroz recordatorio de los crímenes que Anne Patterson perimitió que ocurrieran bajo su mandato. Debemos hacerla responsable de esto.

Publicó en Inglés 12 de Mayo

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