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Las aspiraciones presidenciales de Mauricio Macri opacadas por su discurso xenófobo

Un cable filtrado por WikiLeaks revela las intenciones presidenciales y la campaña gentrificadora del alcalde de Buenos Aires


Por Fernando León
Especial para The Narco News Bulletin

14 de diciembre 2010

Un documento recientemente publicado por WikiLeaks enviado desde la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, revela lo que toda Argentina ya conoce, que el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, quiere ser candidato presidencial. En días recientes, este aspirante ha conducido una violenta y xenófoba campaña a partir del intento de desalojo de un predio ocupado por 200 familias en la ciudad.

El pasado martes 7 de diciembre, la jueza penal de la ciudad María Cristina Nazar, ordenó un operativo conjunto entre la recientemente creada policía metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y la policía federal en el barrio porteño de Villa Soldati. El objetivo era el desalojo de aproximadamente 200 familias que habían ingresado al predio desocupado del Parque Indoamericano de dicho barrio para ocuparlo.

La mayor parte de las familias procedían del cercano barrio popular de la villa 20, y lo habían hecho luego de la nula respuesta de las autoridades, locales y federales, a la falta de vivienda. Las familias ocupantes resistieron la entrada de la policía de ambos niveles, sin embargo, dos personas resultaron muertas por balas 8mm disparadas en contra de la población. Los muertos, Bernardo Salgueiro de 22 años, y Rosemarie Churapuña de 28 años, eran originarios de Paraguay y Bolivia respectivamente.

De acuerdo con algunos reportes, las balas procedían de supuestos vecinos que se habrían acercado a apoyar el desalojo. Según Sergio Shoklender, apoderado legal de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la cual tiene un proyecto de vivienda en el lugar, el martes pasado Churapuña se habría acercado a observar lo que sucedía, al retirarse recibió una bala en el costado. Luego de la violenta jornada, el gobierno nacional y de la ciudad decidieron retirar los efectivos oficiales cuando el parque había sido desalojado, a pesar de que los responsables de las muertes, presuntamente habrían sido supuestos vecinos de Villa Soldati y de la cercana Villa Lugano.

Dos días después, el jueves 9, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, ofreció una conferencia de prensa sobre los recientes hechos. En ella, acusó a la “inmigración descontrolada… especialmente de países limítrofes” como la causa del enfrentamiento en Villa Soldati, además de ligarla con el avance de la “delincuencia y el narcotráfico” en la ciudad. Macri ampliaría sus aseveraciones en su cuenta de Twitter, en donde a las 9:34 a.m. del mismo jueves escribiría: “La Argentina tiene una política inmigratoria descontrolada. La Ciudad no se puede hacer cargo de todos los problemas habitacionales.” El viernes 10 , en una nueva conferencia de prensa, enfatizaría el discurso xenófobo: “La Ciudad no se puede hacer cargo de los problemas de los habitantes limítrofes.”

La insistencia de Macri en la culpabilidad de los habitantes de “países limítrofes” trata de esconder la verdadera razón de los hechos ocurridos la semana pasada: la falta de vivienda. Los inmigrantes son utilizados por el jefe de gobierno como chivo expiatorio de las propias ineficiencias de su gobierno. Tan solo este 2010, su gobierno redujo en 110 millones de pesos argentinos (más de 27 millones de dólares) el presupuesto para la edificación de vivienda social, cuando este pasó de 519 millones a 409 millones de pesos. Además de haber utilizado solo el 18% del total del presupuesto en los primeros tres trimestres del año.

Sin embargo, las muertes no son solo producto de la falta de vivienda en el gobierno de la ciudad, sino que estas fueron igualmente resultado del impulso que le dio al conflicto por dichas declaraciones. Por un lado, los ocupantes indignados por las acusaciones de Macri, y por el otro supuestos vecinos identificados con el discurso xenófobo del jefe de gobierno o al servicio del gobierno. Después de la conferencia del viernes 10, un grupo de aproximadamente 20 policías de la policía metropolitana llegarían al lugar, sin embargo, de acuerdo con el diario Clarín, los agentes se hicieron a un lado cuando “un grupo de gente irrumpió con armas de fuego, con palos y caras tapadas para atacar a los ocupantes del Indoamericano.” Para entonces ya habían sido tres los muertos producto del conflicto. La tercera muerte se había producido la noche del miércoles 8, cuando, de acuerdo con testigos, “pasaban dos patrulleros de la policía porteña y una patota detrás”, desde donde salió un proyectil 9mm que se impactó en el pecho de Juan Castañeda Quispe, de origen boliviano. Para el viernes 10 de diciembre se produciría la cuarta muerte del conflicto. Los ocupantes habían logrado resistir desde el miércoles las agresiones y los intentos de desalojo, sin embargo, el día 10 un grupo de alrededor 30 personas, que de acuerdo con el diario Página 12, provenían del Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), arribó al predio disparando en contra de la población. En medio de los disparos, un joven de 19 años que se encontraba herido a bordo de una ambulancia fue bajado de ella para ser rematado.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social, los ocupantes del Parque Indoamericano ascienden a más de 13 mil personas. Según las cifras obtenidas mediante un censo aplicado entre el sábado 11 y el lunes 13 de diciembre, el 95% por ciento de los ocupantes son vecinos de la ciudad de Buenos Aires. A la ocupación del Parque Indoamericano en las últimas horas se han sumado al menos otras siete en diversos puntos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La noche del lunes 13, alrededor de 100 familias ocuparon un nuevo predio en Lugano, a unas pocas cuadras de donde se ubica el Parque Indoamericano. Luego de la ocupación se registró la llegada de un grupo agresor que había participado en los ataques a los ocupantes del Parque. Según reportes, los agresores llegaron armados y respondían a las órdenes de Eduardo “Manzana” Santoro, hermano de un miembro asesinado de las barras bravas del club de fútbol Boca Juniors, el cual fue presidido por Mauricio Macri desde 1996 hasta el 2007.

La respuesta de los supuestos vecinos que atacaron a los ocupantes del terreno baldío responde a una política que ha sido explotada por el gobierno de la ciudad. Y es que desde que Mauricio Macri asumió el gobierno en 2007, su administración ha estado en el centro de la polémica por el intento de eliminación de ciertos sectores de la población que no forman parte de su proyecto gentrificador en la ciudad. Durante un año, entre fines del 2008 y fines del 2009, funcionó el organismo público dependiente de la ciudad llamada Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Dicho organismo se encargaba de mantener el espacio público libre de “usurpadores”. La UCEP se asemejaba a los viejos escuadrones de la muerte de la década del 70 en Argentina, debido a que operaban durante la noche vestidos de negro para desalojar, con lujo de violencia, espacios ocupados por familias sin techo, o simplemente para agredir a personas en estado de indigencia. Durante el año que existió, la UCEP fue objeto de un sin número de denuncias por abusos. De hecho, este mismo 10 de diciembre, Macri debía presentarse ante el magistrado de instrucción, Fernando Cubas, para responder por los abusos cometidos por su escuadrón.

Dicha política de limpieza social se encuentra corolada por el discurso antiextranjero, que sería también utilizado por el jefe de gabinete del gobierno, Horacio Rodríguez Larreta cuando a raíz del conflicto dijo que en el país “hay una ley muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina pide una vivienda, usurpa, después viene el juez que obliga al Estado a dar una vivienda.” Rodríguez Larreta agregaría que esto motiva a “que venga más gente de los países limítrofes para usurpar terrenos y pedir viviendas.” Tales declaraciones avivarían un supuesto nacionalismo entre los vecinos que acudirían al predio del Parque a desalojar por la fuerza a los ocupantes sin vivienda. De acuerdo con el antropólogo Alejandro Grimson, esto responde a que muchas capas de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, permisibles a ser utilizados por el discurso nacionalista, “consideran como extranjeros a los hijos argentinos de los bolivianos, también a los jujeños (de la provincia norteña de Jujuy) y, finalmente, a todos los que tengan alguna ascendencia indígena. Esto se debe a que la exclusión social, la desciudadanización neoliberal tendieron a extranjerizar a los pobres en general.”

Tal violencia, pudiera responder a dicha exacerbación. Sin embargo, la magnitud del conflicto sirvió también al gobierno de Macri para desprenderse de una parte del costo político que la represión directa de su policía metropolitana hubiera significado. El gobierno de la ciudad delegaría—hasta cierto punto—las funciones represivas de la policía al proteger la violencia unilateral desde los supuestos vecinos a los ocupantes. Y es que gran parte de la policía metropolitana está conformada por ex miembros de la policía federal procesados por diversos cargos, o despedidos por purgas dentro de la misma fuerza. Incluso el primer jefe de la policía metropolitana, creada también a fines de 2008, fue Jorge “el Fino” Palacios, acusado de encubrir el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido en 1994.

Aunado a esto, el conflicto en Villa Soldati se da tan sólo a una semana de que el sitio WikiLeaks revelara un encuentro entre Vilma Socorro Martínez, embajadora de los Estados Unidos en Argentina, y Mauricio Macri el 12 de noviembre de 2009. En dicha conversación, además de confirmar sus aspiraciones presidenciales para 2011 como líder del partido Propuesta Republicana (PRO), Macri revela sus intenciones de transformar un área industrial del centro de la ciudad, en un barrio de clase alta que podría alojar a las distintas embajadas de la ciudad, incluyendo la estadunidense, como una prueba más de sus intenciones gentrificadoras.

Ante la violencia desatada, el jefe de gobierno no ha abordado el problema de la vivienda, en cambio, el discurso agresivo que ha utilizado solo ha servido para incrementar la violencia. A tres años de gestión en la ciudad, su política gentrificadora continúa haciendo estragos, sin embargo, esta se ha visto ahora catapultada por una ofensiva antiinmigrante, en la que si sus agentes no participan directamente, la pueden incitar entre supuestos vecinos manipulables, o entre los mismos miembros de la burocracia de la ciudad. Y la respuesta de Macri ante su xenofobia ha sido la de decir “no tengo nada de que disculparme.”

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