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Bolivia ensangrentada

¿Qué ocurrió en febrero? ¿A qué fue Gaviria?


Por Andrea Arenas Alípaz
Reportaje especial para Narco News

11 de marzo 2003

Durante los días 12 y 13 de febrero, los bolivianos se rebelaron contra un gobierno que quería una ley para restringir la economía, y cuyo peso caía sobre la espalda del pueblo. Ahora, luego de una revuelta que costó muchos muertos, esperan que la aparición de César Gaviria, Secretario General de la OEA, traiga una luz de justicia. Mientras, el acoso del gobierno a Evo Morales vuelve a desatarse.


Las calles de La Paz, el 13 de febrero
Foto D.R. El Deber de Santa Cruz, 2003

El día domingo 9 de febrero, el Presidente Sánchez de Lozada, en cadena nacional de radio y televisión, anunció que el día martes 11 presentaría al Congreso Nacional el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional. Dicho plan consistía fundamentalmente en someter los salarios que sobrepasaran los 800 bolivianos (poco más de cien dólares) a un descuento directo en bien del fisco. Dicha medida fue catalogada inmediatamente por la población boliviana como el “impuestazo”. Casi simultáneamente, los medios de comunicación empezaron a analizar las medidas, y a entrevistar politólogos, economistas y comentaristas, los cuales coincidieron en observaciones básicas que condujeron al rechazo de este proyecto de ley.

La reacción a las medidas

Ese mismo día, Saturnino Mallku, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, declaró que “el impuesto al salario afectará a la gran masa de trabajadores que tienen un sueldo entre 800 y 2,500 bolivianos… nuevamente se carga a la espalda de los trabajadores la responsabilidad económica, política, y social del país. No tenemos otra alternativa que asumir medidas de protesta. El gobierno está llevando adelante las recomendaciones e imposiciones del FMI”.


Felipe Quispe, “El Mallku
Foto D.R. Jeremy Bigwood 2003
La Presidenta del Colegio Médico de La Paz, Doctora Nila Heredia, manifestó: “Con estas medidas el incremento salarial está por debajo del índice inflacionario… una medida que afecta los sueldos de los médicos que trabajan a tiempo completo, cuyo sueldo es de 2,800 bolivianos. Entonces se entiende que el monto va a ser reducido. Yo diría que el impacto es gravísimo en este sector. Van a ahondar la crisis del sector de profesionales dependientes. Es el modelo del FMI, el mismo que ha llevado a la crisis a Argentina”.

Carlos Calvo, presidente de la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) dijo: “Considero que es una verdadera lástima que el gobierno, bajo la influencia del FMI, hubiera optado por el camino del achicamiento de la economía a través de las medidas pro cíclicas que van a acentuar la recesión y el desempleo. Este impuestazo que se le impone a la población. Más allá de considerarlo injusto, va a significar que se reduzca el consumo, la inversión, las ventas y se genere un mayor desempleo”.

Asimismo, Evo Morales, el máximo dirigente cocalero y diputado del MAS (Movimiento al Socialismo) opinó, “Es inaceptable este impuestazo del gobierno… estamos en estado de emergencia y frente al impuestazo no hay otra

Evo Morales durante su huelga de hambre
de enero de 2002
Foto D.R. Al Giordano 2002
forma que empezar movilizarnos. No es posible que la crisis económica generada por el neoliberalismo y las malas políticas económicas se descargue en las espaldas del pueblo. Esta crisis debe descargarse en las transnacionales, por eso hemos planteado modificar el artículo 50 de la Ley de Hidrocarburos, para subir las regalías del 18 al 50 por ciento. Asimismo las transnacionales deben pagar el 50 por ciento por impuestos. Mañana tenemos una reunión del Estado Mayor del Pueblo y la COD (Central Obrera Departamental.) Debemos comenzar las movilizaciones contra este impuestazo”.

De esta manera, y conforme a las entrevistas e información divulgada por los medios masivos de comunicación en Bolivia, todos los sectores se manifestaron en contra del impuestazo en forma unánime.

Sin embargo, a pesar de todas las voces de protesta, el gobierno por medio de sus voceros, anunció que no se daría paso atrás. El Ministro de Defensa Freddy Teodovic, en una entrevista con la Red Uno de Bolivia, reafirmó esto.

Los acontecimientos

El martes 11, en horas de la tarde, se amotinaron los miembros de la policía en La Paz, encabezados por el grupo GES (Grupo Especial de Seguridad). Dicho grupo es el encargado de la represión directa en casos de conmoción o manifestaciones en todo el país, y está encabezado por el mayor David Braulio Vargas Flores, quien asumió la dirección por segunda vez de movilizaciones policiales.

El mayor Vargas Flores lleva 21 años trabajando para la policía, éste ha sido el segundo motín policial del cual forma parte.

Las policías rebeldes ocupan un edificio del gobierno
Foto D.R. El Deber de Santa Cruz, 2003
El primero fue el 9 de Abril del 2000, que fue durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Además Vargas preside la Cooperativa Multiactiva Policial (COMUPOL), en la cual están afiliados todos los jefes y oficiales de la policía.

Los policías plantearon un pliego petitorio de varios puntos de reivindicaciones netamente policiales. Sin embargo a la cabeza estaba el rechazo al impuestazo. Inmediatamente las otras unidades policiales del departamento de La Paz se sumaron a estos pedidos. En pocas horas, las unidades de otros departamentos ya se habían plegado a las medidas.

Frente a este problema policial, las autoridades de gobierno se negaron al dialogo, y en concreto, el entonces Ministro de Gobierno, Alberto Gasser, se negó a todo tipo de negociaciones con la policía amotinada. Esta reacción exasperó más a la población, y agudizó la crisis dentro del cuerpo policial.

Para la madrugada del día miércoles 12 de febrero, un 90 por ciento de la policía del país se encontraba amotinada en sus respectivos cuarteles. En horas de la mañana se produjo una marcha de policías jubilados y de civil, quienes

Un edificio del gobierno es quemado
por los manifistantes
Foto D.R. El Deber de Santa Cruz, 2003
marcharon hasta la puerta de Palacio de Gobierno. Es bajo estas circunstancias que alumnos de secundaria del Colegio Nacional de Ayacucho salieron de su establecimiento en manifestación en contra de estas medidas, y en su recorrido hasta el palacio se pertrecharon con piedras, que utilizaron para lanzar y destruir los vidrios del edificio. Esto ocurrió ya que la guardia presidencial había sido replegada por ordenes superiores.

En una entrevista en directo, algunos de estos estudiantes declararon en vivo e in situ: “Si estas medidas afectan a mis padres, también nos afectan a nosotros”. Otro de ellos dijo: “Para que renuncie el hijo de puta de Sánchez de Lozada”. Esta entrevista fue suspendida de inmediato.

Minutos después aproximadamente mil soldados, armados con FAL, M16, lanzacohetes y ametralladoras, llegaron a los alrededores del Palacio de Gobierno y tomaron posesión en las esquinas de las calles Comercio y Ayacucho, desalojando también los edificios del Congreso Nacional. Inmediatamente iniciaron descargas de gases lacrimógenos sobre los manifestantes, y algunos disparos hacia el edificio del GES, que de inmediato respondieron también con gases. Esto produjo un pequeño enfrentamiento, que pasó en poco tiempo a las balas de guerra disparadas por el ejército y tuvo a los dos grupos en pugna por controlar la Plaza Murillo, que alberga las sedes el Poder Ejecutivo y del Legislativo. Inmediatamente surgieron en escena francotiradores dispuestos por el ejército en puestos estratégicos que causaron bajas en los grupos policiales con tiros certeros. Según la declaración del mayor Vargas, tenían la orden de asesinarlo, así como a los cabecillas del movimiento policial.

“¡Policía y el pueblo, unidos jamás serán vencidos!”, gritaban los manifestantes que aún se encontraban en los alrededores de la Plaza Murillo. Otros gritaban: “¡Soldados, vayan a Chile! ¡Hay que botarlo al gringo, dénse la vuelta!”. Un

El ejercito se moviliza en la Plaza Murillo
en contra de la policía
Foto D.R. El Deber de Santa Cruz 2003
joven exclamaba “Ustedes son Quispes y Mamanis, igual que yo, ¿por qué están disparando en contra de su propio pueblo?” (tomado del diario La Razón, jueves 13 de febrero, pág. A 10).

Alrededor de las 11 de la mañana, en la calle Colón fueron interceptadas por los manifestantes dos ambulancias del Hospital Militar cargadas de armamento y parque, material que fue requisado y entregado a las fuerzas policiales. Dichas armas sirvieron para tomar el sector norte de la Plaza Murillo, tornando el enfrentamiento aún más intenso. Empero, los francotiradores, atrincherados en la torre de la Catedral y en la terraza del Palacio Legislativo, hicieron retroceder a los policías nuevamente a su cuartel. Bajo estas circunstancias fue entrevistado el Ministro de Defensa Teodovic, quien indicó que las Fuerzas Armadas ya habían recibido la orden de replegarse pero que al parecer no habían obedecido sus instrucciones.

Cabe recalcar que, mientras esto acontecía, la masa de gente se dirigió a instalaciones del Estado la intención de quemar las oficinas y destruir su equipamiento (como ocurrió con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y las sedes de los partidos del gobierno). Hasta ese momento no se habían producido saqueos, sino destrozos. Es durante las horas de la tarde que la gente, cansada de lo que pasa día a día en el país, aprovechó el caos para dar inicio a los saqueos dentro de entidades privadas (ISMAR, Shopping Norte, Burger King, etc.) Durante el transcurso de la noche continuó el vandalismo, las patrullas de la policía militar se vieron imposibilitadas para controlar la situación.

Ante esta situación, el Presidente Sánchez de Lozada salió en cadena nacional, con un mensaje grabado, por medio del cual retiró proyecto de ley, en un intento de apaciguar la situación. Los miembros del Estado Mayor del Pueblo comunicaron ante la prensa que continuarían las movilizaciones programadas y que al día siguiente la COB y todo el pueblo marcharía a nivel nacional, exigiendo no sólo el retiro del impuestazo, sino también la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, además de advertir al gobierno que no permitirá otro tipo de medidas antipopulares.

Durante la madrugada del día 13 de febrero, el gobierno y la Policía Nacional llegaron a un acuerdo, en el cual establecieron que no se reprimiría una manifestación convocada la COB. También la policía aclaró que una cosa eran las protestas del pueblo y otra cosa totalmente distinta los actos vandálicos que habían tenido lugar en horas previas.

A las 10 am la COB, los universitarios y distintos sectores sociales marcharon pacíficamente por las calles de todo el país. Fue entonces cuando apareció en escena un helicóptero que dejaba a francotiradores en los techos de los edificios más altos y estratégicos de la ciudad de La Paz. Éstos se instalaron durante todo el día, sus disparos fueron esporádicos pero certeros. Ya para estas horas, la policía debería de haber intervenido, pero no fue posible, ya que todavía se encontraban replegados en sus cuarteles y se vieron obligados a abandonarlos poco a poco, y vestidos como civiles, para así evitar represalias de los militares. Solamente en horas de la tarde pudieron reagruparse dentro de sus unidades, y al promediar las 18 horas salieron a las calles para controlar el caos, establecido por los saqueadores, caos que bajo su control aparentemente terminó en pocas horas. Sin embargo, el altercado que existía entre el gobierno

Un civil asesinado durante los
enfrentamientos en la Plaza Murillo
Foto D.R. El Deber de Santa Cruz 2003
y el cuerpo policial terminó bajo muy buenos términos, tan es así que no sólo se cumplieron los pedidos de estos, sino que también el día 6 de Marzo, los subalternos del cuartel GES cantaron a voz en cuello “Happy Birthday” al nuevo Ministro de Gobierno Yerko Kukok.

Al finalizar estos dos días, el saldo era de 31 muertos y más de doscientos heridos, todos en manos de militares y francotiradores no identificados. Como repercusión el actual gobierno se vio en la obligación de cambiar su gabinete parcialmente, también se vio enfrentado a todas las denuncias y pedidos por parte de la ciudadanía boliviana, para la renuncia del gabinete económico y político del Ejecutivo. Javier Comoboni, ministro de Hacienda, conservó su cargo, José Guillermo Justiniano quien pasó de ser ministro de Desarrollo Sostenible, y jefe del equipo económico, a ser Ministro de la Presidencia, también fue ratificado el ministro de Defensa Freddy Teodovicc. Por su parte, Carlos Sánchez Berzaín quedó fuera de del gabinete. Estos cambios se han hecho en un intento por lavar la cara del gobierno, totalmente deteriorada, y que pese a estos cambios no logra restaurar su apariencia democrática ante el pueblo. Hasta la fecha no da señales de un cambio real en su orientación neoliberal.

El gobierno también bloquea:
impide a la oposición reunirse con Gaviria

El ejercito y el gobierno negaron en todo momento el haber estado involucrados en la aparición de los francotiradores, razón por la cual se presentó César Gaviria, Secretario General de la Organización de Estados americanos (OEA) y delegó una comisión, que será encabezada por tres peritos en balística del FBI y fiscales de Colombia y Brasil. Gaviria se reunió con el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sin embargo la entrada a dicha reunión le fue negada a los miembros de partidos opositores (MAS, NFR), a lo cual Mauricio Antezana, vocero del MNR, manifestó que esto habría sido “politizar el trabajo de investigación”. No obstante el gobierno indicó a Gaviria que todos los partidos de la oposición habían conspirado en contra del gobierno y del presidente Sánchez de Lozada.

“No pueden ocurrir hechos de tanta y extrema gravedad que se queden impunes”, afirmó Gaviria, quien dijo también que la democracia había sido gravemente lastimada y que había que esclarecer los eventos con el fin de que estos no se repitieran, olvidándose que anteriormente, en los casos de las masacres de Amayapampa y Capasirca, donde también intervino la OEA como investigadora, llevó a cabo una buena investigación, “pero luego por presiones políticas del gobierno boliviano, cambió el tenor del informe en la parte de las conclusiones”, recordó la Defensora del Pueblo, la señora Ana María Romero de Campero. (La Prensa, viernes 7 de Marzo, 2003).


César Gaviria, desacreditado
Secretario General de la OEA
El gobierno Boliviano ha tratado en todo momento de relacionar, los acontecimientos del 12 y 13 de febrero con los partidos de oposición, acusándolos de haber incentivado los enfrentamientos, cuando para los paceños es claro notar que desde muchos días antes aparecieron grafitis vinculado al dirigente Evo Morales con distintas manifestaciones violentas, como ser: “Evo + muertes”, “Evo + miseria”, “Evo = MAS bloqueos”. Hay que aclarar que el dirigente Evo Morales el día 11 estaba en Cochabamba y llegó a La Paz promediando el mediodía del 12, cuando los hechos ya se habían desencadenado.

Sin embargo, el gobierno, trata de hacer ver que Evo incitó a la violencia, tanto de la policía como de la ciudadanía en general. El Ministro de Gobierno Yerko Kukok explicó que “en los hechos del 12 y 13 de febrero han habido muchos actores políticos, han habido partidos políticos, han estado las dos instituciones tutelares de la Patria, y ha estado el gobierno… ¿quiénes conspiraron? Todos conocemos quiénes han solicitado la renuncia del presidente, quiénes han estado en las marchas del día 12… me refiero a las fuerzas políticas de oposición en su conjunto” (La Prensa, viernes 7 de Marzo, 2003).

En los días posteriores rebotó desde el Perú la información de que el dirigente Evo Morales tendría vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tratando de vincularlo con los movimientos armados del continente. A lo cual el diputado Morales señaló: “Hemos sido acusados de golpistas y terroristas, queremos mostrar quién es el verdadero terrorista, no tienen pruebas”.

El vocero gubernamental Mauricio Antezana advirtió que “Bolivia no necesita ciudadanos con vínculos con organizaciones violentas, además Evo es diputado fruto del proceso democrático, esperamos que no se confirme tal versión acerca entre Evo y las FARC”. Es bajo estas manifestaciones por parte del MNR, el partido de Sánchez de Lozada, que las investigaciones de la OEA se llevarán a cabo, y ojalá, como explicó Kukok, sea “una institución demasiado seria como para recibir presiones de uno u otro lado”.

Andrea Arenas Alípaz vive en La Paz. Fue estudiante de la Escuela de Narco News de Periodismo Auténtico en febrero pasado.

Lea el comunicado de Felipe Quispe, “En defensa de la vida y la democracia”, publicado primero por Narco News el 12 de febrero.

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