El levantamiento de Oaxaca

“Ulises nos decía: ‘ni marchas ni plantones’. Aquí le demostramos que somos más cabrones”

Por John Gibler
New Politics

13 de febrero 2007

El levantamiento de Oaxaca empezó como una huelga anual y pacífica de maestros y explotó en un levantamiento no armado después de que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz se negó a dialogar con los maestros; en vez de eso, envió a 1,000 policías antimotines para levantar violentamente el campamento de protesta en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.

El levantamiento de Oaxaca es, más que nada, una rebelión en contra de una ofensa. El brutal ataque del gobernador Ulises Ruiz Ortiz perpetrado el 14 de junio antes del amanecer en contra de los maestros que estaban durmiendo, consumó décadas de corrupción, persecución y represión por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un solo acto de violento desdén, provocando un levantamiento de desobediencia civil.

Desde su investidura, –entre alegatos de fraude electoral– en el 2004, Ulises Ruiz ha roto repetidamente las reglas que permitieron al PRI contener las explosiones de descontento social y mantener por tanto tiempo –77 años– el control monopólico del poder en Oaxaca. En tan solo un año y medio de gobierno, Ruiz cortó lazos con gente y organizaciones en todo el estado mediante la toma de decisiones unilaterales, haciendo caso omiso de las peticiones de diálogo y negándose terminantemente a escuchar las protestas que resultaban.

“Aquí celebramos asambleas para todo,” dijo Alejandro Cruz, abogado de una organización indígena de derechos humanos basada en Oaxaca, “pero [Ulises Ruiz] no consulta a nadie. Otros fingen que están consultando, pero este tipo ni siquiera sabe como fingir. Piensa que es un rey.”

La arrogancia de Ruiz y el uso excesivo de la fuerza en contra de los maestros, ofendió profundamente a la gente en Oaxaca y llevó al apoyo inmediato y masivo a favor de los maestros.

“El 14 de junio, el gobierno decidió reprimir, mandando a la policía a golpear a la gente y a disparar gas lacrimógeno desde los helicópteros,” me dijo uno de los maestros que estaba presente esa mañana. “Todos los años anteriores el gobierno llegaba y anunciaba por medio de un altavoz: ‘Vamos a levantar el plantón,’ y al tercer anuncio, todos agarraban sus cosas y corrían. Esta vez no hubo nada de eso. Incluso nos atacaron desde el aire, como si fuéramos delincuentes.”

Una mujer indígena ya mayor, quien depende de limosnas para sobrevivir, me dijo que el gobernador cometió un gran error al utilizar gas lacrimógeno: “No debería de haber usado el gas. Podría haber agarrado a algunos maestros y meterlos a la cárcel como antes. Pero no, usó el gas y los insultó, y es por eso que ahorita tenemos todos estos problemas.”

Solo unas cuantas horas después del ataque en contra del plantón de los maestros que estaban durmiendo, miles de habitantes locales se lanzaron a las calles, uniéndose a las filas de los maestros. Juntos, rodearon a la policía, lanzándoles piedras y botellas, obligándolos a dejar el Zócalo. Esta victoria a manos de una protesta popular espontánea formó la base de lo que se convertiría en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El sindicato de maestros convocó a la primera asamblea, esperando organizar este apoyo espontáneo en algo que pudiera ser mantenido por más tiempo. Pero la membresía de la APPO pronto sobrepasó todas las expectativas, con cientos de organizaciones uniéndoseles y formándose para atraer a la gente que no estaba organizada en las filas de la APPO.

Y mientras la primera asamblea elegía un congreso provisional de liderazgo –formado en su mayoría por hombres con muchos años de experiencia liderando organizaciones políticas, y varios de ellos con antecedentes no del todo limpios – la participación masiva de base en la APPO sobrepasó la habilidad de cualquier líder para contener al movimiento. Los líderes se convirtieron en voceros –aquellos que dan conferencias de prensa y negocian con los oficiales de gobierno– sin tener poderes de toma de decisiones unilateral. El poder del movimiento no venía del discurso de figuras como Flavio Sosa o Florentino López, sino del enorme número de personas que participaban diariamente en plantones, marchas, tomas de edificios gubernamentales, tomas de los medios estatales y comerciales, y la construcción y vigilancia de cientos de barricadas instaladas cada noche en toda la ciudad de Oaxaca.

Contexto

OAXACA es el quinto estado más grande de los 31 que tiene México, colindando con Chiapas al este, Guerrero al oeste, Puebla y Veracruz al norte y el Océano Pacífico al sur, con una población de 3.4 millones de habitantes. Existen dieciséis etnias indígenas distintas en Oaxaca y más de un millón habla alguna lengua indígena. Junto con sus vecinos en el marginado sur de México, Oaxaca es uno de los estados más pobres del país. El treinta y cinco por ciento de todas las casas tienen pisos de tierra, y solo la mitad de la población recibe los tres servicios municipales básicos: electricidad, agua y alcantarillado. El veinte por ciento de la población es analfabeta, y solo el 40 por ciento recibe educación más allá de la escuela primaria.

La historia de la lucha de los maestros en Oaxaca data de 1980, cuando maestros disidentes reformaron la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para arrancar de raíz y evitar la futura corrupción en el sindicato. Aprobaron nuevas reglas sindicales para prohibir la reelección de líderes del sindicato y garantizar la participación de base en la toma de decisiones y una completa libertad de afiliación política para terminar con el dominio del PRI en la Sección 22. Muchos maestros de las comunidades indígenas y campesinas, con largas historias de resistencia, modos de vida austeros, y formas de trabajar colectivas y disciplinadas (largas marchas, plantones, y asambleas) participaron activamente en las movilizaciones de la sección 22, influenciando fuertemente la cultura organizativa del sindicato.

La arrogancia de Ulises Ruiz

ULISES RUIZ ORTIZ fue elegido gobernador de Oaxaca bajo amplios alegatos de fraude el primero de agosto del 2004. En su primer año y medio de gobierno llevó a cabo una serie de ofensivas sin precedentes y tácticas perjudiciales para ejercer un poder descontrolado sobre sus opositores. Intentó, sin éxito, de encarcelar a su opositor en la candidatura a gobernador, Gabino Cue, bajo cargos falsos. Atacó al periódico local de oposición, Noticias, primero, tratando de sacar sus puestos de periódicos de la ciudad, después, cancelando toda la propaganda del gobierno estatal, y, finalmente, estableciendo un sindicato falso para tomar el control de las oficinas del periódico en una huelga que no tenía nada que ver con los verdaderos empleados. Además, movió las oficinas de gobierno y de la legislatura estatal de sus edificios históricos en el centro de la ciudad de Oaxaca a las afueras de la ciudad en edificios nuevos, caros y bardeados. Este movimiento estaba destinado para evitar que los manifestantes realizaran marchas y protestas frente a las oficinas de gobierno. El gobernador Ruiz convirtió a la vieja legislatura estatal en un museo y a las oficinas gubernamentales en un salón de fiestas que se renta por hora.

Posteriormente, Ulises Ruiz decidió crear “una nueva cara para el turismo” en Oaxaca, destrozando el zócalo histórico, arrancando viejos árboles y destruyendo varios monumentos locales para construir nuevos. Estas medidas –ampliamente percibidas como operaciones de lavado de dinero para esconder los fondos estatales que se gastaron en la campaña presidencial del PRI en Oaxaca– pusieron a la mayoría de la clase media en contra de Ruiz, principalmente por la manera descarada en que llevó a cabo sus proyectos, sin escuchar a las voces opositoras. Mientras tanto, en el campo, la policía estatal golpeaba y disparaba contra miembros de organizaciones de los derechos indígenas y campesinos, originando quejas formales ante los derechos humanos, pero permaneciendo en completa impunidad.

Los maestros se van a huelga, el gobernador reprime

El comité ejecutivo de la sección 22 se reúne cada abril para revisar las demandas del sindicato para el siguiente año escolar. El 29 de abril del 2006, el sindicato dio a conocer su lista de 14 demandas, la mayoría de las cuales buscaban incrementar el presupuesto educativo estatal y federal. El gobierno estatal, bajo el mando de Ulises Ruiz, no respondió. Entonces, los maestros organizaron una marcha para el primero de mayo. Después de esa fecha, volvieron a pedir al gobierno una respuesta a sus demandas. El gobierno no respondió. El 15 de mayo, los maestros organizaron otra marcha y, nuevamente, el gobierno no respondió a sus demandas.

El 17 de mayo, la asamblea de la sección 22 decidió irse a huelga e instalar un plantón en el Zócalo el 22 de mayo y desde ahí esperar una respuesta del gobierno, algo que los maestros han hecho por 26 años. Jorge Franco Vargas, el entonces secretario general del gobierno del estado, entregó un documento haciendo un llamado para terminar con la huelga, pero se negó a hablar de la lista de demandas de los maestros.

Como el gobierno no consideró sus demandas, los maestros no levantaron el plantón. El 14 de junio, Ruiz intentó reprimir la huelga, mandando a 1,000 policías estatales al Zócalo antes del amanecer, golpeando a la gente, destruyendo su estación de radio, y lanzando gas lacrimógeno desde los helicópteros que sobrevolaban el Zócalo.

Menos de dos meses después de que la policía federal y estatal reprimiera brutalmente un movimiento sobre derechos de tierras en San Salvador Atenco, la gente temía lo peor del ataque de Oaxaca y, durante horas, circularon rumores de que la redada policíaca se había convertido en una masacre. Pero el caso resultó ser casi lo opuesto: miles de personas de los vecindarios adyacentes salieron a las calles y, junto con los miles de maestros del plantón que escaparon del Zócalo, contraatacaron a la policía: primero, rodeándolos en el Zócalo y, después, forzándolos a salir del centro de la ciudad. No han regresado desde entonces.

Entra la APPO

“Después del 14, recuperamos el Zócalo,” me dijo un maestro. “La redada nos dio todavía más fuerza. A partir de ese momento, la única demanda de los maestros fue la salida inmediata de ese hombre, Ulises Ruiz, por ser un represor. La gente de la ciudad empezó a participar, haciendo suya la única demanda de la salida de Ruiz.”

Una vez habiendo retomado el Zócalo y formado la APPO, los manifestantes organizaron marchas masivas con una participación de medio millón de personas y lanzaron una campaña de “voto de castigo” en contra del PRI en las elecciones del 2 de julio, desembocando en la primera derrota del candidato del PRI en Oaxaca en la historia.

Después de las elecciones, la APPO y la sección 22 organizaron más de las llamadas “mega marchas” de cientos de miles de personas y empezaron a pintar con graffiti las catedrales coloniales de la ciudad de Oaxaca y los negocios turísticos, denunciando a Ulises Ruiz. Bloquearon el festival turístico estatal más grande, la Guelaguetza, organizando en su lugar, una Guelaguetza libre y alternativa. Pero, durante todas estas protestas, el gobierno estatal se negó a ceder en la demanda de la salida de Ulises Ruiz, y el gobierno federal –preocupado por las denuncias de fraude electoral de Andrés Manuel López Obrador y las protestas en la ciudad de México– se hizo de la vista gorda.

Más adelante, a finales de julio, la APPO se fue a la ofensiva, bloqueando los edificios de oficinas de las tres ramas de gobierno para generar una “ingobernabilidad” en Oaxaca y, así, obligar al gobierno federal a desaparecer los poderes del estado, el único mecanismo legal disponible en Oaxaca para obligar a un gobernador a dejar la gubernatura.

Pero, mientras la APPO se iba a la ofensiva, el estado respondió organizando a pistoleros individuales y después a grandes grupos de paramilitares para atacar las marchas y los plantones de los manifestantes. Algunos de los pistoleros apresados por miembros de la APPO y capturados en fotografías publicadas en los periódicos nacionales, han sido identificados como policías municipales y estatales y oficiales locales de la ciudad, todos asociados con el PRI. Desde principios de agosto hasta noviembre, estos pistoleros paramilitares mataron a 16 personas e hirieron a muchas más.

El conflicto en Oaxaca finalmente atrajo la atención del gobierno federal cuando más de 40 coches y camiones llenos de pistoleros paramilitares atravesaron la ciudad de Oaxaca el 21 y 22 de agosto, disparando con ametralladoras a los manifestantes, hiriendo a varios y matando a una persona. El gigante televisivo nacional, Televisa, grabó a este escuadrón de la muerte y mostró las imágenes en las pantallas de televisión de todo el país. Mientras que esto impulsó al gobierno a llamar a negociar a la APPO y a la Sección 22, nadie fue responsabilizado de los asesinatos perpetrados por los paramilitares. En lugar de eso, los asesinatos continuaron.

Después de un mes de diálogo estancado entre el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal y la APPO, el senado finalmente envió una comisión para revisar la situación en Oaxaca, pero no desaparecieron los poderes. Mientras que la presión escalaba, la Sección 22 votó –después de varios conteos de votos impugnados– regresar a clases y continuar con su lucha para la salida de Ruiz por “otros medios.” Esta decisión amenazaba con dividir al sindicato, ya que miles de maestros juraban seguir con la huelga.

Al día siguiente de la votación de los maestros, el viernes 27 de octubre, oficiales de policía vestidos de civil y oficiales locales del PRI abrieron fuego contra manifestantes en más de 15 localidades en la ciudad de Oaxaca, matando a tres personas, uno de ellos era el camarógrafo de Inymedia de la ciudad de Nueva York, Bradley Will. Will, junto con corresponsales locales y nacionales, estaba ahí para cubrir el ataque en contra de los manifestantes. Estaba parado en la calle atrás de un miembro de la APPO, junto a varios fotógrafos de periódicos nacionales. Se escuchó un disparo y Will gritó. Grabó su propio asesinato. Esa tarde, el presidente Fox ordenó a la Policía Federal Preventiva (PFP) entrar a Oaxaca.

Los medios en el movimiento

Los maestros y la APPO han utilizado numerosas formas de protesta y de desobediencia civil para avanzar en su lucha por la salida de Ruiz. Llevaron a cabo enormes marchas y establecieron plantones en plazas públicas y, después, rodeando edificios del gobierno estatal. Hicieron campaña en contra del partido de Ruiz, el PRI, en las elecciones presidenciales. Boicotearon un gran evento cultural patrocinado por el estado. Confiscaron autobuses del servicio urbano para transportar a sus “brigadas móviles” de artistas de graffiti por toda la ciudad pintando mensajes políticos. Dirigieron una marcha de cuatro mil personas por más de 400 kilómetros desde Oaxaca hasta la Ciudad de México. Establecieron un plantón afuera del edificio del Senado en la ciudad de México y mantuvieron una huelga de hambre de 21 días. Pero la táctica más sorprendente –la más celebrada por sus seguidores y más demonizada por sus opositores– ha sido la toma y la ocupación de medios de comunicación tanto públicos como privados, y el uso de estos medios para difundir mensajes políticos y coordinar acciones de desobediencia civil.

Durante la redada del 14 de junio, la policía estatal marcó a la pequeña estación pirata de radio de la Sección 22, Radio Plantón, como su objetivo, destruyendo su equipo de transmisión y golpeando a los cuatro voluntarios que estaban en la estación. En venganza, los estudiantes universitarios ocuparon la pequeña estación de radio de la universidad estatal de Oaxaca, utilizando las ondas hertzianas para convocar a la gente a las marchas e insistir en la salida de Ruiz. Esta estación de radio, Radio Universidad, se convirtió en la herramienta principal de comunicación para el movimiento, con gente trayendo información de los diversos campos de protesta y los manifestantes escuchando día y noche en radios usados que funcionan con baterías. Radio Universidad también fue el blanco del primer uso de armas de fuego contra manifestantes cuando pistoleros dispararon contra la estación el 22 de julio, dañando un poco la antena.

El primero de agosto miles de mujeres realizaron una marcha con gran energía en la que solamente participaron mujeres; iban golpeando cacerolas y sartenes, creando un sorprendente alboroto, transformando así sus utensilios de cocina en símbolos de empoderamiento político. Después de llegar al destino de su marcha en el Zócalo, las mujeres hicieron un llamado para tomar la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), Las mujeres marcharon hacia la estación y le pidieron a la directora que les diera una hora para transmitir su versión del levantamiento de la APPO. La directora se negó a su petición y las mujeres no le hicieron caso y ocuparon la estación. En unas cuantas horas ya estaban transmitiendo en vivo.

“Estábamos indignadas con la cobertura de la CORTV, nunca decían la verdad. Dijeron que la Guelaguetza alternativa había sido un fracaso, eso realmente nos dolió profundamente,” me dijo una mujer que participó en la toma.

Desde el inicio de la campaña de la APPO para la salida de Ulises Ruiz, los manifestantes han insistido en cuestiónar la veracidad de los medios, atacando verbalmente a la televisión, la radio, y a los corresponsales de los periódicos, a quienes acusan de ser parciales ante el gobierno y de encubrir la violencia estatal. Una de las consignas más comunes en las marchas se volvió el de: “Prensa, si tienen dignidad, digan la verdad.” Los manifestantes molestaban a los reporteros en sus marchas y plantones, negándoles el acceso a algunos e interrogando a otros por minutos antes de dejarlos pasar. En un momento tenso, alguien en la multitud dijo que un corresponsal local para un periódico nacional era un agente de policía. El corresponsal, atemorizado, se dio la vuelta y se echó a correr. Los manifestantes lo golpearon con palos por atrás hasta que se cayó; los manifestantes siguieron golpeándolo hasta que otros les pidieron que se contuvieran. Más tarde, el liderazgo provisional de la APPO convocó a una conferencia de prensa emitiendo una disculpa formal y pidiéndoles a sus miembros que respetaran a los reporteros individuales, aún si eran críticos de la línea editorial de sus empleadores. Aunque la tensión sí disminuyó, la desconfianza de los medios comerciales ha permanecido constante en el movimiento, y esa desconfianza ha impulsado el apoyo del movimiento a las tomas de los medios.

El uso de los medios por parte de la APPO ha sido, comprensiblemente, tanto torpe como energizante. Bajo el control de la APPO, se podían ver en la CORTV, por primera vez, documentales sin censura mostrando cortos de la brutal represión policíaca en San Salvador Atenco y Oaxaca, así como talk shows conducidos por los manifestantes analizando las muchas ofensas de Ulises Ruiz. Pero después de unos cuantos días, casi todos los programas eran repetidos y la transmisión se iba por horas debido a la falta de material. En la radio se podía escuchar la canción chilena de protesta de los setentas “Venceremos”, varias veces en una hora, lo que llevó a algunos a apodar a la estación de radio Venceremos. Un habitante local dijo: “Son maestros, así que uno pensaría que van a poner programas culturales pero no, ni siquiera ponen mucha música, es pura revolución.”

Las tomas de los medios también han sido los blancos más frecuentes de la violencia paramilitar. Después del intento fallido del 22 de julio para destruir la antena de Radio Universidad a balazos, el 8 de agosto, alguien les pagó a unos estudiantes $250 para que echaran ácido en el equipo de transmisión. Con la Radio Universidad fuera del aire, el movimiento se concentró en sus transmisiones de radio en las dos estaciones de CORTV. Después, el 21 de agosto, el convoy de policías vestidos de civiles disparó contra los manifestantes que acampaban en la base de las antenas de CORTV. Algunas personas fueron heridas, pero pudieron escapar. Enseguida, los pistoleros destruyeron el equipo de transmisión, sacando fuera del aire a la programación de radio y televisión controlada por la APPO.

En uno de los movimientos más impresionantes de la APPO, horas después del ataque militar en contra de CORTV, los manifestantes de la APPO ocuparon 12 de las 13 estaciones de radio comerciales en la ciudad de Oaxaca sin herir a una sola persona ni romper una sola ventana. Esa noche regresó el escuadrón de la muerte, esta vez atacando los plantones afuera de las estaciones de radio recién ocupadas, matando a un manifestante. La APPO devolvió voluntariamente 9 de las estaciones y siguió controlando 3. Unas semanas después, las señales de las estaciones ocupadas empezaron a perderse: alguien estaba utilizando equipos de transmisión de radio de alta tecnología para interferir con las estaciones controladas por la APPO y destruirlas. La estación más débil quedó fuera del aire en unos cuantos días, y la más fuerte duró unas dos semanas, aunque para cuando salió del aire a principios de octubre, los manifestantes ya habían arreglado las transmisiones de Radio Universidad.

Los límites de la desobediencia civil

LA APPO HA HECHO UN ESFUERZO CONJUNTO para que su lucha se mantenga pacífica, o al menos abstenerse de utilizar la violencia física para alcanzar sus objetivos. Muchos argumentan que la evacuación forzada de las oficinas de gobierno, el secuestro de los autobuses del servicio urbano, y la toma de los medios son formas de violencia. Es cierto que las brigadas de la APPO parecen muy amenazadoras, con sus caras enmascaradas, llevando palos y tubos. Sí utilizan de manera consistente la amenaza de la violencia, pero no de la violencia física. Durante un intento de secuestrar un autobús del servicio urbano, una pasajera iracunda enfrentó a los miembros de la APPO que blandían sus palos, negándose a bajar del autobús. Los miembros de la APPO le pidieron a la pasajera que se bajara, pero ella se negó rotundamente. Después de menos de un minuto de discusión acalorada, los miembros de la APPO dejaron ir al autobús y detuvieron al siguiente.

La lucha de la APPO no está basada en principios de la no- violencia; ellos sostienen su derecho a la autodefensa. Así, los manifestantes dicen que sus piedras, palos y cocteles molotov son apenas unas bombas caseras que tienen a la mano para defenderse de los ataques armados de paramilitares. En este contexto es importante recordar que las fuerzas paramilitares mataron a 15 manifestantes y a un periodista de Indymedia de la ciudad de Nueva York en cuatro meses de conflicto. Después de los ataques paramilitares del 21 y 22 de agosto, los manifestantes organizaron la construcción de cientos de barricadas improvisadas en toda la ciudad de Oaxaca. Respondiendo a los ataques armados con la simple construcción de las barricadas demuestra su compromiso de evitar el uso de armas en su propio movimiento. También, cuando la PFP entró en Oaxaca, los manifestantes fueron a protestar frente a las filas policíacas pero evitaron confrontaciones directas, permitiendo que la policía avanzara hacia el Zócalo sin problemas.

Cuando, el 2 de noviembre, la PFP disparó gases lacrimógenos en Ciudad Universitaria controlada por los manifestantes, sin embargo, los manifestantes contraatacaron con una lluvia de piedras, cohetes, botellas de vidrio y cocteles molotov. La policía respondió con gas lacrimógeno, tanques antimotines, palos, e incluso con helicópteros militares, desde los cuales la policía lanzó granadas de gas lacrimógeno a los manifestantes. Los manifestantes lucharon con la policía durante horas, sobrepasándolos finalmente y obligándolos a retirarse del área.

La ley de Herodes

En 1999 Luís Estrada dirigió una brillante sátira política del PRI llamada La ley de Herodes. La película, que salió unos meses antes de las elecciones federales del 2000, es una vivisección artística del control monopólico del poder político en México ejercido por el PRI durante 71 años. La película narra el intento del PRI de acallar una serie de rebeliones en la comunidad indígena rural de San Pedro de los Saguaros. Un alcalde nuevo e ingenuo es mandado allá después de que los habitantes locales habían linchado al alcalde anterior por corrupción y represión, y el ciclo vuelve a comenzar, en donde el nuevo alcalde aprende lentamente que la única manera de sobrevivir es siguiendo la ley de Herodes: “o te chingas o te jodes.”

Mientras que casi siempre se habla de la película por su exposición de la máquina de poder del PRI, también provee una iluminadora metáfora de los levantamientos sociales en México. En la película, los habitantes indígenas soportan una atroz exclusión institucionalizada, el racismo, la manipulación, la corrupción y la represión hasta que el alcalde va tan lejos en su escandaloso ejercicio del poder que se levantan, lo cuelgan de un poste y luego regresan a la normalidad. El problema es este: la explotación es personalizada en un oficial particularmente ofensivo. Ese oficial es colgado, pero la explotación continúa.

Este es el peligro de tener como demanda única y no negociable la salida de Ulises Ruiz. Una vez que el futuro político de Ruiz sea destruido, ¿la gente regresará a su explotación cotidiana? Este es el reto de la APPO y no solo sus líderes provisionales. Pero mientras que pedir la cabeza de Ulises se parece a las tácticas políticas de San Pedro de los Saguaros, la experiencia de la lucha de los últimos cinco meses en Oaxaca seguramente dejará un profundo impacto en el futuro de la organización social. Esta experiencia vivida de arriesgar sus vidas para defender su dignidad, de poner todo en riesgo, de tomar los medios, de paralizar el gobierno estatal, de resistir firmemente a la policía federal, más que la salida de Ulises Ruiz, será el legado del levantamiento de Oaxaca.

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JOHN GIBLER es miembro de la organización de los derechos humanos Global Exchange. Su trabajo sobre los movimientos sociales mexicanos aparece en Left Turn, Znet, Z Magazine, In These Times, elIndypendent y otros medios alternativos.

Traducida por Narco News.

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