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Ex jefe de la DEA en El Paso arremete contra procurador EU en relación a “homicidios que el gobierno pudo prevenir”

IMAGE: Johhny Sutton: House of Death

El veterano agente Sandalio Gonzalez demanda una investigación del Congreso en el caso de la “Casa de la Muerte”


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

6 de julio 2005

Un oficial de alto nivel de la DEA, recientemente retirado, hace un llamado al Congreso para investigar el papel que jugó un Procurador de Estados Unidos en el encubrimiento de un informante que participó en un homicidio masivo en Ciudad Juárez, México.

El oficial de la DEA, Sandalio Gonzalez, señala directamente a Johny Sutton, Procurador de los Estados Unidos en San Antonio, Texas. Apunta que si Sutton hubiera actuado antes en el caso, más de una docena de personas estarían vivas actualmente. Por lo tanto, Gonzalez opina que el Congreso debe actuar ahora para llegar al fondo de lo que Sutton sabía y desde cuándo lo sabía.


Sandalio Gonzalez
Foto: FHLEOA
“A menos que un comité del Congreso llame a Sutton a comparecer y responder las preguntas acerca del suceso, el encubrimiento continuará”, declaró Gonzalez en entrevista exclusiva para Narco News.

De acuerdo con Gonzalez, quien hasta enero de este año fungió como agente especial a cargo de la oficina regional de la DEA en El Paso, Sutton se enteró de la participación de un informante en los crímenes cometidos alrededor por lo menos el 24 de febrero de 2004. Fue entonces cuando Gonzalez envió una carta a Sutton donde alertaba sobre el papel del informante en los asesinatos.

Fuentes de procuración de justicia familiarizadas con el caso han revelado a Narco News que agentes federales de la Oficina de Aplicación de la Ley en Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), trabajando estrechamente con la Procuradora Asistente de los Estados Unidos, Juanita Fielden , quien está bajo el mando de Sutton, presuntamente ocultaron la complicidad del informante en los asesinatos.

Específicamente, las fuentes alegan que los documentos relacionados con el caso fueron triturados cuando los medios comenzaron a investigar la historia en la primavera de 2004. También declaran que el informante fue trasladado frecuentemente, en parte para evitar que otras agencias federales como la DEA, pudieran acceder a él. Un supervisor de alto nivel en la oficina regional de ICE en el El Paso presuntamente ordenó a miembros de su oficina no cooperar con agencias federales que podrían estar investigando el papel del informante en los homicidios, aseguraron las fuentes.

Además, las fuentes informaron que otro supervisor de alto nivel de la oficina regional de ICE en El Paso, presuntamente, compró el silencio del informante – supuestamente pagó 50 mil dólares o más. Las fuentes señalan que para poder ocultar el pago, se le hizo parecer como si éste se hiciera a otro informante (uno que ya estaba muerto y que fue asesinado por narcotraficentes mexicanos cuando descubrieron que era un soplón).

Aunque los cargos puedan parecer impactantes, Gonzalez considera que el encubrimiento en este caso no puede tomarse a la ligera. Por ello es que él ha dado el primer paso al comentarlo públicamente.

Gonzalez, un veterano de 26 años en la DEA, tiene un registro de trayectoria excepcional en la agencia que es parte del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés). Antes de ocupar su cargo en El Paso, Gonzalez colaboró como agente especial asociado a cargo de la división regional de Miami de la DEA. Anteriormente, como Jefe de la sección Sudamericana de la Oficina de Operaciones Internacionales, vigiló las operaciones de la DEA en Sudamérica.

De cualquier manera, Sutton no pareció impresionado por los antecedentes de Gonzalez o, por lo menos, no se mostró interesado en reunirse con él cuando recibió la carta. En lugar de eso, la reacción de Sutton fue comunicarse con sus contactos de alto nivel en el DOJ para presionar a Gonzalez, silenciarlo y asegurarse que la carta fuese olvidada.

“Cuando un Procurador de los Estados Unidos recibe una carta de otro importante miembro del gobierno en el DOJ, y su primera reacción es ir contra el miembro que está detrás de él en lugar de prestar atención al asunto referido, es de sospechar”, mencionó Gonzalez a Narco News. “Si él estaba ocupado, al menos debió llamarme para programar una cita conmigo.

“En lugar de eso, él acude a mis espaldas al DOJ para levantar una queja. Esto es una muestra de la manera en que el gobierno trabaja en contra de los que alertan sobre una situación. Cuando están en contra del asunto, no importa si están en lo correcto, el gobierno los persigue. La marca es más que clara en esto”.

Los hilos de la muerte

La carta de Gonzalez expuso la complicidad de agentes federales de los Estados Unidos en asesinatos múltiples en Juárez. Los homicidios fueron ligados a la investigación de Heriberto Santillán-Tabares, quien, según fiscales de los Estados Unidos, es un importante lugarteniente del cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes,

Un informante confidencial, quien presuntamente logró infiltrarse muy alto en el cártel de Juárez, jugó un rol importante en la captura de Santillán. El nombre del informante es, supuestamente, Jesús Contreras, de acuerdo a fuentes policíacas y reportes de los medios de comunicación.También es conocido como “Lalo”.

Un reporte reciente de la publicación mexicana Proceso (disponible aquí en el sitio web de Por Esto!) apunta que Lalo es un oficial de la hoy extinta Policía Federal de Caminos. Una fuente de Narco News confirmó la certeza de esa información.

No obstante, el reportaje de Proceso también indica que el verdadero nombre de Lalo sea Eduardo Martinez Peyro.

Pero ¿quién es este tipo en realidad?

Evidentemente, la identidad de un informante se oculta bajo capas de decepción para su propia protección, así es que su verdadero nombre —debajo de las máscaras de sus distintos ‘alias’— sigue siendo un misterio hasta ahora. Se trata, esencialmente, de un hombre con varios nombres.

Entre agosto de 2003 y mediados de enero de 2004, una docena de personas fueron torturadas, asesinadas e inhumadas en el patio de una casa en Juárez — la “Casa de la Muerte”. El informante Lalo, de acuerdo a fuentes policíacas, participó en varios de estos asesinatos. La mayoría de las víctimas fueron presuntos narcotraficantes mexicanos que tuvieron problemas con el narcotraficante Santillán.

Como fuera, una de las víctimas torturadas y asesinadas en la “Casa de la Muerte”, era el ciudadano norteamericano de 29 años, Luis Padilla, quien aparentemente fue detenido por error. Padilla dejó a una mujer y tres niños pequeños. La familia de Padilla tiene una demanda pendiente en contra de los oficiales del ICE, presuntamente cómplices de su asesinato.

Las autoridades que ocupaban los servicios del informante —agentes y supervisores de la oficina de ICE en El Paso y un fiscal de Estados Unidos — estaban completamente al tanto de la participación de Lalo en los homicidios, se presume. De cualquier manera, no hicieron nada para detener la matanza por miedo a poner en riesgo el caso Santillán y un caso de contrabando de cigarrillos que trataban de resolver con la ayuda del informante.

El presunto cómplice del informante en Juárez, el comandante de la policía judicial del Estado mexicano, Miguel Loya Gallegos, junto con Santillán, han enfrentado cargos por asesinato y tráfico de drogas relacionados con la tortura y homicidios en esta ciudad fronteriza que se ubica justo al otro lado del río, frente a El Paso, Texas.

De acuerdo a fuentes policíacas, Loya presenció las operaciones homicidas –llamadas “carnes asadas”– en la “Casa de la Muerte” en Juárez y estaba en la nómina de Santillán, se presume.

La máquina de homicidio masivo activada por Loya y sus “madrinas” —incluyendo al informante de ICE y otros oficiales de la policía judicial mexicana— se vino abajo después de que policías bajo el mando de Loya detuvieran por error a un agente de la DEA y a su familia en Juárez. Los policías corruptos creyeron que el agente era un narcotraficante de la competencia.

De no haber sido porque el agente de la DEA pensó rápidamente —y utilizó su teléfono celular para traer a otro agente de la DEA a la escena— y por la buena suerte, el agente y su familia bien hubieran sido llevados a la “Casa de la Muerte”, de acuerdo con Gonzalez.
“Mi preocupación más importante en este asunto fue y es el agente de la DEA y su familia que casi fueron secuestrados y asesinados debido a la manera en que se perdió el control del caso, mismo que parece haberse perdido en casi todos los que se involucraron en esto”, relató Gonzalez a Narco News. “Eso fue lo que provocó en primer lugar que toda esta historia emergiera, pero muchos parecen desear que se olvide”.

Red de conexiones

El principal fiscal en el caso Santillán fue la Procuradora Asistente de los Estados Unidos, Fielden, quien aunque ubicada en El Paso, reporta directamente a la oficina de Sutton en San Antonio, de acuerdo a fuentes policiacas.


Procurador Johnny Sutton
Foto: DOJ
Entonces, al final, los asesinatos en Juárez debieron haber estado en conocimiento de Sutton.

La Procuradora Asistente Fielden, como parte de su papel en dar seguimiento al caso Santillán, trabajó estrechamente con supervisores y agentes de ICE que utilizaban al informante Lalo, por lo que ella debió haber estado completamente al tanto de su participación en los homicidios de la “Casa de la Muerte”, coinciden múltiples fuentes policíacas.

Al escribir la carta donde exponía el escándalo de la “Casa de la Muerte” a Sutton, Gonzalez apunta que, en represalia, la DEA le calificó negativamente su desempeño laboral, además de ordenarle que cerrara la boca con respecto al caso y la carta. Gonzalez dice que todo esto fue hecho bajo la presión de Sutton ya que la carta colocó al Procurador de EU en una situación difícil.

La carta es una evidencia de que los agentes y fiscales de los Estados Unidos estaban al tanto de las actividades homicidas de su informante en Juárez desde agosto de 2003, y de que la Oficina del Procurador de EU no deseaba que esa carta fuese expuesta durante un juicio, convinieron autoridades policíacas.

Gonzalez se retiró de la DEA al comienzo de este año después de haber intentado, sin éxito, que varias agencias de gobierno investigaran el encubrimiento y las represalias tomadas en su contra.

De una queja (PDF) escrita por Gonzalez a la Oficina de Consejo Especial de los Estados Unidos en septiembre de 2004:

Creo que estoy siendo castigado por decir la verdad sobre un asunto serio y de interés público que no es públicamente conocido. Cuando hice esto del conocimiento del Procurador de EU para el Distrito Occidental de Texas (al enviarle una copia de una carta a su oficina en San Antonio), en lugar de emprender acciones correctivas, él atacó mi profesionalismo. (E indirectamente criticó mi integridad al, irónicamente, negarme a participar de un encubrimiento que quizá constituye la ofensa criminal de obstruir la justicia, una traición o, para no extenderlo más, la negligencia de una agencia federal que resultó en homicidios múltiples.)

Oficiales de la DEA que están totalmente familiarizados y molestos con el asunto de los asesinatos, así como con la obstrucción de la investigación del atentado en contra de la vida de un agente de la DEA y su familia, me lo han hecho saber, siguen ahora las agendas política y personal del Procurador del Distrito Occidental de Texas de los Estados Unidos (Johnny Sutton) por las represalias tomadas en mi contra con una evaluación negativa de mi desempeño. Adicionalmente a todo lo anterior, también hay una violación de la Primera Enmienda (libertad de expresión) aquí.

Pero si la Oficina del Procurador de Estados Unidos en San Antonio ha sido ensuciada con este encubrimiento, nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad. De hecho, la versión de la oficina de Sutton es que Santillán, un peligroso narcotraficante, ha sido sacado de las calles debido a la diligencia de la Oficina del Procurador de Estados Unidos en San Antonio. Mientras que los asesinatos en Juárez, son una bolita que ha sido pasada al campo del gobierno mexicano —sin mencionar la participación del informante de los Estados Unidos en esos crímenes.

A fines de abril, la Oficina del Procurador de los Estados Unidos anunció que rompió un acuerdo con Santillán en el que se retiraron los cargos de homicidio en su contra a cambio de un sentencia de 25 años por declararse culpable de “conducir un negocio criminal”. Sutton también retiró los cargos de homicidio en contra de Loya, el comandante de la policía mexicana.

El San Antonio Express News reportó lo siguiente en mayo de este año:

Fiscales Federales en El Paso y San Antonio han retirado los cargos de homicidio y narcotráfico en contra de Miguel Loya Gallegos, de 35 años, importante comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua, acusado de supervisar diversas ejecuciones.

… En un comunicado, el Procurador de Estados Unidos en San Antonio, Johnny Sutton, mencionó que México tiene mayor interés en procesar a los responsables de los asesinatos.

Ese mismo razonamiento, que México tiene mayor interés en el caso, es el que utilizó Sutton para retirar los cargos de homicidio en contra de Santillán.

Tomado de un boletín de prensa de Sutton que anuncia el acuerdo de declaración con Santillán:

Al retirar los cargos adicionales a cambio de la declaración de culpabilidad de Santillán-Tabares, Sutton informó que México tiene mayor interés en procesar a los responsables. Todos los asesinatos fueron perpetrados en Ciudad Juárez por ciudadanos mexicanos, incluyendo a oficiales de autoridades policiacas, y todas las victimas eran ciudadanos de México.

Desde luego, con los cargos removidos, el camino legal de vuelta a cualquier encubrimiento fue sellado. No habrá ningún juicio público en el que las acciones de los fiscales de Estados Unidos y los agentes de ICE puedan ser expuestas a la luz del día.

Gonzalez opina que el caso debió haber sido llevado a juicio hace mucho tiempo, y agregó que Santillán y Loya pudieron haber sido acusados después de que agentes de ICE se enteraron del primer homicidio en agosto de 2003.

Se permitió que los homicidios continuaran, señalan distintas autoridades policíacas, porque agentes de ICE y fiscales de los Estados Unidos también utilizaban a Lalo como informante en un caso de contrabando de cigarrillos. Haber llevado el caso Santillán a su fin, explican, habría expuesto a Lalo, arruinando el caso de los cigarrillos.

“Esta es la pregunta”, indica Gonzalez en una entrevista para Narco News. “¿Cómo acusas a alguien por homicidios que el gobierno pudo prevenir?.

“¿No es esa la peor de las hipocresías? ¿Permites que los homicidios ocurran para que puedas acusar (a los homicidas)?

“El principal sospechoso (Santillán) pudo haber sido inculpado fácilmente por el primer asesinato y nada de esto habría pasado. Y no hay que olvidar a todos los demás seres humanos que fueron brutalmente asesinados como resultado”.

Jalando el hilo

Mantener al informante fuera del ojo público parece haber sido la estrategia desde que se reveló el papel que jugó en los asesinatos.

Un agente y un supervisor de ICE parecen haber sido los primeros oficiales en cruzar la línea del encubrimiento cuando atravesaron la frontera en algún momento de la primavera de 2003 para encontrarse con Lalo, el informante, en la “Casa de la Muerte” en Juárez. Fuentes policíacas informaron que, para evitar poner al tanto al gobierno mexicano y a sus contrapartes de la DEA de su visita, los oficiales de ICE fingieron ser turistas.

El propósito de la visita, señalan autoridades policíacas, fue, en parte, para satisfacer su curiosidad y visitar la casa, “para ver dónde estaban enterrados los cuerpos”, de acuerdo a una de las fuentes. Al parecer, el dúo incluso tomó fotografías.

El siguiente movimiento en el encubrimiento ocurrió cuando el agente de la DEA y su familia fueron detenidos, a principios de enero de 2004, por Loya y sus matones. Como resultado de ese incidente, la DEA evacuó a todos sus agentes de Ciudad Juárez.

En un esfuerzo por atrapar a Loya, agentes de la DEA que trabajaron en colaboración con autoridades policíacas federales de México, propusieron un plan que consistía en que Lalo, el informante, contactará a Loya para reunirse. Las autoridades policíacas mexicanas planeaban sorprender a Loya, el comandante de policía, en esa reunión y llevárselo bajo custodia.

Como fuera, de acuerdo a diversas fuentes policíacas, la Procuradora Asistente de EU, Fielden, se negó a permitir el acceso de los agentes de la DEA al informante para que, de esta manera, se arreglara y concertara la reunión. Como resultado, Loya y tres de sus secuaces eludieron a la policía federal mexicana y escaparon. Y, de acuerdo a autoridades policíacas estadounidenses, Loya agregó a la masacre cometida antes de su acto de escapismo dos asesinatos más de personas en Juárez a plena luz del día, un día después de que sus hombres detuvieran el vehículo en el que viajaban el agente de la DEA y su familia.

La ironía del escape de Loya —que fue presuntamente permitido por un fiscal de Estados Unidos— es que el Procurador Sutton ha retirado los cargos de homicidio contra Loya argumentando que las autoridades mexicanas tienen mayor interés en procesar a Loya.

Gonzalez registró su indignación con el frustrado plan de capturar a Loya en una carta del 24 de febrero de 2004 (PDF) que envió al jefe de ICE en El Paso, John Gaudioso.
Una copia de esa misiva fue enviada también a Sutton.

De la carta a Gaudioso:

Siguiendo la evacuación de nuestro personal en (Juárez), agentes de ICE, con el acuerdo de usted, se negaron a presentar inmediatamente el CS (Lalo) a las autoridades federales mexicanas para que su testimonio pudiera ser usado como la probable causa necesaria en el arresto de policías corruptos en (Juárez). Su negativa a presentar el CS ante oficiales federales mexicanos resultó en una semana de retraso antes de que la causa probable pudiera ser establecida para buscar los cadáveres. Estos oficiales dijeron a nuestros contactos en México que ellos no habrían tenido que esperar para descubrir los cuerpos previo al arresto de oficiales corruptos. Ahora estos peligrosos asesinos están sueltos.

Para empeorar la situación, usted no permitiría al CS llamar (al comandante del Estado mexicano, Miguel Loya Gallegos, un presunto operador de Santillán) para que las autoridades federales mexicanas lo arrestaran por su participación en los asesinatos. Hasta la semana pasada, usted y la fiscal (Fielden), rechazaron nuestras reiteradas peticiones para tener acceso directo al CS y así, al menos, intentar resolver la amenaza.

De hecho, la fiscal indicó que ella ordenó al personal de ICE negar el acceso de la DEA a grabaciones del CS, expresando preocupación, en relación a nuestro (DEA) acuerdo para compartir información con las autoridades federales mexicanas. Usted permitió que un fiscal hiciera una decisión operativa que interfirió con la investigación de una amenaza en contra de las vidas de compatriotas americanos agentes federales de los Estados Unidos y sus familias.

El fiscal va desnudo

Diversas fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia rectora de ICE, confirmaron que Lalo el informante fue trasladado frecuentemente después de que la DEA fuera obligada a evacuar a sus agentes de Juárez y de que la complicidad —de agentes de ICE y fiscales de los Estados Unidos— fuera del conocimiento de la DEA.

“Ellos (los agentes de ICE y la fiscal Fielden) no podían deshacerse de él (Lalo), así es que trataron de controlarlo y lo trasladaron de un lugar a otro, a Albuquerque (Nuevo México), a San Antonio (Texas), para que así nadie pudiera hablar con él, “ afirma una fuente.

Los primeros indicios del involucramiento del informante en los homicidios de Juárez aparecieron en los medios en la primavera de 2004 y el encubrimiento se reveló, de acuerdo a las fuentes. El problema es que Lalo, el informante, era valioso por lo que sabía. Él quería más dinero, indicaron las fuentes.

Eso es lo que presuntamente llevó a uno de los regentes de Lalo en ICE, un supervisor de alto nivel en El Paso, a pagarle (en algún momento entre marzo y junio de 2004) mediante la “clave” de un informante muerto. La “clave” es un número asignado, confidencialmente, a todas las fuentes para mantener su identidad oculta.

Aunque no está del todo claro cuánto dinero se le pagó a Lalo por estos medios, las fuentes indican que esto fue descubierto por alguien en las oficinas centrales de ICE en Washington, D.C. Las fuentes añaden que el pago debió exceder el monto de los 50 mil dólares, debido a que se requirió la aprobación de las oficinas centrales.

“El informante (Lalo) dijo que el gobierno le debía dinero”, declaró una fuente. “Ellos decidieron pagarle antes de que comenzara a hablar”.

Entonces, en agosto de 2004, por alguna razón que no es completamente clara, el informante Lalo fue escoltado por agentes federales desde San Antonio hasta El Paso. En El Paso, Lalo recogió el dinero que alguna tercera parte desconocida le debía.

Lalo no fue a recoger el dinero personalmente al punto de encuentro — un restaurante Whataburger en El Paso. Envió a un conocido, Abraham Guzmán, el padre de 27 años de un bebé de dos semanas de nacido. Desafortunadamente para él, el punto de entrega era una emboscada y resultó muerto a balazos al ser confundido con Lalo.

Tras el tiroteo, de acuerdo a fuentes policíacas, un supervisor de alto nivel en el ICE de El Paso presuntamente ordenó a miembros de su staff no cooperar con ninguna investigación sobre el papel del informante en los homicidios, so pena de enfrentar el rigor de la disciplina. Irónicamente, ese mismo supervisor ha sido ascendido, revelaron las fuentes.

A la fecha, no ha habido cargos contra personas involucradas en ocultar al informante, al menos los cargos no se han hecho públicos. De cualquier manera, un agente ha sido puesto en trabajos administrativos. Autoridades policíacas familiarizadas con el caso creen que un agente hispano, a menos que tenga documentación que pruebe lo contrario, podría ser la única persona elegida como chivo expiatorio.

Cualquier investigación del papel de los fiscales de los Estados Unidos en esta materia, desde luego que tendría que pasar primero por la oficina de Sutton—ante la ausencia de un fiscal especializado— o a través de la Oficina de Responsabilidad Profesional de DOJ, que está a cargo del Fiscal General Alberto Gonzalez, nativo de San Antonio.

Frente a estas realidades, la mayoría de las autoridades policíacas que hicieron declaraciones a Narco News opinan que ante la falta de intervención del Congreso, aquellos que estuvieron involucrados en los asesinatos de la “Casa de la Muerte” saldrán impunes.

“Si Sandy Gonzalez o yo hubiésemos hecho algo como esto estaríamos en prisión”, declara un oficial de alto nivel de la DEA que pidió permanecer en el anonimato. “Cuando un Procurador de EU es incompetente, no hay sanciones. Existe el Departamento de Justicia que se supone controla a los Procuradores, pero no lo consigue a la hora de la verdad”.

Por su parte, Sandalio Gonzalez no puede creer que la justicia haya sido sacrificada en este caso, que 15 personas asesinadas se hayan vuelto insignificantes sólo por salvar carreras y ambiciones políticas.

“Si alguien en el Congreso no quiere llamar la atención sobre esto, la nación como un todo pierde integridad en este proceso”, afirma. “Esto no es cuestión de seguridad nacional, espías o trabajo de inteligencia, esto es en los simples hechos del trabajo policiaco. Hay cuerpos allá fuera”.

Traducido por Javier Chávez

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