Compañia canadiense busca asegurarse explotación minera en El Salvador

A medida que los intereses corporativos mineros se ven amenazados, la violencia se incrementa en el departamento Cabañas de la nación centroamericana

Por Jillian Kestler-D'Amours
Generación 2010, Escuela de Periodismo Auténtico

7 de marzo 2010

Unos 5 mil kilómetros separan a Canadá de la nación centroamericana de El Salvador. Pero eso no ha impedido que se libre una batalla legal de grandes proporciones en la corte del libre comercio corporativo, y que involucra a una compañia minera canadiense y al gobierno salvadoreño.

El litigio se lleva a cabo por la controversia marcada por los asesinatos de varios activistas salvadoreños anti mineras y por la preocupación del impacto ambiental de las operaciones mineras.

La empresa Pacific Rim Mining Corporation presentó formalmente su caso en contra del gobierno de El Salvador el 30 de abril de 2009, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), filial del Banco Mundial.

Pacific Rim dice que el gobierno salvadoreño ha violado leyes de comercio internacional al no otorgarle a la compañia los permisos necesarios para comenzar a explotar los depósitos de oro del sitio minero El Dorado, localizado en el departamento Cabañas a unos 80 kilómetros al este de la capital, San Salvador.

Desde junio de 2009, tres activistas salvadoreños anti mineros de la región de Cabañas han sido asesinados: Dora “Alicia” Recinos Sorto (que tenía ocho meses de embarazo al momento de su muerte), Ramiro Rivera Gómez y Marcelo Rivera.

En el área, la violencia, los secuestros y las amenazas de muerte también se han incrementado, de acuerdo con Emily Carpenter, coordinadora nacional de la red de ciudades hermanas EUA-El Salvador.

“El departamento de Cabañas tenía una de las tasas criminales más bajas del país hasta que Pacif Rim llegó”, Carpenter escribió en un correo electrónico a Narco News. “Ahora, desde 2006, hemos visto amenazas en contra de periodistas locales y líderes comunitarios; hemos visto al líder comunitario, Marcelo Rivera, ser desaparecido, torturado, y asesinado; hemos visto el intento de secuestro en contra de curas católicos; hemos visto asesinatos donde los aspectos políticos de sus causas, y la existencia de ‘autores intelectuales’ simplemente no se investigan. Hemos visto un ambiente general de impunidad.”

Pacific Rim afirma que El Salvador ha violado el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), debido a que no otorgó a la compañia la licencia de explotación a pesar del hecho de que la Pacific Rim completó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) conforme a la legislación nacional.

Mientras que Pacific Rim es una corporación canadiense con sede en Vancouver, Columbia Británica—y por tanto no estaría incluída en el CAFTA—también tiene tres filiales: Pac Rim Cayman LLC en los Estados Unidos, y Pacific Rim El Salvador y Dorado Exploración, también en El Salvador.

Fue la filial de Pacific Rim en los Estados Unidos, Pac Rim Cayman LLC, la que presentó el reclamo en virtud del CAFTA. La corporación está buscando que se le paguen daños por US $77 millones por gastos varios, así cómo sumas sin especificar relacionadas con pérdidas en inversiones y sus intereses.

El Salvador firmó el CAFTA en 2006. Además de El Salvador, son parte del tratado: Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica y los Estados Unidos.

El capítulo 10 del CAFTA establece las protecciones concedidas a los inversionistas y el proceso de arbitraje para las quejas. El pacto internacional, creado para promover los intereses del libre comercio global, incluye disposiciones que prohíben a las naciones participantes el discriminar a inversionistas o compañias basados en su nacionalidad. Además, el acuerdo prohíbe que los gobiernos expropien la propiedad privada de alguna compañia (lo que incluye activos actuales y beneficios potenciales), entre otras cosas.

El capítulo 10 del CAFTA también explica cómo debe llevarse a cabo un reclamo antes que el CIADI asegure esos derechos corporativos. El capítulo establece también (en el artículo 10.26) que si bien el tribunal no está autorizado a conceder daños punitivos, este puede otorgar una indemnización monetaria o la restitución de los bienes.

La historia de Pacific Rim en El Salvador

Pacific Rim ha estado operando en El Salvador, por su cuenta o a través de filiales, desde 1993. En 2002, recibió el permiso de exploración de una potencial mina de oro en el país.

Además del proyecto El Dorado, Pacific Rim ha explorado otras dos potenciales sitios de extracción de oro en el mismo departamento de Cabañas: Zamora y Santa Rita.

Sin embargo, el proyecto de El Dorado es el principal interés de la compañia, y está localizado cerca del pueblo de Sensutepeque, un área rural densamente poblada por campesinos y criadores de ganado.

Desde 2008, sin embargo, el proyecto El Dorado de Pacific Rim ha estado en espera.

En 2009, tanto el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, como su predecesor, Antonio Seca, anunciaron que no otorgarían licencias para proyectos mineros en el país.

De acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Pacific Rim ha perdido dinero desde 2005, por un total de US $53 millones.

Construyendo la oposición desde abajo

Un estudio de impacto ambiental (EIA) llevado a cabo en 2005 y patrocinado por Pacific Rim, afirmaba que el proyecto minero no tendría, o tendría muy pocas, afectaciones ambientales. Sin embargo, el estudio patrocinado por la corporación no ha aliviado las preocupaciones de los activistas contra la minería de la región, quienes temen que el proyecto de El Dorado tendrá consecuencias nefastas para el ambiente—especialmente en los recursos acuíferos subterráneos y en la agricultura—así como en la salud de los pobladores locales.

En 2005 Roberto Moran, un hidro-geólogo estadunidense, publicó un informe que concluía que el EIA de Pacif Rim “carecía de los datos básicos de prueba necesarios para definir adecuadamente la cantidad de agua y las condiciones de calidad del agua. Es especialmente débil en áreas relativas a la definición de recursos acuíferos subterráneos.”

Moran descubrió también que Pacific Rim carece de un sentido de apertura y transparencia al proporcionar al público los resultados del EIA, y que en general, el EIA de la compañia “no sería aceptado para organismos regulatorios en la mayoría de los países desarrollados.”

Lo que está en juego para Pacific Rim, y para aquellos en El Salvador beneficiados en su nómina, son los millones de dólares en ingresos perdidos si sus operaciones mineras son clausuradas permanentemente si su reclamo ante el CIADI no tuviera éxito.

Con tal cantidad de dinero en juego, el potencial de intimidaciones en contra de aquellos que buscan cerrar las operaciones mineras se agrava, de acuerdo con abogados en derechos humanos trabajando en la región.

Un comunicado de prensa de diciembre de 2009 emitido por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, con base en los Estados Unidos, afirma que “la actual violencia en Cabañas, incluyendo los numerosos ataques, intentos de secuestro y amenazas de muerte, [así como los tres homicidios desde el verano de 2009] parece estar centrada en la presencia de la minera Pacific Rim en la región, con los prominentes líderes antimineros bajo ataque.”

Sin embargo, Pacific Rim y sus filiales han negado las acusaciones que ligan a la compañia con la violencia.

“Los mismos grupos antimineros que equivocadamente han implicado a Pacific Rim en los [recientes] asesinatos han retratado los incidentes como resultados de un supuesto conflicto hostil relacionado con el debate sobre la minería en El Salvador,” dijo Pacific Rim en un comunicado de prensa lanzado el 4 de enero de 2010. “Sin embargo, no hay evidencia que indique que estos actos violentos tengan alguna relación con el debate sobre la minería en el país.”

Mientras el CIADI no puede forzar a que El Salvador otorgue los permisos de minería, puede forzar al gobierno a que pague los daños. Esto, de acuerdo con Carpenter, sentaría un peligroso precedente para que el país fuera demandado de nueva cuenta por otras operaciones mineras.

Sin embargo, si Pacific Rim fracasa en su litigio con el CIADI, podría representar una victoria para la gente del departamento de Cabañas en El Salvador, quienes en esta lucha se juegan algo mucho más importante que el dinero.

“Esta es la recta final, donde podemos demostrar ante la ley lo que la gente ha demostrado con la práctica: Que la vida es más importante que el oro y las ganancias,” escribe Carpenter en el correo electrónico a Narco News. “No muy seguido hay oportunidades tan claras como esta para que la gente tenga semejante victoria.”