The Narco News Bulletin
August 16, 2018 | Issue #34
narconews.com - Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America
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August 16, 2018 | Issue #34 |
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La Paz (BOLIVIA)- Un asesinato insólito, un conflicto cultural y una sacudida en los movimientos sociales marcan el nuevo momento socio político en Bolivia. El 14 de junio pasado, el entonces alcalde del pequeño municipio de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue secuestrado, torturado, asesinado, quemado y finalmente exhibido muerto en una plaza pública. El acto fue asumido por toda la población local, fundamentalmente de la etnia aymara, y justificado por la tradicional idea de la justicia comunitaria. A partir de esos acontecimientos, diversos líderes de los movimientos sociales de la región fueron apresados preventivamente sin existencia de pruebas concretas en su contra. Entre los principales se encuentra Gabriel Pinto -líder del Movimiento Sin Tierra de Bolivia- ocurrida la mañana del jueves 12 de agosto, lo que podría desencadenar una serie de acciones de revuelta por parte de los movimientos sociales de todo el país.
 Gabriel Pinto con sus abogados, escuchando sus cargos en La Paz Foto: D.R. Manuela Aldabe 2004 |
Cansado de la inoperancia de la justicia estatal, los habitantes de Ayo Ayo hicieron valer la tradición aymara y ejercieron su propia justicia comunitaria. La tarde del 14 de junio, un número indeterminado de rebeldes secuestro al entonces alcalde cuando salía de su casa en la sede de gobierno, llevándolo hasta su comunidad en el altiplano boliviano, donde ocurrió la ejecución y la exhibición de su cuerpo en una plaza pública.
El crimen trae a colación un ciclo histórico de insurrecciones aymaras en el país y las complicaciones de un sistema que no respeta ni reconoce a los indios sus derechos, historia, usos y costumbres. Las movilizaciones indígenas actuales están inspiradas en las luchas de líderes como Tupaj Katari, hace dos siglos, y de Zárate Willka en el siglo pasado.
En 1781, millares de rebeldes aymaras liderados por Tupaj Katari cercaron la ciudad de La Paz, impidiendo la llegada de comida y casi matando de hambre a sus habitantes. El líder fue condenado a muerte pero, antes de eso, prometió volver transformado en millones de indios rebeldes.
 Foto: D.R. Manuela Aldabe 2004 |
En 1952, las masas de obreros y campesinos lucharon en la histórica Revolución Nacional del 52, conquistando importantes derechos para el pueblo. Fue a través de esas luchas que se generó el actual estado boliviano, un importante referente histórico para toda América Latina.
La cultura de los pueblos andinos de organización y rebelión fue productora de decenas de éxitos para las masas bolivianas. Esas importantes revoluciones moran hoy en el imaginario de los aymaras, alimentando esos ciclos históricos de resistencia.
En el año 2000, la población andina revivió la figura revolucionaria de Tupaj Katari, cercando nuevamente la ciudad de La Paz, en una nueva lucha por la reivindicación de sus derechos. En 2003, en la lucha por la nacionalización del gas boliviano, el pueblo tomó las calles de Sucre, capital del país, y de la ciudad de El Alto, derrocando al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Casos similares de implantación de la llamada justicia comunitaria por comunidades indígenas se han vivido en el lado sur del lago Titicaca, Bolivia, y en las proximidades de la ciudad de Puno, Perú.
El 20 de julio de 2003, la comunidad boliviana de Calacoto hizo uso de la justicia comunitaria para condenar y ejecutar a dos de sus integrantes. Elías Mamani y Valentín Ramos fueron muertos por haber robado el ganado de un productor vecino. En este caso, la prisión de un líder social, Edwin Huampu, generó una serie de protestas de parte de los aymaras, que se extendieron hasta el mes de octubre pasado.
Ya en la comunidad peruana de Ilave, el 26 de abril de este año, la población local torturó y asesinó al entonces alcalde Cirilo Robles, también por corrupción, en un caso muy semejante al ocurrido en Ayo Ayo.
El asesinato de Benjamín Altamirano y la prisión preventiva de Gabriel Pinto hacen necesario contar la historia de la hacienda Collana, y su importancia en el contexto de la agitada escena socio política boliviana actual.
 Campesinos trabajando en la hacienda ocupada de Collana Foto: D.R. Lucian Read 2003 |
Su reciente ocupación, liderada por Gabriel Pinto, es un factor fundamental para entender su encarcelamiento: el líder del MST fue apresado, por sobre todo, por desafiar el poder de la familia Sánchez de Lozada dentro de su propiedad, en una tentativa por parte del gobierno, además, de criminalizar a los movimientos sociales del país.
Obviamente, la prisión preventiva declarada por la justicia está mucho más ligada al asesinato de Benjamín Altamirano que la ocupación de las tierras de la familia Sánchez de Lozada. Gabriel Pinto fue apresado la mañana del jueves 12 de agosto por sospecha de asesinato, secuestro y privación ilegal de la libertad. Igual sin existencia de prueba alguna en su contra, quedará detenido hasta la investigación de todos los hechos, lo que podría significar una eternidad.
Las consecuencias de eso todavía no pueden ser calculadas, pero por las declaraciones de algunos de los líderes sociales bolivianos, una guerra civil puede estar próxima. De acuerdo con Ángel Durán, principal líder de los Sin Tierra en el país, "los movimientos sociales van a unirse para promover una guerra frontal en el país, contra la injusticia y contra el gobierno". Para él las acciones comenzarán en los mismos latifundios bolivianos. "Vamos a destruir todas las grandes haciendas, que son el símbolo de la opresión y de la oligarquía en el país", afirmó el dirigente luego del apresamiento de su compañero.
 Felipe Quispe, foto de archivo Foto: D.R. Jeremy Bigwood 2003 |
Además de Durán y Quispe, el movimiento de lucha contra las injusticias pasa también por las manos de Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora de Defensa del Gas y los Hidrocarburos. "La idea de establecer una huelga de hambre con los principales líderes sindicales del país, combinada con una movilización en La Paz y Cochabamba, entre el MST, la confederación campesina, la Coordinadora de Defensa del Gas y otros movimientos", afirmó Olivera.
Para él, existen cuatro puntos fundamentales en esa lucha que deben buscarse urgentemente: 1) la descriminalización de los movimientos sociales; 2) la alteración de la ley de hidrocarburos del actual presidente, Carlos Mesa; 3) la nacionalización del agua; y 4) una nueva política de exportación de las fuentes energéticas del país, generando beneficios directos para los sectores más necesitados.
El futuro de Bolivia es incierto e inquieto. La única certeza es la de que el pueblo boliviano está en ascenso en un proceso cíclico de lucha y resistencia. Desde los primeros movimientos históricos de insurrección, las masas de este país probaron ser bastante capaces de alcanzar un nivel de organización suficiente para enfrentar la opresión estatal.
Las etnias originarias conforman aproximadamente dos tercios de la población del país y, al mismo tiempo, son parte de la gran masa boliviana que vive en situaciones de extrema pobreza, incomprensión y falta de respeto. En tanto esta situación continúe, la tendencia es que el ciclo de luchas populares en Bolivia permanezca fuerte y creciente.
Si los movimientos sociales estuvieran realmente dispuestas a buscar esa unión presente en los discursos y a alcanzar un nivel de organización fuerte o suficientemente fuerte para aguantar la represión gubernamental, podremos, una vez más, revivir las históricas revoluciones aquí vividas, en pleno corazón de América Latina.