Bolivia dividida por el referéndum

El 18 de julio se decide la suerte de los recursos hidrocarburíferos en el corazón del continente.

Por Alex Contreras Baspineiro
Jefe Sudamericano de Narco News

6 de julio 2004

COCHABAMBA (BOLIVIA) - Lo que no pudieron lograr diferentes gobiernos neoliberales ni incluso las dictaduras militares ni la propia política norteamericana lo logró el referéndum vinculante en Bolivia: dividir al movimiento popular, enfrentar a sus principales líderes y escribir un signo de interrogación muy grande sobre el futuro.

La última movilización contra las preguntas del referéndum. Fotos: Alex Contreras Baspineiro, D.R. 2004

El domingo 18 de julio se realiza en este país -ubicado en el corazón del continente americano- una consulta popular para definir el futuro de los recursos hidrocarburíferos.

La Coordinadora de Defensa del Gas y los Movimientos Sociales Autónomos en una reunión realizada ayer, en esta ciudad, determinó recurrir a todas las formas de protesta para rechazar las cinco preguntas del referéndum “ya que ésas no son más que la consolidación de privilegios a las transnacionales otorgadas por la Ley 1689 de (Gonzalo) Sánchez de Lozada (el ex presidente boliviano expulsado del país)”.

El dirigente fabril y portavoz de este movimiento, Oscar Olivera, informó que si el gobierno en estos días no escucha la demanda fundamental del pueblo en incorporar la pregunta sobre la nacionalización, instruyen la abstención o el voto con una “x” en toda la papeleta o escribiendo la palabra “nacionalización”.

La Central Obrera Boliviana (COB) -aunque sin el apoyo total de sus organizaciones afiliadas y con las contradicciones entre sindicatos, federaciones y confederaciones- convocó al desacato civil y la abstención.

“Debemos boicotear el referéndum con marchas y bloqueos y también instruyendo el voto nulo y pifiado. Lo que nosotros exigimos es la nacionalización inmediata de nuestros recursos”, aseveró el principal dirigente obrero, Jaime Solares.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe conocido como “el Mallku” dijo que el día del referéndum se declarará “estado de sitio” en todo el área rural.

“Ya hay movilizaciones, va a haber bloqueos, va a haber boicot organizado; en muchos lugares no van a recibir papeletas, lo van a quemar, en otros lugares no van a participar”, afirmó.

Otros grupos minoritarios de tendencia más radical convocaron para el mismo día del referéndum -aunque está prohibido por las leyes y la propia constitución- a realizar movilizaciones con el objetivo de cerrar los recintos de sufragio.

La discordia

En cambio, el principal partido de la clase popular, el Movimiento al Socialismo (MAS), en un masivo ampliado nacional clausurado en esta ciudad el 4 de julio, determinó participar activamente en la consulta popular.

El dirigente cocalero y diputado nacional, Evo Morales, instruyó hacer una masiva campaña para participar en el referéndum votando “sí” por las tres primeras preguntas y “no” por las dos últimas.

“Quienes quieren boicotear y se oponen al referéndum están defendiendo la política del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La mayoría de los bolivianos queremos fortalecer la democracia y por eso vamos a participar en el referéndum; ahora, si el gobierno no escucha el clamor popular de la nacionalización vamos a salir a las calles y a las carreteras a exigir la nacionalización”, advirtió el diputado cocalero.

El referéndum vinculante en este país está planteado en base a cinco preguntas:

1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?
   
   
2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?
   
   
3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
   
   
4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?
   
   
5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos?

El presidente Carlos Mesa, en una clara muestra de chantaje a los bolivianos, hace días atrás afirmó: “El referéndum es la política que el gobierno pone a consideración el país ¿Por qué esa política y no otra? Porque yo no estoy dispuesto como gobierno, nadie podría ni debería hacer algo en que no cree. Y si yo pierdo una pregunta que me obliga a hacer algo en que no creo, me veo obligado a irme”.

A la virtual división del movimiento popular boliviano, se suman los partidos políticos tradicionales que representan a la oligarquía, el empresariado y parte de la clase media. Los ex aliados de Sánchez de Lozada, militantes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) apuestan por el referéndum, la Nueva Fuerza Republicana (NFR) se opone tenazmente. Sin embargo, todos defienden a las transnacionales.

El resto de los partidos políticos, así como los movimientos cívicos, vecinales, municipales, sindicales y sociales también están disgregados. La Iglesia Católica, de gran influencia en la población boliviana, convocó a respetar las normas constitucionales.

El sistema

Mientras los movimientos sociales y populares, se encuentran divididos con el referéndum, el gobierno boliviano se encuentra en una etapa de consolidación del sistema.

A propósito del 228 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el embajador David Greenlee, vía comunicado, anunció que el país del norte “desea el bienestar de los bolivianos, su libertad, la convivencia bajo la tolerancia y la igualdad de oportunidades”.

Ese breve comunicado -según diversos medios de comunicación bolivianos- refleja el cambio total de la política norteamericana en este país. Aparentemente la destrucción de la hoja de coca y la denominada política antidrogas pasaron a un segundo plano desde octubre de 2003, cuando se produjo la denominada “guerra del gas”.

El Ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, reconoció que tras la agenda de octubre, la Casa Blanca ya no ha tocado el tema coca como años anteriores sino que se ha cerrado la brecha fiscal. “Las relaciones van bien”, dijo.

Aunque un reciente informe de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de EE.UU. califica a Bolivia, junto a Venezuela y Haití, como países en “situación crítica” la división existen entre los movimientos sociales les tranquiliza.

Pese a la pobreza en que se debate este país, el gobierno está gastando más de 800 mil dólares para la campaña de difusión del referéndum.

Los recursos invertidos en la campaña de información provienen de una donación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), según el Delegado Presidencial para promover el Desarrollo Institucional, Jorge Cortés.

Asimismo, con un descaro propio de los gobiernos autoritarios, en los últimos días, por ejemplo, se conoció que el Delegado Presidencial para la Revisión de la Capitalización, Francesco Zaratti, recibe mensualmente un monto de 5.000 dólares (más de 39.750 bolivianos) provenientes de las transnacionales del gas.

De acuerdo a documentos oficiales, se pudo evidenciar que las empresas Petrobas y Total -a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)- son las encargadas de pagar al funcionario encargado de fiscalizar el trabajo de esas transnacionales.

Ante las voces de boicot y el rechazo al referéndum, el presidente Carlos Mesa anunció que el gobierno utilizará todos los medios que estén a su alcance, incluidos los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para garantizar el derecho democrático.

Lo cierto es que esta consulta popular que coyunturalmente ha logrado dividir al movimiento social boliviano es sólo una batalla en una larga lucha: se viene la guerra por la nacionalización de los hidrocarburos…

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