“El cultivo de coca es la única opción para muchos campesinos”

Entrevista con el parlamentario colombiano Pedro José Arenas

Por Laura Del Castillo
Parte I

5 de septiembre 2003

En Octubre de 1997, un joven colombiano de 26 años llamado Pedro Arenas —que en ese momento se encontraba a punto de terminar su periodo como diputado del departamento del Guaviare, ubicado en la extensa región amazónica al sur de Colombia, representando al movimiento juventud por el Guaviare— llegó a los Estados Unidos. Llegó para mostrar que su región, si bien agrupa buena parte de las riquezas naturales del país, tal vez por esa misma razón ha sido víctima del abandono —en todos los sentidos— del estado colombiano; del cada vez más agudizado conflicto armado; de los problemas generados por el negocio del narcotráfico y de la equivocada e ineficaz estrategia para “combatirlo”, más conocida como “guerra contra las drogas”.

Pero había un objetivo claro y contundente en la visita de Arenas —ubicada en el marco del Tour de Otoño organizado por la Red Colombiana de Derechos humanos de Estados Unidos: denunciar ante la comunidad internacional las nefastas consecuencias sociales, económicas y ambientales, entre otras, generadas por las fumigaciones de cultivos ilícitos con herbicidas tóxicos que se estaban llevando a cabo al interior de la selva, no sólo del Guaviare, sino de toda la región amazónica colombiana, las cuales eran avaladas por la administración del entonces presidente Andrés Pastrana, obedeciendo a las políticas antidrogas impuestas por el gobierno estadounidense desde hace más de treinta años.

Las quejas de Arenas fueron escuchadas (en varias conferencias que formaban parte del tour), no sólo por universitarios, grupos comunitarios y medios de comunicación, sino también por miembros del Congreso y del Poder Ejecutivo estadounidenses. No habló en vano. Luego de su visita, una delegación, conformada por el Comité para los Derechos Humanos en Colombia, el Grupo de Trabajo para Latinoamérica y la Oficina de Washington para Latinoamérica, decidió viajar a San José del Guaviare, la capital del departamento, en 1998, para llevar a cabo una visita de dos días y comprobar así las denuncias.

Los inicios en la política de Arenas —nacido en Puerto Lleras, Meta (Colombia), el 21 de Febrero de 1971— se remontan a 1992, cuando fundó el “Movimiento Juventud por el Guaviare” que, liderado por él, se ocupó de atender los problemas estrictamente regionales, específicamente aquellos que afectaban directamente a la población joven.

Inmediatamente, después de fundado el movimiento, ganó las elecciones al Concejo de San José del Guaviare. Desde ese entonces, se consagró como un fuerte opositor de las políticas antidrogas y de la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos por medio de la fumigación aérea, postura que se incrementó durante el desempeño de su cargo como diputado (1994-1997), mostrando su solidaridad con las grandes marchas campesinas cocaleras que se llevaron a cabo en 1994 y 1996.

Actualmente, Pedro José Arenas García, ahora con 32 años y egresado de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, se desempeña como Representante a la Cámara por el Departamento del Guaviare en el Congreso colombiano, avalado por el Movimiento Comunal de Colombia.

Hace algunos días, el parlamentario Arenas recibió amablemente a Narco News en su oficina de Bogotá para hablar de manera abierta sobre su postura frente a la política de drogas colombiana, la legalización, el Plan Colombia y el movimiento cocalero de este país. Justamente es en este último donde se centra la primera parte de esta entrevista que Narco News presenta en exclusiva para todos sus lectores.

Narco News: ¿Cuál es su visión de las marchas cocaleras que se llevaron a cabo entre los años 94 y 96?

Pedro Arenas: A finales del 94 el gobierno del Presidente Samper lanzó el programa de fumigaciones —sin que con esto quiera decir que en Colombia no se haya fumigado antes—, anunciando que en dos años acabaría con todos los cultivos de coca. Entonces, en septiembre de 1994 empiezan a llevarse a cabo las fumigaciones en la zona del Guaviare. Ya nosotros (el Movimiento Juventud por el Guaviare) habíamos hecho unas advertencias. Planteamos que las fumigaciones no iban a ser la solución; que eso iba a generar múltiples problemas ambientales sociales y económicos; que eran, además, injustas; que había que mirar en que área geográfica se estaban efectuando; que había que seguir las recomendaciones de las autoridades ambientales. En el mes de octubre de ese año hicimos una advertencia un poco a la loca, diciendo que si el gobierno insistía en fumigar, lo más seguro era que se generaran algunas movilizaciones campesinas. Y esto fue una especie de anuncio profético, porque efectivamente en diciembre tuvieron lugar estas grandes marchas cocaleras que comenzaron en el municipio de Miraflores, en el sur del Guaviare, y luego se extendieron hacia el norte, recogiendo gente de los municipios de Calamar y de El Retorno. Esas movilizaciones finalmente llegaron a San José del Guaviare, la capital, y se tomaron el aeropuerto, bloqueando la pista de aterrizaje. Esto hizo que, inevitablemente, se tuviera que suspender durante 15 o 20 días el programa de fumigaciones en el Guaviare, y el gobierno se vio obligado a negociar con el campesinado. Entre otras cosas, se pactó que no se fumigarían cultivos menores de tres hectáreas. Este acuerdo fue luego rechazado por el gobierno de los Estados Unidos y Horacio Serpa, que era el Ministro de Gobierno en ese momento, entró a desvirtuar y a traicionar lo pactado, que de alguna manera implicaba la legalización en el país de esos pequeños cultivos. Esta actitud del gobierno generó múltiples manifestaciones de inconformismo por parte de la población. Eso sin contar que se reiniciaron las fumigaciones, afectando a mucha gente y propiciando otra marcha cocalera en 1996.

Narco News: ¿De qué manera usted mostró su apoyo hacia estas movilizaciones?

Pedro Arenas: En el movimiento siempre hemos sido solidarios con los campesinos. De hecho en el pliego de peticiones que redactaron los cocaleros, tanto en el año 94 como en el del 96, hay mucha similitud con posiciones nuestras. Por ejemplo, en 1996 entendimos que para el campesinado era muy grave aceptar las condiciones propiciadas por la creación de las “Zonas Especiales de Orden Público”, que situaban a los campesinos como enemigos del Estado Colombiano por el simple hecho de vivir o trabajar en zonas que estuvieran fuera del control del Estado. Durante las marchas de 1994 estuvimos pendientes de que a la gente no la maltrataran. En el 96 el papel fue mucho más protagónico porque yo ya era diputado. Tenía una responsabilidad no sólo con la capital del departamento, San José, sino con todo el departamento. Las marchas de ese año se llevaron a cabo luego de que yo hubiera organizado giras con la Defensoría del Pueblo, creando comités de derechos humanos por los corregimientos, por ejemplo, y dictando charlas sobre el tema. Habíamos conformado inclusive comités de seguimiento a las fumigaciones. Las juntas de acción comunal comenzaron a avisarnos cuándo había una aspersión. Al día siguiente llegaba una comisión nuestra con cámaras de televisión, que podían constatar los daños no sólo generados a los cultivos de coca, sino también a los cultivos de pancoger [hortalizas], a los animales. Podían constatar todos los líos sociales y de salud que eso originaba. Durante las marchas en 1996 tuvimos que hacer una especie de intermediación ante el gobierno nacional; tuvimos viajar a Bogotá varias veces; establecer contactos con ministros; garantizar que a algunos líderes de las marchas se les permitiera salir desde los puntos donde habían sido bloqueados por el ejército con el fin de lograr dar inicio a las conversaciones con la comisión gubernamental. Además varios representantes a la cámara y senadores de entonces fueron hasta la zona para ver la situación del campesinado, que era verdaderamente grave. En fin, hicimos toda la tarea de mediación y de denuncia nacional e internacional, porque lo que se demandaba era muy justo: no sólo estaba el tema referente a detener las fumigaciones, sino también la necesidad de mostrar que el Guaviare (y la amazonía en general) requerían de un plan de desarrollo especial, de un compromiso real del estado colombiano que se viera manifestado en la creación de políticas a largo plazo y no coyunturales, donde se tuviera en cuenta que el tratamiento a los campesinos no podía ser represivo, ya que las causas de la expansión de los cultivos ilícitos en el país son netamente sociales.

Narco News: ¿Se dieron casos de abusos o de maltratos cometidos por la fuerza pública durante las marchas cocaleras de 1994 y 1996?

Pedro Arenas: Muchos —sobre todo en el 96. Varios de ellos fueron conocidos a través de la prensa. Incluso, algunos periodistas de televisión, por filmar estas acciones, también fueron maltratados. Todo esto no ocurrió sólo en el Guaviare sino también en otras zonas del país, como Caquetá, Putumayo y Norte de Santander, donde se extendieron las marchas. Hablamos de más de 2 millones campesinos movilizados durante tres o cuatro meses. En alguna de estas zonas el gobierno negoció con los campesinos, en otras no. Por ejemplo, en el Putumayo los campesinos lograron un acuerdo un poco cuestionable para otras organizaciones campesinas, porque en el acuerdo no se toca el problema de las fumigaciones o el tratamiento de orden público en la zona. En el Guaviare no hubo acuerdo precisamente porque los delegados de los campesinos situaron como punto principal esas problemáticas. El gobierno prometió algunas cosas en lo social y quería que el campesinado firmara un acuerdo, pero, de alguna manera, aceptando las fumigaciones. Naturalmente los campesinos no accedieron y la verdad es que las marchas se levantaron por el desgaste mismo de la movilización, es decir, por carencias económicas, por falta de comida, por problemas de salud. Todo esto se debió al hecho de que el ejército tuvo bloqueadas las marchas, no dejó ingresar a la gente a las cabeceras municipales y capitales, lo que la obligó a dormir prácticamente a la intemperie, en potreros, a la orilla de los ríos y con un acoso constante. Estos factores fueron los que generaron la desmovilización, mientras continuaban las fumigaciones.

Narco News: ¿Cómo ve usted que se encuentra actualmente el movimiento cocalero en Colombia? Ya parecen haber desaparecido del panorama estas grandes movilizaciones. ¿Por qué?

Pedro Arenas: La gente perdió mucha confianza en alcanzar objetivos concretos con un esfuerzo descomunal como el que se llevó a cabo. No es fácil para una familia campesina abandonar su finca, su casa, su parcela, sus animales, para ir a una marcha que puede durar tres meses, sin que se logre nada al final. Por ejemplo, el objetivo en este caso era marchar para que el gobierno parara las fumigaciones y como eso no se logró, pues las personas comenzaron a desencantarse. Eso sin contar que el problema de orden público se acentuó en esas regiones y que hubo operativos enormes de la fuerza pública para recuperar el control del Estado en estos territorios. Entonces la guerrilla de las FARC responde o ataca, entrando a asumir, de alguna manera, las reivindicaciones del movimiento campesino, que el país conoció con el proceso de paz entre las FARC y Pastrana. Uno de los puntos claves de la negociación fue ese tema. Es más, se hizo una audiencia pública internacional con la presencia de 30 embajadores que hablaron sobre el asunto. De esta manera, el movimiento se “enguerrillizó”, provocando problemas como las amenazas a los líderes. Muchos murieron. En el Caquetá, por ejemplo, de 17 negociadores mataron como a 15. Después de las marchas quedaron indefensos. Sé que en el Putumayo muchos líderes de las marchas se metieron a la guerrilla, la que de una manera un poco irresponsable entra a asumir todo el campo de acción en que se desenvolvía el movimiento cocalero, y eso dificulta mucho que los nuevos líderes entren a apropiarse de esas banderas, porque entonces van a ser identificados con ese nuevo actor armado. Por eso mismo, otros líderes se desplazan al centro del país con sus familias, desvinculados completamente de la lucha social. Y lo otro que acaba con la dinámica del movimiento es la fumigación, que trae problemas económicos a los líderes mismos y al campesinado.

Narco News: En otros países de América Latina —como por ejemplo Bolivia, con figuras como Evo Morales— es evidente que el movimiento cocalero posee mucha fuerza y que incluso ya tiene cierta incidencia en el quehacer político institucional de estas naciones. Aparte de los factores que ya expuso, ¿qué otras razones existen para que el movimiento cocalero colombiano no haya adquirido esa misma fortaleza?

Pedro Arenas: Bueno, las características siempre son distintas. Por ejemplo Bolivia es un pueblo andino donde, incluso por encima del tema cocalero, hay una cohesión cultural de los pueblos indígenas que tienen un problema real, que es el de la coca. El de sus cultivos que, ellos sí lo pueden demostrar, son usados para sus prácticas tradicionales. Muy distinto es lo que ocurre acá, donde no sólo está el problema del cultivo, de “cómo defendemos unos cultivos, una hoja milenaria”, sino también el enfrentamiento entre los diferentes grupos armados —ejército, paramilitares y guerrilla— y la existencia de los diferentes cárteles u organizaciones del narcotráfico. Y no solamente estamos hablando de una de las cadenas del narcotráfico, sino de varias. Colombia ha sido el punto de embarque de droga ya cristalizada, enviada al mercado internacional. Ahí está el interés financiero de eso, el problema del dinero derivado de las actividades del narcotráfico con los terratenientes, con el latifundismo. De hecho muchos de esos narcotraficantes se han vuelto ricos, emergentes; se van adueñado de múltiples fincas, van comprando tierras, etc. Entonces son muchas y más complejas las cosas que influyen acá.

Narco News: Pero en Colombia también existen comunidades indígenas que cultivan coca dentro de sus territorios, que también asumen el discurso de “la hoja sagrada” y que exigen el respeto de los cultivos como parte de su tradición cultural….

Pedro Arenas: El problema es que los indígenas aquí son mucho más débiles orgánicamente. No son decisivos en términos poblacionales. Estamos hablando de unos pueblos que no alcanzan a llegar al 10 por ciento del total de la población del país. Incluso en las zonas amazónicas —donde la colonización no indígena hoy en día es mucho más fuerte— la población indígena como tal, en el Guaviare, por ejemplo, es de menos del siete por ciento. Los indígenas del Cauca han tenido una posición muy seria frente a esto; han hecho también sus marchas, sus movilizaciones. Pero en términos de lo nacional, si los indígenas actuaran solos no podrían lograr mayor cosa. Hay un logro que tienen ahorita, que es el que dice la corte [el Tribunal Administrativo de Cundinamarca], que para fumigar un resguardo indígena, el gobierno primero tiene que consultar a las autoridades tradicionales y puede fumigar sólo si ellas la autorizan, si no, debe buscar otros mecanismos de erradicación. Eso es un logro para los pueblos indígenas, pero el problema sigue con los campesinos. Entonces aquí lo mayoritario es ese problema social, de tierras, de cómo es que hay un montón de gente en medio de la selva tratando de hacerse a un pedazo de tierra para construir una finca; de encontrar una oportunidad en la vida; de, incluso, apegarse a un cultivo de coca que muchos consideran la única opción para tener algunos recursos, para conseguir algunos ahorros y luego convertirse en ganadero…

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