6 de
marzo, 2002
Narco News '02
¿Donde
está la prensa
en la guerra de
Colombia?
FARC: El Estado mató a la
senadora,
no los rebeldes
Por Al Giordano
Un análisis de medios
de Narco News
Ciudad
de México, marzo de 2002: Un vocero
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habló
el lunes 5 de marzo ante 600 delegados de 21 países, reunidos
en la ciudad de México, y refutó los reportes de
la prensa estadounidense que culpaban a su organización
del asesinato de una senadora colombiana.
El vocero de las FARC, Marco León
Calarcá, estuvo disponible para que la prensa le hiciera
preguntas todo ese día, la misma fecha en que los servicios
de cables de AP y Reuters, así como los principales periódicos
de Estados Unidos, culparon a las FARC de la muerte de la senadora
colombiana Martha Daniels.
Ninguno de esos medios incluyó
comentario alguno de las FARC en sus notas publicadas.
"Nos acusan de los asesinatos cuando
todo el mundo sabe que es el Estado el que asesina", dijo
el vocero de las FARC. "No hemos atacado blancos civiles".
Y pese a que los más grandes periódicos
y principales servicios noticiosos de Estados Unidos tienen oficinas
en México, y a que el evento del 5 de marzo fue bien publicitado
con invitaciones en cuatro
idiomas al público y a los medios, ni una de esas
empresas informativas se dio la oportunidad de obtener un comentario
de las FARC sobre esta historia.
Según cualquier parámetro
de periodismo serio, cuando un medio acusa a una organización
de asesinato, debería obtener algún comentario
de los acusados.
Sin embargo, los titulares del lunes 4
de marzo estaban llenos con la acusación, de la que los
fiscales colombianos habían comenzado a retractarse la
noche anterior. El asunto se inició con reportes de dos
grandes servicios de noticias: "Los rebeldes matan a una
senadora colombiana" (AP, por Jared Kotler) y "Senadora
colombiana fue asesinada, se culpa a los rebeldes" (Reuters,
por Phil Stewart).
Ambas joyas de la desinformación
fueron ampliamente distribuidas: "Los rebeldes son culpables
de asesinar a la senadora" (Orlando Sentinel, marzo 4),
"Senadora colombiana, y aparentemente otras dos personas,
asesinada por los rebeldes" (St. Louis Post-Dispatch, marzo
4), "Senadora colombiana asesinada por los rebeldes"
(Seattle Times, marzo 4).
El Newsday, el Miami Herald, el Philadelphia
Inquirer, el San Jose Mercury News y el Fort Worth Star Telegram,
entre otros, repitieron textualmente los cables de AP y Reuters.
Otros dijeron haber reportado por sus
propios medios. Juan Forero, de The New York Times (ya reportado
en Narco News el año pasado por
haber permitido que oficiales de la embajada de Estados Unidos
monitorearan sus entrevistas con mercenarios colombianos),
afirmó simplonamente que: "La semana pasada los rebeldes
mataron a una senadora, Martha Catalina Daniels".
La edición internacional del Times
agregó una foto de la senadora ultimada, diciendo
al pie de foto: "Martha Catalina Daniels, senadora, fue
asesinada por los rebeldes. Su cuerpo fue hallado el sábado".
La Pittsburgh Post-Gazette publicó también la historia
de Forero.
El Houston Chronicle News Service retomó
la errática historia de AP sin darle crédito a
la agencia, citando al coronel de polícia colombiano Alvaro
Sandoval, quien dijo que "se presume que fueron las FARC"
las que asesinaron a la senadora.
Ninguna de estas empresas de noticias
incluyó algún comentario de las acusadas FARC.
No debe ser fácil para los reporteros
en Colombia hacerlo: el pasado 20 de febrero los gobiernos colombiano
y estadounidense ordenaron a los periodistas no ir más
a territorio rebelde sin la compañía de oficiales
del ejército. Cada nota publicada desde entonces por los
diarios de Estados Unidos y las agencias de noticias enviada
desde la zona rebelde fue hecha por reporteros llevados en "tours"
por los militares, hecho no mencionado por los periodistas en
sus reportajes. Desde que el gobierno de Colombia libró
órdenes de arresto para todos los voceros de las FARC
en ese país el 20 de febrero, la política de "niñeras"
para los corresponsales de guerra ha provocado una inconsciencia
efectiva del periodismo que reporta desde ambos lados del conflicto.
Pero estas mismas empresas de noticias
pueden todavía buscar fácilmente el comentario
de las FARC a través de su oficina en México. Lo
que pone a su vocero internacional en la ciudad de México,
Marco León Calarcá, en una importante posición.
Es el último vocero de las FARC disponible diariamente
para la prensa.
El de Estados Unidos y otros gobiernos
han trabajado muy duro para limitar la capacidad de las FARC
de responder en la prensa, aún por canales civiles. En
octubre del año pasado, la Unión Europea revocó
las visas de los voceros de las FARC en Europa. Al mismo tiempo,
la presión del gobierno estadounidense sobre su similar
mexicano, para que proscriba la oficina de las FARC en la ciudad
de México, se ha incrementado.
(La guerra de informaciones tiene sus
frentes grande y pequeño: Narco News conversó el
4 de marzo con un grupo de 35 jóvenes del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El
Salvador, ahora un partido legalizado. Pese a tener visas regulares
para asistir al encuentro de la semana pasada, los chicos fueron
detenidos durante dos días en la frontera entre México
y Guatemala. Cantaron y gritaron consignas mientras negociaban
por vía diplomática, y finalmente les fue permitido
ingresar a territorio mexicano).
Que el hombre de las FARC Marco León
Calarcá estuvo disponible el martes 5 de marzo, todo el
día, en el Centro de Negocios y Comercio de la Ciudad
de México, y que ninguna de estas empresas de noticias
se molestó en buscar la otra cara para sus reportajes
de marzo 4, dice mucho sobre cómo el conflicto en Colombia,
además de ser una guerra civil al interior de ese país,
es también, internacionalmente, una guerra de informaciones,
una "guerra por la red", como fue definida por los
think tanks como la Corporación RAND.
Para los latinoamericanos, la reciente
controversia sobre los planes del Pentágono de abrir una
"oficina de desinformación" fue graciosa. Esa
oficina ha tenido muchos nombres, y una larga existencia, al
sur del Río Bravo.
Cualquier corresponsal de guerra que se
precie de serlo lo sabe: Si las FARC hubieran querido atrapar
a Daniels, o a cualquier otro senador, más bien la hubiera
mantenido secuestrada que asesinado. Las FARC, que buscan un
intercambio de prisioneros con el gobierno colombiano, admite
libremente que tiene en su poder a seis de esos parlamentarios
como objetos para el trueque. Bajo su meta inicial de liberar
a cientos de sus militantes presos, Daniels hubiese valido mucho
más para los rebeldes viva que muerta.
"El asesinato de la senadora no pudo
ser un acto revolucionario", dijo el sociólogo Heinz
Dietrich el pasado 4 de marzo durante el encuentro internacional
contra el Plan Colombia. "Es una acción de algunos
sectores del Estado, de los escuadrones de la muerte de la derecha".
Por tanto, la historia repetida el lunes
4 por toda la prensa de Estados Unidos era no sólo falsa
y parcializada: carecía de sentido.
Incluso si uno adopta la postura más
cínica respecto de los movimientos revolucionarios, no
son las FARC las que tienen una historia documentada de asesinatos
de legisladores nacionales. Más bien son sus adversarios
-el ejército colombiano, las fuerzas policiacas y los
paramilitares que apoyan- los que tienen un vasto registro documentado
de víctimas en el Parlamento.
-El pasado 8 de octubre, el diputado del
Partido Liberal Luis Alfredo Colmenares, del Departamento de
Arauca, fue asesinado por dos sicarios. El grupo paramilitar
Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) cometió
el crimen, de acuerdo con el diario pro gubernamental El Tiempo.
"Al responsabilizarse del ataque, las AUC acusaron a Comenares
de haber tenido relaciones con los rebeldes comunistas",
reportó El Espectador.
-Seis días antes, el 2 de octubre,
el diputado liberal Octavio Sarmiento, también de Arauca,
fue asesinado a tiros. Las AUC fueron también las perpetradoras
de acuerdo a El Tiempo.
-El mes anterior a esto, en septiembre
5, el parlamentario conservador Jairo Rojas del Departamento
de Cundinamarca, Presidente de la Comisión de Paz de la
Cámara de Diputados, recibió un disparo mortal
por parte de los paramilitares, también según El
Tiempo.
-El 29 de diciembre de 2000 el diputado
liberal Diego Turbay Cote fue asesinado cerca de terrotorio rebelde.
El gobierno aseguró que los dos pistoleros responsables
eran miembros de las FARC, que negaron tal acción y culparon
a los parramilitares.
-En septiembre de 1998, el parlamentario
liberal Jorge Humberto González de Antioquia fue asesinado
por sicarios en Medellín.
Por otra parte, los seis legisladores
secuestrados por las FARC continúan con vida, cada prisionero
de guerrra fortalece la postura rebelde en la negociación
para liberar a sus presos.
Daniels, de 49 años, tenía
enemigos más obvios que las FARC: El primero y más
importante era el gobierno de Pastrana, pero también los
oficiales estadounidenses, quienes nunca le perdonaron haber
liderado la defensa en 1996 del entonces presidente Ernesto Samper,
miembro como ella del Partido Liberal, acusado por los funcionarios
de Estados Unidos de haber recibido dinero del narcotráfico
durante su campaña electoral.
Ninguno de los reportes de prensa menciona
la Historia de las dos Senadoras: y es que mientras Daniels fue
la persona señalada por defender en el Paralamento a Samper
de los cargos, la recientemente secuestrada senadora
Ingrid Betancourt fue la persona señalada por la otra
parte, por financiar su carrera en alianza con la campaña
estadounidense contra Samper e incluso escribiendo uno de sus
autoalabatorios libros, titulado Lo Sabía.
Un lector que simplemente revisara los
titulares más recientes de la prensa en Estados Unidos
podría tener la impresión de que fue la senadora
Betancurt -la educada en París y angloparlante hija de
la oligarquía colombiana, así como consentida de
los medios estadounidenses-, y no la senadora Daniels, quien
fue asesinada hace dos semanas.
Esto podría de hecho haber sido la meta de los asesinos
de Daniels: agitar más todavía las aguas de la
ya de por sí turbia historia de Betancurt como parte de
una campaña de desinformación puesta en marcha
contra las FARC.
"Hemos entrado a la fase de aislamiento
político de la guerrilla", dijo el 4 de marzo el
sociólogo Heinz Dietrich en el encuentro en la ciudad
de México. "El aislamiento político es una
estategia militar".
Hacia las 6 de la tarde del sabado 2 de
marzo, los primeros reportes de prensa acerca del asesinato de
Daniels fueron hechos en la página web del diario El Tiempo: "Las
autoridades dijeron que no tenían ninguna información
acerca de los posibles autores del asesinato de la legisladora".
Pero inmediatamente, las maquinarias informativas
de Washington y Bogotá no permitieron que los hechos tomaran
otro rumbo que no fuera el de culpar de las FARC. En adición
a la cita de un oficial de policía hecha por AP, el Presidente
Andrés Pastrana y el expresidente César Gaviria,
desde Washington, maquillaron todo en un intento de cupabilización.
En Washington, el Presidente de la Organización
de Estados Americanos (OEA), César Gaviria (impuesto en
el cargo por Estados Unidos como recompensa por su fiabilidad
como un sumiso sirviente a las políticas estadounidenses),
fue uno de los primeros en saltar dentro de esta historia. Gaviria
envió un comunicado de prensa: "La muerte de Martha
Catalina Daniels deja ver al mundo que por parte de estos grupos
no existe respeto por la vida humana".
Pastrana fue todavía más
allá en su indirecta contra las FARC, según reportaron
la agencia española EFE y la francesa AFP, que fueron
ambas más honestas que Reuters, AP o el New York Times
en la cobertura del asesinato de Daniels.
"Los investigadores están
también explorando la posibilidad de que criminales comunes
estuvieran trabajando por un rescate por los secuestrados, dijeron
algunos periódicos", reportó EFE (marzo 4).
"Pastrana, como quiera, fue rápido en culpar a los
'grupos violentos' que quieren tener al país bajo su control
'a través de sus actos de crueldad y su conducta demente".
De acuerdo a EFE, Pastrana incluso utilizó
el asesinato de Daniels, una de sus oponentes políticas,
como parte de una burda estrategia electoral de cara a los comicios
legislativos del domingo pasado: "Pastrana llamó
a sus conciudadanos a condenar a los responsables de los ataques
a la democracia 'votando masivamente por los candidatos más
honestos y más capaces en las próximas elecciones".
EFE continuó con su trabajo con
un reporte el 5 de marzo titulado: "No está claro
si fueron las FARC o criminales comunes los que asesinaron a
la senadora". Éste decía:
Bogota (EFE).- Las autoridades
colombianas no han señalado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) como sospechosas en el asesinato de la senadora
Martha Catalina Daniels y sus dos acompañantes, sino que
investigan la posibilidad de que criminales comunes estén
detrás del hecho.
Incluso el Fiscal General de Colombia
pareció respaldar sus afirmaciones con cintas supuestamente
grabadas de las radio comunicaciones de la guerrilla (los oficiales
a menudo mencionan cintas, pero nunca las presentan a la prensa
o al público, como en el caso del supuesto irlandés
atrapado en territorio de las FARC el año pasado, en el
que las "cintas" desaparecieron).
"Ésta es una hipótesis
con la que estamos trabajando", dijo el Fiscal General Luis
Camilo Osorio a El
Espectador la noche del 4 de marzo. "Pero, de todas
maneras, la complejidad del tema nos impide, por el momento,
hacer ninguna declaración".
De acuerdo a El Espectador:
"Tenemos pistas que
conducen a diferentes conclusiones, agregó Osorio, en
alusión a la eventual implicación de las FARC o
delincuentes comunes, que son las posibilidades con las que están
trabajando la policía y las autoridades judiciales. En
cualquier caso, Osorio reconoció que el asesinato de miembros
del Parlamento contradice la política de las FARC de secuestrar
líderes políticos para intercambiarlos por guerrilleros
presos".
Pastrana ya ha sido pillado antes al intentar
culpar a las FARC de crímenes que luego se reveló
que habían sido cometidos por los paramilitares o por
criminales comunes.
Como reportamos en un comunicado de prensa
de Narco News, en septiembre
de 2000 (vayan hasta el último apartado), una biografía
del general José Serrano, que por poco y era desginado
como zar antidrogas de la ONU, revela que Pastrana y él
culparon a las FARC de haber asesinado con una bomba de collar
a una campesina, pese a que Serrano dijo privadamente a su equipo
que la guerrilla no lo había hecho.
"También está la historia
acerca de las presiones que él (Serrano) recibió
para establecer que la bomba de collar que mató a la campesina
de Boyacá había sido un trabajo de las FARC, cuando
el general sabía en realidad que no había sido
hecho por la guerrilla.
"Los primeros en sorprenderse con
las acusaciones del general fueron sus más confiables
asesores, quienes ya le habían dicho que no había
evidencias de que la guerrilla lo hubiera hecho, y que toda la
evidencia apuntaba a criminales comunes".
Luego de que los funcionarios colombianos
y estadounidenses han sido atrapados una y otra vez culpando
a las FARC de crímenes que luego se supo que fueron cometidos
por criminales comunes, los paramilitares o incluso la policía
y el ejército colombianos, los auténticos periodistas
deberían ser escépticos sobre la línea tomada
hacia la campaña electoral al culpar a las FARC del asesinato
de Daniels.
Pastrana sigue tratando de relacionar
la guerra civil en su país con la Guerra contra el Terrorismo
de los Estados Unidos. La semana pasada comparó a las
FARC con Al-Qaeda, y se refirió al asesinato de Daniels
como "un acto terrorista".
"Cuando dicen que somos terroristas",
dijo el vocero de las FARC Marco León Calarcá a
los 600 delegados internacionales reunidos en la ciudad de México
el pasado 5 de marzo, "les urgimos a borrar la palabra 'terrorismo'
y poner 'autodeterminación' en su lugar. El pueblo tiene
el derecho a ser rebelde. 'Terrorismo' está actualmente
de moda como excusa. Pero el año pasado más de
150 líderes sindicales fueron asesinados en Colombia por
comproterse en la lucha legal. En defensa de esos movimientos
populares debemos levantarnos. La violencia es responsabilidad
de los gobernantes, el Estado y el Imperio".
De nuevo con la prensa: por lo menos,
todas las empresas de noticias mencionadas tenían el deber,
al acusar a una organización de un asesinato político,
de buscar un comentario de los acusados.
¿Dónde estaban el 4 de marzo,
en la ciudad de México, cuando tenían esa oportunidad?
¿Dónde está la correción
debida por AP, Reuters y el New York Times a sus informaciones?
En un conflicto entre dos partes claramente
definidas -las FARC y el Estado-, ¿dónde quedó
el compromiso de los medios de buscar ambos lados de la historia?
¿Dónde está la prensa?
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