Una mirada a la falsa política antidrogas norteamericana

Evo Morales, líder boliviano, defiende la hoja de coca tradicional

Por Alexandra Flores Bazán
Becaria 2004 de la Escuela de Periodismo Auténtico

6 de agosto 2004

COCHABAMBA (BOLIVIA).- “La llamada lucha contra las drogas es solo un pretexto para invadir y apropiarse de nuestras tierras y recursos. Nuestra hoja de coca es sagrada y consumida por nuestros pueblos originarios, pero por la política antidrogas esta siendo criminalizada, al igual que los movimientos sociales en nuestro país” aseveró el diputado boliviano Evo Morales, en una de las sesiones de la Escuela de Narco News.

Evo Morales Foto: Jeremy Bigwood D.R. 2004

Durante el curso de periodismo el líder cocalero indicó que la actual “lucha contra el narcotráfico” llevada adelante por el gobierno boliviano, sólo es un pretexto que esconde fuertes intereses de las transnacionales, los megaproyectos y del imperialismo norteamericano es una forma de tomar posición de Latinoamérica, con planes como el IRA (Iniciativa de Región Andina), el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá y el Plan Dignidad.

“Así como con Irak se aplicó la llamada guerra preventiva, solo por suponer que poseían armas de destrucción masiva; de la misma forma con nuestro país y llamando narcoterrorismo a los actos de defensa de la hoja de coca, Estados Unidos está utilizando este pretexto como luz verde para la invasión y apropiación de nuestras tierras y solo falta que nos acusen de poseer armas de destrucción masiva”, enfatizó.

Esta es la nueva forma de criminalizar no solo a los dirigentes sino a todo un movimiento social.

Desde el año 2000, con la “Guerra del Agua” se reactivó la resistencia y oposición al lucro desmedido de las transnacionales, ante esta acción, al mismo tiempo surgió la acusación a los movimientos sociales en general de “narcotraficantes”, “narcoterroristas”, “rojos” y otros denominativos que justificaron la represión.

Según el dirigente cocalero, el caso del colombiano Francisco “Pacho” Cortés acusado de “narcoterrorismo” y encarcelado en San Pedro de La Paz “nos sirve de claro ejemplo para demostrar como se utiliza la justicia en nuestro país, cómo nuestros fiscales se movilizan para investigar casos que solo buscan criminalizar a los movimientos sociales, por ejemplo, cuando se les pidió investigar las muertes en la Guerra de la Coca se excusaron por la falta de dinero pero para conseguir pruebas en contra de algún dirigente movilizan a 17 fiscales hasta Colombia y el Trópico”

A nivel internacional, esta política en contra de los movimientos sociales, encuentra numerosos referentes, por ejemplo, la denominada “Operación Cabañas” realizada cada año en el noreste argentino, en la que participan soldados de algunos países latinoamericanos durante quince días aproximadamente, recibiendo entrenamiento en maniobras militares para enfrentarse a un “enemigo interno”, para enfrentarse y reprimir a los movimientos sociales.

Penalización de la coca

En 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instruyó una investigación sobre los efectos de la masticación de la hoja de coca en Bolivia y el Perú, cuyos resultados concluyeron indicando que “la coca es peligrosa para la salud”, esto tiene que ver mucho con la instauración de la “Leyenda Negra de la Hoja de Coca”, cuyo exponente es José Mirtenbaun, investigador boliviano.

En 1961, la Convención Única de Estupefacientes realizada en Nueva York, hizo que el gobierno boliviano comprometiera la erradicación total de cocales en plazos establecidos, los que después fueron modificándose internamente. Todos los gobiernos constitucionales se sometieron a la política norteamericana. Víctor Paz Estensoro inició esta política con la intervención directa de tropas estadounidenses y agentes de la DEA reprimiendo directamente a los productores de la hoja de coca, violando las formalidades legales, como la autorización expresa del congreso boliviano para este tipo de acción.

El 19 julio de 1988 se aprobó la Ley 1008 y según la abogada Rose Marie Achá , esta normativa fundamentó sus marcos legales en la encuesta nacional realizada por William Carter y Mauricio Mamani, financiada por USAID, la cual excluyó del estudio a las áreas urbanas del país, tomando en cuenta solo a las zonas rurales y al departamento de Oruro. Con estos criterios se estableció que el requerimiento de coca a nivel nacional ya sea para el uso tradicional como industrial era necesaria una extensión de 12.000 hectáreas de coca.

De esta forma, se divide las zonas de producción de coca en legales, ubicadas en la zona de los Yungas del departamento de La Paz y en zonas ilegales, ubicadas en la zona del Chapare, Cochabamba. Esta ley señala que la erradicación de las plantaciones de coca de los pequeños productores debería realizarse previa compensación otorgando al campesino una alternativa de producción para sustituir los cultivos ilícitos con el fracasado Programa de Desarrollo Alternativo (PDAR).

En términos de procedimiento legal, esta ley es criticada y denunciada por el movimiento cocalero ya que viola los derechos y las garantías de los pequeños productores.

En 1997, siguiendo la secuencia histórica, otro hito importante para la implementación de la política antidrogas en nuestro país es el retorno de Hugo Banzer Suarez, quien obtuvo el poder político gracias a negociaciones entre los partidos tradicionales; durante su gestión se impuso con fuerza el Plan Dignidad, cuyos cuatro pilares son: el desarrollo alternativo como base de la propuesta, la erradicación de los cultivos pertenecientes a los pequeños productores vía participación de las Fuerzas Armadas, la interdicción o lucha contra el narcotráfico y la prevención.

Todo con el supuesto objetivo de sacar a Bolivia del denominado circuito coca – cocaína. La consigna de “coca cero”, según Morales no será realidad nunca. “Tendría que haber cero de campesinos….”.

En una oportunidad el dirigente cocalero desafió a la Embajada Norteamérica a realizar una alianza real para la lucha contra el narcotráfico, porque no es justo atacar solo a los países productores de materia prima como es la coca y permitir que los industrializados comercialicen droga y precursores.

“Como movimiento cocalero, jamás hemos planteado el libre cultivo de la hoja de coca, queremos un mercado legal porque sabemos que hay coca que se desvía para fines ilegales…”, dijo.

Verdadero fracaso

La dirigente cocalera Leonilda Zurita aseguró que el presupuesto previsto para este plan superaba los 900 millones de dólares, de los que 700 deberían haber estado destinados al Desarrollo Alternativo pero que en los hechos solo demostró que estos recursos eran destinados para priorizar la erradicación militarizada, atacando directamente a los pequeños productores.

Leonida Zurita Vargas Foto: Jeremy Bigwood D.R. 2004

Aunque el Plan Dignidad fracasó en términos de mejorar la calidad de vida de los cocaleros ya que la mayor parte del dinero solo llegó a la burocracia estatal, fue difundido como una de las victorias más importantes de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas.

Alejandrina Jaimes, ex – productora cocalera, quien apostó hace unos años a la producción alternativa de palmito y maracuyá, en la comunidad de Senda Bayer donde vive, nos contó cómo iban los funcionarios públicos a hacer publicidad de los cinco “productos estrella” del Desarrollo Alternativo: palmito, maracuyá, pimienta, plátano y piña.

“Invertí el poco dinero que tenía para esta producción, pero no tuve mucho éxito porque requiere de mucho cuidado, espacio y fumigación continua; además, en términos de ganancia, es totalmente desastroso ya que muchas veces tuve que utilizar el dinero obtenido de la misma producción de coca para salvar estas plantaciones….estos productos estrella en el mercado interno están muy devaluados, aunque nos prometieron que por un tallo de palmito me pagarían 5 dólares. Haciendo números, de una hectárea de extensión territorial, aproximadamente se obtienen mil tallos de palmito, cuyo precio unitario es de 0,50 a 0,80 centavos de boliviano, en total unos 700 bolivianos., en cambio, con la coca, de esa misma hectárea se obtenía 10 cargas al año, lo que significaba 11.000 bolivianos… una gran diferencia”.

A nivel latinoamericano, la lucha en defensa de la hoja de coca se está fortaleciendo, por ejemplo en el Perú, se están activando los movimientos cocaleros, la hoja de coca está siendo mercantilizada en plenas plazas centrales. También, tenemos el Consejo Andino de Productores de Coca quienes tienen el objetivo fundamental de luchar en contra del secuestro domiciliario de la hoja de coca.

Según algunos reportes noticiosos, el gobierno de Carlos Mesa esta analizando las demandas incumplidas desde varios años atrás del movimiento cocalero, como: realizar un estudio del mercado legal de la coca, la posibilidad de industrializar su utilización medicinal, realizar una medición nacional que determine la cantidad de cultivos existentes, la desmilitarización de las zonas del trópico, la paralización de la erradicación forzosa y de esta forma profundizar el proceso del desarrollo alternativo e incluso plantear en forma conjunta la despenalización de la coca ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La calma es aún tensa en el Chapare, todo dependerá de la maniobra política asumida en torno a estas demandas por el gobierno de Mesa. Lo claro es que la Guerra Global contra las Drogas asumida por el gobierno de los Estados Unidos está causando más miedo, represión y muertos en las familias de los productores de coca en el trópico, en lugar de una lucha real contra el narcotráfico.

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