La ley de Arizona SB 1070 amenaza con colapsar el sistema migratorio estadunidense

Los encargados de hacer cumplir la ley afirman que la ley anti inmigrante amenaza la seguridad pública y la seguridad nacional

Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

13 de julio 2010

Un centro legal afiliado a la Universidad de Nueva York (NYU) presentó un informe en una corte federal que apoya la demanda del Departamento de Justicia y que busca la suspensión de la recientemente adoptada ley anti inmigrante en Arizona, que será efectiva a partir del 29 de julio.

El informe, aún a la espera de la aprobación del juez, desafía la ley de Arizona, conocida como SB 1070, sobre la base de los daños que causaría a la seguridad pública.

“Los encargados de hacer cumplir la ley en Arizona… simplemente no pueden mantener la seguridad pública con eficacia si… gran parte de la comunidad está alienada o no está dispuesta a interactuar con la policía por el miedo a la posibilidad de ser deportados ellos mismos o a alguien que conocen,” afirma el informe presentado por el Centro de Administración de la Ley Criminal de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York—que cuenta entre sus líderes a Anne Milgram, la antigua procuradora del estado de Nueva Jersey; y Anthony Barkow, antiguo fiscal federal. “El efecto nocivo de la ley inmigratoria de Arizona no se limita a localidades o comunidades de inmigrantes. De hecho, supone un riesgo para la seguridad nacional al socavar las relaciones positivas forjadas entre las comunidades de inmigrantes y la habilidad de la policía para obtener información valiosa de todos los miembros de la comunidad.”

Ese ataque a la Ley de Arizona, que requerirá que la policía local del estado busque y retenga (en la cárcel si es necesario) a cualquier sospechoso de estar en el país sin documentos autorizados por el Estado, es también un importante tema subyacente en la propia demanda del Departamento de Justicia, cuya expresión más clara se encuentra en una serie de declaraciones bajo juramento presentadas como parte del litigio y que han recibido escasa atención en la prensa. Estas declaraciones bajo juramento fueron prestadas por funcionarios de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado, así como por varios jefes de policía del estado de Arizona.

El informe del centro jurídico de la NYU apunta que, en virtud de la ley de Arizona, se requiere que los oficiales de policía del estado investiguen el estatus migratorio de las personas durante la ejecución de cualquier “ley u ordenanza de un condado, ciudad o pueblo de este estado… lo que parece incluir pequeños delitos de alteración del orden (como la vagancia) e infracciones de tránsito menores.”

El informe afirma que, la amplitud de ese lenguaje “tiene el potencial… de alienar a grandes segmentos de la población de Arizona, y en el proceso socavar la seguridad pública” debido a la ruptura de la confianza a la policía.

Sin embargo, de acuerdo con funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que es parte del DHS y que se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración del país, la degradación amenaza con extenderse mucho más allá que simplemente la confianza.

El sistema amenazado

El Director Ejecutivo para el Control y Administración de ICE, Daniel Ragsdale, en una declaración presentada como parte del litigio del Departamento de Justicia, pendiente en una corte federal de Arizona, saca un poco las matemáticas y deja claro que el peligro de la ley SB 1070 posa sobre el sistema inmigratorio de la nación—y sobre todo el sistema de seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ragsdale explica en su declaración, que “cada año ICE tiene recursos para remover a aproximadamente 400,000” inmigrantes indocumentados. Agrega que, en la actualidad, sin contar los llegados diariamente, hay alrededor de 10.8 millones de individuos viviendo en los Estados Unidos de forma “ilegal” (probablemente más que eso)—alrededor de 460,000 solamente en Arizona.

Los cálculos simples muestran que, incluso si no entrara otra nueva persona al país de forma ilegal, le tomaría al ICE 27 años para sacar a cada ciudadano “ilegal” del país—en ausencia de un enorme aumento en los recursos para la ejecución de la ley, pagado por cuenta del contribuyente. Por tanto, la nueva ley de Arizona pone al problema de los inmigrantes indocumentados del estado a la cabeza al demandar que los limitados recursos federales sean destinados a su población, a expensas de todos los otros estados y con los recursos de los contribuyentes que residen en otros estados.

Ragsdale subraya en su declaración que en Arizona ICE “no tiene el personal para asumir tareas adicionales.”

Continúa:

Y con una proporción creciente de delincuentes extranjeros bajo custodia del ICE y el espacio estático para las camas [en la cárcel], los recursos para detención serán dirigidos para aquellos extranjeros que presenten un peligro para la comunidad y con mayor riesgo de fuga. Por tanto, para responder al número de referencias que puedan generar por la aplicación de la medida SB 1070 [miles en número] se requerirá que la ICE desvíe los recursos existentes de los derechos de otros, resultando en menos recursos disponibles para dedicar a casos y extranjeros que tienen prioridad para el ICE. Este resultado es especialmente problemático porque las prioridades están enfocadas a la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza.

El desviar los recursos para cubrir el influjo de referentes de Arizona (y otros estados, al punto que leyes similares sean adoptadas) puede, por tanto, significar la disminución de la habilidad de la ICE para enfocarse en prioridades como proteger la seguridad nacional o seguridad pública con el fin de perseguir extranjeros que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos pero que no representan un peligro o amenaza inmediata a la seguridad de la gente.

David Palmatier, quien supervisa el Centro de Apoyo al Cumplimiento de la Ley de ICE (LESC, por sus siglas en inglés), que está encargado de verificar desde su computadora el estatus migratorio de los individuos basado en peticiones de agentes sobre el terreno, describe de esta forma la situación en una declaración que presentó como parte de la demanda del Departamento de Justicia en contra de Arizona:

Este aumento en consultas de Arizona [debido a su nueva ley] y riesgos que exceden la capacidad de LESC para responder las peticiones de más altas prioridad para determinar el estatus criminal de algún extranjero por parte de compañeros agentes en toda la nación. Más aún, el potencial aumento de consultas por Arizona, junto con la posibilidad de otros estados para adoptar una legislación similar, podría abrumar al sistema.

Y si el sistema de inmigración federal está abrumado y no puede responder al influjo de nuevas consultas debido a la ley de Arizona, el problema simplemente puede ser desplazado a las fuerzas del orden del estado.

El jefe de policía de Tucson, Roberto Villaseñor, en una declaración presentada como parte del litigio del Departamento de Justicia, describe la nueva ley de Arizona como un “mandato sin fondos” que esencialmente impone “una responsabilidad federal a las fuerzas locales … sin un centavo adicional del estado” para lidiar con las responsabilidades expandidas.

Villaseñor continúa:

Esta nueva ley sacará a muchos oficiales de sus labores de patrullaje y cumplimiento de la ley mientras procesan y/o transportan a lo que serán miles de individuos, en un momento en que debido a limitantes presupuestales mi departamento está perdiendo tanto recursos como posiciones de oficiales.

... El resultado será la detención y encarcelamiento de un gran número de personas que hasta ahora simplemente han sido citados y liberados por distintos delitos. Sin embargo, la mayoría de los impuestos serán en caso de que haya agentes de ICE o de Protección Aduanal y Fronteriza disponibles para establecer el estatus migratorio, de los delincuentes, quienes de otro modo habrían sido citados y liberados, pero ahora serán trasladados a la cárcel del Condado de Pima. El alguacil del Condado de Pima le cobra a la ciudad USD$200.38 por el primer día y USD$82.03 por cualquier día posterior en la cárcel por delitos menores.

Recuerden multiplicar ese costo en la cárcel, por miles a través de las cientos de jurisdicciones en Arizona—cifra que se sumará al creciente número de dólares gastados federalmente para apoyar las detenciones fomentadas por la no financiada ley de Arizona.

Y vale la pena señalar que incluídos entre los que seguramente serán puestos en la cárcel en virtud de las leyes de Arizona se encuentran ciudadanos estadunidenses así como inmigrantes en los estados que merecen protección (como las víctimas del tráfico humano o aquellos que buscan asilo de la persecución política) quien, por una u otra razón, carecen de documentos migratorios aprobados por Arizona.

En pocas palabras, la ley de Arizona, junto con leyes similares aplicadas en otros estados, como Oklahoma, Utah y Carolina del Sur, pondrán gran demanda a recursos limitados para la aplicación de la ley.

Por consiguiente, en ausencia de una mayor inversión en recursos por los contribuyentes que bien podrían hacer que el precio del rescate bancario luzca como un frasco de galletas con dinero (y una vasta expansión del complejo carcelero-industrial en proceso), o la adopción de una reforma migratoria nacional que abra el camino para la ciudadanía, este poder estatal toma el frente de la ley migratoria, dejada sin atención, y que muy bien podría colapsar a un ya fŕagil sistema.

Aquí y Allá

Los problemas internos creados en los Estados Unidos por la ley de Arizona, y aquellos que le siguen a su despertar, también le provocan a la nación considerables complicaciones en materia de política exterior.

El subsecretario de Estado, James Steinberg, en una declaración presentada en el litigio del Departamento de Justicia, afirma lo siguiente:

...La crítica provocada por la ley de Arizona amenaza con al menos tres daños directos a las relaciones exteriores de los EEUU… Este cambio en la política migratoria [representada por la SB 1070] invariablamente pone en riesgo la adopción de políticas recíprocas dañinas hacia los ciudadanos estadunidenses por gobiernos extranjeros. [El Departamento de Estado estima que al menos un millón de estadunidenses viven en México.]

La ley de Arizona también socava la disposición de estados extranjeros a compartir bilateral y multilateralmente con los Estados Unidos para avanzar en las metas de la política exterior estadunidense, y erosiona la credibilidad de los esfuerzos de los Estados Unidos en cuerpos intergubernamentales regionales y multilaterales para avanzar en materia de derechos humanos.

De hecho, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, simplemente canceló unilateralmente la 28° Conferencia Anual de Gobernadores fronterizos México – EEUU, que se preveía tuviera lugar en Phoenix en el otoño, debido a un boicot amenazado por los gobernadores mexicanos que participarían.

De acuerdo con la declaración de Steinberg, un número de organizaciones intergubernamentales y de las Naciones Unidas ya han condenado públicamente la ley de Arizona, incluyendo un grupo de seis expertos en derechos humanos de la ONU, países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, y jefes de gobierno de la Unión de Naciones del Sur.

“La adopción de la SB 1070 por la legislatura de Arizona ha provocado una dura crítica a la ley en foros sobre derechos humanos, demostrando en términos prácticos las consecuencias negativas que esa acción unilateral por parte de solo un estado de los EEUU puede tener en los intereses en materia de política exterior de los Estados Unidos,” Steinberg afirma en su declaración. “La ley ha disminuído nuestra credibilidad en el cumplimiento de la defensa de los derechos humanos en el exterior por otros, y si se permite que tenga efecto [a finales de julio] continuará siendo así.”

Así que mientras la batalla sobre la SB 1070 se juegue en las cortes de la nación y en los medios de comunicación, tengan en mente algo que no se escucha mucho, que los riesgos no solo se miden en principios Constitucionales, como la Claúsula Suprema que pone a la ley federal sobre la ley estatal, o la seguridad fronteriza, o los cálculos políticos sobre el voto latino; o incluso cuestiones de derechos civiles como la discriminación racial.

Aunque podría decirse que todos son importanes en el contexto de la ley de Arizona, esas preocupaciones pasan por alto los efectos más pragmáticos de la SB 1070—efectos que, de acuerdo con algunos de los más altos agentes y funcionarios diplomáticos, amenazan con destruir el ya anémico sistema inmigratorio, socavar la política exterior de los EEUU y poner en peligro la seguridad pública y la seguridad nacional.

Es la discusión sobre estos temas, medidos en dólares y vidas reales, lo que está siendo empujado al segundo plano en el polarizado debate sobre la inmigración. Pero es precisamente la discusión lo que necesita comenzar si queremos evitar que el sistema colapso sobre el peso de su propia arrogancia.

Permanezcan en sintonía…

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