The Narco News Bulletin |
August 15, 2018 | Issue #67 |
narconews.com - Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America |
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Menos de un mes después de que un golpe de Estado depusiera a punta de pistola al presidente hondureño Manuel Zelaya de su cargo la Embajada de los Estados Unidos en la capital del país centroamericano envió un cable a la sede del Departamento de Estado en Washington DC donde destrozaba los argumentos utilizados por los golpistas.
"...Los militares y/o quien haya ordenado el golpe cayeron en lo que ya sabían hacer-la forma en que presidentes hondureños han sido removidos en el pasado: una falsa carta de renuncia y un boleto de avión a un país vecino", dice el cable confidencial de Tegucigalpa, firmado por el Embajador de los EEUU, Hugo Llorens y publicado el domingo por la organización WikiLeaks.
El Departamento de Estado no hizo caso de las advertencias hechas por Llorens. El documento, que fue enviado a la Casa Blanca, a la Agencia Central de Investigación (CIA), y al ejército, entra en contraste con la posición del Departamento de Estado de apoyar a un partidario golpista para convertirse en el próximo presidente a tan sólo unos meses de que el cable fuera enviado. Posteriormente, se encontró que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, estaba involucrada en el envío de millones de dólares al régimen golpista a través de una corporación financiada por el gobierno estadunidense y que ella ayudó a administrar.
En el documento del 9 de julio de 2009, titulado "Abierto y cerrado: El caso del golpe hondureño", Llorens escribe que luego de haber consultado a especialistas legales y luego de analizar la constitución del país está claro que "las acciones del 28 de junio solo pueden ser consideradas como un golpe de Estado por la rama legislativa, con el apoyo de la rama judicial y militar en contra de la rama ejecutiva."
Ese día, soldados irrumpieron en el hogar de la capital del presidente democráticamente electo y enviaron a Zelaya a San José, Costa Rica, luego de que la Suprema Corte hubiera emitido una orden de aprehensión secreta. "Con respecto al secuestro de Zelaya por parte de los militares se indica que nunca fue legalmente 'servido' con una orden de aprehensión; los soldados se abrieron paso disparando a las cerraduras y esencialmente secuestraron al Presidente", dice Llorens en el cable.
El supuesto "crimen" de Zelaya, de acuerdo con los golpistas, fue el proponer una votación para crear una asamblea que reescribiera la constitución del país. Ese mismo día, el Congreso Nacinoal aprobó una resolución para remover a Zelaya de su cargo, mientras presentaba una carta de renuncia falsa. Roberto Micheletti, presidente del Congreso, fue declarado presidente de facto de un gobierno golpista.
El cable dice que "no está claro" que la promoción de una votación para cambiar la constitución sea inconstitucional, y que independientemente de los argumentos legales, las fuerzas armadas no están autorizadas para ejecutar órdenes judiciales y el Congreso no tiene autoridad para remover a Zelaya de su cargo.
"La detención de Zelaya y su retiro forzoso del país violó varias garantías constitucionales, incluyendo la prohibición a la expatriación, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso," escribe Llorens. "Por otra parte, una fuente principal en el Congreso nos dijo que no había quórum suficiente cuando la solución se adoptó, haciéndola inválida. No hubo votación registrada, ni una petición de 'síes' o 'noes.'"
A pesar de llamar al gobierno de Micheletti "ilegítimo" y al golpe producto de un "proceso precipitado, ad-hoc, extralegal, y realizado en 48 horas", fueron Llorens y el Departamento de Estado quienes posteriormente apoyaron al golpe. La Corporación Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) de los EEUU, en la cual participaba Clinton en su gestión como miembro de la junta directiva, entregó 6.5 millones de dólares al régimen golpista luego de que Zelaya fuera depuesto. El Departamento de Estado apoyó al partidario golpista Porfirio "Pepe" Lobo como el ganador de la elección presidencial celebrada cinco meses después de que Zelaya fuera removido. Lobo negó que un golpe de Estado hubiera tenido lugar, y como presidente amnistió a todos los involucrados en la conspiración.
En otras palabras, ahora que está claro que el Departamento de Estado sabía que el golpe era ilegítimo e inconstitucional, ¿por qué se involucró tanto con el financiamiento del régimen golpista y respaldó a uno de sus partidarios clave en unas elecciones documentadas con abusos y fraude?
La pregunta puede ser respondida a la brevedad. Este es el cable de uno de cientos de Honduras que estarán disponibles en los próximos meses, de acuerdo con WikiLeaks, y que pueden explicar el manejo de la primer crisis latinoamericana durante el gobierno de Obama.