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Narco News Issue #66
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En la guerra contra las drogas, los bancos están donde hay dinero

Los grandes prestamistas enfrentan muy pocas consecuencias por violar las leyes contra el lavado de dinero


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

4 de diciembre 2012

Citigroup, JP Morgan Chase & Co., Wachovia (adquirido por Wells Fargo en 2009), HSBC Holdings, ING Bank, Standard Chartered, American Express Bank International, y muchos otros, tienen un vínculo común además de estar en el ranking entre los bancos más grandes del mundo.

En los últimos cinco años (y varios este año), todos han sido acusados de no cumplir las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero -por tanto permitiendo en conjunto que cientos de miles de millones de dólares obtenidos en transacciones sospechosas circulen a través del sistema bancario con la ausencia de un adecuado seguimiento o supervisión.

Sin embargo, ninguno de estos bancos, ni ninguno de sus principales ejecutivos, ha sido castigado con sanciones penales.

Todos, con la excepción del británico HSBC (que sigue estando bajo investigación), han acordado pagar multas por sus supuestas transgresiones después de haber recibido órdenes de suspensión o que han negociado pactos de procesos diferidos -en virtud del cual un prestamista se compromete a pagar una multa y cumplir la ley a cambio de retirar todos los cargos al final del período de supervisión gubernamental específico.

Pero repito, ningún banco ha sido procesado por un delito, ni a ninguno de sus ejecutivos le han puesto las esposas delante de los medios de comunicación.

Imagínese si usted o yo fuéramos detenidos por la policía mientras lleváramos 10 mil dólares en la cajuela que estuvieran relacionadas con personas involucradas en actividades ilegales, como el narcotráfico. ¿Cuáles son las probabilidades de que nos dejaran ir con solo una multa de tráfico?

Eso es básicamente lo que sucede en estos casos que involucran a los grandes bancos, quienes están alquilando sus sistemas de transportación de dinero a los criminales, mientras los directivos banqueros aducen ignorancia: “Yo no sabía que el dinero estaba en la cajuela. Voy a tener que verlo.”

Ahora, si tomamos esos mismos 10 mil dólares, o incluso millones de dólares, y lo metemos dentro de un auto blindado contratado por el banco, repentinamente el dinero sucio se convierten en parte del comercio legítimo, y probablemente lleven escolta policial, en lugar de ser sometidos a una inspección policial.

“Todo delito financiero tiene un componente de lavado de dinero”, dice Charles A. Intriago, presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami. “... Si eres un individuo, y te atrapan, estás perdido.

“Pero si eres un banco grande, y te atrapan moviendo el dinero de un terrorista o narcotraficante, no te preocupes. Solamente desembolsarás una sanción monetaria, y luego subirás tus tarifas para recuperarla.

“Hasta que no veamos a los banqueros caminando con esposas en las mansos para enfrentar los cargos, nada va a cambiar”, añade Intriago. “Estas multas son sólo un costo de hacer negocios con ellos, como pagar por un nuevo avión corporativo.”

El sistema roto

El sistema financiero global es increíblemente complejo y capaz de mover miles de millones de dólares en muchas direcciones, a través de múltiples fronteras, con el sólo hecho de apretar un botón en esta era digital, dificultando que los bancos realmente conozcan a sus clientes en todos los casos.

Sin embargo, la ley demanda que lo hagan, y que tengan los sistemas adecuados para impedir el lavado de dinero.

Desde la perspectiva regulatoria, sospechar que una transacción es sucia no es lo mismo que probarlo.

Los crímenes financieros, por su composición, son difíciles de rastrear e involucran una considerable suma de recursos policiales para investigarlos y procesarlos.

Bryan Hubbard, vocero de la la Oficina de la Contraloría Financiera (OCC, por sus siglas en inglés), la cual regula a los bancos nacionales, al ser entrevistado por Narco News, insistió que su oficina está a cargo de supervisar un amplio margen de asuntos legales y regulatorioas, y tiene un número de acciones de supervisión y control considerable en la actualidad, pero que no pone una “atención especial” en el lavado de dinero -sin embargo, agrega, la OCC está comprometida en aplicar las leyes contra el lavado de dinero.

Dadas las condiciones de los escasos recursos, las leyes contra el lavado de dinero dependen en gran medida en hacer que los bancos sean sus propios policías -al asegurar que los informes  por actividades sospechosas sean presentados con regulaciones cuando las transacciones excedan ciertos umbrales  o que los departamentos de cumplimiento tengan al personal y al sistema adecuado.

Sin embargo, el problema es que hay muchos hoyos en el sistema, en gran medida debido  a la poca estricta supervisión de reguladores sobrecargados de trabajo o incluso incompetentes -con el problema adicional que muchos de esos reguladores ven a los prestamistas que regulan como futuros empleadores.

Por ejemplo, esta el caso de HSBC (que actualmente es sujeto a una investigación en el Senado estadounidense sobre  supuestas actividades de lavado de dinero).

Uno de los antiguos altos funcionarios de la oficina de cumplimiento del subsidiario del prestamista estadounidense (llamado HBUS) previamente trabajó como investigador de OCC, según los registros del Senado de los EEUU.

Además, dos de los ex directores Anti Lavado de Dinero de HBUS habían trabajado anteriormente para el gobierno de los EEUU -uno como procurador federal y el otro como funcionario del Tesoro de los Estados Unidos.

Y, de igual forma, existen problemas similares en las relaciones de poder dentro de los departamentos de cumplimiento de los bancos, cuyos empleados pueden poner en riesgo millones de dólares de los ingresos si prestan mucha atención a las sospechas de lavado de dinero, con el inconveniente de que si las sospechas son equivocadas, pueden correr el riesgo de enojar a los poderosos clientes del banco así como a sus  jefes.

Es ese ciclo de desincentivos lo que le facilita a los pillos irse con la suya, ya que, el riesgo de que un banco sea atrapado violando leyes contra el lavado de dinero simplemente no es superior a los beneficios de mirar para otro lado.

En agosto pasado, Standard Chatered aceptó pagar una multa de 340 millones dólares para quitarse de encima a un regulador de bancos de Nueva York luego de que el prestamista británico fuera acusado de ocultar miles de millones de dólares en transacciones relacionadas con intereses iraníes, en violación a leyes estadounidenses.

“Esa multa de 340 millones de dólares representó sólo el 4.5 por ciento de las ganancias de Standard Chartered en 2011,” señala Intriago. “Ese dinero no es nada para el banco.”

Repitiendo la historia

Sin embargo, Standard Chartered no es el único acusado por utilizar el sistema bancario estadounidense para mover dinero de personajes oscuros. En los años 90, Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas, utilizó al banco estadounidense Citibank para ayudarle a sacar de México más de 100 millones de dólares hacia distintas cuentas suizas. A pesar que autoridades de los EEUU investigaron los sospechosos movimientos de dinero, no se presentaron cargos contra Raúl Salinas o Citibank, subsidiario de Citigroup Inc.

En enero de 2010, Citigroup apareció una vez más en los radares de los reguladores bancarios, esta vez en México cuando un juez acusó a una decena de casas de cambio de lavar dinero del narcotráfico a través de distintos bancos, incluyendo el subsidiario mexicano de Citigroup. En ese caso, Citigroup tampoco fue acusado de violar alguna ley.

Sin embargo, en abril de este año, un regulador bancario de EEUU, la OCC, emitió una orden de suspensión contra Citigroup debido a las “debilidades en el control interno, incluyendo la incompleta identificación de clientes de alto riesgo en múltiples áreas del banco.”

Y de nueva cuenta, Citigroup no fue acusado de ninguna violación penal y tampoco admitió o negó las acusaciones, pero se comprometió a instituir reformas.

Narco News es muy consciente de la historia bancaria de Citigroup, particularmente en México.

En el año 2000, dl director general de Narco News, Al Giordano, y el periodista mexicano Mario Menéndez, director del diario mexicano Por Esto!, fueron demandados por el poderoso prestamista Banco Nacional de México (BANAMEX). En ese momento, Banamex estaba controlado por el banquero Roberto Hernández Ramírez.

Durante el litigio, presentado en la corte estatal de Nueva York el 5 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Nueva York desestimó el caso contra Giordano y Menéndez en una gran victoria para las publicaciones en internet, a las cuales se les otorgaba los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU:

“El demandante [Banamex] alega que los acusados [Giordano y Menéndez] hicieron acusaciones que el Sr. Hernández Ramírez está implicado en el tráfico de drogas criminal, específicamente con el narcotráfico colombiano.”

Mientras estaba en curso el litigio contra Giordano y Menéndez, Citigroup llegó a un acuerdo, anunciado en mayo de 2001, para adquirir Banamex, el entonces segundo banco más grande de México, por unos $12.5 mil millones de dólares en efectivo y acciones.

Primera plana

En los últimos meses, el lavado de dinero en el sistema bancario ha regresado a las primeras páginas de los diario debido al caso de HSBC, el cual apareció en un informe de investigación del Senado de los EEUU emitido en julio pasado.

El prestamista británico fue investigado a raíz de la orden de suspensión de OCC emitida en octubre de 2010, la cual decía que el prestamista tenía “serias deficiencias” en su “programa de cumplimiento” contra el lavado de dinero. Posteriormente, el banco fue objeto de una investigación del Departamento de Justicia de los EEUU y ha destinado más de 1.5 mil millones de dólares en pagar multas y costos relacionados con el caso, el cual, probablemente, resulte en un acuerdo de proceso diferiodo -a menos que el consejo de Intrigao de asesoramiento sea atendido y las sanciones criminales lleguen a justo fin.

Tenga en cuenta que a pesar de que $1.5 mil millones pueden parecer mucho dinero para la gente común, los activos de HSBC exceden los $2.5 billones de dólares y en 2011 registró ganancias de casi $22 mil millones.

El registro, de HSBC, según lo expuesto hasta ahora en el caso, no es muy presentable.

Del informe del Senado de EEUU, preparado por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y emitido el 17 de julio:

Los problemas identificados [en HSBC] incluyen una masiva acumulación de 17 mil alertas identificando posibles actividades sospechosas que debían revisarse; métodos ineficientes para identificar actividad sospechosa; el incumplimiento de presentar los Informes de Actividad Sospechosa ante agencias estadounidenses; el incumplimiento de realizar las debidas diligencias para evaluar los riesgos de los afiliados de HSBC antes de la apertura de sus correspondientes cuentas; el incumplimiento por tres años de HBU [la filial del banco en EEUU] entre mediados de 2006 a mediados de 2009 de realizar monitores contra el lavado de dinero de 15 mil millones de dólares en transacciones en efectivo con asociados de HSBC; procedimientos deficientes al asignar los registros de riesgo país y de riesgo de clientes; incumplimiento de supervisar actividades de transferencia anual por 60 billones de dólares en clientes domiciliados en países evaluados por HBUS como de bajo riesgo; personal inadecuado y no calificado contra el lavado de dinero; recursos inadecuados contra el lavado de dinero; y problemas con el liderazgo contra el lavado de dinero.

Debido a que muchas de estas críticas en cuanto al control del lavado de dinero son serias, amplias y generalizadas, también plantean preguntas sobre como se permite que los problemas se acumulen y porque OCC no obligó a una acción correctiva antes [de octubre de 2010].

Y las subsidiarias mexicana y estadounidense de HSBC, HBMX y HBUS, respectivamente, ocupan un lugar destacado en la carnicería financiera.

Más del reporte del Senado:

HBMX utilizar sus billetes en cuenta principalmente para vender dólares estadounidenses recibidos de sus clientes [en México] a HBUS, que HBMX normalmente transporta a HBUS a través de un auto blindado o por avión. En un período de tres meses entre noviembre de 2006 y febrero de 2007, HBMX envió cerca de $742 millones de dólares HBUS; en su apogeo, HBMX exportó 4 mil millones de dólares en envíos en efectivo a granel a HBUS en el transcurso de un año, 2008.

La conexión de Puebla

Uno de los clientes mutuos entre HBUS y HBMX es particularmente problemático: una casa de cambio mexicana llamada Casa de Cambio Puebla.

Dicha casa de cambio, que operaba como el brazo lavador de dinero de la organización narcotraficante de Sinaloa, incluyó también a otro prestamista en su maquinaria, que desde entonces fue adquirido por el gigante banquero estadounidense Wells Fargo.

El reporte del Senado ofrece una percepción de las subsidiarias de Puebla y HSBC:

En el 2008, los Estados Unidos acusaron a la Casa de Cambio Puebla (CCP), a dos de sus funcionarios y a otros dos individuos con cargos de tráfico de drogas y de lavado de dinero…

Además, en 2010 el Banco Wachovia llegó a un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de los EEUU por haber incumplido un programa contra el lavado de dinero en relación con sus casas de cambio, incluyendo la de Puebla.

Esos procedimientos legales, que involucraban a una importante casa de cambio mexicana y a un importante banco estadounidense, recibieron mucha atención.

La CCP por mucho tiempo ha sido cliente de HBMX.
... En 2004, CCP abrió una cuenta de billetes de banco con HBUS [en los EEUU].

Para 2007, CCP ya tenía varias cuentas en HBMX, así como un importante préstamo.

Después de que los Estados Unidos decomisaran los fondos de la compañia [CCP] en el Banco Wachovia en mayo de 2007, HBUS [en los EEUU] suspendió la cuenta de CCP dos semanas después y cerró la cuenta en junio de 2007.

[Sin embargo,] HBMX [en México] no cerró la cuenta hasta noviembre de 2007, y solamente después de que el Procurador General de la República ordenara el encautamiento de los fondos de CCP.

Pero las conexiones entre Wachovia, las subsidiarias de HSBC y CCP eran más profundas.

Para entender los hilos que conectan a estos actores financieros, es necesario volver a examinar el misterioso accidente de un jet corporativo Gulfstream II el 24 de septiembre de 2007 en la región de Yucatán. A bordo de ese avión había un estimado de cuatro toneladas de cocaína, que al parecer fueron cargados en Colombia.

El Gulfstream II tenía el número N987SA, vinculado, por investigadores europeos, a anteriores operaciones de la CIA.

Anteriormente, Narco News reportó que la factura de venta del jet Gulfstream que fue vendido sólo unas semanas antes de su aterrizaje forzoso- menciona a un individuo llamado Greg Smith, cuyo nombre también aparece en documentos públicos que indican que trabajó como piloto en operaciones encubiertas que involucran al FBI, la DEA y la CIA y que estaban dirigidas contra narcotraficantes en Colombia.

Un agente de la CIA llamado Baruch Vega, quien fue parte clave en esas operaciones encubiertas, también confirmó la información relacionada con Smith. Hasta la fecha, Narco News no ha podido rastrear a Smith ni a su socio en la compra del jet, Clyde O’Connor.

Vega también afirma que la carga de cocaína en el jet fue comprada por un consorcio de narcotraficantes colombianos que incluía a un agente de la CIA llamado Nelson Urrego, quien fue detenido por las autoridades panameñas por lavado de dinero y tráfico de drogas en 2007, poco más de una semana antes de la caída del jet Gulfstream II.

El jet Gulfstream II, según las autoridades mexicanas, fue uno de una serie de aviones adquiridos por la organización de Sinaloa a través de un esquema de lavado de dinero que implica una cadena de casas de cambio mexicana. Esas casas de cambio, incluida la Casa de Cambio Puebla (cliente tanto de Wachovia como de la subsidiaria de HSBC), fueron supervisadas por el supuesto operador de la organización de Sinaloa Pedro Alfonso Alatorre Damy, según el gobierno mexicano y reportes de medios estadounidenses.

Alatorre Damy fue arrestado en México en noviembre de 2007. También enfrenta a una serie de cargos en los EEUU, incluyendo conspiración para importar cocaína y conspiración para lavar dinero.

Previamente, Vega dijo a Narco News que por lo que sabe, el jet Gulfstream II fue parte de una operación policial legítima diseñada para reunir pruebas contra el narcotraficantes en los EEUU.

Sin embargo, otros activos policiales y de inteligencia que hablaron con Narco News concuerdan que incluso una operación de legítima no puede desarrollarse en el extranjero sin la supervisión de la CIA -debido a que la misión de la CIA es la de ser la agencia de inteligencia encargada de proteger intereses considerados vitales para los EEUU. Ellos concluyen que es posible que el jet relacionado con la CIA, que en 2007 se estrelló en México, menos de un año después de que el presidente mexicano Felipe Calderón le declarara la guerra a los “carteles”, fuera parte de una operación encubierta de la CIA.

La relación con la CIA

Un actual caso judicial en Chicago, oculto bajo el pesado manto de la seguridad nacional, ofrece una idea de la posible explicación del involucramiento de la CIA en la operación Gulfstream II.

Un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más notorias de México, afirma que los jefes del cártel de Sinalao han estado trabajando con el gobierno de los EEUU por años, de acuerdo a los alegatos presentados en ese caso en Chicago.

Esa persona, Jesús Vicente Zambada Niebla, es el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García -uno de los máximos jefes de la organización narcotraficante de Sinaloa. Zambada Niebla fue detenido en México en marzo de 2009 y en febrero de 2010 fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por cargos relacionados al narcotráfico.

La acusación pendiente contra Zambada Niebla afirma que actuó como “coordinador de logística” para el “cártel”, ayudando a supervisar una operación que importó a los EEUU “múltiples toneladas de cocaína … utilizando diversos medios, incluyendo un Boeing 747, aeronaves de carga, aviones privados… autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores y automóviles.”

La revelación de que Zambada Niebla afirma que ha sido un activo del gobierno de los EEUU es un desarrollo sorprendente en la llamada guerra contra las drogas. La afirmación, de ser cierta, añade credibilidad a las viejas teorías de que el gobierno mexicano y de Estados Unidos están apoyando a la organización de Sinaloa y a sus líderes, entre ellos El Mayo y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, como parte de una estrategia más amplia para debilitar y finalmente eliminar a las organizaciones narcotraficantes rivales. Los funcionarios estadounidenses y mexicanos, obviamente han negado sistemáticamente cualquier acuerdo de este tipo.

Pero las acusaciones de Zambada Niebla no pueden ser descartadas por completo, debido a que el gobierno de EEUU, específicamente la CIA, tiene un historial de tergiversar el estado de derecho cuando considere que sus intereses nacionales están en juego.

El banco Riggs de McLean, Virginia, fue adquirido por PNC Financial Services Group en 2005 después de una declaración de culpabilidad, y de pagar una multa de $16 millones de dólares, en relación con los cargos del Departamento de Justicia de no haber reportado “numerosas transacciones sospechosas.” Entre las transacciones que Riggs no supervisó adecuadamente se encuentran aquellas realizadas por el infame dictador chileno y aliado de los EEUU, Augusto Pinochet.

En 2005, el Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa anunciando la declaración de culpabilidad de Riggs, un acontecimiento bastante raro en el mundo de la banca. El texto dice lo siguiente:

Entre 1994 y 2002, Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart Rodríguez, mantuvieron varias cuentas bancarias, inversiones y certificados de depósitos en el Riggs (las “cuentas de Pinochet”). Las cuentas de Pinochet en el Riggs se encuentran en los Estados Unidos y en su sucursal en Londres. Durante este período de tiempo, Pinochet depositó más de $10 millones en las cuentas. Sin embargo, el Riggs no llevó a cabo la diligencia suficiente sobre el origen de los fondos depositados en las cuentas de Pinochet y no reportó transacciones que sabía o que tenía razones para creer que eran sospechosas. Además, el personal del Riggs transfirió dinero de manera que evitara el escrutinio.

Así que está claro que Riggs ayudó a facilitar el desplazamiento de millones de dólares para el beneficio de un brutal dictador sudamericano que resultaba ser títere de los EEUU. Lo que es menos conocido, son sus supuestos vínculos con la CIA, como revela un reportaje de Wall Street Journal de 2004.

De ese reportaje:

(El banco Riggs) ha tenido una larga relación con la Agencia Central de Inteligencia, de acuerdo a personas familiarizadas con las operaciones de Riggs y funcionarios del gobierno estadounidense.

Esa relación, que incluyó a los principales ejecutivos actuales y anteriores del Riggs que recibían autorizaciones de seguridad del gobierno, podrían complicar cualquier procesamiento de los funcionarios del banco, según los abogados privados y ex fiscales.

The Wall Street Journal señala que los EEUU han tenido una “relación de larga data pero indirecta con el Sr. Pinochet” y también afirma que “entre 1990 y 2003, los funcionarios del Riggs presuntamente ocultaron algunos tratos de Sr. Pinochet con los reguladores.”

Hasta la fecha, no hay evidencia que indique el HBUS de McLean, Virgina -o su matriz británico, HSBC, o asociado mexicano HBMX- tengan alguna relación con la CIA. Sin embargo, parece claro que la CIA jugó un papel en el caso de la Casa de Cambio Puebla y su conexión con el cártel de Sinaloa, a través del jet de la cocaína Gulfstream II. Y gracias al informe del Senado de los EEUU, está claro que los subsidiarios de HSBC movieron mucho dinero sospechoso para CCP.

Y hay más pruebas de que intereses de estadounidenses y mexicanos en la guerra contra las drogas, que ha cobrado unas 120 mi vidas en México desde 2006, tienen más que ver con la consolidación del tráfico de drogas que con eliminarlo. Esa guerra continuará bajo el reinado del nuevo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien ya ha hecho algunos movimientos que hacen alusión a los esfuerzos adicionales de consolidación.

Un desarrollo reciente en este frente tiene que ver con una carta enviada a El Paso Times y al diario mexicano Reforma por un importante narcotraficante, ahora capturado, Edgar Valdez Villareal, conocido como La Barbie, que durante un tiempo fue el principal ejecutor la organización narcotraficante de los Beltrán Leyva -que ha estado enfrentado en una larga disputa con la organización de Sinaloa.

La Barbie, detenido por la policía mexicana en 2010 y ahora enfrentando su extradición a los EEUU, en su carta afirma que el presidente mexicano Felipe Calderón comenzó una negociación con los principales carteles mexicanos, buscando hacer acuerdos, por lo menos en 2008 -a menos de dos años de haber asumido el cargo. La Barbie afirma que la persona que coordinaba las negociaciones era el entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien murió en un accidente aéreo en noviembre de 2008.

También es interesante que, en su juicio en Chicago, el líder del cártel de Sinaloa, Zambada Niebla, haya afirmado que durante años los grandes capos de la organización de Sinaloa han estado colaborando con el gobierno de los EEUU con un acuerdo de inmunidad. A cambio, los capos de Sinaloa, aceptaron proporcionar información de sus rivales, como los Beltrán Leyva, afirmación que los fiscales EEUU niegan.

La Barbie dice en su carta a los periódicos que él no aceptó el trato ofrecido por los representantes de Calderón, y por esa razón, sospecha, fue perseguido por las autoridades mexicanas. Pero ¿es posible, asumiendo como válidas las afirmaciones La Barbie, que los otros grupos del narcotráfico llegaron a un acuerdo con el gobierno de Calderón, y que les resultó en un trato especial?

Sin embargo, las autoridades mexicanas sostienen que los cargos hechos por La Barbie en su carta son infundadas.

Y la otra pieza del rompecabezas involucra a un diplomático mexicano, cuyos correos electrónicos con una firma privada de inteligencia estadounidense, Stratfor se dieron a conocer a principios de este año a través de WikiLeaks. El diplomático mexicano, que trabajaba en el Consulado Mexicano en Phoenix, dice en sus mensajes de correo electrónico que el gobierno mexicano ha firmado acuerdos de cooperación con los cárteles mexicanos en un esfuerzo por mantener el orden en las principales plazas del narcotráfico en México, como Ciudad Juárez. Ese diplomático también afirma en un correo de julio de 2009 que los “principales cárteles han garantizado las rutas a los EEUU.”

Mientras Calderón deja su cargo para dar clases en la Universidad de Harvard, después de haber pasado los últimos años aumentando el flujo de sangre y dinero de la guerra contra las drogas, y mientras una nueva serie de casos de lavado de dinero vinculados con narcotraficantes ganan la atención de los medios, parece que el fantasma de la guerra contra las drogas está tomando un tono opaco.

Y por supuesto, todo esto es impulsado por el capital -lo que puede explicar porque a muchos bancos simplemente los han dejado irse con la suya cuando se trata de leyes contra el lavado de dinero- y en algunos casos posiblemente han alentado el eludir la ley para defender los intereses encubiertos de cierta agencia estadounidense de tres letras.

Narco News, en los albores de este siglo, hizo una ola internacional al exponer a un supuesto narcotraficante y que casualmente dirigía un enorme banco, poniendo énfasis en este problema y arriesgando su propia existencia al hacerlo. Pero aún así, más de una década después, el juego continúa. Y los puntos relacionados siguen sin ser conectados por los principales medios de comunicación, quienes parecen disfrutar la ignorancia de la verdadera historia de esta guerra contra las drogas mientras cubren las sangrientas y episódicas batallas.

Al final, en casi todos los casos, los gobiernos no arrestan a los banqueros ni procesan penalmente a los bancos. En vez de ello, hacen acuerdo, manteniendo el estatus quo y protegiendo los intereses monetarios. Esta no es una teoría conspirativa; simplemente es una estrategia pragmática de inversión.

Y si somos honestos con nosotros mismos, debe llevarnos a concluir que la llamada guerra contra las drogas es poco más que un inmenso “acuerdo de drogas”.

Permanezcan en sintonía…

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