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Corrección y actualización sobre la Masacre en Viejo Velasco, Chiapas

Las Buenas Nuevas: Algunos de los Reportados Muertos están vivos. Las Malas Noticias: Otros fueron Masacrados, y el Conflicto Continúa


Por Al Giordano
El Otro Periodismo con la Otra Campaña en Chiapas

17 de noviembre 2006

Este noticiero tiene la convicción de que cuando cometemos un importante error de prensa, la corrección no debería ser relegada a un rincón escondido (lo que los diarios comerciales hacen), sino, en vez de ello, debería recibir el mismo sitio – en este caso, en una página un encabezado y la historia –que recibió el error inicial. Por esa intención, lamentamos el error del lunes, al reportar las muertes de varios civiles en Chiapas, y nos sentimos también reconfortados al reportar que la mayoría sobrevivieron la masacre del Negro Lunes. Ellos son: Marta Pérez Pérez, María Pérez Hernández, Eliver Benítez Pérez, Dominga Pérez López, Felicitas Pérez Parcero, Noilé Benítez de ocho años y el “recién nacido infante sin bautizo todavía” enlistados en nuestro primer reporte.

Esos nombres estaban escritos en un documento escrito a mano, entregado a (y publicado por, como un documento .jpg) Narco News, por miembros de esa familia, quienes sufrieron con la crencia de que sus seres queridos habían muerto. En realidad, ellos habían huído de su comunidad, Viejo Velasco Suárez, internándose en la selva, para ocultarse de un número estimado de 240 agresores. Los siguientes hechos están basados en el testimonio colectado por organizaciones de derechos humanos que enviaron investigadores al lugar de los hechos: El Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi’nich, el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), Centro para los Derechos de las Mujeres en Chiapas, Maderas del Pueblo, la Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Anzetic, el Centro de Derechos Humanos Fray Pedro de la Nada, Salud y Desarrollo Comunitario, y el Centro de Derechos Hiumanos Fray Bartolomé de Las Casas (“Frayba”). Un documento en formato .pdf de su reporte se puede hallar en la página web Frayba.

Uniformes Paramilitares

La primera ola, de 40 agresores, llegaron vestidos como civiles armados con machetes y palos, gritando insultos a las familias de Viejo Velasco. Se presume la naturaleza paramilitar de los agresores por el hecho de que fueron seguidos por una más grande y segunda ola de doscientos agresores: muchos vestidos en uniformes oficiales de policía, otros en uniformes negros, portando armas de fuego para uso exclusivo del Ejército y las agencias de policía (M-16 y R-15 semi-automáticas, rifles R-15, rifles calibre 22, además de escopetas). Los agresores vinieron de la cercana comunidad de Nueva Palestina, alrededor de las 6 a.m. del Lunes. Inmediatamente después del ataque inicial, un helicóptero no identificado pasó sobrevolando en círculos sobre la comunidad. No fue sino hasta las 10 a.m. que otros helicópteros, uno de la Procuraduría y tres de la policía estatal, aterrizaron en la comunidad.

María Núñez González, de 32, reportada muerta el lunes, no fue tan afortunada como los sobrevivientes. Su cadáver fue recobrado. De acuerdo con el reporte de derechos humanos, los agresores la violaron y luego la mataron. Filemón Benítez Pérez, de 20, y Antonio Mayor Benítez Pérez, de 30 años, también se han confirmado muertos.

Los pobladores también reportan haber testificado la muerte de Juan Peñate Montejo. Las organizaciones de derechos humanos también enlistan a los siguientes individuos como desaparecidos: Mariano Pérez Guzmán (“60 o 65”) y Miguel Moreno Montejo, de 50 años.

Dos más están desaparecidos: una mujer minusválida, Petrona Núñez González y su padre, Pedro Núñez Pérez. Los miembros de la familia temen que hayan sido raptados y conducidos a Nueva Palestina, la cual ha sido cercada para evitar que la prensa y los observadores de derechos humanos entren a investigar. Fuentes de las comunidades vecinas dijeron a los investigadores de derechos humanos que los agresores dijeron que “si alguno de los heridos de Nueva Palestina muere, los rehenes serán linchados”.

Todo lo que tenían los familiares de las víctimas fue destruído en el ataque: sus hogares fueron arrasados, y sus bienes, ganado y herramientas fueron robados o destruídos. Las organizaciones de derechos humanos reportan que 23 hombres, ocho mujeres y ocho niños han quedado sin hogar por causa de los ataques.

La fuerte presencia de la policía estatal en la región no ha aclarado el paradero de los desaparecidos. Como es usual, la llegada de las fuerzas de la ley sólo hicieron que la mala situación se pusiera peor. La Policía se comportó apegada a la forma practicada en otras ocasiones, en que los oficiales estuvieron más dedicados a fabricar falsas evidencias que a resolver el crimen. Un ranchero cercano, el C. Diego Arcos Meneses, fue detenido por la policía estatal, forzado a cargar el cádaver de una mujer muerta sobre el helicóptero policial, y luego fue golpeado cuando se rehusó a firmar una declaración, aduciendo que no pudo leerla en español y por lo tanto sin saber lo que ahí decía. Luego fue arrestado y hecho prisionero.

En el altercado, dos de los agresores provenientes de Nueva Palestine fueron heridos:
Vicente Pérez Díaz (quien murió en el hospital de Palenque el Martes) y Felipe Díaz López, en el mismo hospital. El Procurador General del estado (y anteriormente zar nacional de la droga de dudoso renombre desde el periodo presidencial de Ernesto Zedillo en los 1990s), Mario Herrán Salvatti, le informó a los reporteros que Díaz López ha sido puesto bajo arresto como supuesto participante en el ataque

No fue un Conflicto Étnico

Muchos de los reportes de la prensa acerca de la masacre han afirmado con error que el enfrentamiento del lunes fue un conflicto “éthnico” entre indígenas Lacandones y otros grupos indígenas. Esto es falso. La mayoría de los agresores y de las víctimas eran del grupo indígena tzeltal (Nueva Palestina, la comunidad agresora, es de mayoría tzeltal, y también incluye algunos choles y lacandones). Las víctimaseran también tzeltales y choles. Las divisiones no son entre líneas étnicas, sino más bien, entre aquellos que gozan de protectiones especiales y privilegios otorgados por el gobierno y los que no los tienen.

La confusión surge quizá del hecho de que la comunidad agresora goza de especial protección gubernamental, como parte del “Acuerdo Lacandón” firmado en 1972, concediendo a los lacandones, algunos tzeltales y algunos choles, derechos exclusivos para vivir en la reserva natural Montes Azules a cambio de ceder el control de las maderas preciosas y otros recursos naturales al gobierno. La confusión también surge de los prejuicios racistas hacia los indígenas en Chiapas. Algunos reportes han achacado esta situación a los conflictos de “siglos” entre los grupos indígenas. Eso es también falso. El gobierno, al conceder privilegios especiales para algunas comunidades mientras excluye a otras, provocó este conflicto sobre territorios (la historia está disponible en nuestro reporte del lunes). Comenzando en 1984, hubo también intentos gubernmentales para resolver los conflictos, concediendo a los ciudadanos de Viejo Velasco y otras comunidades afectadas el derecho de vivir y trabajar en estas tierras. Sin embargo, la inconsistencia por parte de las agencias de gobierno, la incompetencia, la falta de respeto para los usos y costumbres indígenas, y el propio papel del gobierno en la explotación de maderas preciosas y otros recursos naturales de la región, se han combinado para agravar y conservar vivos estos conflictos. El estado continúa comportándose de manera que sugiere fuertemente, que él, también quiere que estas comunidades indígenas, en particular, se quiten del camino en una región rica en recursos.

Los medios también han jugado su papel: su dependencia de las fuentes gubernamentales para su información (nunca correcta, siempre interesada) y su tendencia a culpar siempre ambos lados de cualquier conflicto, asó como repetir insensatamente el falso chisme de los “conflictos étnicos” para no explicar injusticias que tienen sus raíces en políticas erróneas, que sólo sirven para atizar los malos entendidos y el racismo. La implicación de tales “reportes” es que los pueblos indígenas son incapaces de auto-gobernarse (algo que ya se ha comprobado incorrecto diariamente en más de mil comunidades Zapatistas en Chiapas) y que por lo tanto los forasteros deben gobernarlos. Quizás ahora estemos en una posición algo más débil al hacer esa observación el día de hoy, mientras incluímos una corrección a la historia del lunes, pero casi todos los otros medios que han reportado los eventos del lunes han cometido errores casi tan serios – no sólo en el recuento de los muertos –y de alguna manera nosotros dudamos de que las correcciones, si es que acaso llegan, recibirán el mismo lugar que las equivocaciones originales.

Un sector que, de nuevo, ha mostrado su compromiso con la investigación honesta esta semana es la de las anteriormente mencionadas organizaciones de derechos humanos de Chiapas, las cuales rápidamente se atuo-corrigieron sus imprecisos datos iniciales en sus propios reportes, algunos de los cuales estaban basados en los mismos documentos que nosotros recibimos aquí. Ellos respondieron mucho más rápido que los medios en recolectar testimonios y sacar en claro los hechos verdaderos, lo cual demuestra que la gravedad de la masacre del lunes es mucho peor de lo que los gobiernos y los medios comerciales han admitido hasta ahora.

Traducción al español: Francisco Álvarez Quiñones, 17 de noviembre

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