El negocio los necesita

Carta a los estadounidenses que quieran trabajar en el Plan Colombia

Por Laura del Castillo Matamoros
Columnista Editorial de Narco News

20 de abril 2005

Bogotá, Colombia

Futuros salvadores de nuestra patria:

Les escribo en nombre de los colombianos de bien, conscientes de que la única salida posible a la amenaza terrorista que actualmente enfrentamos está en la intervención norteamericana. Somos conscientes de que tenemos mucho que aprender de su país, sobre todo en lo que tiene que ver con el correcto funcionamiento de el negocio.

Debe ser súmamente difícil para ustedes aceptar un trabajo en Colombia, un país que cuenta con tan mala reputación a nivel internacional. Se dice que es peligrosísimo para los extranjeros que vienen de visita; que está tomado por los guerrilleros y por los paramilitares; que es cuna del narcotráfico y epicentro de la producción a gran escala de drogas ilícitas; que es el nido de los peores criminales y asesinos. Mejor dicho, en resumen, Colombia vendría a ser algo así como el “infiernito” de Latinoamérica.

Pero todas estas no son más que exageraciones. Actualmente, gracias a la eficaz acción de la política de seguridad democrática, y del Plan Patriota promovido por el Doctor Uribe, Colombia se ha convertido en un verdadero paraíso… para los representantes del gobierno estadounidense, especialmente. Si hay un lugar donde se pueden sentir seguros es éste. Además, no pueden negar que aquí siempre se les han otorgado todas las libertades con las que siempre han soñado, ¿o no?

Nada más vean el caso reciente de los 5 “marines” estadounidenses (quienes cumplían con la filantrópica misión de brindar apoyo logístico en las acciones militares del Plan Colombia) que “capturaron”, a fines de marzo, en un avión que salió de Apiay (departamento del Meta) rumbo a El Paso (Texas), con la insignificante cantidad de 16 kilos de cocaína.

Estos hombres valientes y temerarios pueden hablarles sobre las ventajas de trabajar para el Plan Colombia. Hasta, miren ustedes, tienen la posibilidad no sólo de obtener oficialmente un muy buen sueldo, sino que también cuentan con la posibilidad de hacer jugosos negocios extra sin mayores inconvenientes.

Y claro, en este punto se preguntarán ustedes: “Y si es así, ¿entonces por qué capturaron a estos cinco compatriotas nuestros?”. Excelente pregunta. Pues eso se tuvo que hacer, nada más y nada menos, porque estos militares fueron muy poco cautelosos: le ofrecieron participar en la “operación” a uno de estos soldaditos rasos de por aquí, que al final terminó por delatarlos (los colombianos son traidores por naturaleza) y sacar la cosa a la luz pública. Cuando las cosas se ponen de ese tamaño, y eso ustedes lo saben bien, el gobierno norteamericano debe limpiar su reputación a toda costa.

Además, con todo y todo, tanto el gobierno colombiano como el norteamericano son conscientes de que un pecadillo lo comete cualquiera. Es por esta razón que , y eso es algo que los “capturados” no pueden negar, se les ha tratado con suma consideración y respeto. Tanto así que sus identidades no se han dado a conocer ni al público, ni a la Fiscalía General de Colombia, que las ha solicitado con la idea de hacer investigaciones “a fondo” (no hay por qué preocuparse. La dignidad de los empleados del gobierno estadounidense está por encima de cualquier cosa. Además, ustedes entienden, estas “investigaciones” de la fiscalía colombiana son parte de una estrategia de nuestro gobierno, gran aprendiz del suyo, para justificar ante la opinión pública que se están tomando medidas drásticas contra el crimen organizado. Recuerden ustedes que mantener dominadas a las masas es uno de los recursos más importantes para garantizar el triunfo de la guerra contra el terrorismo).

Por otra parte, vale la pena decir que, pese a que sus cinco coterráneos fueron detenidos en Colombia, en pro del derecho de los ciudadanos a ser juzgados en su territorio de origen, se les trasladó, sin vacilaciones, a su país, para que sean procesados debidamente allí. Esto, de acuerdo a un convenio firmado entre Estados Unidos y Colombia en 1962 (y ratificado en 1974), que le otorga privilegios e inmunidades a los ciudadanos norteamericanos enviados al país en misión oficial. Dicho convenio –que demuestra el nivel de hermandad, solidaridad y, sobre todo, de igualdad que existe entre los dos países– es claro en señalar que ningún funcionario, militar o contratista del gobierno estadounidense que se encuentre aquí puede ser arrestado ni juzgado por autoridades colombianas (claro, ahí no se contempla el delito del narcotráfico. Pero si hay algo que se puede adaptar a sus conveniencias es la ley) ¿Qué más garantías se pueden dar?

Y claro, tengan ustedes la plena confianza de que este acuerdo nunca se va a romper. No hay que olvidar que gracias a él ahora existe el Plan Colombia (su futura y más jugosa fuente de empleo). Su ratificación en el 2000, con el ex presidente Pastrana a la cabeza, hizo posible que su gobierno tuviera el inolvidable gesto caritativo de donar los 1.700 millones de dólares que dieron inicio a este programa para combatir esos dos terribles flagelos colombianos que son el narcotráfico y la guerrilla, es decir, para garantizar el futuro de el negocio.

Es más, el presidente Uribe lo volvió a ratificar hace dos años, cuando emitió una nota diplomática en la que reiteraba el compromiso de conceder la inmunidad a todos aquellos estadounidenses que estuvieran trabajando para el Plan Colombia, ante la amenaza de que el gobierno norteamericano hiciera efectiva una ley que congelaba la asistencia económica a los países que no aceptaran pactar acuerdos bilaterales, en donde se dieran este tipo de beneficios a los estadounidenses, sobre todo cuando los posibles delitos pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Claro, a cambio de ello se le dieron cinco millones de dólares para que siguiera poniendo a salvo los intereses de el nego... perdón, para que continuara llevando a cabo la guerra antidrogas.

Tanto se ha acogido nuestro gobierno a los convenios internacionales, para garantizarles a ustedes una estadía tranquila y sin preocupaciones en nuestro país, que se ha visto obligado a enfrentar las críticas de ciertos congresistas, en vías de extinción, como Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Jimmy Chamorro y Jairo Clopatofsky, quienes andan diciendo que el gobierno colombiano debería solicitar en extradición a los cinco militares, teniendo en cuenta que fueron detenidos aquí. Según ellos, es injusto que Colombia extradite a Estados Unidos, de manera cada vez más frecuente, a sus propios delincuentes, sin tener derecho a solicitar en extradición a ciudadanos de ese país que cometieron crímenes en el nuestro.

Pero a estas diatribas, estimados futuros visitantes, ustedes simplemente deben hacer caso omiso. Ya funcionarios del gobierno colombiano, como el ministro de defensa, están tratando de calmar los ánimos, diciendo que es necesario verificar el convenio de inmunidad. Mientras que Roger Noriega, subsecretario para asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca, dijo que, pese a que los militares no podían ser extraditados, la justicia colombiana tenía la posibilidad de procesarlos… pequeños artilugios diplomáticos. Ustedes entienden.

Más bien, sientan compasión de estos ingenuos parlamentarios, quienes no han podido o no han querido entender que el sistema de justicia de su país es mil veces más eficaz que el nuestro (tan sumamente obsoleto y provinciano). Es más, tan eficaz es, que ya se dejó en libertad a uno de los militares implicados en el “desliz”, porque “se comprobó” que no tenía nada que ver. Esto, indudablemente demuestra que, tal y como lo señaló el embajador William Wood, “la investigación está evolucionando”, y también que el gobierno norteamericano está “comprometido a aplicar todo el rigor de la ley a quien haya estado involucrado”.

Y así irán dejando en libertad a los demás… o les darán penas mínimas de prisión o los pondrán bajo arresto domiciliario. Así es como el gobierno estadounidense va aplicar todo “el peso de la ley” sobre esos cinco compatriotas suyos. De eso pueden estar seguros.

Eso sin contar que deben recordar ustedes experiencias memorables que se constituyen como un claro reflejo de lo ventajoso que es trabajar como representante del gobierno estadounidense en Colombia. ¿Acaso alguien no se acuerda de aquel simpático episodio, ocurrido en 1999, cuando Laurie Hiett, la muy respetable esposa del coronel James Hiett –miembro de la embajada de Estados Unidos en Bogotá y supervisor de las operaciones antidrogas del Comando Sur– fue acusada de enviar droga por valija diplomática con conocimiento de su marido y con ayuda del conductor oficial de la embajada, de nacionalidad colombiana?

Recordar este episodio es recordarles a ustedes que tienen a un país entero a sus pies. Muestra de ello es que a Mrs. Hiett apenas se le condenó a cinco años de prisión (admitan, por favor, que esto no es nada, teniendo en cuenta la gravedad que representa, ante los dulces ojos de la comunidad internacional, que cree firmemente en las bondades de la guerra contra el narcotráfico, el hecho de que se utilice una valija diplomática para transportar droga) y a su esposo, el coronel Hiett, se le dieron apenas cinco meses en la cárcel. ¿Y que pasó con el conductor? Bueno a ese, como era colombiano y, por tanto, un pobre diablo venido a menos y, por tanto, peligrosísimo, se le dieron ocho años de cárcel. Es decir, a diferencia de los esposos Hiett, de cuyos anglosajones y sabios cerebros salió la idea de utilizar la valija diplomática para fines un tanto “traviesos”, al conductor todavía le hacen falta dos años y medio para cumplir su condena. No se podía hacer nada más por ellos en ese momento. Además finalmente cometieron una falta gravísima… vuelve y juega, no fueron discretos.

Y quién no recuerda el emblemático caso en el que la corporación militar privada DynCorp (que participa en labores de fumigación de cultivos ilícitos), en mayo del 2001, resultó implicada en el intento de enviar a Estados Unidos, desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, dos botellas cargadas de supuesto aceite de motor para avión, que produjeron resultados positivas en pruebas hechas, por la Fiscalía General Colombiana, para detectar la presencia de heroína.

Se preguntarán ustedes qué pasó con el caso. Para su tranquilidad, lo que siempre sucede con este tipo de situaciones en las que se ven implicados funcionarios del gobierno estadounidense… nada. Después de que el asunto se hizo público, una portavoz de DynCorp se apresuró a declarar que en mayo del año anterior, en el mismo aeropuerto, se habían hecho pruebas a aceite usado que arrojaron resultados positivos con respecto a la presencia de drogas. Asímismo, dijo que posteriormente esas mismas pruebas fueron enviadas a la fiscalía, donde luego de ser examinadas arrojaron un resultado negativo.

No obstante, el caso se radicó en la fiscalía. Y ¿adivinen qué pasó?... exacto. Nada. La fiscal encargada del caso nunca se pronunció al respecto. Cómo se pueden dar cuenta, en Colombia, la inmunidad para los empleados del gobierno norteamericano llega a ser, incluso, tácita.

Y tampoco pasó nada cuando Michael Demons, (un paramédico de Dyncorp) murió a causa de una sobredosis de cocaína, justo durante los días en que se tuvo conocimiento del “hallazgo” en el Aeropuerto El Dorado. Por supuesto, lo que se dijo oficialmente era que había muerto debido a un ataque cardiaco. Nadie se pronunció.... aaah, disculpen, se me olvidaba. Alguien sí se pronunció: ese encanto de mujer que es Anne Patterson, la ex embajadora de EE.UU en Colombia, quien en una carta pública dijo: “Me opongo especialmente a que se hubiera puesto en tela de juicio la entereza de un miembro fallecido de DynCorp”.

Y tampoco pasó nada con el caso, que quedó debidamente archivado en la fiscalía, de 10 contratistas (curiosamente, también de DynCorp) que en el año 2000 resultaron involucrados en un negocio ilícito de anfetaminas.

Y seguramente tampoco va a pasar nada con “las investigaciones” que, según le dijeron al periódico El Tiempo el pasado 6 de abril fuentes oficiales (no se especificó cuáles eran), se están llevando a cabo para desmantelar una red comandada por un contratista (a la que también se encontrarían vinculados militares estadounidenses y colombianos) que estaría negociando con drogas provenientes de Miraflores, Departamento del Guaviare desde el 2003.

Como ustedes pueden ver no sólo sus libertades están plenamente garantizadas y, mejor aún, las libertades para llevar el negocio a buen término. ¿Que no saben de qué hablo? Por favor. No tienen necesidad de mostrarse tan ingenuos. Hablo de la inminente necesidad de continuar llevando a cabo la lucha “contra” el narcotráfico, que es, en realidad, una lucha para “prolongar” el narcotráfico, o sea, el negocio.

¿Entonces no quieren ustedes ayudar a proteger el negocio que ha hecho de su país una verdadera potencia mundial?; que ha permitido comprar las armas que se utilizan en la lucha contra el terrorismo; que financia las campañas de los futuros presidentes del mundo subdesarrollado que se constituirán como los aliados más firmes de su país (el presidente Uribe es un claro ejemplo de ello); que le genera excelentes dividendos a Dyncorp y a otras corporaciones militares; que permite desmantelar con eficacia laboratorios e incautar miles y miles de kilos de “perjudiciales” drogas… que luego son rescatadas por militares, mercenarios o funcionarios de la embajada para ser enviadas por ellos a su país.

¿No quieren ustedes beneficiarse de el negocio de manera independiente? Si la respuesta es sí, entonces vengan a Colombia. Aquí se les garantiza, si saben actuar con discreción, que siempre habrá culpables disponibles para mostrarle al mundo que la guerra contra las drogas está funcionando. ¿Que quiénes son o pueden ser? Si ustedes conocen, cabalmente, las estrategias militares, sociales y políticas, empleadas en la guerra contra las drogas, lo deben saber mejor que nadie: los pequeños productores de hoja de coca o amapola, los dirigentes campesinos, indígenas o sindicales (a estos últimos, mágicamente, los podemos convertir en “terroristas”, o mejor aún, en “narcoterroristas”), los desempleados que, ante la desesperación, pueden terminar llevando en su estómago bolsitas de droga de un país a otro; los paramilitares, los guerrilleros, los pequeños expendedores callejeros, los adictos, etc… en fin todos los don nadie, los pobres diablos colombianos, como el conductor de la embajada, sin influencias. Que no son ni los esposos, ni los hijos, ni los hermanos de nadie.

En serio, trabajar para el Plan Colombia vale la pena.

Piensen que el negocio los necesita.
Que los colombianos de bien, con apellidos e influencias, los necesitan…
Que el mundo capitalista los necesita
Que su país, donde la democracia y las oportunidades son posibles, los necesita

En resumen, el sistema, el Nuevo Orden Mundial, que encarna todo el espíritu de el negocio, los necesita.

Piénsenlo bien… aquí se les espera con ansias.

Eternamente a sus pies,

Una colombiana cualquiera (espero, algún día tener una apellido importante para dirigirme a ustedes como se debe).

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