The Narco News Bulletin
August 15, 2018 | Issue #65
narconews.com - Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America
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El golpe de Estado del 28 de junio en Honduras captó la atención global, sin embargo, fuera de Honduras muy poco se decía sobre los objetivos del golpe; detener la propuesta por una nueva constitución en el país.
La terrible represión que siguió al golpe provocó también la respuesta internacional, pero la propuesta política de las víctimas de la represión ha sido invisibilizada.
El golpe está ahora en su fase final, una fase que no puede consolidarse; la "desaparición" de la propuesta de una nueva constitución. Se está empleando una estrategia de dos vías.
Por un lado, la creación en apariencia, sin serlo realmente, de un proceso de reconciliación nacional. Dentro de esta podemos mencionar la "comisión de la verdad", la cual, entre otros problemas, por la falta de participación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, no reune los estándares internacionales para ser una comisión por la verdad.
Por otra parte, la creciente violencia y represión continúa en contra del movimiento de resistencia no violento, que continúa demandando una nueva constitución y que, al igual que otras naciones, no reconoce el gobierno de Pepe Lobo, ya que las elecciones en las que "ganó" no reunieron los indicadores necesarios para ser unas elecciones democráticas.
Esta fase en glope es la más peligrosa y prolongada.
Mientras los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, los cabilderos corporativos de Washington e incluso la Oficina de Washington en América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de derechos humanos en Washington, asisten al gobierno de Honduras en crear la ilusión de la "reconciliación", escuadrones de la muerte asesinan a periodistas, maestros y sindicalistas.
En Honduras, se ha erigido un movimiento social masivo e inspirador, el cual genera lo que la historiadora de la Universidad de California, Dana Frank, describe como "el momento más importante en la historia hondureña, incluso más importante que la inmensa huelga general de 1954, desde donde fluye toda la historia contemporánea hondureña."
En los meses previos al golpe, una masiva alianza entre la mayoría de los sectores de la sociedad hondureña, sindicatos, estudiantes, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones del movimiento Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual, y otros, se reunieron para promover la propuesta de redactar una nueva constitución con una amplia participación cívica. Propusieron una consulta nacional, la cual se iba a llevar a cabo el 28 de junio, el día del golpe.
La consulta le preguntaría a los ciudadanos hondureños si querían que se instalara una votación nacional durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2009. La iniciativa, llamada la "cuarta urna" le hubiera preguntado a los hondureños si deseaban convocar a una asamblea constituyente. La propuesta nunca intentó crear una obligación legal para el Estado; simplemente buscaba probar que la mayoría de los hondureños deseaban convocar una asamblea constituyente.
En los días que siguieron al golpe, los previamente desorganizados hondureños se reunieron en el movimiento de la "cuarta urna" para formar el Frente Popular Nacional contra el Golpe. Como la gente en todo el país repetía, al derrocar al presidente las estructuras del poder en Honduras le "quitaron las vendas de los ojos" a la gente, y ésta se movilizó masivamente. Las constantes protestas, algunas veces con más de medio millón de personas, sucedieron por más de ocho meses.
Luego de que el "nuevo" gobierno se instalara el 27 de enero de 2010, el Frente cambió su nombre al de Frente Nacional de Resistencia Poplar. En prácticamente cada comunidad rural, pueblo, barrio urbano, hay un comité local, el cual tiene representantes en comités de cada uno de los dieciocho departamentos del país, y que a su vez tienen representación en el comité nacional.
El objetivo del Frente es convocar a una asamblea nacional constituyente, con representantes de todos los sectores de la sociedad hondureña, para que escriba una nueva constitución para el país. En la actualidad, esperan alcanzar esto a través de la participación en las elecciones nacionales del 2013.
El Frente ha convocado a una marcha nacional el 20 de abril para iniciar la campaña de recolección de firmas que apoye la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Esperan reunir un mínimo de 2 millones de firmas, más de la mitad de la población adulta de Honduras y el doble de personas que supuestamente votaron por Pepe Lobo en las elecciones fraudulentas de noviembre de 2009.
La actual constitución, la última de dieciseis, fue escrita por una asamblea constituyente convocada durante una dictadura militar, aprobada por el congreso y adoptada durante la dictadura militar. No hubo un debate nacional por su contenido.
Durante las pasadas tres décadas se ha vuelto evidente para los hondureños el que su constitución no protege adecuadamente los derechos de la mayoría de la población.
La posibilidad de cambiar el armazón del gobierno que permitió que un pequeño sector de hondureños, y sus socios internacionales, controlara la nación, alteró la estructura del poder a tal grado que descaradamente llevó a cabo la más atroz violación a los derechos políticos fundamentales de la gente, un golpe militar, el 28 de junio de 2009.
El brazo fuerte de las oscuras fuerzas militares y económicas que retuvieron el poder y que lo consolidaron a partir de una masiva violación a los derechos humanos en los años 70 y 80, reaparecieron brevemente para el ojo público.
Hoy día, los homicidios a los activistas del Frente por parte de los escuadrones de la muerte, traen a la memoria las horribles masacres, torturas, y desapariciones forzadas de hace una generación y que resultaron en más de 400,000 muertos en Centroamérica. En la actualidad los autores de esos crimenes siguen activos y poderosos, creciendo en el espacio que el gobierno "democrático" de Honduras y la "comunidad internacional" les proporcionan.
Cuando Zelaya propuso la controversial consulta que propició el golpe militar, simplemente estaba actuando como presidente en respuesta a la demanda de un amplio movimiento social que demandaba la asamblea constituyente.
Si la "cuarta urna" hubiera tenido lugar durante las elecciones de noviembre, y la población hubiera pedido por una asamblea constituyente, un nuevo presidente hubiera sido elegido para tomar el puesto el 27 de enero de 2010, y el Congreso hubiera tenido la opción de aprobar, o no, esa propuesta por la asamblea constituyente.
Zelaya no fue derrocado porque hubiera una base para creer que intentaba extender su presidencia, fue derrocado porque estaba cumpliendo su deber como presidente al permitir que un masivo movimiento político de base tuviera espacio en la política a través de mecanismos legales.
Inicialmente el golpe generó la reacción internacional que merecía. Nunca en la historia la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos habían condenado un golpe. Virtualmente cada nación del planeta se negó a reconocer al que nominalmente presidía el régimen golpista, Roberto Micheletti.
Sin embargo, la reacción diplomática inicial fue seguida por un reconocimiento de facto. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dió a Honduras acceso a las reservas extranjeras en depósito en Washington, las cuales el gobierno de Zelaya había batallado tanto en amasar, proporcionándoles amplios recursos para financiar los ocho meses de distanciamiento diplomático. Los Estados Unidos mandaron mensajes encubiertos de apoyo a los militares hondureños al continuar entrenando a oficiales de Honduras en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se negaron a calificar el golpe como un golpe "militar" a pesar de todo el análisis legal razonable (incluyendo de los propios abogados del Departamento de Estado), para que no hubiera una suspensión de la ayuda. El Banco Mundial suspendió nominalmente los desembolsos de préstamos, pero hizo excepciones para programas clave en interés de los poderosos partidarios económicos y políticos del golpe.
De inmediato el Departamento de Estado se dedicó a tratar de normalizar las relaciones con Honduras, cabildeando con los países vecinos, manteniendo comunicación constante con los autores del golpe en Honduras mientras excluía a Zelaya e ignoraba por completo la existencia del Frente.
El reto para el Frente y Zelaya continuó siendo el mantener visible el rechazo masivo al golpe, tanto dentro como fuera de Honduras. Los medios alternativos y el internet jugaron un rol increíblemente importante, como lo fueron la serie de acciones y movilizaciones, incluyendo el dramático regreso de Zelaya a Honduras el 22 de septiembre de 2009 hacia la Embajada de Brasil.
La culminación de los esfuerzos por la consolidación del golpe fue el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de las elecciones presidenciales de noviembre de 2009, y la campaña de cabildeo internacional del Departamento de Estado de los E.U. por el reconocimineto del gobierno ahora "elegido" de Pepe Lobo, a pesar de que las elecciones desafiaron cualquier estándar que se deberia cumplir para que unas elecciones puedan llamarse libres y justas.
El 27 de enero de 2010, Pepe Lobo tomó posesión como presidente de Honduras, mientras medio millón de personas protestaban al marchar al aeropuerto nacional para despedirse del Presidente Manuel Zelaya. El único canal de televisión hondureño que reportó la magnitud real de la protesta rentó un helicóptero para volar sobre la marcha, pero se le impidió despegar.
Mientras no queda duda que el Presidente Zelaya fue, y es, un símbolo importante para el Frente, es clave entender que Zelaya no representa al Frente y el Frente no consiste en sus "seguidores" o "partidarios". La prensa internacional, y la prensa controlada por el régimen que apoya al golpe en Honduras, se refiere consistentemente al movimiento masivo como partidarios de Zelaya. Esto tiene el efecto de invisibilizar la existencia del Frente como una entidad clara, organizada y políticamente representada, distinta a Zelaya.
De la misma manera, mientras los mismos medios de comunicación distorsionan la información intencionalmente para reducir al movimiento masivo por una nueva constitución para que parezca ser un intento de Zelaya de extender su estadía en el poder, la propuesta por una nueva constitución es invisibilizada, desaparecida.
Esta masiva movilización política amenaza la consolidación del golpe. Mientras fuera de Honduras el Frente es ignorado, acción política intencional para neutralizar su impacto, dentro de Honduras no se puede ignorar, pues son la mayoría de hondureños.
Así que el Estado hondureño ha recurrido a invocar el miedo-terrorismo de Estado-en la población como un mecanismo de control social y para literalmente matar la propuesta por una nueva constitución.
Una canción de la resistencia hondureña ha sido "Nos tienen miedo porque no tenemos miedo". Invocar el miedo en la población es una herramienta de larga data utilizada para aplastar movimientos por un cambio político.
En la región la violencia social producida en gran escala por la actividad del crimen organizado es el resultado orgánico de las redes de escuadrones de la muerte de los años 70 y 80, y ha servido para muchos propósitos, incluyendo el mantener un nivel alto de miedo inmovilizador en la población. Es también fácil para redirigir la violencia en contra de los organizadores políticos cuando sea necesario.
Un precepto fundamental de los movimientos no violentos por un cambio social es que al negarse a someterse a las injusticias de las estructuras ilegítimas que mantienen el poder a través de la violencia, esos poderes se ven obligados a ya sea para aumentar la violencia para mantener el control, y así demostrar su ilegitimidad, o cavar dentro la voluntad de la mayoría.
Por esta razón la seguridad del Frente corresponde directamente con el grado en que el gobierno de Honduras pueda desarrollar la represión y todavía así mantener cierto grado de legitimidad.
Los hondureños han sido muy inteligentes y capaces de evitar una respuesta armada o violenta al golpe y a las provocaciones de las fuerzas antidemocráticas. Saben que un movimiento de resistencia armado propiciaría la justificación para una represión aún mayor y una deslegitimación más generalizada de sus demandas políticas.
La respuesta a su postura no violenta han sido los intentos por inventar un movimiento violento en Honduras. Mientras la prensa hondureña invoca el lenguaje del "terrorismo" y los movimientos guerrilleros, los cabilderos en Washington argumentan que la demanda por una nueva constitución es una estrategia cubano-venezolana y que Venezuela está construyendo relaciones con Hezbollah.
Cuando Pepe Lobo asumió como presidente, avanzó inmediatamente en dos frentes, consolidando y fortaleciendo a las fuerzas represivas militares, policiales y paramilitares mientras creaba en apariencia el proceso de "reconciliación nacional."
El gobierno de la "Reconciliación Nacional" proporciona el encubrimiento político o de legitimidad necesaria para los actos de represión con los que esperan extinguir al Frente.
Las posiciones del gabinete relacionadas con el sistema de políticas y de justicia fueron dadas a los de línea dura con una historia de abuso a los derechos humanos; como por ejemplo el Ministro de Gobierno, Oscar Álvarez, que tuvo el mismo cargo con el presidente que precedió a Zelaya, Ricardo Maduro. Las posiciones del gabinete relacionadas con las políticas económicas fueron dadas al sector privado partidario del golpe, cuyo control sobre los recursos hondureños busca ser aniquilado por el Frente con la creación de una nueva constitución.
Tres de las posiciones de programas sociales del gabinete fueron dadas a figuras asociadas con la "izquierda", sin embargo, dos de esas figuras se han distanciado de los movimientos sociales por muchos años y uno, Cesar Ham del partido Unión Democrática, ha sido totalmente condenado al ostracismo por el Frente por haber aceptado la designación.
La creación de la imágen de un "gobierno de reconciliación nacional" cuando en la verdad no hay un diálogo o reconciliación real con la vasta mayoría de hondureños que son la base activa del Frente, mientras apoyan la línea dura de la represión violenta, es la estrategia para la consolidación del golpe y para "desaparecer al Frente.
La Comisión por la Verdad (CV) propuesta en el fallido Acuerdo San José-Tegucigalpa es parte del proceso de "reconciliación nacional", y ha sido rechazado tanto por el Frente como por la Plataforma de Derechos Humanos, un cuerpo coordinador integrado por las seis principales organizaciones de derechos humanos de Honduras.
No es fácil decirle "no" a algo llamado comisión por la verdad, parece como si escondieran algo, pero en el caso de Honduras lo que está propuesto no puede ser legítimamente llamado una comisión por la verdad.
En las últimas dos décadas una serie de comisiones por la verdad han tenido lugar alrededor del mundo, y han surgido algunas características generales para definirlas.
En general se han establecido comisiones de la verdad para investigar actos pasados de violencia o represión, luego de que los conflictos y la violencia más álgida hayan terminado. Las comisiones de la verdad examinan una serie de acontecimientos y violaciones, no un único acontecimiento. Normalmente trabajan con, o a petición, de las víctimas de las violaciones.
La propuesta en Honduras no entra en estas características; no es una comisión de la verdad.
Aquellos que construyeron la comisión de la verdad en Honduras, principalmente el Departamento de Estado de los EU y el gobierno de Pepe Lobo, nunca buscaron la opinión de las principales víctimas de las violaciones a los derechos-la población en general y, específicamente, la gente que participa en el pacífico y prodemocrático Frente.
La comisión de la verdad en Honduras es convocada en mitad de un conflicto en desarrollo, en el momento en que suceden graves violaciones a los derechos humanos.
A lo sumo, la Comisión parece ser la plataforma para una negociación política de un solo lado. En el peor de los casos, es un vehículo para secuestrar el proceso de reforma constitucional que una vez más no cuenta con la participación de la población hondureña.
Observadores han analizado, basados en las declaraciones del gobierno de Lobo y del Departamento de Estado, que las reformas constitucionales pueden estar dentro de las recomendaciones por la "Comisión de la Verdad".
Las comisiones de la verdad son casi irresistibles para la comunidad internacional de derechos humanos, y la severa naturaleza de los abusos a los derechos humanos que ocurren proporcionan una motivación fuerte para buscar por una solución rápida a la "crisis."
Desafortunadamente las soluciones rápidas no ayudarán, no detendrán la violencia, en lugar de eso ayudarán a consolidar la impunidad que genera algunos de los niveles más altos de violencia en el mundo.
Mientras tanto, WOLA-un think tank creado en los 80 para apoyar a las organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica, y un grupo pensado para ser la voz en Washington de la comunidad de derechos humanos-dio testimonio en el Congreso de los Estados Unidos en una sesión sobre Honduras del Subcomité de Relaciones Internacionales del Hemisferio Occidental, en la cual solicitaron que los Estados Unidos apoyara la comisión de la verdad hondureña.
WOLA también apoyó la ayuda a la policía y al ejército. Nunca mencionaron la existencia del Frente.
Las opiniones que dieron en el Congreso están en la misma línea de otras acciones que WOLA ha hecho desde el golpe de Estado.
El siguiente proyecto parece ser una reunión que WOLA convoca en Washington entre la "sociedad civil" hondureña, el gobierno hondureño, las organizaciones de derechos humanos y las embajadas en Washington; esta programada para el 14 de abril.
Lo que parece ser el capítulo de Washington sobre el "Gobierno de Reconciliación Nacional"-en realidad la desaparición de la verdad-es triste y perjudicial; ayuda a legitimar un gobierno comprometido con las violaciones masivas a los derechos humanos.
El Frente en Honduras es masivo y está unido. Cualquier ONG que vaya a la reunión convocada por WOLA será sin duda alguna un pequeño grupo que representa nada más que a los financiadores internacionales de ella. Lo que puede tener éxito en la reunión es la de crear una imagen falsa en la "comunidad internacional" o "el mundo de los derechos humanos" de que existe una mitad neutral. La única agenda a la que sirve es la de poner al Frente en un riesgo mayor.
Honduras tendrá su momento de verdad con justicia, pero ahora no es momento para una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad no es el mecanismo adecuado para mediar un conflicto complejo o para diluir una lucha política; el papel de una comisión de la verdad es el de evaluar el conflicto en retrospectiva.
Se pide una mejor observación a los abusos de los derechos humanos. Es necesario construir mecanismos para confrontar la impunidad, más que cimentar en el lugar los mecanismos que la refuerzan, y es algo en lo que la comunidad internacional puede contribuir solamente coordinada con las víctimas de las violaciones.
La intervenciones políticas que invisibilizan a las víctimas de los abusos a los derechos humanos y su posición política no sirven de nada, y no terminarán con los abusos, solamente las agravarán.